México: Al borde de la desaparición de los derechos laborales

Por Oscar Alzaga - Abogado mexicano. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas

En la noche del sábado 10 de octubre de 2009, el Ejército tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, empresa estatal mexicana de electricidad. Al día siguiente, el presidente decretó la extinción de la empresa y el consiguiente despido de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sin tener el Ejecutivo facultades constitucionales para ello, en tanto debió contar con la previa autorización del Congreso de la Unión para liquidar la empresa y del tribunal laboral para el despido, ante los cuales nunca recurrió. Su intempestiva arremetida violentó, además, el debido proceso de defensa.

Al recurrir el SME al amparo de la Justicia, una juez lo negó arguyendo que "los derechos individuales deben ceder ante los sociales, no se justifica por el derecho a tener trabajo, mantener una empresa deficiente", más otros argumentos igual de aberrantes. Ante tal resolución, se interpuso el recurso de revisión, que ahora espera el fallo definitivo del máximo tribunal de Justicia del país. Además del trabajo, se sustraen los derechos a un proyecto de vida personal de 44 mil familias y los básicos de libertad sindical.

Múltiples demandas y procedimientos se han intentado por los trabajadores, incluidos los 22 mil jubilados del SME cuya situación ahora es incierta, porque todo pende del decreto presidencial, al grado de que para la vía conciliatoria del diálogo social el gobierno pone como condición que el SME acepté sin condiciones el decreto de clausura. Como respuesta, 92 trabajadores han recurrido a la huelga de hambre como forma de presión desde el 25 de abril.

El gobierno ha aducido que Luz y Fuerza es una empresa ineficiente y burocratizada. Tal empresa deficiente no existe; en todo caso, atento a que la administración era del propio gobierno, es de su entera responsabilidad la gestión que ahora tanto critica. La empresa pasó a ser administrada por otra entidad gubernamental y no se admite la sustitución patronal prevista en la ley laboral...¡porque la otra empresa fue extinguida por el mismo gobierno! Kafka lo podría explicar mejor.

¿Cuál fue la verdadera razón para extinguir la empresa? Los hechos y el tiempo son más claros y explicativos que el gobierno y las autoridades: se acaba de licitar a favor de las televisoras más poderosas la red digital de comunicación que corre, casualmente, por todo el sistema eléctrico del país, ahora en manos de una sola empresa. Tal maniobra hubiera sido estorbada por un sindicato independiente y democrático de enorme tradición de lucha en la historia social mexicana.

A mayor abundamiento, en noviembre del año pasado el presidente Calderón confesó que por presión de la iniciativa privada había liquidado la empresa; y en mayo de este año, por su parte, el líder de los hombres de negocios del país lo confirmó. Fue un negocio multimillonario lo que llevó a torcer la Constitución y sus leyes reglamentarias de modo de favorecer a una minoría privilegiada. Afirmar ­aunque sea mentira­ que en aras de intereses superiores se pueden sacrificar garantías básicas, procedimientos y derechos humanos, laborales y sindicales es poner en peligro irresponsablemente el Estado de Derecho, y es también un pilar del totalitarismo.

Esta política del Ejecutivo de someter a los demás poderes en favor de los intereses de unos cuantos, la puede explicar solamente un conjunto de factores, como son la degradación del sistema provocada por 28 años de gobiernos neoliberales, los dos fraudes electorales ­1988 y 2006­ y la crisis económica, así como la oposición a la Constitución Social vigente. Pueden estas circunstancias explicar, pero nunca justificar.
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