Ensayo : Las trampas de la privatización
Por
James Petras y Steve Vieux
Introducción
La privatización de empresas públicas y recursos ha alcanzado proporciones de epidemia en América Latina. Todos y cada uno de los sectores han sido afectados (carreteras, recursos naturales, zoológicos, parques, plantas productoras de acero, servicios públicos y redes de telecomunicaciones). El propósito de este trabajo es analizar el significado más profundo de la privatización, observándola desde un marco estructural e histórico amplio. Esto implica el análisis crítico de los supuestos relativos al origen y crecimiento de las empresas públicas, así como las causas internas y externas que dieron origen a la crisis del sector público. A ello le sigue un análisis de la privatización y sus consecuencias sociopolíticas y económicas. En la parte final se discutirán opciones tanto para las empresas que estuvieron en manos del sector público como para las privatizaciones actuales.
En este ensayo se discuten varias tesis. La primera es que la privatización en América Latina no es una idea económica aislada, por el contrario está vinculada con fuerzas políticas más amplias que actúan a través de aparatos coercitivos locales, que no son producto de la "racionalidad del mercado.
Segunda, que el crecimiento de las empresas públicas fue una respuesta al fracaso y crisis de regímenes de libre mercado anteriores. Es decir, el desarrollo de la empresa pública fue principalmente una respuesta pragmática ante la crisis y la necesidad, más que producto de consignas ideológicas.
Tercera, la crisis de la empresa pública es, en gran medida, un producto del fracaso de las corporaciones del sector público al no satisfacer la demanda, y el estilo político de los políticos capitalistas.
Cuarto, la privatización se basa en dos cambios: lo ideológico y la estructura de clase. Su impacto ha minado los gobiernos representativos locales y ha disparado el autoritarismo.
Quinta, la privatización en lugar de "corregir" los males causados por la intervención del estado (monopolios y costos del servicio elevados) los ha profundizado al crear una estructura económica ajena a las necesidades de los usuarios nacionales y los grupos menos favorecidos de la "sociedad civil".
Este ensayo concluye señalando una serie de alternativas a la privatización en la que las relaciones entre lo público-privado resultan compatibles con las necesidades de las mayorías nacionales.
Orígenes de la privatización
La privatización no es un fenómeno resultante de las circunstancias locales en un marco de tiempo limitado (como fue el caso durante las décadas de 1960 y 1970). En este momento hay que entender la privatización como parte de una estrategia mundial que tiene sus raíces en el ataque a la sociedad civil y las políticas democráticas. Hoy día, la privatización se desarrolla con la égida de los bancos "internacionales" que están bajo el control imperial, de sus asesores y agencias gubernamentales, que son quienes idean los programas, deciden los precios e identifican a los compradores potenciales. El marco temporal y alcance de la privatización están dictados por los súperpoderes económicos imperiales cuya prioridad es culminarlos a toda costa, para que, en el menor tiempo posible, se transfiera toda propiedad; de tal manera que la transición hacia el capitalismo neoliberal sea irreversible. La privatización es ante todo una acción política, que tiene poco o muy poco "valor intrínseco" como estrategia económica nacional, por lo que, en efecto, no hace nada para generar nuevos empleos, ni incrementar el nivel de ahorro e inversión, y no crea nuevas fuerza productivas. La estrategia privatizadora del centro imperial tiene como primer objetivo homogeneizar cada región de la economía mundial sujeta a su penetración, a la vez que diferencia el acceso al mercado mundial de acuerdo con la capacidad productiva de cada región. Entonces, el proceso de privatización no es principalmente o inicialmente un medio para apoderarse de las empresas y penetrar en los mercados, sino eliminar estructuras de producción alternas que pudiesen competir o incluso desafiar al imperio en su dominio mundial. Esta es la razón por la cual el comportamiento tan desastroso de las economías privatizadas no resulta molesto para los que tienen a su cargo, en el imperio, el diseño de políticas, sino el tiempo y alcance de la privatización. Una vez que se tiene una economía privatizada, se puede cosechar el fruto de esa política, esto es, las cerezas que no son otra cosa que empresas lucrativas o la captura de mercados, sin temor a los "nacionalistas" o a la "resaca socialista".
Las agencias del imperio inducen la privatización apoyando financiera, ideológica y políticamente a regímenes militares (en América Latina) o procesos electorales (en países de Europa del Este y la ex Unión Soviética). Los procesos de privatización bajo los regímenes militares o civiles siguen, generalmente, los mismos procedimientos (decretos de sus poderes ejecutivos, con o sin la aprobación de sus respectivos parlamentos o congresos). El proceso de privatización relega a un papel marginal a las organizaciones sociales y movimientos ciudadanos. Los despidos masivos, el cierre de industrias productivas, la conversión de empresas manufactureras a importadoras, tiene como consecuencia la reducción de trabajadores sindicalizados bien pagados, el crecimiento del trabajo irregular en el sector informal y el crecimiento de empleados que reciben bajos salarios. Para contener los efectos sociales, los regímenes y bancos imperiales alientan el surgimiento de organizaciones no gubernamentales para absorber las poblaciones en actividades locales que se ubican en los intersticios de la economía dominada por las multinacionales, los bancos y el sector exportador. Las ONG contribuyen a debilitar a los movimientos cívicos y sociales en su lucha para confrontar el modelo neoliberal impuesto por los centros imperiales.
Lo irónico es la convergencia de la retórica de los bancos imperiales sobre el "mercado" y la ideología de la "sociedad civil" de las ONG; que minan las luchas colectivas por el cambio social y el papel positivo que desempeñan los estados nacionales.
Entonces, el avance de la privatización es parte de la estrategia mundial para la construcción del imperio en un periodo de contrarrevolución en el Tercer Mundo y el colapso del comunismo en el Este.
Privatización y desnacionalización
Generalmente se asocia a la privatización con la desnacionalización de la economía. Ambas políticas son objetivos estratégicos de los súperpoderes económicos para conquistar la economía e instalar su hegemonía en la "sociedad civil". Todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial estuvo dominado por los esfuerzos que desarrollaron los países occidentales para imponer una política de libre mercado que se opusiera a los regímenes nacionalistas y socialistas, para ello restringieron el acceso al capital extranjero. La privatización formó parte de un proceso general para hacer retroceder la seguridad social y concentrar el ingreso. En lugar de transferir el ingreso de las corporaciones privadas, por medio de los programas públicos de seguridad social, hacia los salarios de los trabajadores, la privatización implica la transferencia de la propiedad pública y las empresas financiadas con los impuestos de los contribuyentes a las corporaciones privadas. La "matriz privatizadora" que involucra actores internacionales, asesores externos y financiamiento foráneo lleva inevitablemente a la inclusión de capital extranjero, como un agente necesario para la "privatización". El tamaño de las empresas, los esfuerzos para "internacionalizar los mercados", incrementar el acceso a recursos financieros foráneos y la influencia política, o de las corporaciones multinacionales, tiene como resultado que la privatización se convierta en sinónimo de desnacionalización.
Privatización: la matriz social
La privatización forma parte de un patrón para hacer retroceder la seguridad social, minar la organización social y el poder popular. En Occidente y el Sur la propiedad pública se dio más que nada como resultado de las luchas populares contra el modelo exportados liberal del siglo XX, y de principios del XX. La falta de agua potable, la falta de un sistema de transporte adecuado y barato, la falta de inversión privada en sectores estratégicos como el de la electricidad y energía, llevaron a que la sociedad demandará la intervención del estado, para evitar el brote de epidemias, así como proporcionar la infraestructura que facilitara el comercio y producción de manufacturas. Sólo en el caso de Europa del Este la propiedad pública se "impuso desde arriba y desde el exterior" y por tanto se mantuvo como una anomalía del patrón histórico.
Así, la privatización es un movimiento de contra-reforma que va contra la continuidad histórica, y es parte de un esfuerzo general de subvertir el orden social existente vinculado a la seguridad social, la economía mixta y los movimientos sociales que tienen su base en la clase.
Lo irónico es que por un lado el libre mercado defiende el concepto tradicional de familia, pero por otro, sus políticas dan origen a las familias de jefe o cabeza de familia soltero(a), además de forzar a que las mujeres laboren con salarios más bajos. En cuanto a la "izquierda" crítica, que supuestamente defiende el salario de las mujeres y la libertad de las mujeres para "elegir", glorifica el trabajo forzado de las mujeres (la "independencia") y la "familia no tradicional" que ha impuesto la derecha. El resultado es que la pérdida de propiedad pública carece de los fundamentos sociales estables (la clase y familia) para sostener opciones políticas concertadas. El ethos de la "opción privada" de la izquierda es la micro-política del proyecto macro-político privatizador neo-liberal.
Los orígenes de la privatización son, en muchos sentidos, políticos: parte de una estrategia mundial dirigida hacia la eliminación de alternativas políticas y económicas, parte de una estrategia nacional para concentrar poder y riqueza y, finalmente, como un mecanismo para absorber recursos económicos para la acumulación imperial.
Los argumentos puramente económicos de la racionalidad del mercado y la elección racional tienen poco poder explicativo, en términos históricos o sociológicos, para identificar el marco político en la que se formularon y aplicaron las decisiones macro económicas. En ese sentido, la racionalidad de la privatización está más cercana a la exégesis doctrinal que a las realidades contemporáneas. Paradójicamente, la propia característica doctrinaria de las ideologías de libre mercado se hace evidente es sus esfuerzos por "explicar" el crecimiento de las empresas públicas. Le imputan su origen a la "ideología", olvidando las experiencias históricas y las circunstancias en que surgió el sector público.
Empresas públicas: pragmatismo e ideología
En América Latina el crecimiento de la empresa pública coincide con la industrialización, el incremento en la demanda social por servicios, el crecimiento de una clase media conformada por ingenieros técnicos, el desarrollo de industrias básicas y el crecimiento de un mercado interno. El contexto político fue la crisis del modelo exportador de "libre mercado" de las elite y la incapacidad del estado liberal para satisfacer las necesidades de desarrollo de los productores, las demandas ocupacionales de la clase media y las necesidades de salud y educación de la clase obrera.
Las empresas públicas fueron esencialmente elementos para el crecimiento de la industria privada. El sector privado no tenía la capacidad o no estaba dispuesto a financiar e invertir lo suficiente (y producir a nivel de costo) para satisfacer las necesidades crecientes de las nuevas clases productivas. Surgió una coalición de fuerzas industriales nacionalistas, entre las que se incluían trabajadores, clase media y sectores emergentes, que fue la base para la inversión pública, a largo plazo y a gran escala, para proveer de energía con bajo costo y las redes de transporte necesarias para la producción y distribución. Las empresas del sector público produjeron acero en la punta de la cadena, para venderlo subsidiado, eslabones abajo, a los productores privados. Esto les permitió competir y hacer ganancias. Los proyectos de construcción para proporcionar un servicio público, como carreteras, presas, puertos, etc. se asignaron por subcontratación al sector privado; lo que estimuló el crecimiento de empresas dedicadas a la construcción, lo mismo que a empresas manufactureras. Las fortunas que se amasaron vía promoción estatal de actividades productivas fue la base para el modelo "exportador" y empresas conjuntas que realizan muchos de los grandes empresarios neo-liberales actuales. Sin el gran empujón del sector público, para establecer infraestructura básica e industria, y sin el financiamiento del estado, es difícil imaginar dónde estaría el libre mercado en este momento.
Bases para el desarrollo económico: el sector público
Las empresas públicas surgieron en sectores económicos vitales para el crecimiento, debido a que los empresarios privados nacionales no tenían capacidad para movilizar capital a gran escala, a largo plazo y con tasas de ganancia de largo plazo. Los empresarios privados no estaban dispuestos a correr riesgos, o carecían del saber tecnológico (know how), para ingresar a muchas de las actividades que fueron retomadas por el sector público. El capital extranjero se oponía a invertir en sectores de la economía que compitieran con sus exportaciones. Fue hasta más tarde, cuando se establecieron las barreras proteccionistas, que las corporaciones extranjeras se convirtieron en "multinacionales", y establecieron subsidiarias en los países para explotar los mercados nacionales y "saltarse" las barreras arancelarias.
El algunos casos, las empresas públicas fueron producto de la nacionalización de las empresas extranjeras con inversión privada dominante. En general, esto se debió a la incapacidad que tuvieron los inversionistas para mantener o modernizar las plantas o trasladar sus inversiones a otros sectores prioritarios de la economía u otras regiones, lo que trajo consigo el deterioro de servicios vitales. En otros casos, los inversionistas amenazaron con cerrar sus operaciones, lo que implicaba el despido masivo de trabajadores y con ello una dislocación social amplia; ello forzó la intervención del gobierno y la incorporación de las empresas al sector público. Frecuentemente, las empresas quedaron endeudadas, con maquinaria deteriorada y costos fijos elevados en términos de pagos por compensación, lo que redujo la capacidad del estado para transformarlas en empresas lucrativas y eficientes. Esto es a lo que se hace referencia como "socialismo de limón", es decir, el sector privado descargó en el estado empresas echadas a pique (con costos elevados) mientras se quedó con las lucrativas.
Las empresas que proporcionaban servicios públicos (como suministro de agua, gas, transporte) que contaban con un tercio de participación privada, se rehusaron a proporcionar el servicio o no tuvieron capacidad para hacerlo de manera adecuada, o extender el servicio a la población emergente; lo que forzó la intervención del estado para llegar a otras regiones consideradas "no lucrativas" o a proporcionar servicios a bajo costo para estimular la producción de productores potenciales y mejorar la salud de los consumidores potenciales.
Empresas con tres cuartas partes de inversión estatal surgieron en sectores industriales estratégicos para la seguridad nacional, para la conservación y/o porque eran necesarias para obtener recursos foráneos, vía exportaciones, para financiar una gama amplia de programas de desarrollo esencial, lo mismo que para hacer importaciones para la producción y el consumo. Este es el caso, por ejemplo, del petróleo, minerales, energía eléctrica, etc., que se utilizaron para financiar o subsidiar ampliamente la inversión nacional de origen privado, en la industria nacional.
Finalmente, las empresas públicas se establecieron a lo largo de la década de 1930, durante la gran depresión y la Segunda Guerra Mundial, para producir aquello que no se podía importar debido al colapso de las exportaciones y al modelo económico liberal, o porque los principales países exportadores estaban en guerra y dirigieron su producción hacia la actividad bélica.
En resumen, las empresas de propiedad pública surgieron, y en ocasiones reemplazaron la actividad privada, debido a causas pragmáticas, más que ideológicas. Simplemente fue una forma más eficiente de diversificar la economía, estimulando la recuperación económica, movilizando la capacidad ociosa que había generado el fracaso del modelo de mercado exportador anterior. Las empresas públicas tomaron la iniciativa para proveer empleo, a la vez que incrementaban la capacidad de decisión del mercado nacional para darle forma a la agenda de desarrollo. El cambio hacia la propiedad pública y desarrollo nacional, le permitió a las economías nacionales eludir algunas de las fluctuaciones extremas que experimentó la economía liberal basada en las exportaciones y cimentada en las materias primas y enclaves extranjeros. A pesar de ciertas condiciones que dieron origen a la propiedad pública, el papel subordinado que desempeñó para impulsar el crecimiento del sector privado y la matriz política donde funcionó llevaron a una crisis al sector público.
La crisis del sector público
Podemos distinguir dos conjuntos de factores que contribuyeron a la crisis de la propiedad pública: "externos" e "internos". Los primeros hacen referencia los factores externos de la organización formal de las empresas públicas, mientras que los segundos, hacen referencia a la estructura interna y funcionamiento de las empresas.
El sector público recibía el apoyo de una coalición política que proporcionaba votos, experiencia técnica, recursos económicos, liderazgo político y movilización social. En esta coalición participaban trabajadores urbanos, empleados públicos, la clase media y capitalistas, particularmente los dedicados a la construcción, e intelectuales. Esta coalición tan heterogénea se vio sometida a grandes presiones en la medida en que la fuerza de trabajo y el capital desarrollaron intereses divergentes. Los sindicatos fueron más allá de garantizar empleo industrial y el reconocimiento mínimo por parte del estado, para demandar una legislación más amplia en términos sociales, mayor seguridad en el empleo y salarios más altos por medio de una organización social más amplia y una movilización más intensa. Los patrones, por su parte, una vez que lograron la protección del estado, subsidios y el monopolio de los precios, trataron de reducir los costos de la fuerza de trabajo e independizarse más de las obligaciones laborales y del estado para incrementar sus ganancias y diversificar sus inversiones. El problema no era simplemente la ganancia (que no siempre fue el caso) sino el deseo de disponer de ellas, de capital e invertir donde quisieran en el momento deseado. Lo que lo impedía no era la "fuerza de trabajo", sino el marco de industria nacional que inhibía las importaciones y transferencias de capital. El argumento de las "ganancias constreñidas" fue esencialmente un argumento conservador (que retomo de manera acrítica la izquierda, por lo que más tarde quedaría intelectualmente desarmada), pues la derecha fue más allá del cambio en la ganancia, para cambiar el marco total para la acumulación de capital (lo que más tarde se dio en llamar "neoliberalismo").
La crisis en que entró la coalición que apoyaba la propiedad pública resultó de la cada vez mayor internacionalización del "capital nacional". La fuerza que lo guió fue una acumulación a gran escala que se cimentó en la ganancia desmedida bajo el régimen de protección. El "excedente de capital", se canalizo hacia el exterior en forma de inversión especulativa y en la búsqueda de socios externos, para obtener acceso a tecnología, mercado y recursos financieros. La opción de ampliar y profundizar el mercado nacional no recibió grandes consideraciones, debido a que implicaba hacer cambios mayores en la tenencia de la tierra, una reforma agraria e inversión enorme en infraestructura urbana, así como una inversión importante en tecnología y planta productiva. Todo ello significaba diferir ganancias a largo plazo. Básicamente, la opción era apoyar a los campesinos en contra de los terratenientes que, en muchos casos, eran los propios industriales o familiares asociados financieramente a ellos, o buscar el hacerse de las empresas públicas (de un gran porcentaje del gasto estatal) e irse al "extranjero". Los límites del mercado interno tenían dos soluciones: el revolucionario que consistía en profundizar el proyecto industrial nacional y el contra revolucionario que sería el desmantelamiento que favorece la estrategia de concentración y su vinculación con el capital extranjero.
Desde esta perspectiva histórica, la propiedad pública fue para la clase capitalista una "etapa de transición" al liberalismo, que se basó en preocupaciones políticas más que en el simple "fracaso" o "agotamiento" del así denominado modelo de sustitución de importaciones. Entonces, la crisis de la propiedad pública se debió en parte no a causas internas sino a la debilidad de las bases sociales sobre las que se erigió.
El factor "externo" que puso en crisis a la propiedad pública fue la matriz macro-económica. Al subsidiar y proteger al sector privado en ausencia de capitalistas preocupados por el peso social del salario, el estado en general y el sector público en particular comenzó a cargar con un déficit comercial y presupuestario. Las empresas públicas pagaban precios de monopolio por productos provenientes del sector privado y proporcionaba servicios con precios subsidiados. El estado subsidiaba las importaciones para los industriales privados sin exigir las correspondientes exportaciones con sus respectivos ingresos, para cubrir las importaciones. El estado pagó las prestaciones sociales para los trabajadores contribuyendo con ello a reducir el costo de la fuerza de trabajo para el capital.
El desequilibrio en los indicadores macro-económicos reflejó el esfuerzo del estado industrial nacional para equilibrar el rendimiento del capital y la seguridad social para la fuerza de trabajo. La solución liberal ("manejar los indicadores macro-económicos") fue esencialmente transferir las empresas públicas "endeudadas" al sector privado, eliminar la seguridad social para la fuerza de trabajo, subsidiar los segmentos de capital internacional para incrementar sus exportaciones y rendir mayores tasas de interés y ganancias elevadas con la esperanza de que ingresarían mayores flujos de capital y lograr el equilibrio entre las cuentas externas.
El problema de los altos déficits y desequilibrio presupuestal eran suficientemente serios y estaban vinculados al funcionamiento del sector público; no obstante, lo cierto es que las causas se debieron en mucho a la matriz en la que funcionaba tanto como de su organización interna.
En algunos contextos, el conflicto entre trabajo asalariado y capital ocasionó que la clase capitalista "no invirtiera", lo que exacerbó el problema del desempleo, la inseguridad social y la dislocación. El conflicto iba acompañado en ocasiones con el ocupamiento de las instalaciones fabriles o la exigencia de los trabajadores para que el estado se hiciera cargo de las instalaciones. Cuando esto llegó a suceder hubo una caída temporal de la producción. Esto llevó a un incremento en el subsidio estatal y un descenso de las exportaciones, lo que a su vez trajo un desequilibrio comercial. No fue poco frecuente que las empresas económicas no desembocaran en propiedad pública, ya sea por su tamaño o por la relación que tenían con la economía. Entonces, las ineficiencias no fueron un resultado del sector público en sí, sino de las demandas de los sectores sociales participantes en la lucha de clases.
No obstante que las causas "externas fueron elementos esenciales para la crisis del sector público, no fueron las únicas razones para la privatización. Los factores internos vinculados a su estructura y funcionamiento, así como la actitud de quienes apoyaban el sector público, contribuyeron a la crisis.
El exceso de trabajadores fue un problema permanente en muchas de las empresas públicas. En muchos casos el estado funcionó como empleador de última instancia, absorbiendo el exceso de fuerza de trabajo que el sector privado no ocupaba. El resultado fueron altos costos administrativos, una nómina inflada y trabajo administrativo innecesario; todo ello contribuyó a la visión "ineficiente del sector público"
A ello hay que agregar la tendencia entre los partidos políticos a utilizar al estado como mecanismo de clientelismo político. Para allegarse simpatizantes y votantes, los partidos políticos menos ideologizados, aunque no exclusivamente, ofrecieron puestos en el estado, lo que sobrecargó al sector público, redujo su productividad e incrementó el número de funcionarios incompetentes pero políticamente leales dispuestos a organizar la maquinaria electoral.
Relacionado con él, aunque no es lo mismo que, clientelismo fue la tendencia a politizar los puestos públicos, lo que se centró en desarrollar lealtades políticas de corto plazo, por encima y contra las capacidades de obtener resultados. Con frecuencia ello resultó en ventajas tácticas pero debilidad estratégica: la consolidación de las actividades del sector público estuvo acompañada por el estancamiento y la falta de innovación.
La permanencia y rigidez de las empresas del sector público fue en parte resultado de las actitudes corporativistas de los sindicatos vinculados a los partidos nacionalistas o socialistas que defendieron y, en algunos casos, defendieron la ineficiencia entre los empleados del sector público. Cualquier intento por incrementar o mejorara el servicio para los consumidores pertenecientes a la clase trabajadora fue atacado por cierta retórica laboral que aducía la protección de los intereses de la "clase trabajadora"
La estructura totalmente jerárquica de la empresa pública en muchas ocasiones se asemejó a la estructura de la empresa privada. Como resultado, los trabajadores y la administración veían hacia arriba y hacia dentro, por lo que evitaban la rendición de cuentas hacia el público; asimismo evitaban la competencia externa que pudo haber alentado la innovación y eficiencia. Finalmente, la estructura de precios para los productos y servicios del sector público se establecían con base en los intereses de las corporaciones privadas; esto trajo consigo subsidios privados y pérdidas públicas. Con frecuencia, el estado suministró energía a la industria por debajo de su costo, y absorbió las pérdidas. En otras ocasiones, los ingresos de las empresas públicas no se reinvirtieron, sino que se transfirieron a fondos públicos, por lo que el sector público no logró su modernización ni eficiencia. En suma, las fuerzas internas y externas de carácter político, económico y social, operaron de manera conjunta para generar la crisis del sector público. Implícito a la crisis estaba la posibilidad de reformar el sector; haciendo que diera respuesta al grueso de la población o desmantelándola y deshaciéndose de sus recursos, dejándolos en manos de la minoría del sector privado.
Privatización: significado y consecuencias
Las estrategias de privatización tienen varias fuentes. En algunos casos fue el resultado de una convicción ideológica, como en el caso de las dictaduras en América del Sur durante la década de 1970. En otras experiencias fue el resultado de buscar ser favorecido y demostrar condescendencia con las agencias financieras internacionales, como fue el caso de los regímenes electorales en América Latina durante la década de 1980, y más tarde en Europa del Este, así como en las "repúblicas" de la ex Unión Soviética.
Todavía en otros casos, la privatización fue el deseo de una nueva clase orientada hacia la exportación vinculada a los circuitos internacionales y que buscaba extender sus dominios a la vez que atraía socios inversionistas extranjeros.
Una importancia similar tuvieron los superpoderes capitalistas que actuaron a través del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. El desmantelamiento de modelos de desarrollo alternos, particularmente los enfoques que limitaban el acceso a los bancos y empresas multinacionales, siempre fue un objetivo compartido de los encargados de diseñar las políticas en Occidente. Junto con las elite civiles y militares, y el surgimiento de los inversionistas transnacionales, pudieron imponer el modelo de "apertura", supremacía de las exportaciones, economía política basada en el "mercado". Una vez establecido, esta configuración del poder impuso sus ideas y restringió cualquier debate político o intelectual. Así, a partir de ese momento, la "discusión seria" giró en torno a la teoría económica de la oferta, así como la programación y forma de transferir los recursos públicos a los monopolios privados (la así llamada "economía de mercado"). El asunto del desarrollo basado en la empresa pública se esfumó, en su totalidad, en el Hades.
El punto importante es que todo el proceso de privatización tiene sus raíces en un autoritarismo y que fue resultado de un cambio en la correlación de fuerzas políticas a nivel del estado. La privatización nunca formó parte de una consulta pública y cuando, cosa rara, así sucedió los defensores de la privatización perdieron la votación, como sucedió en el caso de Uruguay. Tampoco fue resultado de la prueba de la eficiencia económica del sector privado; más bien fue el resultado de políticas que los economistas dedujeron de una doctrina y de generales convencidos de sus verdades económicas. Finalmente, la decisión no formó parte de un debate nacional, ya que había actores internacionales involucrados en el diseño, promoción y financiamiento del proceso privatizador.
En suma, la privatización fue un proceso dirigido por una elit a nivel internacional, altamente politizado que avanzó por la vía opuesta al proceso de construcción popular, nacional y pragmático de la empresa pública. La instrumentación del proceso privatizador es un reflejo de sus orígenes intelectuales. La aplicación de la privatización fue en su mayor parte, o mejor dicho decretada en su mayor parte por representantes que no fueron electos o por poderes ejecutivos que habiendo sido electos, ocultaron sus intenciones a lo largo de la campaña electoral. Los poderes ejecutivos que participaron de la privatización por decreto, y para echar a andar medidas específicas, no con poca frecuencia, consultaron con banqueros extranjeros no electos o con sus asesores académicos. Así, todo el proceso de privatización minó severamente los órganos representativos de la sociedad civil y margino a la opinión pública. Su efecto real, fue movilizar a la elit, mientras desmovilizaba a la sociedad.
No obstante que la retórica de la privatización es decididamente anti-estado, en la práctica los regímenes privatizadores sólo cambian la intervención estatal, desplazándola del financiamiento de la seguridad social al financiamiento de la elit privada. Se requirió la intervención del estado a gran escala para "socializar" la deuda privada de los terratenientes y banqueros, los subsidios directos o indirectos se convirtieron en la orden del día. Los topes salariales impuestos desde el estado, lo mismo que en las prestaciones sociales para la fuerza de trabajo, tuvieron como resultado un incremento de la riqueza en la punta de la pirámide. Los precios tan bajos que estableció el estado para la venta de empresas públicas permitieron que las grandes empresas las comprasen con ganancias extraordinarias.
En resumen, la ideología anti-estado se convirtió en la reivindicación de un nuevo tipo de estatismo en el que la privatización estuvo financiada y organizada desde el estado, para el sector privado.
El impacto de la privatización
Las políticas privatizadoras no sólo impactan sobre la economía sino en toda la sociedad: sobre el sistema político, la estructura de clases, el mercado interno, y los sistemas de transporte y comunicaciones.
La privatización ha polarizado la estructura de clase. Por un lado los compradores de empresas públicas han cosechado, en muchas ocasiones, ganancias inesperadas que los han llevado de millonarios a multimillonarios. Por otro lado, el despido de empleados públicos "excedentes" ha empujado a muchos trabajadores a una nueva clase de pobre urbano, es decir un "empleado informal" mal pagado. Los trabajadores con seguridad laboral y beneficios sociales han experimentado una erosión seria en sus niveles de vida y un descenso en su movilidad. La caída en las prestaciones sociales ha incrementado los ingresos y ganancias de los nuevos dueños privados.
El incremento en los precios de los servicios, energía eléctrica, transporte, etc. que acompañan a la privatización, ha causado una caída en los niveles de vida para los trabajadores asalariados, mientras que ha incrementado los beneficios para los monopolios privados que se han apropiado de los monopolios públicos.
Entonces, el sector privado se benefició de los subsidios del estado, a la vez que se benefició de los costos reducidos y la flexibilidad laboral impuesta por el estado liberal. El crecimiento de una docena de multimillonarios, producto de la privatización, tiene como contraparte la marginación de decenas de millones de trabajadores pobres.
El segundo impacto más importante de la privatización es el que se da en el sistema político. El vínculo estrecho entre monopolios privados y beneficios de la privatización con el poder ejecutivo de un gobierno ha sido la principal razón de que los poderes legislativo y judicial hayan sido los grandes perdedores en el cambio a la economía de libre mercado. Las instituciones representativas han sido rebasadas en el proceso de transferencia de la propiedad pública a la privada. Las decisiones importantes se toma en otro lado (en las habitaciones amplias de los bancos extranjeros), mientras que los parlamentos o congresos simplemente reaccionan a medidas ya tomadas.
El resultado final de la privatización es el debilitamiento de la democracia y pérdida del poder de vigilancia que tiene el legislativo sobre el funcionamiento esencial de los sectores económicos. La primera responsabilidad de las empresas privadas es hacia su consejo directivo, que en la mayoría de los casos ni siquiera está en el país. Los comités del congreso que vigilan la actividad de las empresas públicas han quedado desactivados. El sector privado no responde ni es responsable ante ninguna autoridad pública, sólo ante los intereses privados.
En términos del impacto económico, hay dos cambios básicos, ambos negativos para el desarrollo de la economía nacional. En primer lugar, la privatización le quita a la economía nacional una fuente lucrativa de acumulación, particularmente cuando los nuevos inversionistas envían su ganancia al exterior. Segundo, el estado pierde una palanca estratégica, al desviar las ganancias hacia sectores de la economía que posiblemente no resulten lucrativos de manera inmediata, pero que pueden tener efectos positivos sobre el empleo y beneficios de largo plazo, en términos de abrir nuevas áreas de inversión; es decir, en infraestructura, educación, diversificación regional, etcétera.
Finalmente, en muchos casos la privatización desarticula la economía al centrarse en la producción e importación fuera de los enclaves. Entonces, las provincias quedan fuera de los fondos de inversión, se eliminan o recortan los ferrocarriles y líneas aéreas regionales, las fábricas que producen para mercados regionales se ven minadas por las importaciones baratas que promueven las elite privatizadoras. Como la privatización profundiza la integración internacional, avanza en la desarticulación de la economía nacional, dejando a las provincias sin actividad económica, reduciéndolas en última instancia a la dependencia de actividades puramente administrativas.
En suma, la fuerza política que hace irreversible a la privatización tiene efectos negativos muy importantes sobre la democracia, la movilidad social y el desarrollo económico. Más allá de estos problemas básicos, hay otra serie de impactos negativos producto de la privatización.
Las trampas de la privatización
De la racionalidad propia del proceso de "privatización" de la empresa pública emergen serios problemas políticos, económicos y éticos.
Una razone básica para privatizar es poner un fin a los "monopolios" públicos, con el fin de estimular la competencia y con ello reducir precios y ganar en eficiencia. Sin embargo, lo cierto es que hay un trecho muy grande entre dicho y hecho. Los compradores de los monopolios públicos son dueños de monopolios privados, inversionistas a gran escala que simplemente suman más a su imperio. Junto con la desregulación de los precios, que acompaña a la privatización, los nuevos monopolios incrementan los precios y recortan los servicios para aquellos que no pueden pagarlos; con lo que se crea "ineficiencias" en términos de no cubrir la demanda real. Por otro lado la competencia no ha sido un resultado de la privatización: simplemente ha concentrado la propiedad en manos privadas.
El precio al que se venden las empresas públicas, por lo general, es un "precio político", ni siquiera su posible valor en el mercado. El régimen político en consulta con los asesores, que forman parte de los compradores potenciales, establece un precio. Con frecuencia los inversionistas vinculados al régimen político, socios empresarios del presidente, o los altos funcionarios del poder ejecutivo, se benefician de la privatización. El proceso privatizador a llevado a la corrupción a niveles sin precedentes. En la transferencia de la propiedad pública a la privada, cientos de miles de millones de dólares han pasado y se han quedado en manos de los políticos, degradando con ello al sistema electoral.
Justo antes de la venta de las empresas públicas, el estado deja de invertir, lo que provoca el deterioro en el servicio que proporciona, lo que trae consigo la insatisfacción del público usuario con el sector público y, el apoyo hacia la privatización. El estado asume el costo que significa cubrir el retiro de los trabajadores y empleados, reduce el costo de los insumos y proporciona subsidios; lo que hace que los compradores adquieran empresas con costos de producción y laborales bajos. Una vez que la privatización se lleva a cabo, de inmediato aparece el repunte en la actividad, lo que parece resultado de la privatización y no producto de una política deliberada del estado que trabaja en concertación con la elit privatizadora.
Al vender empresas públicas, el régimen y los compradores hacen un gran despliegue publicitario de los nuevos acuerdos firmados por ambas partes, en los que el sector privado está de acuerdo en invertir cientos de millones de dólares, en crear miles de nuevos empleos, en incrementar los ingresos por concepto de exportaciones con base en cierta figura geométrica, en transferir nuevas tecnologías, en proporcionar servicios con bajos costos, etcétera.
De hecho, las obligaciones contractuales son un acto de publicidad. Muy difícilmente se llevan a cabo los compromisos, ni siquiera una fracción. Cuando mucho, la nueva inversión no es otra cosa que los fondos prestados por un banco local, deuda reconvertida o reinversión de ganancias; en muchos casos hay una inversión muy pequeña y frecuentemente se renegocia el acuerdo original o la empresa cita circunstancias "extraordinarias" o problemas económicos, que acepta el estado, para explicar la falta de cumplimiento del acuerdo. Una vez que todo está en su lugar, por lo general, la empresa importa más insumos de los que exporta, por lo que la cuenta externa se hace más deficitaria. Las industrias privatizadas desplazan a los productores locales y recortan su fuerza laboral, por lo que exacerban la situación de desempleo en lugar de mejorarla. Hay transferencia de tecnología y se paga su uso, sin embargo, se transfiere muy poco de la investigación y diseño de nueva tecnología al país anfitrión.
La privatización absorbe capital de inversión en las empresas existentes en lugar de dirigirlo a nuevas áreas o sectores. En muchos casos, desplaza capital nacional, en lugar de completarlo. Muchas de las empresas privatizadas no cumplen con la expectativa relativa a las exportaciones, a la inversión de nuevo capital o tecnología. La política del estado puede canalizar capital hacia nuevas actividades de exportación o al sector con altos costos de capital y áreas de innovación tecnológica.
Con frecuencia, la privatización ha contribuido a incrementar la vulnerabilidad de la economía, particularmente cuando el comprador es una corporación multinacional. Las decisiones con respecto a la reubicación de la planta, niveles de inversión y empleo están sujetas a las estrategias globales del consejo directivo de las corporaciones multinacionales. La privatización le quita al país la posibilidad de una "escuela" para la capacitación empresarial y gerencial. Las empresas públicas le proporcionan a los ingenieros locales una oportunidad de aprender haciendo, de aplicar los conceptos de planeación estratégica.
En lugar de los ingenieros vinculados a la producción, una nueva camada de administradores de empresas recién graduados con habilidades para facilitar la venta, para buscar compradores y abrir mercados, emerge como un tipo de especialista dominante. Estos especialistas, muy imbuidos en la doctrina del libre mercado, son intermediarios esenciales vinculados a las operaciones internacionales, controladas por inversionistas y banqueros internacionales, por lo que tiene poco contacto con el mercado local y las fuerzas productivas. El resultado frecuente, son pronunciamientos perversos del tipo "la economía esta sana, la gente es la única que no la pasa tan bien".
Alternativas a la privatización
Uno de los pronunciamientos más enfermos y mal informados, de parte de muchos entusiastas del libre mercado, es que "no hay alternativas a la privatización".
De hecho, como lo hemos demostrado históricamente, y como lo argumentaremos hay muchas alternativas para la privatización. En cualquier caso, las consecuencias negativas, casi uniformes, garantizan una profunda reflexión en torno a si debemos seguir en esta vía de autodestrucción.
En las secciones previas hicimos un resumen del origen histórico, real, de las empresas públicas y el papel positivo que desempeñaron. Lo que va en contra de la polémica que sostienen los ideólogos actuales del libre mercado. Para las opciones resulta apropiado seguir una línea similar de investigación a la que hemos recorrido hasta este momento. De manera específica, una serie de medidas que se aplicaron con éxito en el pasado y que son relevantes para los diseñadores de políticas que actualmente promueven el desarrollo nacional.
Mientras que los ideólogos del libre mercado argumentan que la inversión extranjera y el libre comercio son la única alternativa para el desarrollo económico, nosotros argumentamos que existe otro enfoque que asegura el crecimiento a largo plazo y a gran escala con las ventajas del desarrollo capitalista, pero reduciendo los costos sociales, políticos y económicos. Nuestro argumento se desarrolla en dos niveles: primero, que el desarrollo centrado en lo público es superior al que se basa en lo privado (nacional o internacional) y que la propiedad social en el sector público es superior a la propiedad estatal.
Hay por lo menos siete medidas asociadas con el desarrollo del sector público que garantiza lo mejor del crecimiento capitalista, a la vez que retiene el control nacional estratégico y maximiza la equidad social.
Fórmulas temporales
Desde la década de 1930 y hasta la primera mitad de la de 1980 varios países firmaron acuerdos con corporaciones extranjeras para que invirtieran (garantizándoles una ganancia), en líneas específicas de actividad. Se entendía de manera explícita que se trataba de un acuerdo temporal, al final del cual la propiedad pública se iría cumpliendo por etapas, mientras que la propiedad privada iría desapareciendo. La empresa extranjera tendría sus ganancias, el país anfitrión obtendría experiencias de aprendizaje y el control final.
Operación llavero
Durante la década de 1960 las naciones en desarrollo contrataron, pagando un precio, empresas extranjeras para que construyeran empresas y organizaran la producción, para luego, como país anfitrión, "hacerse de las llaves". En algunos casos el pago incluyó cierto porcentaje de la línea de producción.
Saber tecnológico (know how) desagregado de la propiedad
En lugar de pagar el precio elevado que significaba la presencia extranjera constante, ocupando sectores estratégicos de la economía y a merced de los cambios en sus prioridades, y con el fin de garantizar el avance tecnológico, algunos países desagregaron saber tecnológico de la inversión-propiedad: comprando o alquilando la primera y excluyendo la segunda. Así, tuvieron la capacidad de incorporar avances tecnológicos en sus prioridades sociales y nacionales.
En sectores económicos con altos rendimientos y destrezas mínimas, es posible que sea necesario formar empresas conjuntas, pero donde el sector público controle la mayoría. Las ganancias se comparten, aunque el control es público, con lo que se garantiza que el crecimiento futuro y las prioridades de inversión estarán integradas a las metas nacionales. Entonces, la participación extranjera no desplaza a la nacional, por el contrario, la complementa llenando así un nicho en el conjunto que forma el proyecto nacional.
Dentro del marco de la empresa pública, los estilos de gerencia alternativa a la gerencia pública vertical son esenciales para garantizar la rendición de cuentas pública. El control social que ejerzan consumidores y productores es un antídoto esencial contra la burocracia e ineficiencia. Se requiere integrar en la empresa pública habilidades desarrolladas en la empresa privada como: correr riesgos, tener iniciativa, pensar en productos nuevos, etc. En una palabra, la empresa pública debe ser más emprendedora que en el pasado. La empresa pública debe combinar un estilo asesor para la formulación de políticas generales, con un liderazgo ejecutivo que las lleve a la práctica. La toma de decisiones debe ver hacia dentro y hacia abajo, antes que ver hacia arriba y hacia afuera, vinculando regiones por medio de patrones de transporte y comunicaciones tipo red, para cubrir las necesidades sociales básicas y articularlas con las actividades de exportación.
La empresa pública debe consultar y estar articulada con los movimientos sociales para el desarrollo de políticas sociales, lo mismo que para la ubicación del gasto social y la inversión.
Cualquier esfuerzo que busque revertir la polarización social, la desintegración regional y la política autoritaria que emerge bajo el capitalismo de libre mercado, requiere como premisa fundamental el revertir la privatización y la "globalización". Procesos complementarios son la propiedad pública, las cooperativas, los colectivos dirigidos por consumidores y trabajadores, profundizar en la sustitución de importaciones en líneas específicas de la actividad económica y apertura selectiva al mercado mundial. En la medida en que del debate público emerjan estrategias de desarrollo enriquecidas, que se sobrepongan a la autoridad de los decretos que provienen de los ideólogos del libre mercado, la noción de libre mercado como culminación de la historia terminará, justamente, en el basurero de la historia.
Fuente
James Petras y Steve Vieux
Introducción
La privatización de empresas públicas y recursos ha alcanzado proporciones de epidemia en América Latina. Todos y cada uno de los sectores han sido afectados (carreteras, recursos naturales, zoológicos, parques, plantas productoras de acero, servicios públicos y redes de telecomunicaciones). El propósito de este trabajo es analizar el significado más profundo de la privatización, observándola desde un marco estructural e histórico amplio. Esto implica el análisis crítico de los supuestos relativos al origen y crecimiento de las empresas públicas, así como las causas internas y externas que dieron origen a la crisis del sector público. A ello le sigue un análisis de la privatización y sus consecuencias sociopolíticas y económicas. En la parte final se discutirán opciones tanto para las empresas que estuvieron en manos del sector público como para las privatizaciones actuales.
En este ensayo se discuten varias tesis. La primera es que la privatización en América Latina no es una idea económica aislada, por el contrario está vinculada con fuerzas políticas más amplias que actúan a través de aparatos coercitivos locales, que no son producto de la "racionalidad del mercado.
Segunda, que el crecimiento de las empresas públicas fue una respuesta al fracaso y crisis de regímenes de libre mercado anteriores. Es decir, el desarrollo de la empresa pública fue principalmente una respuesta pragmática ante la crisis y la necesidad, más que producto de consignas ideológicas.
Tercera, la crisis de la empresa pública es, en gran medida, un producto del fracaso de las corporaciones del sector público al no satisfacer la demanda, y el estilo político de los políticos capitalistas.
Cuarto, la privatización se basa en dos cambios: lo ideológico y la estructura de clase. Su impacto ha minado los gobiernos representativos locales y ha disparado el autoritarismo.
Quinta, la privatización en lugar de "corregir" los males causados por la intervención del estado (monopolios y costos del servicio elevados) los ha profundizado al crear una estructura económica ajena a las necesidades de los usuarios nacionales y los grupos menos favorecidos de la "sociedad civil".
Este ensayo concluye señalando una serie de alternativas a la privatización en la que las relaciones entre lo público-privado resultan compatibles con las necesidades de las mayorías nacionales.
Orígenes de la privatización
La privatización no es un fenómeno resultante de las circunstancias locales en un marco de tiempo limitado (como fue el caso durante las décadas de 1960 y 1970). En este momento hay que entender la privatización como parte de una estrategia mundial que tiene sus raíces en el ataque a la sociedad civil y las políticas democráticas. Hoy día, la privatización se desarrolla con la égida de los bancos "internacionales" que están bajo el control imperial, de sus asesores y agencias gubernamentales, que son quienes idean los programas, deciden los precios e identifican a los compradores potenciales. El marco temporal y alcance de la privatización están dictados por los súperpoderes económicos imperiales cuya prioridad es culminarlos a toda costa, para que, en el menor tiempo posible, se transfiera toda propiedad; de tal manera que la transición hacia el capitalismo neoliberal sea irreversible. La privatización es ante todo una acción política, que tiene poco o muy poco "valor intrínseco" como estrategia económica nacional, por lo que, en efecto, no hace nada para generar nuevos empleos, ni incrementar el nivel de ahorro e inversión, y no crea nuevas fuerza productivas. La estrategia privatizadora del centro imperial tiene como primer objetivo homogeneizar cada región de la economía mundial sujeta a su penetración, a la vez que diferencia el acceso al mercado mundial de acuerdo con la capacidad productiva de cada región. Entonces, el proceso de privatización no es principalmente o inicialmente un medio para apoderarse de las empresas y penetrar en los mercados, sino eliminar estructuras de producción alternas que pudiesen competir o incluso desafiar al imperio en su dominio mundial. Esta es la razón por la cual el comportamiento tan desastroso de las economías privatizadas no resulta molesto para los que tienen a su cargo, en el imperio, el diseño de políticas, sino el tiempo y alcance de la privatización. Una vez que se tiene una economía privatizada, se puede cosechar el fruto de esa política, esto es, las cerezas que no son otra cosa que empresas lucrativas o la captura de mercados, sin temor a los "nacionalistas" o a la "resaca socialista".
Las agencias del imperio inducen la privatización apoyando financiera, ideológica y políticamente a regímenes militares (en América Latina) o procesos electorales (en países de Europa del Este y la ex Unión Soviética). Los procesos de privatización bajo los regímenes militares o civiles siguen, generalmente, los mismos procedimientos (decretos de sus poderes ejecutivos, con o sin la aprobación de sus respectivos parlamentos o congresos). El proceso de privatización relega a un papel marginal a las organizaciones sociales y movimientos ciudadanos. Los despidos masivos, el cierre de industrias productivas, la conversión de empresas manufactureras a importadoras, tiene como consecuencia la reducción de trabajadores sindicalizados bien pagados, el crecimiento del trabajo irregular en el sector informal y el crecimiento de empleados que reciben bajos salarios. Para contener los efectos sociales, los regímenes y bancos imperiales alientan el surgimiento de organizaciones no gubernamentales para absorber las poblaciones en actividades locales que se ubican en los intersticios de la economía dominada por las multinacionales, los bancos y el sector exportador. Las ONG contribuyen a debilitar a los movimientos cívicos y sociales en su lucha para confrontar el modelo neoliberal impuesto por los centros imperiales.
Lo irónico es la convergencia de la retórica de los bancos imperiales sobre el "mercado" y la ideología de la "sociedad civil" de las ONG; que minan las luchas colectivas por el cambio social y el papel positivo que desempeñan los estados nacionales.
Entonces, el avance de la privatización es parte de la estrategia mundial para la construcción del imperio en un periodo de contrarrevolución en el Tercer Mundo y el colapso del comunismo en el Este.
Privatización y desnacionalización
Generalmente se asocia a la privatización con la desnacionalización de la economía. Ambas políticas son objetivos estratégicos de los súperpoderes económicos para conquistar la economía e instalar su hegemonía en la "sociedad civil". Todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial estuvo dominado por los esfuerzos que desarrollaron los países occidentales para imponer una política de libre mercado que se opusiera a los regímenes nacionalistas y socialistas, para ello restringieron el acceso al capital extranjero. La privatización formó parte de un proceso general para hacer retroceder la seguridad social y concentrar el ingreso. En lugar de transferir el ingreso de las corporaciones privadas, por medio de los programas públicos de seguridad social, hacia los salarios de los trabajadores, la privatización implica la transferencia de la propiedad pública y las empresas financiadas con los impuestos de los contribuyentes a las corporaciones privadas. La "matriz privatizadora" que involucra actores internacionales, asesores externos y financiamiento foráneo lleva inevitablemente a la inclusión de capital extranjero, como un agente necesario para la "privatización". El tamaño de las empresas, los esfuerzos para "internacionalizar los mercados", incrementar el acceso a recursos financieros foráneos y la influencia política, o de las corporaciones multinacionales, tiene como resultado que la privatización se convierta en sinónimo de desnacionalización.
Privatización: la matriz social
La privatización forma parte de un patrón para hacer retroceder la seguridad social, minar la organización social y el poder popular. En Occidente y el Sur la propiedad pública se dio más que nada como resultado de las luchas populares contra el modelo exportados liberal del siglo XX, y de principios del XX. La falta de agua potable, la falta de un sistema de transporte adecuado y barato, la falta de inversión privada en sectores estratégicos como el de la electricidad y energía, llevaron a que la sociedad demandará la intervención del estado, para evitar el brote de epidemias, así como proporcionar la infraestructura que facilitara el comercio y producción de manufacturas. Sólo en el caso de Europa del Este la propiedad pública se "impuso desde arriba y desde el exterior" y por tanto se mantuvo como una anomalía del patrón histórico.
Así, la privatización es un movimiento de contra-reforma que va contra la continuidad histórica, y es parte de un esfuerzo general de subvertir el orden social existente vinculado a la seguridad social, la economía mixta y los movimientos sociales que tienen su base en la clase.
Lo irónico es que por un lado el libre mercado defiende el concepto tradicional de familia, pero por otro, sus políticas dan origen a las familias de jefe o cabeza de familia soltero(a), además de forzar a que las mujeres laboren con salarios más bajos. En cuanto a la "izquierda" crítica, que supuestamente defiende el salario de las mujeres y la libertad de las mujeres para "elegir", glorifica el trabajo forzado de las mujeres (la "independencia") y la "familia no tradicional" que ha impuesto la derecha. El resultado es que la pérdida de propiedad pública carece de los fundamentos sociales estables (la clase y familia) para sostener opciones políticas concertadas. El ethos de la "opción privada" de la izquierda es la micro-política del proyecto macro-político privatizador neo-liberal.
Los orígenes de la privatización son, en muchos sentidos, políticos: parte de una estrategia mundial dirigida hacia la eliminación de alternativas políticas y económicas, parte de una estrategia nacional para concentrar poder y riqueza y, finalmente, como un mecanismo para absorber recursos económicos para la acumulación imperial.
Los argumentos puramente económicos de la racionalidad del mercado y la elección racional tienen poco poder explicativo, en términos históricos o sociológicos, para identificar el marco político en la que se formularon y aplicaron las decisiones macro económicas. En ese sentido, la racionalidad de la privatización está más cercana a la exégesis doctrinal que a las realidades contemporáneas. Paradójicamente, la propia característica doctrinaria de las ideologías de libre mercado se hace evidente es sus esfuerzos por "explicar" el crecimiento de las empresas públicas. Le imputan su origen a la "ideología", olvidando las experiencias históricas y las circunstancias en que surgió el sector público.
Empresas públicas: pragmatismo e ideología
En América Latina el crecimiento de la empresa pública coincide con la industrialización, el incremento en la demanda social por servicios, el crecimiento de una clase media conformada por ingenieros técnicos, el desarrollo de industrias básicas y el crecimiento de un mercado interno. El contexto político fue la crisis del modelo exportador de "libre mercado" de las elite y la incapacidad del estado liberal para satisfacer las necesidades de desarrollo de los productores, las demandas ocupacionales de la clase media y las necesidades de salud y educación de la clase obrera.
Las empresas públicas fueron esencialmente elementos para el crecimiento de la industria privada. El sector privado no tenía la capacidad o no estaba dispuesto a financiar e invertir lo suficiente (y producir a nivel de costo) para satisfacer las necesidades crecientes de las nuevas clases productivas. Surgió una coalición de fuerzas industriales nacionalistas, entre las que se incluían trabajadores, clase media y sectores emergentes, que fue la base para la inversión pública, a largo plazo y a gran escala, para proveer de energía con bajo costo y las redes de transporte necesarias para la producción y distribución. Las empresas del sector público produjeron acero en la punta de la cadena, para venderlo subsidiado, eslabones abajo, a los productores privados. Esto les permitió competir y hacer ganancias. Los proyectos de construcción para proporcionar un servicio público, como carreteras, presas, puertos, etc. se asignaron por subcontratación al sector privado; lo que estimuló el crecimiento de empresas dedicadas a la construcción, lo mismo que a empresas manufactureras. Las fortunas que se amasaron vía promoción estatal de actividades productivas fue la base para el modelo "exportador" y empresas conjuntas que realizan muchos de los grandes empresarios neo-liberales actuales. Sin el gran empujón del sector público, para establecer infraestructura básica e industria, y sin el financiamiento del estado, es difícil imaginar dónde estaría el libre mercado en este momento.
Bases para el desarrollo económico: el sector público
Las empresas públicas surgieron en sectores económicos vitales para el crecimiento, debido a que los empresarios privados nacionales no tenían capacidad para movilizar capital a gran escala, a largo plazo y con tasas de ganancia de largo plazo. Los empresarios privados no estaban dispuestos a correr riesgos, o carecían del saber tecnológico (know how), para ingresar a muchas de las actividades que fueron retomadas por el sector público. El capital extranjero se oponía a invertir en sectores de la economía que compitieran con sus exportaciones. Fue hasta más tarde, cuando se establecieron las barreras proteccionistas, que las corporaciones extranjeras se convirtieron en "multinacionales", y establecieron subsidiarias en los países para explotar los mercados nacionales y "saltarse" las barreras arancelarias.
El algunos casos, las empresas públicas fueron producto de la nacionalización de las empresas extranjeras con inversión privada dominante. En general, esto se debió a la incapacidad que tuvieron los inversionistas para mantener o modernizar las plantas o trasladar sus inversiones a otros sectores prioritarios de la economía u otras regiones, lo que trajo consigo el deterioro de servicios vitales. En otros casos, los inversionistas amenazaron con cerrar sus operaciones, lo que implicaba el despido masivo de trabajadores y con ello una dislocación social amplia; ello forzó la intervención del gobierno y la incorporación de las empresas al sector público. Frecuentemente, las empresas quedaron endeudadas, con maquinaria deteriorada y costos fijos elevados en términos de pagos por compensación, lo que redujo la capacidad del estado para transformarlas en empresas lucrativas y eficientes. Esto es a lo que se hace referencia como "socialismo de limón", es decir, el sector privado descargó en el estado empresas echadas a pique (con costos elevados) mientras se quedó con las lucrativas.
Las empresas que proporcionaban servicios públicos (como suministro de agua, gas, transporte) que contaban con un tercio de participación privada, se rehusaron a proporcionar el servicio o no tuvieron capacidad para hacerlo de manera adecuada, o extender el servicio a la población emergente; lo que forzó la intervención del estado para llegar a otras regiones consideradas "no lucrativas" o a proporcionar servicios a bajo costo para estimular la producción de productores potenciales y mejorar la salud de los consumidores potenciales.
Empresas con tres cuartas partes de inversión estatal surgieron en sectores industriales estratégicos para la seguridad nacional, para la conservación y/o porque eran necesarias para obtener recursos foráneos, vía exportaciones, para financiar una gama amplia de programas de desarrollo esencial, lo mismo que para hacer importaciones para la producción y el consumo. Este es el caso, por ejemplo, del petróleo, minerales, energía eléctrica, etc., que se utilizaron para financiar o subsidiar ampliamente la inversión nacional de origen privado, en la industria nacional.
Finalmente, las empresas públicas se establecieron a lo largo de la década de 1930, durante la gran depresión y la Segunda Guerra Mundial, para producir aquello que no se podía importar debido al colapso de las exportaciones y al modelo económico liberal, o porque los principales países exportadores estaban en guerra y dirigieron su producción hacia la actividad bélica.
En resumen, las empresas de propiedad pública surgieron, y en ocasiones reemplazaron la actividad privada, debido a causas pragmáticas, más que ideológicas. Simplemente fue una forma más eficiente de diversificar la economía, estimulando la recuperación económica, movilizando la capacidad ociosa que había generado el fracaso del modelo de mercado exportador anterior. Las empresas públicas tomaron la iniciativa para proveer empleo, a la vez que incrementaban la capacidad de decisión del mercado nacional para darle forma a la agenda de desarrollo. El cambio hacia la propiedad pública y desarrollo nacional, le permitió a las economías nacionales eludir algunas de las fluctuaciones extremas que experimentó la economía liberal basada en las exportaciones y cimentada en las materias primas y enclaves extranjeros. A pesar de ciertas condiciones que dieron origen a la propiedad pública, el papel subordinado que desempeñó para impulsar el crecimiento del sector privado y la matriz política donde funcionó llevaron a una crisis al sector público.
La crisis del sector público
Podemos distinguir dos conjuntos de factores que contribuyeron a la crisis de la propiedad pública: "externos" e "internos". Los primeros hacen referencia los factores externos de la organización formal de las empresas públicas, mientras que los segundos, hacen referencia a la estructura interna y funcionamiento de las empresas.
El sector público recibía el apoyo de una coalición política que proporcionaba votos, experiencia técnica, recursos económicos, liderazgo político y movilización social. En esta coalición participaban trabajadores urbanos, empleados públicos, la clase media y capitalistas, particularmente los dedicados a la construcción, e intelectuales. Esta coalición tan heterogénea se vio sometida a grandes presiones en la medida en que la fuerza de trabajo y el capital desarrollaron intereses divergentes. Los sindicatos fueron más allá de garantizar empleo industrial y el reconocimiento mínimo por parte del estado, para demandar una legislación más amplia en términos sociales, mayor seguridad en el empleo y salarios más altos por medio de una organización social más amplia y una movilización más intensa. Los patrones, por su parte, una vez que lograron la protección del estado, subsidios y el monopolio de los precios, trataron de reducir los costos de la fuerza de trabajo e independizarse más de las obligaciones laborales y del estado para incrementar sus ganancias y diversificar sus inversiones. El problema no era simplemente la ganancia (que no siempre fue el caso) sino el deseo de disponer de ellas, de capital e invertir donde quisieran en el momento deseado. Lo que lo impedía no era la "fuerza de trabajo", sino el marco de industria nacional que inhibía las importaciones y transferencias de capital. El argumento de las "ganancias constreñidas" fue esencialmente un argumento conservador (que retomo de manera acrítica la izquierda, por lo que más tarde quedaría intelectualmente desarmada), pues la derecha fue más allá del cambio en la ganancia, para cambiar el marco total para la acumulación de capital (lo que más tarde se dio en llamar "neoliberalismo").
La crisis en que entró la coalición que apoyaba la propiedad pública resultó de la cada vez mayor internacionalización del "capital nacional". La fuerza que lo guió fue una acumulación a gran escala que se cimentó en la ganancia desmedida bajo el régimen de protección. El "excedente de capital", se canalizo hacia el exterior en forma de inversión especulativa y en la búsqueda de socios externos, para obtener acceso a tecnología, mercado y recursos financieros. La opción de ampliar y profundizar el mercado nacional no recibió grandes consideraciones, debido a que implicaba hacer cambios mayores en la tenencia de la tierra, una reforma agraria e inversión enorme en infraestructura urbana, así como una inversión importante en tecnología y planta productiva. Todo ello significaba diferir ganancias a largo plazo. Básicamente, la opción era apoyar a los campesinos en contra de los terratenientes que, en muchos casos, eran los propios industriales o familiares asociados financieramente a ellos, o buscar el hacerse de las empresas públicas (de un gran porcentaje del gasto estatal) e irse al "extranjero". Los límites del mercado interno tenían dos soluciones: el revolucionario que consistía en profundizar el proyecto industrial nacional y el contra revolucionario que sería el desmantelamiento que favorece la estrategia de concentración y su vinculación con el capital extranjero.
Desde esta perspectiva histórica, la propiedad pública fue para la clase capitalista una "etapa de transición" al liberalismo, que se basó en preocupaciones políticas más que en el simple "fracaso" o "agotamiento" del así denominado modelo de sustitución de importaciones. Entonces, la crisis de la propiedad pública se debió en parte no a causas internas sino a la debilidad de las bases sociales sobre las que se erigió.
El factor "externo" que puso en crisis a la propiedad pública fue la matriz macro-económica. Al subsidiar y proteger al sector privado en ausencia de capitalistas preocupados por el peso social del salario, el estado en general y el sector público en particular comenzó a cargar con un déficit comercial y presupuestario. Las empresas públicas pagaban precios de monopolio por productos provenientes del sector privado y proporcionaba servicios con precios subsidiados. El estado subsidiaba las importaciones para los industriales privados sin exigir las correspondientes exportaciones con sus respectivos ingresos, para cubrir las importaciones. El estado pagó las prestaciones sociales para los trabajadores contribuyendo con ello a reducir el costo de la fuerza de trabajo para el capital.
El desequilibrio en los indicadores macro-económicos reflejó el esfuerzo del estado industrial nacional para equilibrar el rendimiento del capital y la seguridad social para la fuerza de trabajo. La solución liberal ("manejar los indicadores macro-económicos") fue esencialmente transferir las empresas públicas "endeudadas" al sector privado, eliminar la seguridad social para la fuerza de trabajo, subsidiar los segmentos de capital internacional para incrementar sus exportaciones y rendir mayores tasas de interés y ganancias elevadas con la esperanza de que ingresarían mayores flujos de capital y lograr el equilibrio entre las cuentas externas.
El problema de los altos déficits y desequilibrio presupuestal eran suficientemente serios y estaban vinculados al funcionamiento del sector público; no obstante, lo cierto es que las causas se debieron en mucho a la matriz en la que funcionaba tanto como de su organización interna.
En algunos contextos, el conflicto entre trabajo asalariado y capital ocasionó que la clase capitalista "no invirtiera", lo que exacerbó el problema del desempleo, la inseguridad social y la dislocación. El conflicto iba acompañado en ocasiones con el ocupamiento de las instalaciones fabriles o la exigencia de los trabajadores para que el estado se hiciera cargo de las instalaciones. Cuando esto llegó a suceder hubo una caída temporal de la producción. Esto llevó a un incremento en el subsidio estatal y un descenso de las exportaciones, lo que a su vez trajo un desequilibrio comercial. No fue poco frecuente que las empresas económicas no desembocaran en propiedad pública, ya sea por su tamaño o por la relación que tenían con la economía. Entonces, las ineficiencias no fueron un resultado del sector público en sí, sino de las demandas de los sectores sociales participantes en la lucha de clases.
No obstante que las causas "externas fueron elementos esenciales para la crisis del sector público, no fueron las únicas razones para la privatización. Los factores internos vinculados a su estructura y funcionamiento, así como la actitud de quienes apoyaban el sector público, contribuyeron a la crisis.
El exceso de trabajadores fue un problema permanente en muchas de las empresas públicas. En muchos casos el estado funcionó como empleador de última instancia, absorbiendo el exceso de fuerza de trabajo que el sector privado no ocupaba. El resultado fueron altos costos administrativos, una nómina inflada y trabajo administrativo innecesario; todo ello contribuyó a la visión "ineficiente del sector público"
A ello hay que agregar la tendencia entre los partidos políticos a utilizar al estado como mecanismo de clientelismo político. Para allegarse simpatizantes y votantes, los partidos políticos menos ideologizados, aunque no exclusivamente, ofrecieron puestos en el estado, lo que sobrecargó al sector público, redujo su productividad e incrementó el número de funcionarios incompetentes pero políticamente leales dispuestos a organizar la maquinaria electoral.
Relacionado con él, aunque no es lo mismo que, clientelismo fue la tendencia a politizar los puestos públicos, lo que se centró en desarrollar lealtades políticas de corto plazo, por encima y contra las capacidades de obtener resultados. Con frecuencia ello resultó en ventajas tácticas pero debilidad estratégica: la consolidación de las actividades del sector público estuvo acompañada por el estancamiento y la falta de innovación.
La permanencia y rigidez de las empresas del sector público fue en parte resultado de las actitudes corporativistas de los sindicatos vinculados a los partidos nacionalistas o socialistas que defendieron y, en algunos casos, defendieron la ineficiencia entre los empleados del sector público. Cualquier intento por incrementar o mejorara el servicio para los consumidores pertenecientes a la clase trabajadora fue atacado por cierta retórica laboral que aducía la protección de los intereses de la "clase trabajadora"
La estructura totalmente jerárquica de la empresa pública en muchas ocasiones se asemejó a la estructura de la empresa privada. Como resultado, los trabajadores y la administración veían hacia arriba y hacia dentro, por lo que evitaban la rendición de cuentas hacia el público; asimismo evitaban la competencia externa que pudo haber alentado la innovación y eficiencia. Finalmente, la estructura de precios para los productos y servicios del sector público se establecían con base en los intereses de las corporaciones privadas; esto trajo consigo subsidios privados y pérdidas públicas. Con frecuencia, el estado suministró energía a la industria por debajo de su costo, y absorbió las pérdidas. En otras ocasiones, los ingresos de las empresas públicas no se reinvirtieron, sino que se transfirieron a fondos públicos, por lo que el sector público no logró su modernización ni eficiencia. En suma, las fuerzas internas y externas de carácter político, económico y social, operaron de manera conjunta para generar la crisis del sector público. Implícito a la crisis estaba la posibilidad de reformar el sector; haciendo que diera respuesta al grueso de la población o desmantelándola y deshaciéndose de sus recursos, dejándolos en manos de la minoría del sector privado.
Privatización: significado y consecuencias
Las estrategias de privatización tienen varias fuentes. En algunos casos fue el resultado de una convicción ideológica, como en el caso de las dictaduras en América del Sur durante la década de 1970. En otras experiencias fue el resultado de buscar ser favorecido y demostrar condescendencia con las agencias financieras internacionales, como fue el caso de los regímenes electorales en América Latina durante la década de 1980, y más tarde en Europa del Este, así como en las "repúblicas" de la ex Unión Soviética.
Todavía en otros casos, la privatización fue el deseo de una nueva clase orientada hacia la exportación vinculada a los circuitos internacionales y que buscaba extender sus dominios a la vez que atraía socios inversionistas extranjeros.
Una importancia similar tuvieron los superpoderes capitalistas que actuaron a través del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. El desmantelamiento de modelos de desarrollo alternos, particularmente los enfoques que limitaban el acceso a los bancos y empresas multinacionales, siempre fue un objetivo compartido de los encargados de diseñar las políticas en Occidente. Junto con las elite civiles y militares, y el surgimiento de los inversionistas transnacionales, pudieron imponer el modelo de "apertura", supremacía de las exportaciones, economía política basada en el "mercado". Una vez establecido, esta configuración del poder impuso sus ideas y restringió cualquier debate político o intelectual. Así, a partir de ese momento, la "discusión seria" giró en torno a la teoría económica de la oferta, así como la programación y forma de transferir los recursos públicos a los monopolios privados (la así llamada "economía de mercado"). El asunto del desarrollo basado en la empresa pública se esfumó, en su totalidad, en el Hades.
El punto importante es que todo el proceso de privatización tiene sus raíces en un autoritarismo y que fue resultado de un cambio en la correlación de fuerzas políticas a nivel del estado. La privatización nunca formó parte de una consulta pública y cuando, cosa rara, así sucedió los defensores de la privatización perdieron la votación, como sucedió en el caso de Uruguay. Tampoco fue resultado de la prueba de la eficiencia económica del sector privado; más bien fue el resultado de políticas que los economistas dedujeron de una doctrina y de generales convencidos de sus verdades económicas. Finalmente, la decisión no formó parte de un debate nacional, ya que había actores internacionales involucrados en el diseño, promoción y financiamiento del proceso privatizador.
En suma, la privatización fue un proceso dirigido por una elit a nivel internacional, altamente politizado que avanzó por la vía opuesta al proceso de construcción popular, nacional y pragmático de la empresa pública. La instrumentación del proceso privatizador es un reflejo de sus orígenes intelectuales. La aplicación de la privatización fue en su mayor parte, o mejor dicho decretada en su mayor parte por representantes que no fueron electos o por poderes ejecutivos que habiendo sido electos, ocultaron sus intenciones a lo largo de la campaña electoral. Los poderes ejecutivos que participaron de la privatización por decreto, y para echar a andar medidas específicas, no con poca frecuencia, consultaron con banqueros extranjeros no electos o con sus asesores académicos. Así, todo el proceso de privatización minó severamente los órganos representativos de la sociedad civil y margino a la opinión pública. Su efecto real, fue movilizar a la elit, mientras desmovilizaba a la sociedad.
No obstante que la retórica de la privatización es decididamente anti-estado, en la práctica los regímenes privatizadores sólo cambian la intervención estatal, desplazándola del financiamiento de la seguridad social al financiamiento de la elit privada. Se requirió la intervención del estado a gran escala para "socializar" la deuda privada de los terratenientes y banqueros, los subsidios directos o indirectos se convirtieron en la orden del día. Los topes salariales impuestos desde el estado, lo mismo que en las prestaciones sociales para la fuerza de trabajo, tuvieron como resultado un incremento de la riqueza en la punta de la pirámide. Los precios tan bajos que estableció el estado para la venta de empresas públicas permitieron que las grandes empresas las comprasen con ganancias extraordinarias.
En resumen, la ideología anti-estado se convirtió en la reivindicación de un nuevo tipo de estatismo en el que la privatización estuvo financiada y organizada desde el estado, para el sector privado.
El impacto de la privatización
Las políticas privatizadoras no sólo impactan sobre la economía sino en toda la sociedad: sobre el sistema político, la estructura de clases, el mercado interno, y los sistemas de transporte y comunicaciones.
La privatización ha polarizado la estructura de clase. Por un lado los compradores de empresas públicas han cosechado, en muchas ocasiones, ganancias inesperadas que los han llevado de millonarios a multimillonarios. Por otro lado, el despido de empleados públicos "excedentes" ha empujado a muchos trabajadores a una nueva clase de pobre urbano, es decir un "empleado informal" mal pagado. Los trabajadores con seguridad laboral y beneficios sociales han experimentado una erosión seria en sus niveles de vida y un descenso en su movilidad. La caída en las prestaciones sociales ha incrementado los ingresos y ganancias de los nuevos dueños privados.
El incremento en los precios de los servicios, energía eléctrica, transporte, etc. que acompañan a la privatización, ha causado una caída en los niveles de vida para los trabajadores asalariados, mientras que ha incrementado los beneficios para los monopolios privados que se han apropiado de los monopolios públicos.
Entonces, el sector privado se benefició de los subsidios del estado, a la vez que se benefició de los costos reducidos y la flexibilidad laboral impuesta por el estado liberal. El crecimiento de una docena de multimillonarios, producto de la privatización, tiene como contraparte la marginación de decenas de millones de trabajadores pobres.
El segundo impacto más importante de la privatización es el que se da en el sistema político. El vínculo estrecho entre monopolios privados y beneficios de la privatización con el poder ejecutivo de un gobierno ha sido la principal razón de que los poderes legislativo y judicial hayan sido los grandes perdedores en el cambio a la economía de libre mercado. Las instituciones representativas han sido rebasadas en el proceso de transferencia de la propiedad pública a la privada. Las decisiones importantes se toma en otro lado (en las habitaciones amplias de los bancos extranjeros), mientras que los parlamentos o congresos simplemente reaccionan a medidas ya tomadas.
El resultado final de la privatización es el debilitamiento de la democracia y pérdida del poder de vigilancia que tiene el legislativo sobre el funcionamiento esencial de los sectores económicos. La primera responsabilidad de las empresas privadas es hacia su consejo directivo, que en la mayoría de los casos ni siquiera está en el país. Los comités del congreso que vigilan la actividad de las empresas públicas han quedado desactivados. El sector privado no responde ni es responsable ante ninguna autoridad pública, sólo ante los intereses privados.
En términos del impacto económico, hay dos cambios básicos, ambos negativos para el desarrollo de la economía nacional. En primer lugar, la privatización le quita a la economía nacional una fuente lucrativa de acumulación, particularmente cuando los nuevos inversionistas envían su ganancia al exterior. Segundo, el estado pierde una palanca estratégica, al desviar las ganancias hacia sectores de la economía que posiblemente no resulten lucrativos de manera inmediata, pero que pueden tener efectos positivos sobre el empleo y beneficios de largo plazo, en términos de abrir nuevas áreas de inversión; es decir, en infraestructura, educación, diversificación regional, etcétera.
Finalmente, en muchos casos la privatización desarticula la economía al centrarse en la producción e importación fuera de los enclaves. Entonces, las provincias quedan fuera de los fondos de inversión, se eliminan o recortan los ferrocarriles y líneas aéreas regionales, las fábricas que producen para mercados regionales se ven minadas por las importaciones baratas que promueven las elite privatizadoras. Como la privatización profundiza la integración internacional, avanza en la desarticulación de la economía nacional, dejando a las provincias sin actividad económica, reduciéndolas en última instancia a la dependencia de actividades puramente administrativas.
En suma, la fuerza política que hace irreversible a la privatización tiene efectos negativos muy importantes sobre la democracia, la movilidad social y el desarrollo económico. Más allá de estos problemas básicos, hay otra serie de impactos negativos producto de la privatización.
Las trampas de la privatización
De la racionalidad propia del proceso de "privatización" de la empresa pública emergen serios problemas políticos, económicos y éticos.
Una razone básica para privatizar es poner un fin a los "monopolios" públicos, con el fin de estimular la competencia y con ello reducir precios y ganar en eficiencia. Sin embargo, lo cierto es que hay un trecho muy grande entre dicho y hecho. Los compradores de los monopolios públicos son dueños de monopolios privados, inversionistas a gran escala que simplemente suman más a su imperio. Junto con la desregulación de los precios, que acompaña a la privatización, los nuevos monopolios incrementan los precios y recortan los servicios para aquellos que no pueden pagarlos; con lo que se crea "ineficiencias" en términos de no cubrir la demanda real. Por otro lado la competencia no ha sido un resultado de la privatización: simplemente ha concentrado la propiedad en manos privadas.
El precio al que se venden las empresas públicas, por lo general, es un "precio político", ni siquiera su posible valor en el mercado. El régimen político en consulta con los asesores, que forman parte de los compradores potenciales, establece un precio. Con frecuencia los inversionistas vinculados al régimen político, socios empresarios del presidente, o los altos funcionarios del poder ejecutivo, se benefician de la privatización. El proceso privatizador a llevado a la corrupción a niveles sin precedentes. En la transferencia de la propiedad pública a la privada, cientos de miles de millones de dólares han pasado y se han quedado en manos de los políticos, degradando con ello al sistema electoral.
Justo antes de la venta de las empresas públicas, el estado deja de invertir, lo que provoca el deterioro en el servicio que proporciona, lo que trae consigo la insatisfacción del público usuario con el sector público y, el apoyo hacia la privatización. El estado asume el costo que significa cubrir el retiro de los trabajadores y empleados, reduce el costo de los insumos y proporciona subsidios; lo que hace que los compradores adquieran empresas con costos de producción y laborales bajos. Una vez que la privatización se lleva a cabo, de inmediato aparece el repunte en la actividad, lo que parece resultado de la privatización y no producto de una política deliberada del estado que trabaja en concertación con la elit privatizadora.
Al vender empresas públicas, el régimen y los compradores hacen un gran despliegue publicitario de los nuevos acuerdos firmados por ambas partes, en los que el sector privado está de acuerdo en invertir cientos de millones de dólares, en crear miles de nuevos empleos, en incrementar los ingresos por concepto de exportaciones con base en cierta figura geométrica, en transferir nuevas tecnologías, en proporcionar servicios con bajos costos, etcétera.
De hecho, las obligaciones contractuales son un acto de publicidad. Muy difícilmente se llevan a cabo los compromisos, ni siquiera una fracción. Cuando mucho, la nueva inversión no es otra cosa que los fondos prestados por un banco local, deuda reconvertida o reinversión de ganancias; en muchos casos hay una inversión muy pequeña y frecuentemente se renegocia el acuerdo original o la empresa cita circunstancias "extraordinarias" o problemas económicos, que acepta el estado, para explicar la falta de cumplimiento del acuerdo. Una vez que todo está en su lugar, por lo general, la empresa importa más insumos de los que exporta, por lo que la cuenta externa se hace más deficitaria. Las industrias privatizadas desplazan a los productores locales y recortan su fuerza laboral, por lo que exacerban la situación de desempleo en lugar de mejorarla. Hay transferencia de tecnología y se paga su uso, sin embargo, se transfiere muy poco de la investigación y diseño de nueva tecnología al país anfitrión.
La privatización absorbe capital de inversión en las empresas existentes en lugar de dirigirlo a nuevas áreas o sectores. En muchos casos, desplaza capital nacional, en lugar de completarlo. Muchas de las empresas privatizadas no cumplen con la expectativa relativa a las exportaciones, a la inversión de nuevo capital o tecnología. La política del estado puede canalizar capital hacia nuevas actividades de exportación o al sector con altos costos de capital y áreas de innovación tecnológica.
Con frecuencia, la privatización ha contribuido a incrementar la vulnerabilidad de la economía, particularmente cuando el comprador es una corporación multinacional. Las decisiones con respecto a la reubicación de la planta, niveles de inversión y empleo están sujetas a las estrategias globales del consejo directivo de las corporaciones multinacionales. La privatización le quita al país la posibilidad de una "escuela" para la capacitación empresarial y gerencial. Las empresas públicas le proporcionan a los ingenieros locales una oportunidad de aprender haciendo, de aplicar los conceptos de planeación estratégica.
En lugar de los ingenieros vinculados a la producción, una nueva camada de administradores de empresas recién graduados con habilidades para facilitar la venta, para buscar compradores y abrir mercados, emerge como un tipo de especialista dominante. Estos especialistas, muy imbuidos en la doctrina del libre mercado, son intermediarios esenciales vinculados a las operaciones internacionales, controladas por inversionistas y banqueros internacionales, por lo que tiene poco contacto con el mercado local y las fuerzas productivas. El resultado frecuente, son pronunciamientos perversos del tipo "la economía esta sana, la gente es la única que no la pasa tan bien".
Alternativas a la privatización
Uno de los pronunciamientos más enfermos y mal informados, de parte de muchos entusiastas del libre mercado, es que "no hay alternativas a la privatización".
De hecho, como lo hemos demostrado históricamente, y como lo argumentaremos hay muchas alternativas para la privatización. En cualquier caso, las consecuencias negativas, casi uniformes, garantizan una profunda reflexión en torno a si debemos seguir en esta vía de autodestrucción.
En las secciones previas hicimos un resumen del origen histórico, real, de las empresas públicas y el papel positivo que desempeñaron. Lo que va en contra de la polémica que sostienen los ideólogos actuales del libre mercado. Para las opciones resulta apropiado seguir una línea similar de investigación a la que hemos recorrido hasta este momento. De manera específica, una serie de medidas que se aplicaron con éxito en el pasado y que son relevantes para los diseñadores de políticas que actualmente promueven el desarrollo nacional.
Mientras que los ideólogos del libre mercado argumentan que la inversión extranjera y el libre comercio son la única alternativa para el desarrollo económico, nosotros argumentamos que existe otro enfoque que asegura el crecimiento a largo plazo y a gran escala con las ventajas del desarrollo capitalista, pero reduciendo los costos sociales, políticos y económicos. Nuestro argumento se desarrolla en dos niveles: primero, que el desarrollo centrado en lo público es superior al que se basa en lo privado (nacional o internacional) y que la propiedad social en el sector público es superior a la propiedad estatal.
Hay por lo menos siete medidas asociadas con el desarrollo del sector público que garantiza lo mejor del crecimiento capitalista, a la vez que retiene el control nacional estratégico y maximiza la equidad social.
Fórmulas temporales
Desde la década de 1930 y hasta la primera mitad de la de 1980 varios países firmaron acuerdos con corporaciones extranjeras para que invirtieran (garantizándoles una ganancia), en líneas específicas de actividad. Se entendía de manera explícita que se trataba de un acuerdo temporal, al final del cual la propiedad pública se iría cumpliendo por etapas, mientras que la propiedad privada iría desapareciendo. La empresa extranjera tendría sus ganancias, el país anfitrión obtendría experiencias de aprendizaje y el control final.
Operación llavero
Durante la década de 1960 las naciones en desarrollo contrataron, pagando un precio, empresas extranjeras para que construyeran empresas y organizaran la producción, para luego, como país anfitrión, "hacerse de las llaves". En algunos casos el pago incluyó cierto porcentaje de la línea de producción.
Saber tecnológico (know how) desagregado de la propiedad
En lugar de pagar el precio elevado que significaba la presencia extranjera constante, ocupando sectores estratégicos de la economía y a merced de los cambios en sus prioridades, y con el fin de garantizar el avance tecnológico, algunos países desagregaron saber tecnológico de la inversión-propiedad: comprando o alquilando la primera y excluyendo la segunda. Así, tuvieron la capacidad de incorporar avances tecnológicos en sus prioridades sociales y nacionales.
En sectores económicos con altos rendimientos y destrezas mínimas, es posible que sea necesario formar empresas conjuntas, pero donde el sector público controle la mayoría. Las ganancias se comparten, aunque el control es público, con lo que se garantiza que el crecimiento futuro y las prioridades de inversión estarán integradas a las metas nacionales. Entonces, la participación extranjera no desplaza a la nacional, por el contrario, la complementa llenando así un nicho en el conjunto que forma el proyecto nacional.
Dentro del marco de la empresa pública, los estilos de gerencia alternativa a la gerencia pública vertical son esenciales para garantizar la rendición de cuentas pública. El control social que ejerzan consumidores y productores es un antídoto esencial contra la burocracia e ineficiencia. Se requiere integrar en la empresa pública habilidades desarrolladas en la empresa privada como: correr riesgos, tener iniciativa, pensar en productos nuevos, etc. En una palabra, la empresa pública debe ser más emprendedora que en el pasado. La empresa pública debe combinar un estilo asesor para la formulación de políticas generales, con un liderazgo ejecutivo que las lleve a la práctica. La toma de decisiones debe ver hacia dentro y hacia abajo, antes que ver hacia arriba y hacia afuera, vinculando regiones por medio de patrones de transporte y comunicaciones tipo red, para cubrir las necesidades sociales básicas y articularlas con las actividades de exportación.
La empresa pública debe consultar y estar articulada con los movimientos sociales para el desarrollo de políticas sociales, lo mismo que para la ubicación del gasto social y la inversión.
Cualquier esfuerzo que busque revertir la polarización social, la desintegración regional y la política autoritaria que emerge bajo el capitalismo de libre mercado, requiere como premisa fundamental el revertir la privatización y la "globalización". Procesos complementarios son la propiedad pública, las cooperativas, los colectivos dirigidos por consumidores y trabajadores, profundizar en la sustitución de importaciones en líneas específicas de la actividad económica y apertura selectiva al mercado mundial. En la medida en que del debate público emerjan estrategias de desarrollo enriquecidas, que se sobrepongan a la autoridad de los decretos que provienen de los ideólogos del libre mercado, la noción de libre mercado como culminación de la historia terminará, justamente, en el basurero de la historia.
Fuente
Comentarios