Chile: El problema no es el lucro
miércoles 14 de septiembre de 2011
Carlos Pérez Soto
1. Conociendo la cultura política tradicional en este país, no es difícil imaginar que mientras más crece un movimiento ciudadano en contra de las políticas establecidas más probable es que naufrague en una negociación entre cuatro paredes, en que los mismos de siempre alcanzan “un gran acuerdo nacional” que cambia de manera puramente mediática lo menos relevante, y mantiene intacto lo que es esencial. Se trata del antiquísimo gatopardismo “todo tiene que cambiar para que nada cambie”.
Para que esto sea posible son necesarios algunos procedimientos típicos: desviar el objetivo de las demandas (del financiamiento a la calidad), extremar artificialmente las posturas de los demandantes (“no es aceptable atentar contra la libertad de la educación”, “quieren estatizar la educación”), presentar como razonable la interesada terquedad de los defensores del modelo (“todo tiene un costo”, “no hay nada de malo en el lucro”), presentar las demandas como ilusorias y utópicas (“las utopías, cuando no tienen fundamento racional, son solamente utopías”). En estas distorsiones se pueden llegar a extremos grotescos: “ponen en riesgo la estabilidad de la democracia”, “quizás haya que sacar a los militares para controlar los desmanes”, “la educación es un bien de consumo”, “hay algunos que quieren destruir Chile”.
Pero la posibilidad de una transacción que mantenga las líneas fundamentales del modelo a pesar de las grandes palabras con que se adorne puede ser también facilitada desde la izquierda. Con o sin una consciencia explícita de su contribución a la mediocridad clásica de los compromisos políticos que se han llamado hasta ahora de manera mañosa “consensos”, las izquierdas (que son varias) pueden ser rebasadas por los reflejos empobrecedores heredados de los aspectos sombríos de su propia historia. En las luchas en curso, las más grandes en treinta años, las que probablemente tengan la mayor proyección, se deben evitar a toda costa los automatismos doctrinarios. Evitar el estatalismo plano, la salida populista, la grandilocuencia retórica, la demagogia. El estilo comunicacional de los dirigentes estudiantiles nos ofrece una poderosa esperanza al respecto. Por muy tradicionales que sean sus militancias o sus opciones teóricas se ve en ellos la disposición a enfrentar el conflicto de una manera abierta, sin grandes ideologismos, manteniendo firme sin embargo el trasfondo claramente ideológico que los sustenta, y denunciando la pretensión de discutir “sin ideologías” que han pretendido el oficialismo y sus defensores. Las consideraciones siguientes no son sino una contribución a esa nueva actitud, que nos promete la lenta configuración de una nueva izquierda.
Para estar a la altura de las necesidades y demandas de las grandes mayorías nacionales es necesario, en primer lugar, tener muy claro qué es lo esencial en esta lucha, qué es lo que golpea de manera más dura al interés neoliberal, qué es lo que atiende de manera más real y profunda a los intereses de todos los chilenos. En esta tarea probablemente nos encontraremos con la confusión permanente que produce la fraseología populista y, con toda seguridad, tendremos que batirnos con las pobrezas de una frágil izquierda que en medida importante llegó a ser cooptada bajo la excusa de que la Concertación representaba un mal menor.
2. El primer y mejor ejemplo de estas pobrezas es el eslogan genérico que pide el fin de la municipalización de escuelas y liceos, con la consecuencia de centrar todos los defectos de tal sistema en la gestión municipal, y el reverso, que se mantuvo por más de veinte años, de que la solución era volver a la administración estatal central: “devolver los colegios al Ministerios de Educación”.
Hoy sabemos que los municipios que cuentan con recursos sí pueden administrar muy buenos colegios, y que la mayoría de los municipios más pobres desvían recursos que reciben por educación a otros ítems generales de su presupuesto, sin que nadie se haya preocupado de dictar un simple decreto que lo impida, o fiscalizar esas prácticas, de por sí irregulares.
El problema esencial no es la gestión municipal sino el que se cuente con el financiamiento adecuado. El problema esencial es que el Estado aumente radicalmente su inversión en infraestructura, en equipamiento, de la educación municipal. Que considere una inversión social el aumentar de manera sustantiva los salarios de los profesores. La exigencia esencial es que el Estado financie de manera directa y permanente las escuelas y liceos, terminando con el sistema de subvenciones, de premios y bonos “por rendimiento”. La exigencia es que el Estado se haga cargo de manera permanente, que asuma su responsabilidad, que haga crecer sus colegios, que cree escuelas y liceos nuevos, hasta ofrecer una cobertura de matrícula que garantice de manera real el acceso a todos los chilenos.
Por supuesto la gestión municipal puede ser mejorada. Quizás lo más aconsejable es que su descentralización descanse en el nivel provincial. Desde luego es necesario integrar de manera real a la comunidad local, y respetar su diversidad en los contenidos educativos concretos.
El Estado central debe asegurar la calidad de acuerdo a estándares que sean capaces de reflejar a la vez mínimos comunes y las diversidades locales. Un municipio empoderado, con recursos efectivos, es el mejor espacio en la mayoría de los casos, sobre todo en las grandes ciudades. Asociaciones de municipios son necesarias en los lugares en que por razones demográficas o económicas no se alcance una capacidad de gestión suficiente.
3. El segundo gran ejemplo es la consigna, justa pero genérica, de “fin al lucro” en educación. La experiencia con las universidades privadas debería servirnos para hacernos conscientes de los múltiples fraudes que se pueden cometer aún prohibiendo el lucro. Dada la enorme variedad de subterfugios que se pueden usar para convertir a una institución educacional en un verdadero centro de negocios, y dada la sospechosa tradición de falta de voluntad y recursos para una fiscalización efectiva, la verdad es que nadie puede garantizar que la simple declaración “sin fines de lucro” impida el desvío de recursos estatales a bolsillos privados.
La única manera efectiva de garantizar que los recursos estatales para la educación se destinen sólo a los fines a los que han sido asignados es que se gasten en el propio sistema educacional estatal.
Esto debe acarrear como consecuencia que el Estado debe asumir la responsabilidad de crear y extender la cobertura de un sistema gratuito y de calidad, en todos los niveles educacionales, para todos los chilenos que lo requieran.
Sólo entonces alguien podrá elegir libremente si quiere acogerse a una educación laica y democrática, pensada como inversión social, al servicio de los intereses del país, o prefiere acogerse a sistemas educativos privados, pagados o no, que profesen libremente concepciones doctrinarias particulares.
4. El gran argumento que se ha esgrimido contra la educación estatal gratuita es que sería “injusta” e incluso “regresiva”, porque los recursos de todos, que se asume fácilmente serían “escasos”, contribuirían a financiar la educación de los más ricos. Hay algo de cinismo, o de ignorancia asumida, en este argumento hoy numéricamente correcto y moralmente mañoso.
La primera cuestión es que los recursos del Estado no tendrían por qué ser escasos. En cuarenta años la masa estudiantil total del país se ha duplicado, pero las ganancias obtenidas sólo por la extracción de cobre han aumentado ochenta veces. Los “recursos escasos” no son sino una excusa hipócrita enarbolada justamente por los que han contribuido a que actualmente sean escasos.
La segunda cuestión es que los ricos en este país no representan más del 5% de la población, y aún estirando tal sector a las capas medias que pueden pagar educación directamente no alcanzan más del 15%. No debería importarnos financiar el derecho a la educación de este 15% de los chilenos, que debe tenerlo, como todos, si el efecto conjunto de esa medida es garantizar el mismo derecho y en las mismas condiciones para el otro 85%, sobre todo si a la vez ponen significativos impuestos para hacerlo posible.
El que los ricos vayan a colegios y a universidades estatales debería ser considerado más bien como un aporte. Ya han mostrado muchas veces que no son incapaces de filantropía o paternalismo. Vamos a ver ahora si en el contacto con los chilenos comunes quizás lleguen a sensibilizarse también con las necesidades profundas, sentidas y acordadas democráticamente por las grandes mayorías. Si quieren asumir ese riesgo, primero, tienen y deben tener, como todos, pleno derecho y, segundo, sean bienvenidos.
5. La demanda contra el lucro no debe ser interpretada como prohibición de todo lucro en educación. Para los objetivos que persigue el movimiento estudiantil, no es necesario hacerlo. Lo esencial es que ni un peso de los fondos estatales vaya directamente (como subvenciones), o indirectamente (como exenciones tributarias) a los que obtienen bienes concretos por ello, o a los que persiguen fines doctrinarios particulares a través de la educación.
Si los ricos quieren y pueden tener y pagar colegios y universidades privadas que los tengan, si los católicos o los comunistas quieren propagar sus doctrinas a través de colegios y universidades que pongan su 1% para financiarlas. Lo esencial es que el Estado asuma su responsabilidad de ofrecer educación gratuita, lo esencial es que no hay ninguna razón real para que lo haga a través de particulares privados, menos aún si imprimen a sus iniciativas un sello ideológico particular. Lo esencial no es sólo ofrecer educación estatal gratuita sino, también, terminar con el sistema de subvenciones.
6. Por supuesto, ante esta exigencia radical de que el Estado asuma de manera efectiva su responsabilidad de garantizar derechos básicos, se esgrimirá la viejísima argucia de que se debe apoyar a las instituciones que tan buenamente ofician de “auxiliares de la función educativa del Estado”, a través de la cual la clase política tradicional, desde todos sus sectores, aceptó financiar los colegios y universidades católicas como una forma de empate ante el crecimiento de la educación laica promovida por los gobiernos que buscaron por esa vía ampliar la democracia, hacerla más efectiva.
La curiosa lógica que se usó es que al Estado no le alcanzaban los recursos para llegar a todas partes, por lo que debía… ocupar parte de sus recursos para que otros pudieran hacerlo. Por esta vía se financiaron o eximieron de impuestos muchos colegios para niños pobres, que perfectamente, con esos mismos recursos, podría haber asumido el Estado. Pero también se ha financiado, hasta el día de hoy, una proporción sustantiva del financiamiento de las universidades católicas, cuyo ingreso y composición… no es precisamente la más democrática.
Parte de la argucia tramposa pasaba, desde luego, por la eterna cantinela: “somos un país pobre”. No somos un país pobre, nunca lo hemos sido. Somos en realidad un país empobrecido por el saqueo de sus enormes riquezas naturales. El saqueo permitido y avalado por los mismos que por otro lado afirman que necesitamos privados que nos auxilien en materia educacional.
El Estado chileno, en principio, no necesita ser auxiliado para garantizar los derechos básicos de todos. Perfectamente podría contar con los recursos para hacerlo. Pues bien, si además, de manera gratuita y desinteresada, o incluso persiguiendo el lucro o fines doctrinarios particulares, hay privados que quieran ofrecer alternativas, especificidades ideológicas o simples privilegios de estatus, bienvenidos sean. Tienen, y deben tener el derecho de desarrollarlas. Pero de ese derecho no se sigue en absoluto que el Estado, que es de todos los chilenos, deba financiarlos en modo alguno.
Con lo dicho en este punto debería ser suficiente. Pero dadas las propuestas surgidas desde cierta pillería de izquierda es necesario, lamentablemente, un párrafo más. Hay quienes sostienen que se deberían mantener las subvenciones a aquellas instituciones privadas, en particular universidades, que se comprometan con un proyecto democrático, popular, al servicio del país. Sinceramente me parece un argumento impresentable. No imagino cómo se podrían distinguir las pretensiones “democráticas”, de “servicio”, e incluso “populares” que mantienen los comunistas de las que también dicen tener los Legionarios de Cristo. De lo que se trata aquí es de una política de empate en que finalmente no me importa que financien a otros con tal de que caiga algo de financiamiento para el lado mío. Una lógica análoga a la que ha llevado a que las campañas políticas de partidos e ideologías particulares sean financiadas con dineros de todos los chilenos. Tal como hoy financiamos las campañas de los parlamentarios que no nos representan, lo que se propone equivale a ayudar a financiar doctrinas e ideologías que no tendrían por qué representarnos, o justamente coincidir con los intereses generales de todo el país.
7. Otro asunto en el que también es difícil hacer diferencias razonables, y de izquierda, es la justa demanda por la democratización de las universidades. Para evitar la demagogia y el estatalismo en este ámbito es necesario hacer dos tipos de diferencias. Una es en torno a qué aspectos de la vida universitaria se pretende democratizar, otro es qué debería ser exigible para las universidades estatales y qué debería ser exigible para las privadas.
Hay cuatro ámbitos de democratización principales, y claramente distinguibles, en la vida universitaria. Uno es el derecho general de asociación de tipo gremial bajo centros y federaciones de estudiantes, sindicatos de trabajadores y asociaciones de académicos. Otro es la democratización de la gestión universitaria, bajo diversas fórmulas y proporciones de cogobierno entre los estamentos académico, estudiantil y de funcionarios. Un tercer espacio es el carácter democrático del proyecto universitario, de sus contenidos doctrinarios y los objetivos generales que se siguen de ellos. Otro, tanto o más importante, es el carácter democrático del ingreso y de la composición social de la comunidad universitaria.
Todos y cada uno de estos aspectos debe ser exigible plenamente a las universidades estatales. La situación no tiene por qué ser la misma en las universidades privadas. En este último caso, cada aspecto debe ser ponderado en cuánto a qué es exigible y en qué medida.
Por un lado es plenamente exigible, en virtud del derecho básico de asociación, que trasciende a las instituciones particulares, la existencia de organizaciones académicas, estudiantiles y de trabajadores, propias, autónomas y democráticas.
El derecho de cogobierno, en cambio, que debe ser básico para las estatales, no tendría por qué ser impuesto a priori sobre las privadas. Es algo que cada comunidad universitaria privada debería ganar a través de luchas propias y autónomas hasta alcanzar fórmulas de consenso con los dueños y mecenas particulares.
Lo mismo debe ocurrir con los proyectos universitarios privados y los objetivos que se fijen por sí mismos, de manera autónoma. El Estado puede certificar niveles de calidad, puede intervenir sobre los objetivos o acciones de estas corporaciones privadas que contravengan leyes generales de la nación, pero no debería fijar, limitar o conducir los proyectos propios en cuanto a sus contenidos.
De la misma manera, el poder estatal no tiene por qué exigir a los colegios o universidades privadas que sean democráticas en su composición social o en su ingreso. Si los ricos, o si sectas particulares, quieren formar instituciones educacionales elitistas o exclusivas, que lo hagan. Deben tener derecho a hacerlo. Lo que el Estado puede hacer, de nuevo en virtud de derechos anteriores y más generales, es intervenir en casos de discriminación, como los que pueden surgir de diferencias étnicas o de género, o sobre condiciones discriminatorias como las que pueden afectar a las estudiantes embarazadas, o a los que provienen de familias constituidas de maneras diferentes. Pero no tendría por qué intervenir en el precio o en las condiciones de afiliación que quieran darse en virtud de sus objetivos doctrinarios particulares, ni en las consecuencias elitistas que puedan tener. El Estado tiene que cumplir con SU deber, en este caso garantizar derechos. No tiene por qué fijar los deberes que los cuerpos sociales particulares quieran darse a sí mismos.
Todos estos límites a la acción del Estado deben surgir de dos cuestiones esenciales, que un proyecto de izquierda debería defender: uno es que el Estado no ponga ni un peso en tales proyectos, el otro es que es plenamente deseable desarrollar y defender la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil ante su poder.
9. De acuerdo con la línea de argumentación que he seguido hasta aquí, debe ser obvio que lo que estoy defendiendo NO es estatizar todo el sistema educativo. Tal cosa no es siquiera deseable, incluso desde un punto de vista de izquierda. Por lo demás, ninguno de los actores relevantes del movimiento actual está planteando tal demanda.
Pero, debe resultar igualmente claro que lo que propongo es que el sistema estatal de educación debe ser más grande y mejor dotado que cualquier sistema privado: debe ofrecer una cobertura que abarque potencialmente a toda la demanda educacional, en todos los niveles.
Responsabilidad del Estado y estatalismo no tienen por qué ser la misma cosa. La responsabilidad del Estado en cuanto a los derechos básicos de educación, salud, vivienda, transporte, cultura, no tiene por qué ser sinónimo ni de exclusividad, ni de centralismo. No tiene por qué ser contraria a la autonomía de los cuerpos sociales ni a la radical descentralización de su gestión.
Defender y garantizar de manera efectiva derechos básicos no tiene por qué implicar su delegación a privados particulares. Detentar la posición hegemónica en la garantización de estos derechos no tiene por qué implicar la inhibición de los particulares que quieren ejercerlos además por sí mismos, ni coartándolos ni imponiéndoles condiciones que los limiten en su esencia. Pero, seamos muy claros: respetar ese derecho inalienable de los particulares no tiene por qué conllevar su financiamiento con recursos que pertenecen a todos.
10. La objeción esperable a esta hegemonía del sistema educativo estatal, aun defendiendo el derecho a sostener alternativas de los particulares, es que la función educacional quedaría abandonada a los vaivenes e ineficacias de los gobiernos de turno.
Por supuesto la respuesta trivial es que no debería confundirse, ni en los principios ni en las prácticas, las funciones y responsabilidades del Estado con las de los gobiernos particulares. Pero, justamente por muchos de los principios concretos que han operado, y sobre todo por las prácticas habituales, esto es algo que tiene que ser especificado, y defendido, de manera efectiva.
La primera cuestión es que los presupuestos permanentes en materia educacional, y también en salud, en las políticas de vivienda, de transportes, de fomento de la cultura, deberían ser más largos que la duración de los períodos presidenciales, es decir, deberían ser considerados como políticas estratégicas del Estado, que los gobiernos particulares deben comprometerse a ejecutar. Es evidente que en una cultura política y politiquera como la que nos han impuesto esto implica quitarle a los políticos y a los politicastros algunas de las principales herramientas para cooptar a los ciudadanos y mantener clientelas. Pero, justamente por eso, esta es un criterio que debe ser peleado y defendido por los que quieran expresar realmente los intereses de los ciudadanos, por sobre sus intereses doctrinarios.
La segunda cuestión es que se debe promover una fuerte autonomía de los proyectos educacionales respecto de las autoridades estatales transitorias. Desde luego, la recuperación de una autonomía universitaria efectiva. Pero, también, la autonomía de las comunidades locales en respecto de la gestión y el contenido de las instituciones educacionales básicas, medias y técnicos profesionales. Una autonomía ligada a los municipios e instancias provinciales desde las que se organicen, también independiente de sus autoridades transitorias.
Sobre el mito neoliberal de que el Estado es un administrador ineficiente, promovido con tanto entusiasmo por los funcionarios neoliberales que destruyeron y empobrecieron las instituciones estatales para luego venderlas al mejor postor, es poco lo que se puede agregar ante el espectáculo indignante de la ineficiencia interesada de los bancos, ante las garantías de todo tipo que han protegido las ganancias de empresarios que no se someten a la competencia que el modelo exhibe como mecanismo ideal, ante el escándalo de las ganancias obtenidas desde la subvención directa del Estado por empresarios que piden que haya menos Estado.
La corrupción estatal, que siempre es un peligro, ha sido espectacularmente mayor y más grave justamente entre los promotores de un modelo que ha intentado, al menos retóricamente, disminuir su acción… porque sería susceptible de corrupción. Un Estado democrático, que opere de manera descentralizada, con proyectos estratégicos que trascienden a los gobiernos particulares, radicalmente dedicado a cumplir sus responsabilidades garantizando derechos para todos los ciudadanos, es más fácilmente fiscalizable que el Estado puesto completamente al servicio de la avidez del lucro.
11. Pero, aun estando de acuerdo con todas las proposiciones anteriores, los pillos de siempre, distribuidos convenientemente en todos los sectores, pueden objetarnos que ya existe una situación de hecho, y que para negociar estamos obligados a tomarla como punto de partida. Esto es cierto, pero debe ser enfrentado de manera dura y clara: ninguna situación que afecte al interés de todos los chilenos puede considerarse como inamovible e irreversible. Y, a la vez, las condiciones de esta reversibilidad deben ser discutidas sin maximalismo, ni demagogia.
Una de las grandes habilidades del modelo neoliberal que se nos ha impuesto es la manera en que se ha comprometido directamente a todos los ciudadanos en su éxito. Los fondos previsionales de cada trabajador están ligados al éxito o fracaso del modelo económico, e incluso de la especulación financiera. El derecho a la salud ha sido progresivamente entregado a la prosperidad de las empresas privadas de salud. El derecho a la educación superior ha sido entregado de manera vergonzosa a la avidez de la banca y de las universidades “sin fines de lucro”.
En el caso de la educación básica y media se ha debilitado sistemáticamente a los colegios municipales, y se ha favorecido vergonzosamente a los subvencionados hasta el punto de que hoy en día un 60% de los estudiantes dependen de subvenciones entregadas a privados.
No es razonable, es incluso contraproducente para el mismo movimiento en marcha, poner fin de manera abrupta a este sistema vergonzoso. Pero seamos claros una vez más: la única manera de garantizar que los recursos estatales no sean desviados a bolsillos privados o a proyectos doctrinarios particulares por los múltiples subterfugios del lucro es terminar con el sistema de subvenciones.
La manera de hacerlo no es difícil de imaginar. Sólo la falta de voluntad política impide formularla claramente. En primer lugar es necesario congelar el valor de las subvenciones a privados, tengan o no fines de lucro, en su valor actual. Y es necesario congelar toda incorporación de nuevas instituciones a este sistema, o de nuevos modos de ejercerlo.
En segundo lugar es necesario fortalecer un sistema educacional estatal y descentralizado. Mejorando los colegios que existen, creando colegios nuevos, mejorando las remuneraciones de los profesores, creando un sistema nacional de educación técnico profesional, fortaleciendo las universidades estatales y las tradicionales no privadas.
En tercer lugar se debe fijar un programa de disminución progresiva de las subvenciones a establecimientos privados, con o sin fines de lucro, para volcar progresivamente esos fondos a la educación estatal. No importa el plazo, pueden ser diez o quince años, para dar tiempo al cambio de carácter de las instituciones privadas, aceptando incluso que aumenten progresivamente el costo de sus escolaridades. Y, a la vez, dando tiempo para aumentar la cobertura estatal que garantice el derecho de todo el que prefiera no asumir ese aumento del costo de la educación privada. Lo importante, sin embargo, es mantener firmemente el objetivo: terminar con un sistema que implica la renuncia del Estado a una de sus funciones y obligaciones esenciales.
Pero también, el terminar con el sistema de subvenciones debe implicar su reemplazo progresivo por un sistema de financiamientos directos, estables, por proyectos (no por asistencia o matrícula), de acuerdo a la demanda educacional. Eso puede y debe empezar ahora mismo, aumentando el aporte basal a las universidades estatales y tradicionales no privadas hasta el 50%.
Pero debe empezar también, ahora mismo, con una medida análoga destinada a la educación municipalizada: al menos el 50% del presupuesto de los colegios actualmente municipalizados debe ser aportada de manera estable, permanente, de acuerdo al proyecto y a la cobertura que se espera de ellos. Y este 50% debe ser aumentado luego, de manera progresiva, hasta llegar al total.
No es esa la situación de la Educación Técnico Profesional. En ese caso el Estado debe, ahora mismo, crear desde cero, porque abandonó entre gallos y medianoche el que tenía, un sistema estatal de Educación Técnico Profesional, financiado en un 100%, también de manera estable y por proyecto.
12. El movimiento estudiantil, ampliado hasta convertirse en un gran movimiento social, debe exigir del Parlamento una legislación que haga posible esta perspectiva. Como debe ser obvio para cualquiera que conozca los amarres institucionales del modelo imperante, esto es extraordinariamente difícil. El gobierno actual, firme y explícito defensor del modelo neoliberal, no estará dispuesto a hacerlo. Lo ha mostrado consistentemente en los escasos puntos precisos que contienen las propuestas que ha presentado hasta ahora ante las demandas, y también en la intencionada vaguedad con que presenta los demás puntos. Probablemente lo que hará, y esa es la línea planteada, es tirarle el bulto al Parlamento.
Pero en el Parlamento, elegido de manera tal que la derecha tiene la mitad de la representación contando sólo con la tercera parte del apoyo electoral, y compuesto por dos coaliciones que han estado plenamente de acuerdo en administrar pacíficamente el mismo modelo desde la época de la Dictadura, tampoco es verosímil alcanzar las mayorías y quórum necesarios para responder de manera integral a los derechos de los ciudadanos, y a las responsabilidades básicas del Estado.
La alternativa entonces, después de una larga y trabajosa tragicomedia de llamados al diálogo en que el poder imperante no concede nada esencial, y de mesas de expertos cuyas proposiciones no hacen sino confirmar el carácter general de lo que ya existe, es exigir un plebiscito en que la ciudadanía se pronuncie de manera directa y expresa por el derecho a una educación gratuita y de calidad para todos los chilenos, en todos los niveles educacionales.
Como todos sabemos, porque en este país incluso los plebiscitos forman parte de las técnicas de manipulación de la voluntad popular, la formulación del tema, las condiciones de su realización, su eventual carácter vinculante son, todas y cada una, condiciones que deben ser peleadas y vigiladas paso a paso. Pero esa es una lucha perfectamente posible.
Dialogar, ir a las mesas de diálogo para ir rechazando cada vez sus vaguedades, las proposiciones que sólo confirman lo que hay, para ir detectando e impugnando cada vez el oscuro poder de la letra chica. Pero incluso este diálogo debe tener un límite. No podemos tolerar que las demandas sociales sean aplazadas cada vez que haya elecciones con el único objetivo de cargarlas al gobierno siguiente. Es necesario fijar un límite más allá del cual sólo se puede considerar suficiente un plebiscito que ofrezca las garantías necesarias para que el movimiento social pueda exponer sus razones y pedir el respaldo de toda la ciudadanía.
Nada impide que este recurso sea exigido al cabo de un plazo breve de diálogo en que se confronten posiciones cuyos fundamentos, perspectivas y consecuencias son, como es visible, radicalmente distintos. No podemos tolerar que los pillos nos digan que “nuestras posturas no están tan alejadas” con el único resultado de que pasen en medio de la vaguedad de los acuerdos, y los empates convenientes entre las fracciones politiqueras, los mismos principios que ya nos han impuestos, o una apariencia de nuevos principios que conduzcan a los mismos resultados.
Contra la componenda, contra el arreglín, lo que hay que hacer es precisar lo más claramente posible qué es lo que queremos, y proponer lo que contribuya de la manera más efectiva a satisfacer las demandas y necesidades de las grandes mayorías nacionales.
Esta es una tarea para todo el movimiento social. Esta es una tarea que define la esencia de lo que debería ser la gran izquierda, aquella quesea capaz de contener en un espíritu común, en un horizonte común, a las muchas izquierdas existentes.
La claridad y la radicalidad de los nuevos dirigentes estudiantiles, su fuerza y su disposición para no aceptar la clase de componendas que han sido tan típicas de nuestra historia política, es la mejor muestra de que esa gran izquierda es perfectamente posible.
Carlos Pérez Soto es Profesor de Física, Universidad ARCIS.
Fuente
Carlos Pérez Soto
1. Conociendo la cultura política tradicional en este país, no es difícil imaginar que mientras más crece un movimiento ciudadano en contra de las políticas establecidas más probable es que naufrague en una negociación entre cuatro paredes, en que los mismos de siempre alcanzan “un gran acuerdo nacional” que cambia de manera puramente mediática lo menos relevante, y mantiene intacto lo que es esencial. Se trata del antiquísimo gatopardismo “todo tiene que cambiar para que nada cambie”.
Para que esto sea posible son necesarios algunos procedimientos típicos: desviar el objetivo de las demandas (del financiamiento a la calidad), extremar artificialmente las posturas de los demandantes (“no es aceptable atentar contra la libertad de la educación”, “quieren estatizar la educación”), presentar como razonable la interesada terquedad de los defensores del modelo (“todo tiene un costo”, “no hay nada de malo en el lucro”), presentar las demandas como ilusorias y utópicas (“las utopías, cuando no tienen fundamento racional, son solamente utopías”). En estas distorsiones se pueden llegar a extremos grotescos: “ponen en riesgo la estabilidad de la democracia”, “quizás haya que sacar a los militares para controlar los desmanes”, “la educación es un bien de consumo”, “hay algunos que quieren destruir Chile”.
Pero la posibilidad de una transacción que mantenga las líneas fundamentales del modelo a pesar de las grandes palabras con que se adorne puede ser también facilitada desde la izquierda. Con o sin una consciencia explícita de su contribución a la mediocridad clásica de los compromisos políticos que se han llamado hasta ahora de manera mañosa “consensos”, las izquierdas (que son varias) pueden ser rebasadas por los reflejos empobrecedores heredados de los aspectos sombríos de su propia historia. En las luchas en curso, las más grandes en treinta años, las que probablemente tengan la mayor proyección, se deben evitar a toda costa los automatismos doctrinarios. Evitar el estatalismo plano, la salida populista, la grandilocuencia retórica, la demagogia. El estilo comunicacional de los dirigentes estudiantiles nos ofrece una poderosa esperanza al respecto. Por muy tradicionales que sean sus militancias o sus opciones teóricas se ve en ellos la disposición a enfrentar el conflicto de una manera abierta, sin grandes ideologismos, manteniendo firme sin embargo el trasfondo claramente ideológico que los sustenta, y denunciando la pretensión de discutir “sin ideologías” que han pretendido el oficialismo y sus defensores. Las consideraciones siguientes no son sino una contribución a esa nueva actitud, que nos promete la lenta configuración de una nueva izquierda.
Para estar a la altura de las necesidades y demandas de las grandes mayorías nacionales es necesario, en primer lugar, tener muy claro qué es lo esencial en esta lucha, qué es lo que golpea de manera más dura al interés neoliberal, qué es lo que atiende de manera más real y profunda a los intereses de todos los chilenos. En esta tarea probablemente nos encontraremos con la confusión permanente que produce la fraseología populista y, con toda seguridad, tendremos que batirnos con las pobrezas de una frágil izquierda que en medida importante llegó a ser cooptada bajo la excusa de que la Concertación representaba un mal menor.
2. El primer y mejor ejemplo de estas pobrezas es el eslogan genérico que pide el fin de la municipalización de escuelas y liceos, con la consecuencia de centrar todos los defectos de tal sistema en la gestión municipal, y el reverso, que se mantuvo por más de veinte años, de que la solución era volver a la administración estatal central: “devolver los colegios al Ministerios de Educación”.
Hoy sabemos que los municipios que cuentan con recursos sí pueden administrar muy buenos colegios, y que la mayoría de los municipios más pobres desvían recursos que reciben por educación a otros ítems generales de su presupuesto, sin que nadie se haya preocupado de dictar un simple decreto que lo impida, o fiscalizar esas prácticas, de por sí irregulares.
El problema esencial no es la gestión municipal sino el que se cuente con el financiamiento adecuado. El problema esencial es que el Estado aumente radicalmente su inversión en infraestructura, en equipamiento, de la educación municipal. Que considere una inversión social el aumentar de manera sustantiva los salarios de los profesores. La exigencia esencial es que el Estado financie de manera directa y permanente las escuelas y liceos, terminando con el sistema de subvenciones, de premios y bonos “por rendimiento”. La exigencia es que el Estado se haga cargo de manera permanente, que asuma su responsabilidad, que haga crecer sus colegios, que cree escuelas y liceos nuevos, hasta ofrecer una cobertura de matrícula que garantice de manera real el acceso a todos los chilenos.
Por supuesto la gestión municipal puede ser mejorada. Quizás lo más aconsejable es que su descentralización descanse en el nivel provincial. Desde luego es necesario integrar de manera real a la comunidad local, y respetar su diversidad en los contenidos educativos concretos.
El Estado central debe asegurar la calidad de acuerdo a estándares que sean capaces de reflejar a la vez mínimos comunes y las diversidades locales. Un municipio empoderado, con recursos efectivos, es el mejor espacio en la mayoría de los casos, sobre todo en las grandes ciudades. Asociaciones de municipios son necesarias en los lugares en que por razones demográficas o económicas no se alcance una capacidad de gestión suficiente.
3. El segundo gran ejemplo es la consigna, justa pero genérica, de “fin al lucro” en educación. La experiencia con las universidades privadas debería servirnos para hacernos conscientes de los múltiples fraudes que se pueden cometer aún prohibiendo el lucro. Dada la enorme variedad de subterfugios que se pueden usar para convertir a una institución educacional en un verdadero centro de negocios, y dada la sospechosa tradición de falta de voluntad y recursos para una fiscalización efectiva, la verdad es que nadie puede garantizar que la simple declaración “sin fines de lucro” impida el desvío de recursos estatales a bolsillos privados.
La única manera efectiva de garantizar que los recursos estatales para la educación se destinen sólo a los fines a los que han sido asignados es que se gasten en el propio sistema educacional estatal.
Esto debe acarrear como consecuencia que el Estado debe asumir la responsabilidad de crear y extender la cobertura de un sistema gratuito y de calidad, en todos los niveles educacionales, para todos los chilenos que lo requieran.
Sólo entonces alguien podrá elegir libremente si quiere acogerse a una educación laica y democrática, pensada como inversión social, al servicio de los intereses del país, o prefiere acogerse a sistemas educativos privados, pagados o no, que profesen libremente concepciones doctrinarias particulares.
4. El gran argumento que se ha esgrimido contra la educación estatal gratuita es que sería “injusta” e incluso “regresiva”, porque los recursos de todos, que se asume fácilmente serían “escasos”, contribuirían a financiar la educación de los más ricos. Hay algo de cinismo, o de ignorancia asumida, en este argumento hoy numéricamente correcto y moralmente mañoso.
La primera cuestión es que los recursos del Estado no tendrían por qué ser escasos. En cuarenta años la masa estudiantil total del país se ha duplicado, pero las ganancias obtenidas sólo por la extracción de cobre han aumentado ochenta veces. Los “recursos escasos” no son sino una excusa hipócrita enarbolada justamente por los que han contribuido a que actualmente sean escasos.
La segunda cuestión es que los ricos en este país no representan más del 5% de la población, y aún estirando tal sector a las capas medias que pueden pagar educación directamente no alcanzan más del 15%. No debería importarnos financiar el derecho a la educación de este 15% de los chilenos, que debe tenerlo, como todos, si el efecto conjunto de esa medida es garantizar el mismo derecho y en las mismas condiciones para el otro 85%, sobre todo si a la vez ponen significativos impuestos para hacerlo posible.
El que los ricos vayan a colegios y a universidades estatales debería ser considerado más bien como un aporte. Ya han mostrado muchas veces que no son incapaces de filantropía o paternalismo. Vamos a ver ahora si en el contacto con los chilenos comunes quizás lleguen a sensibilizarse también con las necesidades profundas, sentidas y acordadas democráticamente por las grandes mayorías. Si quieren asumir ese riesgo, primero, tienen y deben tener, como todos, pleno derecho y, segundo, sean bienvenidos.
5. La demanda contra el lucro no debe ser interpretada como prohibición de todo lucro en educación. Para los objetivos que persigue el movimiento estudiantil, no es necesario hacerlo. Lo esencial es que ni un peso de los fondos estatales vaya directamente (como subvenciones), o indirectamente (como exenciones tributarias) a los que obtienen bienes concretos por ello, o a los que persiguen fines doctrinarios particulares a través de la educación.
Si los ricos quieren y pueden tener y pagar colegios y universidades privadas que los tengan, si los católicos o los comunistas quieren propagar sus doctrinas a través de colegios y universidades que pongan su 1% para financiarlas. Lo esencial es que el Estado asuma su responsabilidad de ofrecer educación gratuita, lo esencial es que no hay ninguna razón real para que lo haga a través de particulares privados, menos aún si imprimen a sus iniciativas un sello ideológico particular. Lo esencial no es sólo ofrecer educación estatal gratuita sino, también, terminar con el sistema de subvenciones.
6. Por supuesto, ante esta exigencia radical de que el Estado asuma de manera efectiva su responsabilidad de garantizar derechos básicos, se esgrimirá la viejísima argucia de que se debe apoyar a las instituciones que tan buenamente ofician de “auxiliares de la función educativa del Estado”, a través de la cual la clase política tradicional, desde todos sus sectores, aceptó financiar los colegios y universidades católicas como una forma de empate ante el crecimiento de la educación laica promovida por los gobiernos que buscaron por esa vía ampliar la democracia, hacerla más efectiva.
La curiosa lógica que se usó es que al Estado no le alcanzaban los recursos para llegar a todas partes, por lo que debía… ocupar parte de sus recursos para que otros pudieran hacerlo. Por esta vía se financiaron o eximieron de impuestos muchos colegios para niños pobres, que perfectamente, con esos mismos recursos, podría haber asumido el Estado. Pero también se ha financiado, hasta el día de hoy, una proporción sustantiva del financiamiento de las universidades católicas, cuyo ingreso y composición… no es precisamente la más democrática.
Parte de la argucia tramposa pasaba, desde luego, por la eterna cantinela: “somos un país pobre”. No somos un país pobre, nunca lo hemos sido. Somos en realidad un país empobrecido por el saqueo de sus enormes riquezas naturales. El saqueo permitido y avalado por los mismos que por otro lado afirman que necesitamos privados que nos auxilien en materia educacional.
El Estado chileno, en principio, no necesita ser auxiliado para garantizar los derechos básicos de todos. Perfectamente podría contar con los recursos para hacerlo. Pues bien, si además, de manera gratuita y desinteresada, o incluso persiguiendo el lucro o fines doctrinarios particulares, hay privados que quieran ofrecer alternativas, especificidades ideológicas o simples privilegios de estatus, bienvenidos sean. Tienen, y deben tener el derecho de desarrollarlas. Pero de ese derecho no se sigue en absoluto que el Estado, que es de todos los chilenos, deba financiarlos en modo alguno.
Con lo dicho en este punto debería ser suficiente. Pero dadas las propuestas surgidas desde cierta pillería de izquierda es necesario, lamentablemente, un párrafo más. Hay quienes sostienen que se deberían mantener las subvenciones a aquellas instituciones privadas, en particular universidades, que se comprometan con un proyecto democrático, popular, al servicio del país. Sinceramente me parece un argumento impresentable. No imagino cómo se podrían distinguir las pretensiones “democráticas”, de “servicio”, e incluso “populares” que mantienen los comunistas de las que también dicen tener los Legionarios de Cristo. De lo que se trata aquí es de una política de empate en que finalmente no me importa que financien a otros con tal de que caiga algo de financiamiento para el lado mío. Una lógica análoga a la que ha llevado a que las campañas políticas de partidos e ideologías particulares sean financiadas con dineros de todos los chilenos. Tal como hoy financiamos las campañas de los parlamentarios que no nos representan, lo que se propone equivale a ayudar a financiar doctrinas e ideologías que no tendrían por qué representarnos, o justamente coincidir con los intereses generales de todo el país.
7. Otro asunto en el que también es difícil hacer diferencias razonables, y de izquierda, es la justa demanda por la democratización de las universidades. Para evitar la demagogia y el estatalismo en este ámbito es necesario hacer dos tipos de diferencias. Una es en torno a qué aspectos de la vida universitaria se pretende democratizar, otro es qué debería ser exigible para las universidades estatales y qué debería ser exigible para las privadas.
Hay cuatro ámbitos de democratización principales, y claramente distinguibles, en la vida universitaria. Uno es el derecho general de asociación de tipo gremial bajo centros y federaciones de estudiantes, sindicatos de trabajadores y asociaciones de académicos. Otro es la democratización de la gestión universitaria, bajo diversas fórmulas y proporciones de cogobierno entre los estamentos académico, estudiantil y de funcionarios. Un tercer espacio es el carácter democrático del proyecto universitario, de sus contenidos doctrinarios y los objetivos generales que se siguen de ellos. Otro, tanto o más importante, es el carácter democrático del ingreso y de la composición social de la comunidad universitaria.
Todos y cada uno de estos aspectos debe ser exigible plenamente a las universidades estatales. La situación no tiene por qué ser la misma en las universidades privadas. En este último caso, cada aspecto debe ser ponderado en cuánto a qué es exigible y en qué medida.
Por un lado es plenamente exigible, en virtud del derecho básico de asociación, que trasciende a las instituciones particulares, la existencia de organizaciones académicas, estudiantiles y de trabajadores, propias, autónomas y democráticas.
El derecho de cogobierno, en cambio, que debe ser básico para las estatales, no tendría por qué ser impuesto a priori sobre las privadas. Es algo que cada comunidad universitaria privada debería ganar a través de luchas propias y autónomas hasta alcanzar fórmulas de consenso con los dueños y mecenas particulares.
Lo mismo debe ocurrir con los proyectos universitarios privados y los objetivos que se fijen por sí mismos, de manera autónoma. El Estado puede certificar niveles de calidad, puede intervenir sobre los objetivos o acciones de estas corporaciones privadas que contravengan leyes generales de la nación, pero no debería fijar, limitar o conducir los proyectos propios en cuanto a sus contenidos.
De la misma manera, el poder estatal no tiene por qué exigir a los colegios o universidades privadas que sean democráticas en su composición social o en su ingreso. Si los ricos, o si sectas particulares, quieren formar instituciones educacionales elitistas o exclusivas, que lo hagan. Deben tener derecho a hacerlo. Lo que el Estado puede hacer, de nuevo en virtud de derechos anteriores y más generales, es intervenir en casos de discriminación, como los que pueden surgir de diferencias étnicas o de género, o sobre condiciones discriminatorias como las que pueden afectar a las estudiantes embarazadas, o a los que provienen de familias constituidas de maneras diferentes. Pero no tendría por qué intervenir en el precio o en las condiciones de afiliación que quieran darse en virtud de sus objetivos doctrinarios particulares, ni en las consecuencias elitistas que puedan tener. El Estado tiene que cumplir con SU deber, en este caso garantizar derechos. No tiene por qué fijar los deberes que los cuerpos sociales particulares quieran darse a sí mismos.
Todos estos límites a la acción del Estado deben surgir de dos cuestiones esenciales, que un proyecto de izquierda debería defender: uno es que el Estado no ponga ni un peso en tales proyectos, el otro es que es plenamente deseable desarrollar y defender la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil ante su poder.
9. De acuerdo con la línea de argumentación que he seguido hasta aquí, debe ser obvio que lo que estoy defendiendo NO es estatizar todo el sistema educativo. Tal cosa no es siquiera deseable, incluso desde un punto de vista de izquierda. Por lo demás, ninguno de los actores relevantes del movimiento actual está planteando tal demanda.
Pero, debe resultar igualmente claro que lo que propongo es que el sistema estatal de educación debe ser más grande y mejor dotado que cualquier sistema privado: debe ofrecer una cobertura que abarque potencialmente a toda la demanda educacional, en todos los niveles.
Responsabilidad del Estado y estatalismo no tienen por qué ser la misma cosa. La responsabilidad del Estado en cuanto a los derechos básicos de educación, salud, vivienda, transporte, cultura, no tiene por qué ser sinónimo ni de exclusividad, ni de centralismo. No tiene por qué ser contraria a la autonomía de los cuerpos sociales ni a la radical descentralización de su gestión.
Defender y garantizar de manera efectiva derechos básicos no tiene por qué implicar su delegación a privados particulares. Detentar la posición hegemónica en la garantización de estos derechos no tiene por qué implicar la inhibición de los particulares que quieren ejercerlos además por sí mismos, ni coartándolos ni imponiéndoles condiciones que los limiten en su esencia. Pero, seamos muy claros: respetar ese derecho inalienable de los particulares no tiene por qué conllevar su financiamiento con recursos que pertenecen a todos.
10. La objeción esperable a esta hegemonía del sistema educativo estatal, aun defendiendo el derecho a sostener alternativas de los particulares, es que la función educacional quedaría abandonada a los vaivenes e ineficacias de los gobiernos de turno.
Por supuesto la respuesta trivial es que no debería confundirse, ni en los principios ni en las prácticas, las funciones y responsabilidades del Estado con las de los gobiernos particulares. Pero, justamente por muchos de los principios concretos que han operado, y sobre todo por las prácticas habituales, esto es algo que tiene que ser especificado, y defendido, de manera efectiva.
La primera cuestión es que los presupuestos permanentes en materia educacional, y también en salud, en las políticas de vivienda, de transportes, de fomento de la cultura, deberían ser más largos que la duración de los períodos presidenciales, es decir, deberían ser considerados como políticas estratégicas del Estado, que los gobiernos particulares deben comprometerse a ejecutar. Es evidente que en una cultura política y politiquera como la que nos han impuesto esto implica quitarle a los políticos y a los politicastros algunas de las principales herramientas para cooptar a los ciudadanos y mantener clientelas. Pero, justamente por eso, esta es un criterio que debe ser peleado y defendido por los que quieran expresar realmente los intereses de los ciudadanos, por sobre sus intereses doctrinarios.
La segunda cuestión es que se debe promover una fuerte autonomía de los proyectos educacionales respecto de las autoridades estatales transitorias. Desde luego, la recuperación de una autonomía universitaria efectiva. Pero, también, la autonomía de las comunidades locales en respecto de la gestión y el contenido de las instituciones educacionales básicas, medias y técnicos profesionales. Una autonomía ligada a los municipios e instancias provinciales desde las que se organicen, también independiente de sus autoridades transitorias.
Sobre el mito neoliberal de que el Estado es un administrador ineficiente, promovido con tanto entusiasmo por los funcionarios neoliberales que destruyeron y empobrecieron las instituciones estatales para luego venderlas al mejor postor, es poco lo que se puede agregar ante el espectáculo indignante de la ineficiencia interesada de los bancos, ante las garantías de todo tipo que han protegido las ganancias de empresarios que no se someten a la competencia que el modelo exhibe como mecanismo ideal, ante el escándalo de las ganancias obtenidas desde la subvención directa del Estado por empresarios que piden que haya menos Estado.
La corrupción estatal, que siempre es un peligro, ha sido espectacularmente mayor y más grave justamente entre los promotores de un modelo que ha intentado, al menos retóricamente, disminuir su acción… porque sería susceptible de corrupción. Un Estado democrático, que opere de manera descentralizada, con proyectos estratégicos que trascienden a los gobiernos particulares, radicalmente dedicado a cumplir sus responsabilidades garantizando derechos para todos los ciudadanos, es más fácilmente fiscalizable que el Estado puesto completamente al servicio de la avidez del lucro.
11. Pero, aun estando de acuerdo con todas las proposiciones anteriores, los pillos de siempre, distribuidos convenientemente en todos los sectores, pueden objetarnos que ya existe una situación de hecho, y que para negociar estamos obligados a tomarla como punto de partida. Esto es cierto, pero debe ser enfrentado de manera dura y clara: ninguna situación que afecte al interés de todos los chilenos puede considerarse como inamovible e irreversible. Y, a la vez, las condiciones de esta reversibilidad deben ser discutidas sin maximalismo, ni demagogia.
Una de las grandes habilidades del modelo neoliberal que se nos ha impuesto es la manera en que se ha comprometido directamente a todos los ciudadanos en su éxito. Los fondos previsionales de cada trabajador están ligados al éxito o fracaso del modelo económico, e incluso de la especulación financiera. El derecho a la salud ha sido progresivamente entregado a la prosperidad de las empresas privadas de salud. El derecho a la educación superior ha sido entregado de manera vergonzosa a la avidez de la banca y de las universidades “sin fines de lucro”.
En el caso de la educación básica y media se ha debilitado sistemáticamente a los colegios municipales, y se ha favorecido vergonzosamente a los subvencionados hasta el punto de que hoy en día un 60% de los estudiantes dependen de subvenciones entregadas a privados.
No es razonable, es incluso contraproducente para el mismo movimiento en marcha, poner fin de manera abrupta a este sistema vergonzoso. Pero seamos claros una vez más: la única manera de garantizar que los recursos estatales no sean desviados a bolsillos privados o a proyectos doctrinarios particulares por los múltiples subterfugios del lucro es terminar con el sistema de subvenciones.
La manera de hacerlo no es difícil de imaginar. Sólo la falta de voluntad política impide formularla claramente. En primer lugar es necesario congelar el valor de las subvenciones a privados, tengan o no fines de lucro, en su valor actual. Y es necesario congelar toda incorporación de nuevas instituciones a este sistema, o de nuevos modos de ejercerlo.
En segundo lugar es necesario fortalecer un sistema educacional estatal y descentralizado. Mejorando los colegios que existen, creando colegios nuevos, mejorando las remuneraciones de los profesores, creando un sistema nacional de educación técnico profesional, fortaleciendo las universidades estatales y las tradicionales no privadas.
En tercer lugar se debe fijar un programa de disminución progresiva de las subvenciones a establecimientos privados, con o sin fines de lucro, para volcar progresivamente esos fondos a la educación estatal. No importa el plazo, pueden ser diez o quince años, para dar tiempo al cambio de carácter de las instituciones privadas, aceptando incluso que aumenten progresivamente el costo de sus escolaridades. Y, a la vez, dando tiempo para aumentar la cobertura estatal que garantice el derecho de todo el que prefiera no asumir ese aumento del costo de la educación privada. Lo importante, sin embargo, es mantener firmemente el objetivo: terminar con un sistema que implica la renuncia del Estado a una de sus funciones y obligaciones esenciales.
Pero también, el terminar con el sistema de subvenciones debe implicar su reemplazo progresivo por un sistema de financiamientos directos, estables, por proyectos (no por asistencia o matrícula), de acuerdo a la demanda educacional. Eso puede y debe empezar ahora mismo, aumentando el aporte basal a las universidades estatales y tradicionales no privadas hasta el 50%.
Pero debe empezar también, ahora mismo, con una medida análoga destinada a la educación municipalizada: al menos el 50% del presupuesto de los colegios actualmente municipalizados debe ser aportada de manera estable, permanente, de acuerdo al proyecto y a la cobertura que se espera de ellos. Y este 50% debe ser aumentado luego, de manera progresiva, hasta llegar al total.
No es esa la situación de la Educación Técnico Profesional. En ese caso el Estado debe, ahora mismo, crear desde cero, porque abandonó entre gallos y medianoche el que tenía, un sistema estatal de Educación Técnico Profesional, financiado en un 100%, también de manera estable y por proyecto.
12. El movimiento estudiantil, ampliado hasta convertirse en un gran movimiento social, debe exigir del Parlamento una legislación que haga posible esta perspectiva. Como debe ser obvio para cualquiera que conozca los amarres institucionales del modelo imperante, esto es extraordinariamente difícil. El gobierno actual, firme y explícito defensor del modelo neoliberal, no estará dispuesto a hacerlo. Lo ha mostrado consistentemente en los escasos puntos precisos que contienen las propuestas que ha presentado hasta ahora ante las demandas, y también en la intencionada vaguedad con que presenta los demás puntos. Probablemente lo que hará, y esa es la línea planteada, es tirarle el bulto al Parlamento.
Pero en el Parlamento, elegido de manera tal que la derecha tiene la mitad de la representación contando sólo con la tercera parte del apoyo electoral, y compuesto por dos coaliciones que han estado plenamente de acuerdo en administrar pacíficamente el mismo modelo desde la época de la Dictadura, tampoco es verosímil alcanzar las mayorías y quórum necesarios para responder de manera integral a los derechos de los ciudadanos, y a las responsabilidades básicas del Estado.
La alternativa entonces, después de una larga y trabajosa tragicomedia de llamados al diálogo en que el poder imperante no concede nada esencial, y de mesas de expertos cuyas proposiciones no hacen sino confirmar el carácter general de lo que ya existe, es exigir un plebiscito en que la ciudadanía se pronuncie de manera directa y expresa por el derecho a una educación gratuita y de calidad para todos los chilenos, en todos los niveles educacionales.
Como todos sabemos, porque en este país incluso los plebiscitos forman parte de las técnicas de manipulación de la voluntad popular, la formulación del tema, las condiciones de su realización, su eventual carácter vinculante son, todas y cada una, condiciones que deben ser peleadas y vigiladas paso a paso. Pero esa es una lucha perfectamente posible.
Dialogar, ir a las mesas de diálogo para ir rechazando cada vez sus vaguedades, las proposiciones que sólo confirman lo que hay, para ir detectando e impugnando cada vez el oscuro poder de la letra chica. Pero incluso este diálogo debe tener un límite. No podemos tolerar que las demandas sociales sean aplazadas cada vez que haya elecciones con el único objetivo de cargarlas al gobierno siguiente. Es necesario fijar un límite más allá del cual sólo se puede considerar suficiente un plebiscito que ofrezca las garantías necesarias para que el movimiento social pueda exponer sus razones y pedir el respaldo de toda la ciudadanía.
Nada impide que este recurso sea exigido al cabo de un plazo breve de diálogo en que se confronten posiciones cuyos fundamentos, perspectivas y consecuencias son, como es visible, radicalmente distintos. No podemos tolerar que los pillos nos digan que “nuestras posturas no están tan alejadas” con el único resultado de que pasen en medio de la vaguedad de los acuerdos, y los empates convenientes entre las fracciones politiqueras, los mismos principios que ya nos han impuestos, o una apariencia de nuevos principios que conduzcan a los mismos resultados.
Contra la componenda, contra el arreglín, lo que hay que hacer es precisar lo más claramente posible qué es lo que queremos, y proponer lo que contribuya de la manera más efectiva a satisfacer las demandas y necesidades de las grandes mayorías nacionales.
Esta es una tarea para todo el movimiento social. Esta es una tarea que define la esencia de lo que debería ser la gran izquierda, aquella quesea capaz de contener en un espíritu común, en un horizonte común, a las muchas izquierdas existentes.
La claridad y la radicalidad de los nuevos dirigentes estudiantiles, su fuerza y su disposición para no aceptar la clase de componendas que han sido tan típicas de nuestra historia política, es la mejor muestra de que esa gran izquierda es perfectamente posible.
Carlos Pérez Soto es Profesor de Física, Universidad ARCIS.
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