Europa: Austeridad multiplica pobreza y descontento
miércoles 14 de septiembre de 2011
Odalys Buscarón (PL)
Las medidas de austeridad fiscal adoptadas por los gobiernos europeos ahondan las brechas sociales, la pobreza, el desempleo y el desamparo, sin conseguir frenar los embates de la crisis y reactivar la economía.
Ni Reino Unido ni Grecia, por ejemplo, han logrado revertir con signos positivos la recesión, cuanto más un leve asomo de crecimiento, mientras se derrumba el sistema de protección por parte del Estado, con costes sociales descomunales.
Los programas de recortes de gastos presupuestarios y reformas -enfiladas a achicar al máximo el sector público- se gestaron con el compromiso de las cúpulas europeas y el Fondo Monetario Internacional, mas la banca, responsable de la burbuja crediticia.
Tras la debacle financiera de 2008, los gobiernos de Islandia e Irlanda fueron pioneros en la aplicación e imposición a sus ciudadanos de las recetas "anticrisis", extendidas luego como un manual práctico a España, Italia, Portugal y Reino Unido.
Los británicos de sectores menos favorecidos se han visto obligados a ajustarse el cinturón como nunca desde la época de la posguerra.
Y no es para menos la desazón de los grupos más vulnerables como familias con más de un hijo, las madres solteras, los discapacitados y las personas sin hogar ("homeless").
El primer ministro, David Cameron, se propuso ahorrar de las arcas públicas 81 mil millones de libras esterlinas (unos 92 mil millones de euros) con un tijerazo a los gastos y la subida de impuestos.
De las medidas que más polémicas ha generado destaca la suspensión del llamado subsidio al niño, uno de los beneficios más antiguos del Estado de Bienestar británico, de ayuda a las madres por cada hijo.
Figura en planes la reducción y en muchos casos, según organizaciones denunciantes, la anulación de la asistencia por discapacidad. La actual administración conservadora-liberal quiere desentenderse también de la contribución estatal a las viviendas sociales para familias pobres.
Los británicos dentro de esa categoría deberán pagar un alquiler equivalente al 80 por ciento de los precios de mercado.
Según la organización benéfica Papworth Trust, aproximadamente nueve de cada 10 discapacitados temen quedarse sin dinero para solventar la alimentación y el transporte en caso de eliminarse el subsidio.
Una suspensión o reducción de las ayudas obligará al menos a un 86 por ciento de las personas con alguna discapacidad a restringir sus gastos en alimentación, transporte y las facturas por los servicios públicos.
Expertos de las universidades de York y Heriot-Watt advierten sobre el incremento de los sin techos en Reino Unido, un fenómeno sin precedentes en tal magnitud para el país europeo. La cifra que manejan es de 44 mil 160 personas, con tendencia ascendente desde 2010.
La investigación de 120 páginas plantea entre las conclusiones un vínculo directo entre la crisis económica y el aumento de las personas sin hogar, toda vez que los recortes a los servicios públicos y las radicales reformas al sistema de beneficios sociales debilitan la red tradicional del Estado de Bienestar.
Como en otras naciones del Viejo Continente, las políticas de austeridad no solo han conseguido exacerbar el descontento de los sectores que llevan el peso de los efectos del colapso económico, sino que han fracturado el consenso entre las elites políticas.
En una carta al primer ministro, el titular británico de Comunidades, Eric Pickles, deploró los peligros que acechan a las familias vulnerables con la poda de las prestaciones sociales.
Pickles advierte en la misiva, filtrada por el periódico The Observer, que miles de familias no podrán pagar el alquiler de las viviendas y no soportarán la pesada carga tributaria.
De tal modo quedaron al desnudo las fisuras dentro del gobierno y del partido Conservador, pero al mismo tiempo se desmoronó la tesis oficialista de que los recortes no agravarían la indigencia y la pobreza infantil.
Griegos en pie de huelgas
Los griegos no recuerdan quizás un período tan turbulento de incesante descontento popular como el acaecido entre mayo y diciembre de 2010, cuando se desencadenaron mes tras mes decenas de huelgas, concentraciones, vigilias y marchas a lo largo del país por el primer plan de ajustes.
De inicios de 2011 al verano boreal, el clima social no ha sido menos convulso, luego de que el Parlamento refrendara en junio el segundo programa de austeridad. Como auguran los movimientos contestatarios, el otoño tampoco será tranquilo para el gobierno del primer ministro George Papandreu.
Las huelgas continuarán toda vez que los partidos del ala izquierdista y los sindicatos dejaron en claro que responderán con firmeza a los recortes y las privatizaciones.
Tampoco el Ejecutivo de Atenas logró mantener "un matrimonio feliz" con las fuerzas afines, incluso con los conservadores, en la cuestión fiscal y las medidas adicionales pactadas con la Unión Europea y el FMI. El voto de confianza al Movimiento Socialista Panhelénico, de Papandreu, se desplomó.
Para el Partido Comunista de Grecia, "las medidas salvajes destruirán el presente y el futuro de los trabajadores y de la juventud".
La secretaria general, Aleka Papariga, afirmó que los recortes sumirán "literalmente a nuestros biznietos en un moderno Medioevo", al vincular sus efectos con las futuras generaciones griegas.
Los asalariados, pensionistas, desempleados y los más pobres llevarán sobre sus hombros el peso de la carga y pagarán por una crisis que no fue causada por ellos, protestó, a su vez, el líder de la Confederación General de Trabajadores de Grecia, Yiannis Panagopoulos, en reacción a recientes anuncios del Ejecutivo de seguir adelante con el polémico plan.
A la marea de críticas se sumó el principal partido de la oposición, Nueva Democracia, al acusar al gobierno de "artimañas de comunicación", y de trasladar el costo de los errores a los ciudadanos.
El portavoz Yiannis Michelakis reprochó que en lugar de negociar con sus socios de la troika un cambio de receta, el gobierno miente al pueblo griego y quiere hacerle pagar por su fracaso en la gestión de los destinos del país, aseguran los conservadores.
Los sindicatos del transporte ferroviario, la Asociación Nacional de Médicos, la Federación de Maestros de Grecia, estudiantes y el gremio de controladores aéreos arremeten esta vez con fuego artillero contra el Gobierno por las impopulares reformas.
El equipo de Papandreu cree que vale la pena un ajuste drástico de cinturón para reducir el déficit y sortear el peligro de una bancarrota; sin embargo, los pronósticos vaticinan que Grecia no podrá cumplir sus compromisos fiscales en 2011 por la elevada contracción del crecimiento económico, superior al siete por ciento.
Italianos contra políticas fiscales de Berlusconi
El paro protagonizado el 6 de septiembre último por la Confederación General del Trabajo (CGIL) paralizó el país durante ocho horas por tierra, aire y mar tras la participación de miles de trabajadores del transporte, la producción y los servicios.
Las ciudades con mayor convocatoria fueron Roma, Milán, Nápoles y Turín, seguidas de decenas de otras urbes italianas que marcharon en protesta por los planes del primer ministro, Silvio Berlusconi, de reducir en más de 45 mil millones de euros el gasto público.
En opinión de la secretaria general de la CGIL, Susanna Camusso, la nación itálica está al borde del precipicio, por lo que llamó al Ejecutivo a dar un paso atrás en la política presupuestaria.
Las medidas de contención fiscal, junto a los escándalos por corrupción y otros delitos, han mellado la popularidad del controvertido primer ministro, al desplomarse en las encuestas a un 22,7 por ciento, conforme un sondeo de opinión.
Un 50 por ciento de los entrevistados afirma que los políticos no pagarán nada, mientras un 28 por ciento creen que los jubilados costearán las reformas.
Al igual que España, el senado italiano dio el visto bueno, en primera instancia legislativa, al plan gubernamental, lo cual fue otro motivo de manifestaciones en las calles de Roma y de la intervención de la policía con gases lacrimógenos y porras.
Nunca antes brotó en Europa una expresión contestataria de tal afinidad y fuerza como hoy contra las elites en el poder. Una marea de descontento social rebasa fronteras y tintes políticos frente a las políticas económicas.
Fuente
Odalys Buscarón (PL)
Las medidas de austeridad fiscal adoptadas por los gobiernos europeos ahondan las brechas sociales, la pobreza, el desempleo y el desamparo, sin conseguir frenar los embates de la crisis y reactivar la economía.
Ni Reino Unido ni Grecia, por ejemplo, han logrado revertir con signos positivos la recesión, cuanto más un leve asomo de crecimiento, mientras se derrumba el sistema de protección por parte del Estado, con costes sociales descomunales.
Los programas de recortes de gastos presupuestarios y reformas -enfiladas a achicar al máximo el sector público- se gestaron con el compromiso de las cúpulas europeas y el Fondo Monetario Internacional, mas la banca, responsable de la burbuja crediticia.
Tras la debacle financiera de 2008, los gobiernos de Islandia e Irlanda fueron pioneros en la aplicación e imposición a sus ciudadanos de las recetas "anticrisis", extendidas luego como un manual práctico a España, Italia, Portugal y Reino Unido.
Los británicos de sectores menos favorecidos se han visto obligados a ajustarse el cinturón como nunca desde la época de la posguerra.
Y no es para menos la desazón de los grupos más vulnerables como familias con más de un hijo, las madres solteras, los discapacitados y las personas sin hogar ("homeless").
El primer ministro, David Cameron, se propuso ahorrar de las arcas públicas 81 mil millones de libras esterlinas (unos 92 mil millones de euros) con un tijerazo a los gastos y la subida de impuestos.
De las medidas que más polémicas ha generado destaca la suspensión del llamado subsidio al niño, uno de los beneficios más antiguos del Estado de Bienestar británico, de ayuda a las madres por cada hijo.
Figura en planes la reducción y en muchos casos, según organizaciones denunciantes, la anulación de la asistencia por discapacidad. La actual administración conservadora-liberal quiere desentenderse también de la contribución estatal a las viviendas sociales para familias pobres.
Los británicos dentro de esa categoría deberán pagar un alquiler equivalente al 80 por ciento de los precios de mercado.
Según la organización benéfica Papworth Trust, aproximadamente nueve de cada 10 discapacitados temen quedarse sin dinero para solventar la alimentación y el transporte en caso de eliminarse el subsidio.
Una suspensión o reducción de las ayudas obligará al menos a un 86 por ciento de las personas con alguna discapacidad a restringir sus gastos en alimentación, transporte y las facturas por los servicios públicos.
Expertos de las universidades de York y Heriot-Watt advierten sobre el incremento de los sin techos en Reino Unido, un fenómeno sin precedentes en tal magnitud para el país europeo. La cifra que manejan es de 44 mil 160 personas, con tendencia ascendente desde 2010.
La investigación de 120 páginas plantea entre las conclusiones un vínculo directo entre la crisis económica y el aumento de las personas sin hogar, toda vez que los recortes a los servicios públicos y las radicales reformas al sistema de beneficios sociales debilitan la red tradicional del Estado de Bienestar.
Como en otras naciones del Viejo Continente, las políticas de austeridad no solo han conseguido exacerbar el descontento de los sectores que llevan el peso de los efectos del colapso económico, sino que han fracturado el consenso entre las elites políticas.
En una carta al primer ministro, el titular británico de Comunidades, Eric Pickles, deploró los peligros que acechan a las familias vulnerables con la poda de las prestaciones sociales.
Pickles advierte en la misiva, filtrada por el periódico The Observer, que miles de familias no podrán pagar el alquiler de las viviendas y no soportarán la pesada carga tributaria.
De tal modo quedaron al desnudo las fisuras dentro del gobierno y del partido Conservador, pero al mismo tiempo se desmoronó la tesis oficialista de que los recortes no agravarían la indigencia y la pobreza infantil.
Griegos en pie de huelgas
Los griegos no recuerdan quizás un período tan turbulento de incesante descontento popular como el acaecido entre mayo y diciembre de 2010, cuando se desencadenaron mes tras mes decenas de huelgas, concentraciones, vigilias y marchas a lo largo del país por el primer plan de ajustes.
De inicios de 2011 al verano boreal, el clima social no ha sido menos convulso, luego de que el Parlamento refrendara en junio el segundo programa de austeridad. Como auguran los movimientos contestatarios, el otoño tampoco será tranquilo para el gobierno del primer ministro George Papandreu.
Las huelgas continuarán toda vez que los partidos del ala izquierdista y los sindicatos dejaron en claro que responderán con firmeza a los recortes y las privatizaciones.
Tampoco el Ejecutivo de Atenas logró mantener "un matrimonio feliz" con las fuerzas afines, incluso con los conservadores, en la cuestión fiscal y las medidas adicionales pactadas con la Unión Europea y el FMI. El voto de confianza al Movimiento Socialista Panhelénico, de Papandreu, se desplomó.
Para el Partido Comunista de Grecia, "las medidas salvajes destruirán el presente y el futuro de los trabajadores y de la juventud".
La secretaria general, Aleka Papariga, afirmó que los recortes sumirán "literalmente a nuestros biznietos en un moderno Medioevo", al vincular sus efectos con las futuras generaciones griegas.
Los asalariados, pensionistas, desempleados y los más pobres llevarán sobre sus hombros el peso de la carga y pagarán por una crisis que no fue causada por ellos, protestó, a su vez, el líder de la Confederación General de Trabajadores de Grecia, Yiannis Panagopoulos, en reacción a recientes anuncios del Ejecutivo de seguir adelante con el polémico plan.
A la marea de críticas se sumó el principal partido de la oposición, Nueva Democracia, al acusar al gobierno de "artimañas de comunicación", y de trasladar el costo de los errores a los ciudadanos.
El portavoz Yiannis Michelakis reprochó que en lugar de negociar con sus socios de la troika un cambio de receta, el gobierno miente al pueblo griego y quiere hacerle pagar por su fracaso en la gestión de los destinos del país, aseguran los conservadores.
Los sindicatos del transporte ferroviario, la Asociación Nacional de Médicos, la Federación de Maestros de Grecia, estudiantes y el gremio de controladores aéreos arremeten esta vez con fuego artillero contra el Gobierno por las impopulares reformas.
El equipo de Papandreu cree que vale la pena un ajuste drástico de cinturón para reducir el déficit y sortear el peligro de una bancarrota; sin embargo, los pronósticos vaticinan que Grecia no podrá cumplir sus compromisos fiscales en 2011 por la elevada contracción del crecimiento económico, superior al siete por ciento.
Italianos contra políticas fiscales de Berlusconi
El paro protagonizado el 6 de septiembre último por la Confederación General del Trabajo (CGIL) paralizó el país durante ocho horas por tierra, aire y mar tras la participación de miles de trabajadores del transporte, la producción y los servicios.
Las ciudades con mayor convocatoria fueron Roma, Milán, Nápoles y Turín, seguidas de decenas de otras urbes italianas que marcharon en protesta por los planes del primer ministro, Silvio Berlusconi, de reducir en más de 45 mil millones de euros el gasto público.
En opinión de la secretaria general de la CGIL, Susanna Camusso, la nación itálica está al borde del precipicio, por lo que llamó al Ejecutivo a dar un paso atrás en la política presupuestaria.
Las medidas de contención fiscal, junto a los escándalos por corrupción y otros delitos, han mellado la popularidad del controvertido primer ministro, al desplomarse en las encuestas a un 22,7 por ciento, conforme un sondeo de opinión.
Un 50 por ciento de los entrevistados afirma que los políticos no pagarán nada, mientras un 28 por ciento creen que los jubilados costearán las reformas.
Al igual que España, el senado italiano dio el visto bueno, en primera instancia legislativa, al plan gubernamental, lo cual fue otro motivo de manifestaciones en las calles de Roma y de la intervención de la policía con gases lacrimógenos y porras.
Nunca antes brotó en Europa una expresión contestataria de tal afinidad y fuerza como hoy contra las elites en el poder. Una marea de descontento social rebasa fronteras y tintes políticos frente a las políticas económicas.
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