La SCJN rehuye su deber constitucional
¿Para qué pagarles jugosos sueldos?
Martín Esparza Flores
Revista SIEMPRE!
Es evidente que lo que está acabando con
las instituciones y el tejido social del país, además del clima de
inseguridad, es el manifiesto cáncer de la ilegalidad, y peor todavía
cuando su irreversible metástasis se ubica en el corazón de la propia
Suprema Corte de Justicia (SCJN), que se niega, en la más absurda de
las aberraciones jurídicas, a cumplir con el mandato que le impone
nuestra Constitución para hacer cumplir las leyes que de ella emanan.
Hace dos semanas nuevamente el máximo
órgano de justicia del país puso en entredicho su imparcialidad como
representante del Poder Judicial, al negarse a ventilar en sesión
pública la petición planteada por el Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) para ejercer su facultad de atracción en el juicio de amparo
1337/2010, que lleva en ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito y que, al igual que las autoridades de la
Junta Especial núm. 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
(JFCA), se han negado sistemáticamente a resolver a favor de los
derechos de más de 16 mil trabajadores electricistas, al no interpretar
al pie de la letra lo establecido en el artículo 28 de la Constitución
que confiere al Estado la facultad de la generación y distribución de la
energía eléctrica, situándolo de manera automática como el patrón en
las entidades encargadas de realizar dicho fin.
La solicitud del SME es clara en ese
sentido: que la Corte interprete lo contenido en el artículo 28
constitucional ya que autoridades como la JFCA y el SAE que pretenden
dar por terminadas las relaciones laborales individuales y colectivas de
más de 16 mil electricistas han caído en un evidente conflicto de
intereses al depender directamente ambos organismos del Poder Ejecutivo,
el cual argumentó inicialmente en su ilegal Decreto de Extinción del 11
de octubre del 2009, razones económicas, ahora cambiadas de forma
inverosímil por los improcedentes razonamientos de “caso fortuito” o
“causas de fuerza mayor”.
Apelando a las normas e instancias
jurídicas, el SME ha solicitado de la Corte una definición clara del 28
constitucional, pero de manera insólita los ministros de la Segunda
Sala han decidido, primero, analizar nuestra petición en sesión
privada; y, segundo, prorrogar su deber marcado con puntualidad en la
Carta Magna. Y si bien han dejado a salvo la defensa de nuestros
derechos, su indefinición al respecto sienta otro mal precedente en la
presidencia que encabeza el ministro Juan Silva Meza.
Debemos plantear de cara al país: si la
Suprema Corte no es capaz de interpretar con puntualidad y claridad el
contenido de nuestra Constitución, entonces ¿qué instancia deberá
suplirla?, ¿acaso los organismos internacionales? De ser así, ¿qué
objeto tiene que los mexicanos paguemos los jugosos sueldos de nuestros
ministros que en promedio rebasan los cinco millones de pesos anuales?
¿Acaso la petición de justicia del SME
ha terminado por colocar en un brete la inexistente independencia de la
Corte frente al Ejecutivo? ¿Cómo puede el máximo tribunal pasar por alto
que las “pruebas” que dijo tener Felipe Calderón para extinguir Luz y
Fuerza fueran ocultadas al país y “reservadas” por 12 años? También por
la vía jurídica, el SME logró desclasificarlas y ahí están para que los
ministros las analicen y corroboren que las razones de Estado que
dejaron sin empleo a 44 mil electricistas carecen de validez.
Lamentable y vergonzoso que los
integrantes del máximo órgano de justicia pasen por alto las reformas
hechas en materia de derechos humanos del 11 de julio del pasado año,
donde se establece que los mismos adquirieron ya rango constitucional, y
el derecho a la justicia y al trabajo forman parte inherente de los
derechos humanos a nivel mundial. Faltar a su responsabilidad y
obligación en estos momentos que el país requiere de un verdadero
equilibrio de poderes que restablezca el dañado tejido social, político y
económico del país, es faltar a la alta investidura que les ha confiado
el pueblo de México, y es traicionar, en todos los sentidos, nuestra
propia Constitución. Lo aquí expuesto se los dejamos de tarea a los
señores ministros, por si algo de ética y dignidad les queda.
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