REPRIME GOBIERNO DEL ESTADO A MANIFESTACIÓN DE COLONOS DE “KIN-HA”

San Francisco de Campeche, Camp; a 14 de mayo del 2012.
COLECTIVO PRO DERECHOS HUMANOS “MOCH COUOH”
REPRIME GOBIERNO DEL ESTADO A MANIFESTACIÓN DE COLONOS DE “KIN-HA”
·         A 11 días de iniciar el conflicto, el Gobernador Fernando Ortega Bernés, demuestra su cerrazón a solucionar al conflicto.
·         Cerca de 500 familias llevan 11 días luchando por hacer efectivo su derecho constitucional a una vivienda.
Los Hechos:
A las 10 de la mañana, los colonizadores de la colonia irregular Kin-Ha, ubicada al sureste de la capital del Estado, San Francisco de Campeche, Campeche; marcharon por los bordes del primer cuadro de la ciudad, conocido como Circuito Baluartes hasta llegar al Palacio de Gobierno del Estado, para exigir una mesa de diálogo con el Gobernador, Fernando Eutimio Ortega Bernés, para darle solución al conflicto de posesión y legalización de tierras  en esta colonia.
Cuando llegaron, agentes de gobernación les dijeron que para las 3 pm ya tendría solución el problema, por lo que los manifestantes decidieron rodear las entradas del palacio a modo de presión, puesto que las puertas de acceso al edificio, llevan diez días cubiertas con vallas y vigilancia, luego de la primera manifestación por el mismo conflicto.
Los policías que resguardaban la zona, amenazaban a la gente diciéndoles que para la hora de salida de los burócratas, "abrían paso, porque abrían". En el sótano del Palacio estaban preparados cerca de 30 elementos con ropa de civil, sin insignias, pero con equipo de granaderos, que desde ahí golpeaban a la gente cuando se acercaban demasiado al acceso y amenazaron a una señora de la tercera edad -"Cuando te veamos en la calle te vamos a romper la madre, ya sabemos quién eres". Al poco tiempo, la Policía Estatal Preventiva (PEP) desplegó 20 granaderos, para cubrir las puertas principales del Palacio.
A las 3 pm, con todo ese operativo, se difuminaron las señales de un diálogo, por lo que los manifestantes ya indignados, dijeron que no dejarían salir a nadie del Palacio de Gobierno, hasta que se viera voluntad de solución por parte de las autoridades.
Un agente de gobernación identificado con el apellido de Sabido, dijo que entraran 5 representantes a dialogar y que se retiraran los demás. Entraron los representantes, pero los manifestantes se negaron a replegarse, por temor a que no dejaran salir a los que ingresaron, temor no infundado ante la demostración del poder represivo del Estado, como se vería más adelante.
Ante tal respuesta, el funcionario de apellido Sabido, actuando con clara irresponsabilidad y provocación, comenzó a rumorar entre los empleados del Palacio que ya se había propuesto una "solución", pero que los manifestantes no los iban a dejar salir, por lo que los empleados comenzaron a agredir verbalmente a los manifestantes y algunos de ellos comenzaron  a salir por la fuerza, acusando de secuestradores a los colonos que protestaban. Esto calentó los ánimos de la gente, y el gobierno lejos de tomar una posición de concilio, mandó desplegar más elementos policiacos, aproximadamente 50, algunos con uniforme de granaderos, y más de la mitad vestidos de civiles pero con chalecos antibalas, cascos, macanas y sin insignias oficiales.
En este momento aparecieron Jackson Villacís Rosado,  Secretario de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad y Renato Sales Heredia, Procurador General de Justicia del Estado de Campeche, según para entablar un "diálogo" con la gente (cuando se suponía que adentro había diálogo con los representantes),  para que desbloquearan los accesos al palacio, a lo que un manifestantes contestó “que saquen a los policías del terreno y sale (de las puertas de Palacio) la gente”. Finalmente los funcionarios expusieron su reiteración de que no les darían los terrenos, porque ya tenían propietario y ellos requerían documentación (sic), ante lo cual fueron increpados por los manifestantes, sobre todo respecto del día en que los sacaron a balazos y golpes de los predios, por parte de agentes ministeriales y, tanto Villacís como Sales, negaron que hayan ordenado dicha acción. Villacís amenazó "Dejen de meterse en problemas, que los van a chingar", ante lo cual los manifestantes le recriminaron su actitud, a lo que contestó "no es amenaza, pero así es la ley".
Sin decir más, Villacís, empujó la valla que lo separaba de los manifestantes, y los elementos que iban sin uniforme pero con equipamento, salieron a formar un obstáculo entre el funcionario y las personas, luego de lo mismo, Villacís empujó de nuevo la valla, golpeando con ella a una señora de las que protestaba y entonces el resto de los elementos salieron ya empuñando las macanas y golpeando sin distinción y sin razón justificable a los manifestantes. Luego formaron otra valla para abrir el acceso de salida a los empleados del Palacio y al término cerraron las puertas del edificio y los elementos sin uniforme ingresaron  junto con los funcionarios Villacís y Sales. Afuera quedaron el resto de los granaderos.
Durante hora y media no hubo noticias de lo que sucedía dentro en las negociaciones y los manifestantes ya estaban más tranquilos. De momento, cuando vieron que venían aún dentro del Palacio los representantes, la gente se aglutinó frente a la puerta del palacio que da a la calle 8 del centro, y los policías cerraron al instante los accesos, pero al voltear una de las representantes, notaron que venían sujetados por los agentes y los manifestantes corrieron hacia la otra puerta que da al Circuito Baluartes. Ahí corroboraron que una representante de los colonos, identificada como Doña Jerónima Chan López venía sujeta por dos elementos de los que no traían insignias, ella gritó "me llevan presa" y al momento sus captores la tomaron violentamente del pelo y la volvieron a meter al palacio.
Ante estos hechos represivos, los manifestantes se enojaron por la falta de voluntad de negociación y que las autoridades pretextaran el diálogo para detener a sus representantes,  por lo que reaccionaron lanzando piedras hacia los cristales del palacio, pidiendo que los dejaran en libertad, por lo que los elementos policiacos al interior, cerraron todos los accesos al edificio.
Se mantuvo la misma situación cerca de 20 minutos, hasta que se escucharon sirenas que iban hacia el lugar, por lo que la mayoría de los manifestantes se dispersaron, salvo algunos, que recibieron la primera cargada de elementos que llegaron en camiones antimotines, que detuvieron a varios de ellos.
Hay que destacar que los elementos que llegaron, venían armados y fueron enviados para disuadir violentamente la protesta. Un grupo de ellos se apostó a la altura de un banco, bloqueando los accesos de la calle 8 y otros hacia el otro lado del Palacio, bloqueando el circuito baluartes. Destacamos el caso de dos elementos que golpearon con macanas a una señora de la tercera edad, que no pudo defenderse, hasta dejarla tendida en el suelo.  Luego emprendieron la retirada los elementos policiacos e hicieron formación en línea y comenzaron a golpear los escudos con las macanas, marcando el paso de forma intimidante en su lugar.
Sin previo aviso, los granaderos que bloqueaban la calle 8 se abalanzaron sobre un grupo de manifestantes que se encontraban cercanos a ellos, sobre la acera de un restaurante de la zona y los que estaban sobre el circuito baluartes hicieron lo mismo, golpeando a los manifestantes que se encontraban sobre la Plaza de la República. En esta acción represiva se llevaron a varios detenidos y dejaron personas heridas, entre quienes resaltaban mujeres y personas de la tercera edad.
En este momento apareció un supuesto agente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fue interrogado por un miembro de nuestro colectivo, por los hechos que se suscitaban, a lo que expresó que lo único importante era retirar a los heridos, pero haciendo caso omiso al hecho que señalamos, de que notara que las agresiones fueron realizadas por elementos policiacos, cargando principalmente sobre personas indefensas, que no se encontraban realizando ningún altercado.
Los granaderos volvieron a asumir la formación y en ese momento el agente de gobernación de apellido Sabido, señaló hacia donde estaba un compañero integrante del Colectivo Pro Derechos Humanos "Moch Couoh" tomando video, por lo que tuvo que emprender la huída al ser agredido por los elementos represivos, resguardando a tiempo el material y la cámara.
Luego de esto, no pudimos registrar lo que siguió en los hechos, ni podemos determinar la cantidad de personas heridas y detenidas por la represión, de los cuales sólo pudimos enterarnos por la prensa, que se les acusa de “despojo y daños a propiedad ajena”, bajo órdenes de aprehensión que existían con anterioridad a la fecha de hoy, demostrando con esto la falta de voluntad para solucionar el conflicto por parte del Gobierno.
Ante estos hechos:
·         Como colectivo Pro Derechos Humanos, responsabilizamos directamente de esta represión al Gobernador de Campeche, Fernando Eutimio Ortega Bernés, al Secretario de Seguridad Pública y “Protección” a la Comunidad, Jackson Villacís Rosado, y al Procurador General de “Justicia”, Renato Sales Heredia; destacando la falta de voluntad para realizar un diálogo cívico frente a ciudadanos que, únicamente, reclamaban su derecho a obtener una vivienda, ya que el despliegue de un operativo con granaderos no es una muestra de tal disposición, y menos cuando detienen con alevosía y ventaja a los representantes que se encontraban dentro del palacio, en un supuesto “diálogo”.
·         Libertad inmediata a los manifestantes.
·         Denunciamos así mismo el uso de elementos policiacos sin insignias identificables, pero sí equipados como antimotines, que fueron los que principalmente realizaron las acciones represivas, golpizas y detenciones arbitrarias.
·         Reclamamos al Gobernador, que establezca una política, JUSTA y SOLIDARIA, frente a las miles de personas en la ciudad y al interior del Estado, que se encuentran en situación de pobreza y que no pueden acceder a créditos para obtener una vivienda, en vez de seguir reprimiendo movimientos de colonización (peyorativamente llamados “invasores”), generando irresponsablemente desde el Estado, una situación de inestabilidad social.
·         Exigimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un pronunciamiento y las respectivas recomendaciones, frente a las violaciones al derecho de los manifestantes y las detenciones arbitrarias durante un proceso de negociación, que ocasionaron la confrontación de los manifestantes con los elementos represivos. Así mismo, que realicen una investigación a fondo, sobre los ataques con disparos, por parte de los ministeriales, a los colonos de Kin-Ha
·         Del mismo modo, reclamamos a la prensa imparcialidad en la información de los hechos.
ATENTAMENTE
COLECTIVO PRO DERECHOS HUMANOS “MOCH COUOH”
ANTECEDENTES DEL CONFLICTO:
Nuestro Colectivo Pro Derechos Humanos “Moch Couoh”, comenzó a dar seguimiento a este caso, a partir del día 3 de Mayo de 2012, cuando se realizó una manifestación previa por parte de los colonos, en el Palacio de Gobierno del Estado, para exigir una solución a su situación.
De información que recopilamos entre los manifestantes, aseguran llevar aproximadamente un mes de haber ocupado predios ociosos, en las inmediaciones del balneario popular “Kin-Ha” (por lo cual bautizan el asentamiento humano con dicho nombre), ante la imperante necesidad de adquirir terrenos para construirse un hogar, ya que al ser personas de escasos recursos y viviendo del subempleo, carecen de acceso a créditos para obtener una vivienda.
Sin precisar fecha, nos contaron que una mañana mientras limpiaban el predio, llegaron policías, supuestamente judiciales, y con disparos al aire los sacaron del lugar, estando presentes principalmente mujeres, niños y personas de la tercera edad. Ante esto, decidieron protestar frente al Palacio de Gobierno del Estado, donde agentes de la Secretaría de Gobernación les dijeron que habría solución al conflicto, pero que se mantuvieran fuera de los terrenos durante una semana. Mientras esto sucedía, la Policía Estatal Preventiva, cercaba una parte del terreno, donde colocaron un letrero, en el que se le adjudica la propiedad del mismo al ISSSTE Campeche. Por otra parte, elementos armados de la Secretaría de Marina y la Policía Ministerial, mantenían guardias en la parte del predio que se adjudica al particular Rafael Castilla Azar, dueño del balneario popular Kin-Ha.
Posteriormente, decidimos acudir a las inmediaciones de los terrenos, donde impartimos un taller sobre “El Derecho a la Vivienda”, donde pudimos ahondar en el conflicto y supimos que fueron citados para una semana después (el día 3 de mayo fue jueves, así que la cita sería el siguiente jueves, 10 de mayo) para otra sesión de diálogo, la cual no se efectuó, pues no se laboró el día indicado.
Para esto, ya se había cumplido el plazo de los 8 días de espera para solucionar el conflicto que indicó el gobierno, quien un día antes mandó a rodear el edificio gubernamental con antimotines, por si llegaba una manifestación. Esto demuestra la actitud que tomarían los funcionarios frente al conflicto, previamente al encuentro de hoy.
Así llegamos hasta este día 14 de mayo, con la manifestación para exigir solución nuevamente, pero que fue interrumpida por la brutal represión antes narrada y que terminó en decenas de heridos y la detención de una cantidad indefinida, aún, de colonos.
El gobierno no tiene una política de vivienda para las personas de escasos recursos y en el subempleo.
Estos hechos, son similares a los que cubrimos anteriormente en Champotón, donde se organizaron vecinos de las colonias irregulares “Mirador” 1 y 2, en la organización popular “Unión de Vecinos en Defensa de la Vivienda” para exigir la regularización de predios que se adjudica (sin evidencias) el empresario Romeo Cardeña Uribe. Son una demostración de que no existe una política de vivienda para beneficiar a las miles de personas que en la capital y al interior del estado, no poseen un hogar propio, se encuentran en situación de pobreza y, usualmente, viviendo del subempleo.
La realidad es que las únicas políticas de este tipo, están dirigidas para personas que poseen plazas de trabajo en el sector público (la burocracia) y en menor grado empleados del sector privado, y que, por lo regular, ya poseen una vivienda o están en condiciones económicas de adquirir alguna. Sin denostar el derecho de estos a ampliar su patrimonio, se impone el hecho de que existen muchas más personas que no tienen las mismas condiciones y deciden ocupar terrenos ociosos para organizar colonias irregulares.
Sin embargo, los gobiernos estatal y federal, no tienen una propuesta para solucionar esta situación y, por el contrario, han adoptado una política de cero tolerancia frente a lo que llaman, despectivamente, “invasiones”; reprimiendo y desalojando con violencia a los asentamiento humanos irregulares. Esto, lejos de establecer un clima de legalidad (como presumen), está generando tensión e inestabilidad en importantes y numerosos sectores de la sociedad, ya que no les ofrecen alternativas para que adquieran un espacio dónde construirse una vivienda (ya ni siquiera decir, una vivienda digna).
Esto es una evidencia de que es urgente plantear una Reforma Urbana, tanto a nivel local como nacional, para poder darle solución a esta situación que es la de millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema por todo el país y que, aunado, no cuentan con un empleo que les permita obtener salarios dignos para procurarse lo elemental para la vida, como son salud, vivienda, educación, vestido, e incluso alimentación.
Por eso denunciamos la urgencia de que los gobiernos dejen de reprimir a las colonizaciones de personas pobres para procurarse un hogar, y comiencen a plantear soluciones viables, a partir de la realidad socioeconómica en que viven millones de personas en el país y, particularmente, en Campeche.
¡Vivienda digna para todas y todos!
¡Cumplimiento cabal del artículo 4to Constitucional!
¡Alto a la represión a la protesta y a la criminalización de la Pobreza!

Fuente