Procedente, que los tribunales concedan la suspensión, considera Héctor Barba

Patricia Muñoz Ríos

 

Periódico La Jornada
Jueves 17 de enero de 2013, p. 38

 

La totalidad de solicitudes de amparo presentadas contra la reforma laboral se van a concentrar en dos juzgados de distrito especiales, que ya fueron designados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la continuación del trámite procesal, hasta desahogar la suspensión del acto reclamado, detalló el abogado laboralista Héctor Barba.

El número de amparos solicitados contra las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo refleja el tamaño de la inconformidad de los trabajadores mexicanos, porque en esta reforma se incluyeron temas como la flexibilización laboral extrema, afectación de los derechos adquiridos por el sector obrero y limitación a los salarios caídos, y no se tocaron aspectos como el voto libre, universal y secreto en las elecciones sindicales.
Barba, quien forma parte del equipo de abogados que participaron en la elaboración de las demandas de amparos y están asesorando el proceso, explicó que hay un acuerdo del CJF que señala que los jueces de distrito que recibieron los recuros tendrán que desahogarlos y concentrarlos todos –incluso los que se interpusieron en otros estados– en el Palacio de Justicia de San Lázaro.
Sostuvo que no se puede minimizar el hecho de que en poco más de una semana se presentaron mas de un millón 200 mil demandas tan sólo en el Distrito Federal, más las que se interpusieron en otros estados, las cuales aún no se contabilizan. Aunado a ello –dijo–, en muchos casos un sólo amparo incluye a cientos o miles de trabajadores inconformes.

Desde su punto de vista, es totalmente procedente que los tribunales concedan la suspensión provisional y definitiva de la reforma, porque afecta derechos humanos fundamentales y viola la Constitución y diversas convenciones y tratados internacionales. Los tribunales no pueden negar la reforma constitucional del año pasado, que detalla que los derechos laborales son derechos humanos y, por tanto, los cambios a la ley laboral violan el principio de constitucionalidad y convencionalidad. Sin embargo, si se niegan estas suspensiones, se presentarán apelaciones, adelantó.
Los abogados estamos obligados a confiar en la justicia; si tuviéramos reservas en eso no habríamos solicitado los amparos, dijo. Asimismo, señaló que en este proceso “el número de recursos presentados por sindicatos es menor; el mayor numero es el de los quejosos individuales directos; también hay muchos amparos de trabajadores del apartado B, es decir, burócratas y otros promovidos por ciudadanos.

 

 

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