Investiga Derechos Humanos actuación de autoridades en el caso del “niño sicario”
Jorge Armando Moreno Leos, el niño que fue acusado de sicario.
Foto: Especial
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Joel Arnulfo Correa Chacón, titular del organismo, dice a Apro que el adolescente de 13 años, cuya cadáver fue abandonado el pasado 28 de febrero, junto con cinco personas más, en un paraje ubicado en las inmediaciones de los municipios de Morelos y Vetagrande, a ocho kilómetros de esta ciudad, “es una víctima” del sistema de justicia penal porque se le criminalizó y se le imputaron múltiples ejecuciones sin ninguna prueba de por medio.
En principio, cuestiona que las autoridades encargadas de procurar justicia en la entidad hayan calificado al menor como “niño sicario”.
Molesto, redondea su idea:
“Como es un niño que está siendo investigado, yo creo que no debió ser identificado ni siquiera por su nombre, toda vez que no se debe exponer en medios cuando hay una presunción de inocencia, mucho menos ponerle un mote o un agregado.
“El niño es víctima, es víctima, como cuando los niños se encuentran en una guerra o en conflictos armados, los niños son víctimas, ellos no quisieran estar ahí, en este tipo de luchas”.
Tampoco está de acuerdo en que la Procuraduría General de Justicia del estado le haya imputado al menos 10 homicidios.
“Bueno, aquí, tendríamos que anteponer la presunción de inocencia y demostrar que realmente el niño haya hecho eso”, dice.
Además, recuerda que “la confesión en este caso no sería un elemento como tal, válido, sino que habría que demostrarlo”.
Correa Chacón menciona que el organismo a su cargo está decidido a esclarecer ese asunto.” Vamos a darle seguimiento, le vamos a dar prioridad a este caso en particular”.
Derivado de la queja CEDH-152-2013, Correa Chacón asegura que ya pidió a la PGJE un informe detallado sobre las actuaciones jurisdiccionales y anticipa que hará lo mismo con el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE) y con la Procuraduría General de la República (PGR).
“Si documento que participaron autoridades federales en la detención del niño, en cuanto documente eso se envía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el expediente”, advierte.
En el reportaje ¿Niño Sicario? publicado por el semanario Proceso (número 1900), se documenta que policías federales detuvieron a Jorge Armando la tarde del 4 de febrero, junto con 14 personas más, a quienes torturaron supuestamente por pertenecer a un grupo delictivo. Dos días después, un juez lo dejó en libertad porque sólo tenía 13 años.
Sin embargo, el 28 de febrero el cuerpo del adolescente fue encontrado sin vida, junto con cinco personas más.
El caso ha causado indignación y polémica en la entidad. Las autoridades involucradas en el caso, particularmente la PGR y la Policía Federal, han mantenido su silencio absoluto, mientras que la procuraduría zacatecana intentó deslindarse del mote de “sicario” que le impuso al niño, sin que éste haya sido juzgado.
Sin embargo, los hechos los desmienten porque el jueves 21 de febrero (un día después de la audiencia judicial a la que nunca se presentó Jorge Armando), en el noticiero radiofónico “A Tiempo” -que se transmite por la radiodifusora del gobierno del estado Radio Zacatecas en el 97.9 de FM, el procurador General de Justicia Arturo Nahle García, declaró que el niño de 13 años era “un peligro para la sociedad”.
El conductor del noticiero Francisco Elizondo Viramontes (también corresponsal de Noticieros Televisa), pidió a Nahle García su opinión sobre la liberación del Moreno Leos y su presunta participación en una decena de ejecuciones. El procurador de justicia respondió:
“Pues ahí anda en la calle, tan campante, y es un joven verdaderamente peligroso, un joven adiestrado en el manejo de armas, un joven que ha participado en una cantidad importante de homicidios.
“Es un joven que está enrolado en las filas de la delincuencia organizada y que sin duda es un peligro para la sociedad, el que esté libre. Eso lo he dicho y sé que mi comentario puede no ser del agrado de algunas instituciones, pero es la verdad”.
Siete días después de esa afirmación, Moreno Leos apareció ejecutado.
Antes del funesto desenlace, Nahle García también intentó deslindarse del calificar al menor como ‘”niño sicario”.
“¡Quien lo bautizó como ‘niño sicario’ fueron ustedes, los medios de comunicación!”, dijo.
En esa ocasión también comentó que en su declaración ministerial el menor confesó que “se despachó a diez personas, eso se los dijo allá”.
El procurador zacatecano justificó, asimismo, la actuación del Tribunal de Justicia para Adolescentes por no haber dictado medidas de protección para Moreno Leos.
“Si no se dictaron esas medidas cautelares es porque el niño no se presentó a la audiencia con la juez el 20 de febrero, pues era ahí donde se le iba a vincular a proceso, y en ese momento se habrían tomado acciones para protegerlo”, dijo.
“Las medidas cautelares se aplican sólo si ya está vinculado a proceso el indiciado… a partir de ese momento”.
Y el funcionario confesó que fue la policía federal y la PGR los que “reventaron la casa de seguridad de la colonia Lomas del Lago”, donde se detuvo al niño de 13 años.
Que se finquen responsabilidades
Para Xóchitl Meseger y Luis Barquera, representantes en Zacatecas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos (Odisea A.C.), Moreno Leos, es víctima “de una tremenda injusticia social generalizada”.
Barquera y Meseger fueron los primeros en denunciar públicamente las graves irregularidades en el caso del niño Moreno Leos.
“Tenemos una forma de administrar justicia donde a través de los medios se litiga, se condena como culpables a presuntos inocentes, y luego se les arroja al lugar de donde vinieron o donde se estuvo germinando esta problemática, que en este caso termina con la muerte de este niño”.
Sobre el procedimiento jurisdiccional de las autoridades competentes en el caso, Barquera dice que “nosotros observamos la ley y lo que establece, y creemos que podemos tener serias dudas de la manera en que fue conducido el proceso”.
Sobre todo, subraya, en la imputación más grave que se le hizo al menor, y que es la que pudo haberle costado ser ejecutado:
“No tenemos la certeza de que la confesión de este niño fuera hecha precisamente ante el juez, ante su defensor, en el marco del tiempo en que tiene que ser presentado, y no sabemos por qué, finalmente si todo esto ocurrió como debiera ser, por qué no se le dictaron medidas cautelares, las medidas para asegurar su protección”.
Por todo lo anterior la REDIM y Odisea A.C. hicieron un exhorto al gobierno del estado de Zacatecas, al Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes y a la PGJE, para que “aclaren públicamente el proceso llevado a cabo con el adolescente”.
Además, demandan que “se finquen responsabilidades a las y los funcionarios que estuvieron involucrados, en caso de que hubieran violaciones al debido proceso y a los ordenamientos de la ley de justicia para adolescentes”.
En el mismo sentido, el psicólogo Pedro Rodríguez de la Torre, director del Centro de Integración Juvenil de Zacatecas (CIJ), opina en entrevista que en el caso del niño Jorge Armando Moreno Leos “lo más correcto, era que hubiese sido referido a una institución de salud o de atención de consumo de drogas”, en lugar de haber sido puesto en libertad por las autoridades.
“Fue un error clínico no enviarlo a una instancia pertinente, para que recibiera el tratamiento adecuado. Tuvo que haberse hecho una valoración para saber cuáles eran sus condiciones, es decir, cómo estaba en cuanto a consumo de drogas, en cuanto a salud emocional, problemas depresivos, de ansiedad, de conducta, o riesgos sociopáticos, y no solamente él, tenía que haberse trabajado también con la familia”.
Rodríguez de la Torre, quien es docente investigador de la escuela de psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también aclara que no todo niño o adolescente que consume drogas, es un potencial delincuente.
“No. Esa es una etiqueta que se ha venido usando erróneamente. No todo joven que consume drogas, tiene un perfil para ser delincuente. Como también no toda persona que no consuma drogas, eso no quiere decir que no pueda delinquir”.
Lo que hay que hacer –plantea–, es revisar el modelo educativo, social y económico en el que vivimos, que está llevando a centenares de niños y adolescentes a desertar de la escuela e inmiscuirse en el mundo de las drogas, advierte, y además porque ahora lo hacen con plena conciencia de que no es lo mejor para ellos.
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