El negro historial de la represión en México (parte I: del movimiento del 68 al narconeoliberalismo)
Hacer
un recuento de las vejaciones y la represión cometidas al pueblo de
México en los últimos 50 años es abrir las puertas de un inmenso
cementerio donde yacen olvidadas miles y miles de víctimas, cuyo único
delito fue enfrentarse a las decisiones autoritarias y a las injusticias
de su tiempo, exigiendo respeto a sus derechos y a sus libertades.
Con toda seguridad, si formáramos en línea recta el número de cenotafios acumulados en el negro
historial de atrocidades, se podría cubrir la distancia de Mérida a
Ensenada, de ida y vuelta, y sobrarían cruces. También, con la mayor de
las certezas, se escribirían varios tomos de la aterradora estela de
muerte y desolación registrada al paso de los sexenios, arrojando muchas
explicaciones y reflexiones al grado de descomposición social y
política a que ha llegado el país, donde lo mismo se asesinan a
dirigentes sociales, líderes indígenas y agrarios que a periodistas, sin
que las autoridades hagan algo por limpiar la ciénaga de podredumbre
donde pervive la impunidad.
El exceso de violencia y corrupción es
resultante del amancebamiento de un desgastado neoliberalismo con una
cínica narcopolítica, y tiene sus antecedentes en las brutales
represiones cometidas al amparo del poder.
El movimiento estudiantil de 1968 puede considerarse el punto de partida de un autoritarismo oficial que tomó cartas de naturalización
en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Los cuerpos de cientos de
estudiantes quedaron tendidos en la Plaza de las Tres Culturas de
Tlatelolco aquel 2 de octubre de ese año, ante la presión internacional
por ofrecer una nación, supuestamente, en paz ante la cercanía de la
inauguración de los Juegos Olímpicos, verificada 10 días después de la
tragedia. Las cárceles se llenaron de presos políticos, sentenciados
bajo el delito de “disolución social”, pero hasta la fecha se desconoce
el número de muertos y desaparecidos
Con la sospecha a cuestas y las manos
manchadas de sangre, a Luis Echeverría Álvarez no le costó trabajo
continuar en su sexenio con la cadena de sangrientas agresiones. Uno de
los episodios más representativo fue el célebre “Halconazo”, ocurrido el
10 de junio de 1971, cuando una manifestación estudiantil fue disuelta a
garrotazos y tiros por grupos paramilitares, apostados en la Calzada
México-Tacuba. Aunque las autoridades hablaron de unos “cuantos muertos y
heridos”, se estima que por lo menos un centenar de jóvenes perdieron
la vida en el llamado “Jueves de Corpus”.
La década de 1970 fue conocida como la
época de Guerra Sucia en que, mediante la fuerza policial y militar, el
Estado se dio a la tarea no únicamente de combatir a los grupos
guerrilleros sino reprimir a dirigentes sociales. A la fecha se cuentan
por miles los desaparecidos en este periodo de opresión social.
Pero fue con la llegada al poder de los
tecnócratas que la represión y la violencia en contra del pueblo de
México enfilaron a una ruta de mayores y peligrosas proporciones.
Millones de habitantes debieron empezar a prepararse a ser agredidos no
sólo con los toletes sino con medidas económicas que mermaron sus
salarios y el bienestar de sus familias.
El rumbo y la conducción del país
empezaron a ser marcados por dos grupos diametralmente opuestos, pero
igual de codiciosos: los organismos internacionales impusieron al
neoliberalismo como doctrina económica y los nacientes y poderosos
narcotraficantes empezaron a tomar su porción de impunidad y poder
sembrando, con la anuencia de la tecnocracia, la semilla de la
narcopolítica.
Fue así que la figura del capo violento,
sanguinario y millonario apareció en el horizonte de la hasta entonces
inalterable “paz social”, para incubar su brutal devastación que hoy
tiene sumido en un baño de sangre a todo el país.
Muy pronto la corrupción se apropió de
las esferas del poder, haciendo añicos la promesa del tecnócrata, Miguel
de la Madrid, de iniciar la “renovación moral de la sociedad”.
Funcionarios de alto nivel pactaron una redituable sociedad con los
jefes de los cárteles que, como Rafael Caro Quintero, se dieron el lujo
de cosechar en ranchos como El Búfalo, ubicado en el municipio de
Jiménez, Chihuahua, más de 10 mil toneladas de mariguana.
La confabulación entre los capos y el
gobierno llegó a tal grado que el gobierno estadunidense, tras una
investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, prácticamente
obligó a las autoridades mexicanas a realizar un operativo en la
propiedad donde se decomisaron en noviembre de 1984 unas 10 mil
toneladas del enervante, valuadas en aquellos años en 8 mil millones de
dólares. Como parte de las acciones fueron liberados más de 8 mil
jornaleros que prácticamente trabajaban en calidad de esclavos. Y aunque
existieron pruebas de que el entonces secretario de la Defensa, Juan
Arévalo Gardoqui y otros secretarios de Estado estaban coludidos en la
protección a la propiedad, nada se hizo por llevarlos a juicio. La
impunidad también comenzó a echar raíces a la par del fortalecimiento de
los cárteles.
El pasado 15 de mayo, cayó abatido en
las calles de Culiacán, Sinaloa, el periodista Javier Valdez Cárdenas,
cofundador del semanario Ríodoce, apareciendo la sombra del narco
tras la autoría intelectual y material del crimen. Y precisamente fue
en el sexenio de Miguel de la Madrid en que otro periodista, Manuel
Buendía, fue acribillado en la Ciudad de México, el 30 de mayo de 1984,
meses antes del decomiso en el rancho El Búfalo. El columnista de Excélsior
fue el primero en colocar en la mirilla de la opinión pública los
atisbos de la colusión entre políticos y narcotraficantes. Desde
entonces, ni el Congreso ni los miembros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación exigieron al Ejecutivo y a su gabinete castigar a los
verdaderos culpables. Por la presión de las autoridades estadounidenses
Caro Quintero fue enviado a prisión, pero ningún alto funcionario fue
investigado.
Desde el año 2000 en que llegó al poder
el panista Vicente Fox, a la fecha, los capos han asesinado a 61
periodistas y amenazado y golpeado a cientos más por todo el país, sin
que los ahora evidenciados narcogobiernos hagan algo para castigar a los
culpables.
La continuidad del proyecto neoliberal
con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, tras las convulsas
elecciones de julio de 1988, no sólo consintió que los capos afianzaran
sus territorios en diversos estados; además, permitió que otra mafia, la
empresarial, iniciara una devastación y despojo de mayores dimensiones
al entregarle a la carta y a precios de ganga las empresas públicas como
Teléfonos de México devolviendo, de ribete, sus franquicias a los
banqueros. En el salinato las vejaciones contra la nación escalaron al
nivel de los despojos, al firmarse acuerdos como el TLC que entregaron
las llaves de la soberanía a los capitales foráneos para iniciar el
saqueo de las riquezas naturales y el desmantelamiento del sector
energético. (Continuará)
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN]
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