Semana de agresiones a Proceso y La Jornada; protestas en Chihuahua, Coahuila y Michoacán


Uno de los sospechosos.
Uno de los sospechosos.


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En menos de una semana, después del discurso presidencial donde calificó como una “emergencia nacional” las agresiones y homicidios contra periodistas y medios informativos, las instalaciones de la revista Proceso fueron allanadas; al día siguiente, lunes 22 de mayo, se creó una página falsa de Proceso en Facebook con una nota fabricada sobre un presunto pacto entre el exgobernador veracruzano Javier Duarte y el partido Morena.
Además, el miércoles 24 de mayo el periodista Jesús Aranda, de La Jornada, fue excluido por la Secretaría de la Defensa Nacional en un evento público; y el viernes 26 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pidió al organismo castrense implementar “medidas cautelares” a favor del reportero para evitar daños a la libertad de expresión y a la información.
En este contexto, continuaron las amenazas y agresiones al personal de Ríodoce, después del artero asesinato de su fundador y cronista Javier Valdez Cárdenas que ha generado una ola de protestas a nivel nacional e internacional, al grado de considerar este crimen como un “parteaguas” en la historia de homicidios contra informadores en este sexenio.
El viernes 26 de mayo, reporteros de Coahuila y de Chihuahua realizaron protestas por los homicidios de Javier Valdez y Miroslava Breach, ambos corresponsales también de La Jornada.

Los periodistas de Ciudad Juárez tomaron la tribuna en el Congreso local de Chihuahua para recordarles a los diputados que no necesitan más leyes, sino frenar la impunidad para proteger a los reporteros en esta ciudad fronteriza.
Las investigaciones sobre ambos crímenes no han arrojado resultados hasta ahora. La Procuraduría General de la República realizó esta semana una “recreación” de la ejecución de Javier Valdez, sin indagar sobre las pistas que conducen al crimen organizado, tal como han señalado los propios reporteros y colaboradores de Ríodoce.
A su vez, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que la investigación en torno al crimen de Miroslava Breach está en “su etapa final” y pronto ejecutarán las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.
En Michoacán, el jueves 18 de mayo se reportó el secuestro del periodista Salvador Adame, propietario del canal de televisión local 6TV, quien fue “levantado” por un comando de hombres armados en el municipio de Francisco J. Múgica, en la comunidad de Nueva Italia.
Sus familiares señalaron que Adame había recibido antes amenazas anónimas por el desempeño de su labor. Según los testigos, sus captores iban en una camioneta de color negro y se dirigieron hacia el poblado de Nuevo Corondiro.
Periodistas de Michoacán protestaron el viernes 26 y demandaron que Adame “no se convierta en un número más” de esta larga lista de reporteros asesinados. Le reprocharon al gobierno de Silvano Aureoles la falta de informe o pronunciamiento alguno.
Doble “allanamiento” a Proceso
El domingo 21 de mayo, las cámaras de seguridad de la revista Proceso captaron el momento en que tres individuos ingresaron a las instalaciones por separado, y minutos después, salieron juntos.
El rasgo común de los tres individuos fue su rostro descubierto, el corte de cabello corto y botas, ambas al estilo militar.
El primer hombre, de acuerdo al reporte de Proceso, vestía con pantalón y chamarra de mezclilla. Ingresó solo y permaneció unos instantes en las oficinas ubicadas en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Ese día y a esa hora, las oficinas de la revista estaban vacías.
A las 12:27 horas salió este mismo sujeto de pantalón y chamarra de mezclilla. Cruzó la calle de Fresas y de inmediato regresó, acompañado de otro hombre robusto, de camisa rosa, que llevaba una mochila al hombro y caminaba atento a la pantalla de su teléfono celular, según la reconstrucción de la propia revista.
Un tercer hombre, pantalón y camisa de mezclilla, caminó por la banqueta. Llevaba un teléfono en la mano derecha, hablaba en voz alta. Allanó el inmueble y momentos después salió con los otros dos sujetos que se encontraban adentro.
Los hechos fueron ya denunciados ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la PGR.
Al día siguiente del allanamiento, el lunes 22 de mayo, apareció una página falsa de Proceso en Facebook con información de un “pacto Duarte-Morena”. El logotipo de la revista y hasta una portada falsa con las fotografías de Andrés Manuel López Obrador y de Javier Duarte se anunciaron en esta página falsa.
Facebook la retiró en cuanto se notificó la usurpación del logotipo de Proceso, pero la falsa información continuó circulando en cuentas de Whatsapp y Telegram, al estilo de los rumores audiograbados que se difundieron en enero de este año, en el marco de las protestas sociales contra el gasolinazo.
Similitudes con allanamiento a Aristegui Noticias
Distintos observadores destacaron en redes sociales la similitud entre el allanamiento a las instalaciones de Proceso y lo ocurrido en las oficinas de Aristegui Noticias, ocurrido el 13 de noviembre de 2016.
En este caso, cinco individuos sustrajeron computadoras de la Unidad de Investigaciones Especiales e ingresaron al edificio sin ocultar su rostro, como para dejar constancia de su presencia. Vestían de manera similar a los tres hombres grabados en las afueras de las oficinas de Proceso.
El 17 de enero pasado, en el programa on line de Aristegui Noticias, Fernando Ruiz Canales identificó a uno de los cinco individuos como escolta y elemento del Estado Mayor Presidencial, además de estar vinculado con un grupo conocido como “La Flor” y con lo que se denomina “La Hermandad Policiaca”.
Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos (CLDH), denunció días después a Artículo 19 que tras haber identificado públicamente a uno de los atacantes de la oficina de Aristegui Noticias sufrió actos de hostigamiento y de amenazas de muerte.
Ruiz Canales se acogió al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Cuenta con vigilancia permanente de elementos de la policía capitalina, según informó Artículo 19.
A su vez, Aristegui Noticias interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La investigación sigue en curso.

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