SuperISSSTE: desmantelamiento, fraude y desfalco millonarios
El sistema SuperISSSTE fue casi desmantelado durante la administración anterior. En 4 años registró pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos y el cierre del 76 por ciento de sus tiendas. Además, fue usado masivamente para que privados triangularan ventas a dependencias de gobierno sin procesos de licitación.
Documentos internos del SuperISSSTE dan
cuenta de fraudes en favor de privados, pérdidas millonarias por
ineficiencia, faltantes en inventarios y simulación de compraventas. La
institución perdió entre 2013 y 2017 alrededor de 7 mil 500 millones
pesos, por lo que ya “resulta económicamente inviable”.
No se trata sólo del masivo cierre de
tiendas y de una administración ineficiente. También se convirtió en un
sistema fraudulento con el que empresas privadas evaden la ley, pues lo
utilizan para colocar sus productos –casi siempre con sobreprecios– en
dependencias gubernamentales sin pasar por procesos de licitación ni por
la evaluación de sus mercancías.
En 2017 el SuperISSSTE reportó ingresos
por 1 mil 40 millones de pesos, pero más del 80 por ciento correspondió a
ventas que realizó a entidades y dependencias de la administración
pública federal, principalmente al propio Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Sólo menos del
20 por ciento de sus ventas se realizó al público en general, no
obstante que este sistema fue creado para establecer tiendas a bajo
precio en beneficio de los trabajadores y sus familias.
Además, para hacer frente a los
contratos con las entidades de la administración pública federal, el
SuperISSSTE subcontrató el ciento por ciento de los bienes con empresas
privadas. Es decir, todo lo que vendió a entidades gubernamentales –más
de 800 millones sólo en 2017– lo adquirió de privados para trasladarlos a
las dependencias compradoras. Documentos internos señalan que la
mayoría de los bienes ni siquiera pasaron por las bodegas del
SuperISSSTE: de los almacenes privados se trasladaron directamente a los
depósitos de las entidades señaladas.
Las indagaciones –que se llevan a cabo
desde el año pasado– arrojan que se utilizó a este sistema de tiendas
como intermediario para que privados evadieran las disposiciones
normativas en materia de adquisiciones. Es decir, funcionarios y
privados simularon que el ISSSTE, la Cofepris y la Secretaría de
Seguridad Púbica adquirían bienes y servicios al SuperISSSTE cuando en
realidad lo adquirían a empresas privadas sin proceso de licitación de
por medio.
Entre 2012 y 2015 –el primer trienio del
sexenio de Enrique Peña Nieto– el director del ISSSTE fue Sebastián
Lerdo de Tejada Covarrubias. Le sucedió por unos meses Luis Antonio
Godina Herera. Entre 2015 y 2018 el Instituto estuvo a cargo de José
Reyes Baeza Terrazas. El director de SuperISSSTE fue durante el sexenio
pasado Luis Alonso Reza Olivas.
El actual director de SuperISSSTE,
Roberto Revilla Ostos, fungía como director de Pemex Logística en 2017,
luego se quedó como encargado del despacho de la Dirección General de la
petrolera por unos meses. Se hizo cargo del sistema de tiendas del
ISSSTE desde la llegada –con el nuevo gobierno– de Luis Antonio Ramírez
Pineda al frente de Instituto.
La Cofepris fue encabezada por Mikel
Arriola entre 2011 y 2016. En el cargo le sucedió, por 2 años, Julio
Salvador Sánchez y Tépoz. Y desde 2018 el comisionado federal es José
Alonso Nivelo Baeza.
Con respecto de la Secretaría de
Seguridad Pública de la Ciudad de México, entre 2012 y 2014 estuvo en
cabezada por Jesús Rodríguez Almeida. Y de 2014 a 2018, por Hiram
Almeida Estrada.
El SuperISSSTE reportó ventas por 1 mil
40 millones de pesos en 2017, señalan documentos internos. De tal cifra,
alrededor de 835 millones (el 80.3 por ciento) fueron ventas a
entidades y dependencias del gobierno. Mientras, 205 millones (el 19.7
por ciento) correspondió a ventas al público en general.
En sus ventas a las dependencias, el
SuperISSSTE vendió incluso productos que no forman parte de su objetivo.
Todos estos productos los adquirió a privados y los entregó después a
las dependencias gubernamentales. Por ello, documentos internos de la
institución señalan que con esta práctica se utilizó a este sistema de
tiendas para que empresas privadas evadieran la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Entre los productos que el SuperISSSTE
compró a privados para luego venderlos a dependencias como la Cofepris
la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y el propio
ISSSTE son: uniformes, equipos de laboratorio, sustancias y productos
químicos, ropa quirúrgica y, entre otros, equipo de administración.
Además, algunos de estos productos fueron vendidos con sobreprecio de
hasta 7 mil por ciento.
Resulta un esquema parecido al que
utilizaron otras empresas con universidades públicas para colocar
productos y servicios evadiendo los procesos de licitación.
Pero también se investigan otras
irregularidades que ocurrieron sólo de 2017. El SuperISSSTE registra
como “faltantes en inventarios” bienes por un monto superior a los 390
millones de pesos. Además, el registro de un saldo a favor por 130
millones no cuenta con soporte documental para lograr que esa cantidad
se cobre a sus clientes.
Asimismo, el gobierno federal debió
entregar apoyos al SuperISSSTE entre 2013 y 2017 por más de 6 mil 500
millones de pesos para resarcir las pérdidas registradas por más de 7
mil 500 millones.
Y, en entre otras anomalías de las que
dan cuenta documentos internos, realizó operaciones por 835 millones de
pesos en 2017 desde una tienda virtual, cuando la ley no le faculta para
ello.
El SuperISSSTE es un sistema de tiendas y
farmacias que opera como una unidad desconcentrada del ISSSTE. Fue
creado en 1995, aunque opera con su nombre actual desde 2009.
Según el artículo 69 del Estatuto
Orgánico del ISSSTE, el SuperISSSTE tiene por objeto “planear,
administrar y realizar los programas y servicios de apoyo para que los
derechohabientes y la ciudadanía adquieran productos básicos y de
consumo en las tiendas que para el efecto existen, para que el Instituto
cumpla lo establecido en el Artículo 123 […] de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone el establecimiento
de tiendas económicas para el beneficio de los trabajadores y sus
familiares”.
Desde 2015 el ISSSTE aprobó el cierre de 224 tiendas. Sólo operan desde entonces 70 unidades de venta.
Zósimo CamachoFuente
Comentarios