El conflicto por el Estero de San José del Cabo
En las últimas
semanas cientos de sudcalifornianos se han manifestado en Cabo San Lucas
y en San José del Cabo, y las protestas van en incremento. El motivo es
la reactivación de un antiguo conflicto social: la apropiación del
Estero de San José del Cabo por parte de inversionistas particulares
gracias a la intervención de diversas autoridades que desde hace tiempo
han colaborado en la alteración del área de la Reserva Ecológica Estatal
Estero de San José del Cabo (REEESJC), declarada así el 8 de octubre de
1993 mediante un decreto del gobierno estatal, estableciéndose también
como Área Natural Protegida bajo la Categoría de Zona Sujeta a
Protección Ecológica.
Asimismo, mediante otro decreto de mayo
de 2004 fue ratificada en su categorías de reserva y área natural, de
este último documento cabe resaltar que por utilidad pública se
estableció la prohibición de edificar asentamientos humanos en la
reserva. Lamentablemente, de entonces a la actualidad este cuerpo de
agua ha sido mermado, pues ha sufrido incendios, vertido de aguas
negras, tala de palmares, desecación, así como la modificación de su
poligonal para beneficio de los desarrollos inmobiliarios. Pero también
ha sido objeto de una tenaz defensa por parte de la ciudadanía
organizada en grupos como Amigos del Estero de San José y Rescatemos y
Disfrutemos el Estero de San José.
Dos administraciones municipales, la de
Oscar René Núñez Cosio (2008-2011) y la de José Antonio Álvarez Montaño
(2011-2015), expidieron cambios de uso de suelo y permisos para
extracción y traslados de tierra del área para dar entrada a la
construcción de obra nueva. Varias autoridades más han estado
involucradas en el deterioro del estero, ya sea directamente o por
omisión y entre estas se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Dirección de
Ecología Municipal, entre otras; además de varios particulares a los que
se les han vendido terrenos inmediatos al estero o se les han cedido, a
través de la municipalidad, áreas interiores del mismo, para lo que se
ha modificado en varias ocasiones la poligonal de delimitación de la
reserva. Incluso hacia finales del siglo pasado y principios del
presente el polígono fue transformado por otras administraciones
municipales para la construcción del complejo turístico Puerto los Cabos
y una marina.
Lo que reactivó el conflicto con la
sociedad fue que, a partir del cambio de uso de suelo, el permiso de
movimiento de tierra y una nueva modificación al polígono se liberó de
este un espacio importante en las inmediaciones del cuerpo de agua,
espacio en el que ahora se pretende erigir un gran hotel de lujo de la
cadena Caesars Palace mediante Grupo Questro, que contempla un complejo
de al menos 500 habitaciones en una edificación de seis niveles; con lo
que se sellaría el destino de este espacio de agua dulce, vida silvestre
y flora, que es hasta hoy considerado por los cabeños como el pulmón de
San José del Cabo.
Ante este intento de ecocidio es
necesario enfatizar y recordarle a nuestras autoridades que del decreto
de 2004 se derivó el Programa de Manejo de la Reserva Ecológica Estatal
“Estero de San José del Cabo” –que fue una actualización del programa de
manejo de 1998– que la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura
y Ecología publicó en el número 35, Tomo XXXI, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur
el 2 de junio de 2004 y que en uno de sus múltiples apartados señala
que: “El desarrollo urbano y de proyectos de gran escala en las
inmediaciones de la reserva representan un riesgo potencial sobre las
características ambientales del cuerpo de agua y sus zonas colindantes”.
Lo que además de poner en riesgo el estero afectaría al acuífero de San
José del Cabo, al que este cuerpo de agua está conectado, y del que se
abastece gran parte de la población del sur de la entidad.
La ciudadanía ha reaccionado
enérgicamente ante este intento de despojo legalizado de manera turbia
por diversas autoridades, que incluyen a la alcaldesa actual Armida
Castro, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien se ha
enredado en explicaciones insulsas acerca de la grave situación del
estero, además de que culpa a sus antecesores de la crisis, pero sin dar
una solución expedita y convincente a la ciudadanía que reclama este
espacio como suyo y como factor para el equilibrio ecológico en la zona.
La actitud de Castro, después de ganar el cargo público, no concuerda
con lo prometido durante la campaña electoral previa a las elecciones de
2018; baste recordar sus promesas en un video que vuelve a circular en
las redes (https://www.youtube.com/watch?v=yKnFl2gXUxg).
Esperemos que a la alcaldesa no se le olvide que forma parte de un
movimiento mayor y que no estar del lado de la ciudadanía, y más en
asuntos en los que la gente debería por ley y por sentido común ser
privilegiada, no es uno de los postulados del partido político que la
llevó a su cargo público, pues como muchos otros funcionarios fue
impulsada por la fuerza de Morena y la figura de Andrés Manuel López
Obrador.
La alcaldesa debe tener presente que en
la media península los conflictos sociales ante el despojo tienen una
larga tradición y los sudcalifornianos saben unirse contra el deterioro
de su medio ambiente. Así lo han demostrado en largas luchas contra
grandes transnacionales mineras y contra otros desarrollos turísticos
que intentaron ser emplazados en reservas ecológicas o áreas naturales
protegidas, como contra los intentos de erigir un complejo turístico en
el Parque Nacional de Cabo Pulmo, asunto en el que estuvieron
involucradas diversas administraciones federales, entre otros casos de
despojo. Han sido los ciudadanos el fiel de la balanza entre
los inversionistas y las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y
todo parece indicar que en el caso del Estero de San José del Cabo la
situación no va a cambiar.
La pregunta es qué va a hacer al
respecto el gobierno federal de la “cuarta transformación” para
respaldar a los sudcalifornianos ante el desinterés y la apatía mostrada
por la administración municipal actual; pues de parte del gobierno
estatal panista, al menos en la intervención de palabra del secretario
general de gobierno, Álvaro de la Peña Ángulo, se percibe una tendencia a
la defensa de la ciudadanía. El funcionario ha hecho diversos llamados a
las autoridades municipales y federales para atender esta problemática y
resolverla a favor de los sudcalifornianos, pero sus palabras no son
suficientes. En este conflicto será fundamental el papel que tome el
nuevo titular de la Semarnat, Víctor Toledo, pues el asunto no es menor y
aunque debiera ser sólo una problemática ecológica de preservación del
medio ambiente para el disfrute integral de los nativos y los turistas,
todo parece indicar que tiene raíces profundas en el manejo de los
poderes político y económico. En este sentido, de no resolverse a favor
del entorno ambiental y de la ciudadanía, implicará un alto costo
político para los objetivos nacionales de la “cuarta transformación”,
pues es de todos sabido que la sociedad sudcaliforniana le cobra caro
las afrentas a los partidos políticos. En Baja California Sur desde hace
décadas aplica a cabalidad el dicho de López Obrador: El pueblo pone y el pueblo quita.
Roberto Galindo**Maestro en apreciación y creación literaria; literato, arqueólogo y diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente
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