Impunidad en contaminación industrial causa miles de muertes por cáncer
En México, las industrias contaminan impunemente aire, agua y suelo con sustancias altamente tóxicas que producen enfermedades terminales. Miles de personas mueren por la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales. Por ejemplo, en las inmediaciones del río Atoyac, en Tlaxcala y Puebla, la mortandad por cáncer es 13.5 veces más alta que la media nacional. Ahí no hay médicos ni medicinas: la gente costea los tratamientos y se empobrece aún más.
Primera de dos partes
Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.
Vinieron los mitos del cáncer, así es como Isabel Cano Flores recuerda
los primeros rumores que se corrieron en Villa Alta, donde habita desde
que nació hace 67 años. Entonces, los enfermos generaban sospecha y
estigma, hasta que cada familia contó con al menos una víctima de la
contaminación industrial.
Doña Chave, como le dicen en el
pueblo de cariño, entrelaza sus manos antes de contar que en 2010 tuvo
la más amarga y triste experiencia de ese padecimiento: “Mi hija enfermó
de leucemia”. Aunque en aquella época, dice, era ignorante del tema
médico, ahora habla con soltura del tipo de cáncer que sufrió Zulma:
leucemia mieloide crónica.
Con esa enfermedad vino el calvario,
pues a pesar de que la incidencia de cáncer sobrepasa la media nacional
en Tlaxcala, en la entidad gobernada por el priísta Marco Antonio Mena
no hay médicos especialistas ni hospitales de segundo y tercer nivel.
Zulma y su madre se vieron forzadas a
recorrer el estado en búsqueda de un hematólogo; luego, el vecino Puebla
y, finalmente, llegaron a Guadalajara, donde por fin la joven tuvo
atención especializada. Pronto fue diagnosticada con leucemia y
trasladada a la Ciudad de México.
“No soy una persona empleada: empecé a
vender todo”. El dinero que obtuvo por el terreno que le heredaron sus
padres no alcanzó para solventar viajes, hospitalización, medicinas y
quimioterapias, así que recurrió a préstamos con diversos usureros.
Ahora, en su deuda no sólo cuenta los miles de pesos que le prestaron,
sino también las bolsas de sangre que le exigían en el hospital y entre
sus planes futuros está conseguir donadores para saldarla. “A pesar de
eso, ella no se pudo salvar”.
La desgracia sobrevino por ser vecina
del río Atoyac, el tercer afluente más contaminado del país. Además de
perder a su hija, doña Chave ha visto cómo se apagan las vidas
de su hermana, a causa de un tumor cerebral, y de su madre, quien tiene
una afección pulmonar.
Su familia no es la única afectada:
entre 2002 y 2016, en los municipios cercanos a la cuenca del
Atoyac-Zahuapan murieron 25 mil 737 personas a causa de cáncer, refieren
datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), sistematizados por la organización Coordinadora por un Atoyac
con Vida y el maestro Octavio Rosas Landa, académico de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El río
La contaminación del Atoyac no es
desconocida para los gobiernos federal y estatales: a éste se le
considera como el tercer río más contaminado de México. En sus orillas,
en la frontera de Tlaxcala con Puebla, se respira un olor dulce y al
mismo tiempo putrefacto, similar al agua mezclada con suavizante de ropa
estancada por semanas.
A las afueras de la caseta de monitoreo
que instaló la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para supuestamente
medir los niveles tóxicos de esta corriente, el hedor es tan intenso que
lastima las fosas nasales y pronto se transforma en un dolor de cabeza
constante.
Su paso se marca por la fetidez y el
tono: a veces verduzco, luego azulado y más adelante café. Sin ningún
signo de vida, atraviesa Tlaxcala y Puebla contaminando todo a su paso:
los reservorios de agua limpia por el efecto de la filtración, los
cultivos, la atmósfera…
Y es que en el corredor industrial por
lo menos 1 mil empresas, de las 20 mil que operan en la zona, no cuentan
con plantas de tratamiento o éstas no funcionan adecuadamente, lo que
ha ocasionado que este afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas y
sea un foco de infección no sólo para el cáncer, sino también para la
hepatitis y el cólera, señala la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y la UNAM en el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, de mayo de 2018.
Análisis del Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua revelan un escenario mucho peor: en el Atoyac hay
presencia de unas 1 mil sustancias químicas disueltas que, al mezclarse,
producen reacciones todavía más tóxicas.
La investigación conjunta de la CNDH y
la UNAM reconoce que las aguas del Atoyac están altamente contaminadas
con componentes químicos como plastificantes, pesticidas (Aldrin) y
compuestos policíclicos aromáticos, como el trifenilo y el crisano; así
como con compuestos volátiles como el tolueno, hexano y hexclorobeneno,
usados en las industrias textiles, farmacéuticas y automotrices; y
tintes y colorantes provenientes de las textileras que tornan de
diferentes colores el río y que afectan la fotosíntesis de los
organismos.
Además se tienen registros de presencia
de arsénico, clasificado como un cancerígeno demostrado en humanos por
la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). La exposición a través del agua
de este metal produce, al menos, cáncer de vejiga, pulmón y piel.
La OMS detalla que el arsénico se
utiliza como agente de aleación y para el procesamiento de vidrio,
pigmentos, textiles, papel, adhesivos metálicos y protectores de la
madera y municiones. Entre las 20 mil industrias que operan en la cuenca
hay petroquímicas, farmacéuticas, textiles, alimenticias,
metalmecánicas y automotrices, que a cada segundo descargan al río sus
desechos sin control.
Aunado a lo anterior, la propia
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene un
registro sobre la calidad del agua que abarca de 2012 a 2018. Para el
año pasado, la dependencia federal documentó que la presencia de plomo
se extendió por más de 20 puntos a lo largo de la cuenca Atoyac y sus
afluentes: Xochia, Zahuapa y Atenco.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
NOM-004-SSA1-2013, “el plomo puede afectar a casi todos los órganos y
sistemas del organismo causando varios efectos no deseados, como son:
perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia; incremento de la
presión sanguínea; daño a los riñones; aborto espontáneo; perturbación
del sistema nervioso; daño al cerebro; distintos tipos de cáncer;
disminución de la fertilidad”.
La Norma agrega que “la exposición a los
compuestos de plomo en cualquiera de sus formas constituye un riesgo
para la salud ya sea que se ingiera en alimentos, agua, polvo o tierra
contaminados con dicho elemento, o se respire, a través de polvos o
vapores emitidos por industrias, fundidoras, refinerías, vehículos
automotores, etcétera”.
El registro de la Semarnat detalla la
calidad del agua en torno a la demanda química de oxígeno: un parámetro
que mide la cantidad de sustancias químicas disueltas en los cuerpos de
agua. Para 2018, más de 22 puntos de la cuenca tenían una calidad del
agua altamente contaminada y ningún lugar posee una demanda química de
oxígeno aceptable.
Las mayores responsables de esto son
unas 400 industrias medianas y grandes: son las que gastan más recursos
naturales, consumen más agua y generan más contaminación, señala el
maestro Octavio Rosas Landa, quien ha hecho estudios independientes
junto con otros investigadores con base en información del Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi.
Las muertes de la contaminación industrial
Todas las enfermedades asociadas
científicamente a las sustancias tóxicas que vierten las industrias al
río Atoyac o liberan al ambiente a través de sus grandes chimeneas han
afectado a los pobladores aledaños. Miles han muerto por ello, porque
aquí todo está contaminado: el agua, el aire y el suelo y, con ellos,
los alimentos vegetales y animales.
En 2017, en la zona fallecieron 2 mil
335 personas por diversos tipos de cáncer. Esto equivale a 13.5 veces
más que el índice nacional de mortandad a causa de esa misma enfermedad,
señala en entrevista el investigador Rosas Landa.
El estudioso de la contaminación
acuífera y su relación con enfermedades terminales agrega que las
sustancias químicas que descargan las 20 mil 400 industrias asentadas en
el corredor del río Atoyac transformaron la principal fuente de agua de
los habitantes de Puebla y Tlaxcala en el causante de sus muertes.
Con base en datos del Inegi, la
investigación de la Coordinadora por una Atoyac con Vida y el académico
Rosas Landa demuestra que a nivel nacional fallecieron por cáncer 1
millón 64 mil 572 personas entre 2002 y 2016. Y agrega que mientras en
el país muere 0.54 personas por kilómetro cuadrado, en los municipios de
Puebla y Tlaxcala que están en contacto directo con el río fallecen
7.35 personas por kilómetro cuadrado.
Las cifras van en aumento, expresa el
economista y geógrafo Rosas Landa: “en 2002, en esa zona murieron 1 mil
400 personas por cáncer; para 2016, la cifra llegó a 2 mil 114 personas;
y en 2017 es peor: 2 mil 335 personas fallecieron por la contaminación
de una cuenca relativamente pequeña, que mide 3 mil 600 kilómetros
cuadrados”.
Las zonas más afectadas son aquellas
cercanas a la cuenca del Atoyac y en específico al corredor industrial
Quetzalcóatl, donde llegan las descargas de las industrias. Se trata de
los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla, y de
Tepetitla de Lardizábal y Nativitas, en Tlaxcala.
En la comunidad de Villa Alta, que
pertenece al municipio de Tepetitla de Lardizábal, se tienen tasas de
mortalidad que superan entre nueve y 23 veces la media nacional,
advierte el investigador Octavio Rosas.
En dichos lugares, la leucemia,
insuficiencias renales, abortos espontáneos, púrpura trombocitopenia
inmune, malformaciones congénitas, anemias y problemas respiratorios se
convirtieron en sus enfermedades cotidianas.
“Cada 4 horas una persona muere a causa de la contaminación por el río Atoyac”, dice a Contralínea Alejandra Méndez, coordinadora del Centro Fray Julián Garcés y de la Coordinadora por una Atoyac con Vida.
“No es algo que nosotros hayamos
cuantificado directamente, son datos oficiales que incluso pueden estar
subestimados porque depende de cómo se haya registrado el deceso”,
señala en entrevista el doctor Omar Arellano Aguilar, experto en
evaluación de daño ecológico de la Facultad de Ciencias y quien
participó en la investigación.
El costo de las enfermedades
La muerte de Zulma es una lección para doña Chave
del precio que han pagado por vivir cerca de un corredor industrial:
“dicen [sus médicos] que fue por inhalación de tóxicos, pero ella nunca
trabajó en las fábricas”. Intentar salvarle la vida consumió todo de
ella, incluidas sus posesiones materiales, por lo que ahora vive en casa
de su hermana.
Y es que a pesar de la alta incidencia
de enfermedades terminales, en la zona se violan permanentemente los
derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y a un ambiente
sano, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es por eso que los pobladores han demandado al Estado mexicano ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en espera de justicia.
Aquí en Villa Alta cada familia tiene al
menos una historia trágica marcada por la muerte o la enfermedad, pero
también por la profundización de la pobreza que se asocia a éstas:
cuando no hay seguridad social, las personas venden lo poco que poseen y
se endeudan con tal de atender a sus pacientes.
Por las calles serpenteadas de este
pueblo es común ver pasar los cortejos fúnebres, a veces hasta tres por
día. “Tenemos dos panteones y los dos están llenos, hay muchísimos
muertos, esa es nuestra realidad”, cuenta doña Chave.
“Si avanzamos una cuadra, hay una persona con parálisis; más adelante, una señora con cáncer en la garganta; a la cuadra para abajo,
una señora murió por insuficiencia renal. Incluso en una familia murió
el papá de leucemia, la mamá de cáncer de mama y el hermano de cáncer de
hígado”, asegura.
Zulma, la hija de doña Chave,
falleció el 25 de julio de 2011; ese mismo mes, dos de sus amigas
también murieron. “Mi hija tenía 36 años; sus compañeras, la misma edad:
una murió de cáncer de cuello uterino y la otra de pulmón. Ese mismo
mes enterramos a tres jóvenes de nuestro pueblo”.
De 2002 a 2016, las mujeres
representaron el 54 por ciento de las muertes por cáncer en la zona,
revelan los datos sistematizados por la Coordinadora por una Atoyac con
Vida. La mayor incidencia fue de cáncer de cuello uterino y mama.
Samuel Rosado, economista de la UNAM que
participó en la investigación del Centro Fray Julián Garcés, observa
que “el cáncer de mama y el de ovario son los que más se relacionan con
la contaminación industrial. La probabilidad de tener estos tipos de
cáncer puede aumentar entre 24 y 35 por ciento si estás a menos de 1
kilómetro de una gran industria manufacturera”. Además del cáncer, en
los municipios aledaños al Atoyac las mujeres sufren abortos
espontáneos.
“Ésa no es la muerte que uno espera.
Tenemos derecho a la vida y a un ambiente sano”, comenta Crescencia Cano
Flores, hermana de doña Chave y quien también ha visto cómo la vida de su tercera hermana se degrada poco a poco a causa del tumor cerebral.
Reunidos en casa de doña Crescencia para
contar las historias de sus parientes enfermos o fallecidos, vecinos de
esta localidad comentan a Contralínea que en el pueblo es cada
vez más común escuchar que alguien ha enfermado por tumores cerebrales.
Todos afirman padecer fuertes dolores de cabeza principalmente por las
mañanas, cuando aumentan las emisiones contaminantes de las industrias.
Gobiernos negligentes
Los altos índices de mortandad por
enfermedades terminales asociadas científicamente a las sustancias
tóxicas industriales, que sobrepasan por mucho la media nacional, no han
sido suficientes para que las autoridades pongan un freno a la
contaminación de las empresas y mucho menos para asistir a las miles de
víctimas.
La negligencia no sólo es de la Conagua,
encargada de regular las descargas industriales al río, sino también de
las autoridades sanitarias y medioambientales federales y estatales.
En Tlaxcala, por ejemplo no se cuenta
con un sistema de salud que atienda a los miles de enfermos: son las
familias las que costean los gastos para el traslado del paciente hasta
la Ciudad de México.
Contralínea solicitó conocer la
versión de la Secretaría de Salud tlaxcalteca, pero Lorena Flores,
funcionaria del área de comunicación social, informó que el director de
hospitales, doctor René Farfán, le señaló que ellos no tienen ningún
registro de enfermedades como el cáncer ni de su relación con la
contaminación en el río Atoyac, motivo por el cual declinó conceder la
entrevista.
Esa indolencia para reconocer el
problema es a la que se enfrentan, día a día, los habitantes de
Tlaxcala, que van de un lado a otro en busca de atención médica y en su
entidad no la encuentran. “Sólo tenemos un centro de salud y no hay
especialistas en las enfermedades que presentamos. Yo debía comprar
medicamentos para mi hija, el más barato me costaba 1 mil 500 pesos y
era cada semana”, asegura doña Chave.
En su desesperación, algunos vecinos van
de casa en casa pidiendo limosna para poder costear las convalecencias,
porque en Tepetitla ni siquiera hay ambulancias públicas.
En Puebla, la otra entidad afectada por
la contaminación industrial de la cuenca, la situación no es mejor: los
servicios sanitarios no son altamente especializados, a pesar de que en
su página de internet la Secretaría de Salud del estado gobernado por
Guillermo Pacheco da cuenta de las “enfermedades asociadas con el río
Atoyac”.
Entre los padecimientos cita
intoxicación por arsénico y por plomo [metales pesados asociados al
cáncer], hepatitis A, retraso cognitivo, retraso en el desarrollo,
cólera, fiebre tifoidea, ascariasis, esquistosomiasis, paludismo,
desnutrición y legionelosis.
Respecto de la entrevista que solicitó Contralínea
para conocer cómo enfrentan estos padecimientos de su población, la
Secretaría de Salud estatal respondió –a través de Sonia Hidalgo, del
área de comunicación social– que no puede dar una postura porque ese
tema le corresponde a la Secretaría de Ambiente.
El gobierno federal tampoco aceptó
revelar si cuenta o no con una ruta sanitaria para atender la emergencia
en la cuenca del Atoyac. A través de su área de comunicación social, la
Secretaría de Salud –que encabeza el doctor Jorge Alcocer– aseguró
tramitar la solicitud de entrevista sin que al cierre de esta edición, y
después de 1 mes de gestiones, haya dado respuesta.
Para el doctor Arellano Aguilar, en la
cadena de responsabilidades el sector salud es el más omiso, tanto a
nivel federal como a nivel estatal. “No hay atención directa a los
afectados, no hay un reconocimiento de que esas enfermedades sean por la
contaminación. Los niños se están muriendo, los adultos también.
Tenemos una incidencia de leucemia, de insuficiencia renal aguda, y no
están siendo atendidas”.
A la fecha, las autoridades estatales y
federales han sido incapaces de generar una tipificación y relación de
las enfermedades con la contaminación del río Atoyac, a pesar de que
desde 2004 hay antecedentes de puntos de acuerdo de las cámaras de
Diputados y Senadores para atender la alta incidencia de cáncer y
enfermedades asociadas a los tóxicos industriales. Mientras los
gobiernos vuelven la mirada a la emergencia, las personas fallecen por
miles.
Decenas de evidencias de la responsabilidad industrial
Las evidencias que apuntan a las
industrias como las principales responsables de la crisis sanitaria en
la zona son muchas. La organización ambiental Greenpeace y el doctor
Omar Arellano Aguilar revelaron las diversas sustancias químicas que se
encuentran en el río y su fuente claramente apunta a las empresas.
“Tuvimos una lista de sustancias
químicas, de compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles, que además
están asociados a causar alteraciones de tipo hormonal. Encontramos
sustancias químicas que son cancerígenas y la particularidad es que los
metales pesados [arsénico y plomo, por ejemplo] no se quedan en los
sedimentos, sino que al contacto con el ambiente se volatilizan y se
dispersan por toda la zona”, indica el investigador.
Agrega que la situación es tan crítica
que, cuando realizaban las investigaciones, los pacientes que
participaban de manera voluntaria en el estudio fallecían
repentinamente. “Es una situación realmente frustrante, pero nos alienta
a seguir trabajando en la zona”.
En las inmediaciones del Atoyac, las
personas están expuestas a diferentes sustancias contaminantes, algunas
declaradas como cancerígenas por la OMS, como es el caso del benceno.
Esta sustancia que se utiliza en diversas industrias –como la
petroquímica– se disemina en el aire por ser altamente volátil, lo que
ocasiona que las personas respiren de manera constante este químico.
Aire, suelo y agua envenenan
permanentemente a los pobladores de Tlaxcala y Puebla. Además, según el
investigador Octavio Rosas, las pequeñas empresas vierten sus desechos a
los canales de riego usados en la agricultura, contaminando los
alimentos que consumen los pueblos. “Las sustancias se están filtrando
al subsuelo y están contaminando los acuíferos. Es bastante grave porque
están contaminando el agua de consumo humano”.
“Las sustancias contaminan canales que
utilizan para regar el campo y ahora contaminan también los alimentos”,
confirma la directora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez.
“Yo sueño con el día de poder ver mi río
como era antes, cristalino y con peces. Mientras tanto, no quiero que
muera más gente. Si mi hermana ha muerto, no quiero que nadie más lo
haga”, dice a Contralínea Rebeca Juárez, quien también perdió a su familiar a causa del cáncer.
Muchas industrias, poco control
Para investigadores, defensores de
derechos humanos y pobladores, es claro que la impunidad de las
industrias para contaminar es producto de omisiones y negligencias de
las autoridades del medio ambiente y el agua, sobre todo en el tema de
la regulación de las industrias altamente contaminantes.
La actividad de descargas de sustancias
químicas a los cuerpos de agua se encuentra regulada por la Norma 001 de
la Semarnat, que establece el límite permitido por las industrias para
realizar las descargas a los cuerpos de agua.
“Esta Norma establece límites muy laxos,
demasiados elevados para cualquier industria: aun cuando vierten
contaminantes en el río, están dentro del límite permisible. La Norma
tendría que ser ajustada para que haya límites más estrictos; pero si
eso pasara, todas la industrias quedarían fuera de la Norma, todas
estarían en la ilegalidad. Por eso no lo hacen”, expresa el economista
Octavio Rosas.
Esa ineficiencia se demostró en el
estudio para la clasificación de los cuerpos del agua realizado por la
Conagua en 2005, que determinó que aun con el cumplimiento de la Norma
001-1996, “los límites máximos permisibles de descargas no son
suficientes para que los ríos [como el Atoyac] alcancen la calidad de
agua aceptable”.
A raíz de dicho estudio, esa Comisión
expidió la “Declaratoria de clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac o
Hueyapan y sus afluentes”, que estableció los parámetros que deben
cumplir las descargas de aguas residuales.
La autoridad instauró un procedimiento
administrativo en los estados de Tlaxcala y Puebla en contra de aquellos
que violaran la Norma, lo que derivó en una serie de multas. Sin
embargo, después 14 años la muerte de miles de personas por enfermedades
asociadas a la contaminación evidencia negligencias.
“Así como se pide una concesión para
extraer agua también se pide una para las descargas, pero estos límites
no los respetan. La Conagua aceptó en 2011 que están sobrepasados, el
problema es que la entidad tampoco cuenta con el personal para hacer
diligencias continuas, para estar realmente al pendiente de todas estas
industrias”, asegura la antropóloga Paola Vásquez Santos, adscrita al
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
El problema también se presenta en la
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. De acuerdo con
Alejandra Méndez, la institución “sólo cuenta con cuatro inspectores
para más de 20 mil industrias”. Esto ha propiciado el aumento de
sustancias tóxicas en el río provenientes de las descargas industriales
sin ningún tipo de control real.
La coordinadora del Centro Fray Julián
Garcés señala que “las autoridades han sido omisas. Nosotros hemos
llevado el caso de la contaminación del río en dos ocasiones al Tribunal
Latinoamericano del Agua, para denunciar la situación”.
En 2006, ese Tribunal señaló que “los
compuestos como floruros, cloruros de metileno, tolueno y cloroformo no
están debidamente contemplados en la norma mexicana”. Con la
documentación presentada por las comunidades y el Centro, aseguró que
para entonces dichos compuestos se encontraban por encima de los
parámetros permitidos en otros países.
La defensora Alejandra Méndez agrega que
en 2011 se interpuso una queja ante la CNDH por las diversas
violaciones a derechos humanos que se deriva de esa contaminación, misma
que se resolvió favorablemente a la población. Aunque eso sucedió en
2017, a la fecha la recomendación permanece en estado de incumplimiento.
Identificada con el folio 10/2017, dicha
recomendación “establece que el estado en el que se encuentra el río
está afectando el derecho a la salud de los habitantes”, reconoce el
doctor Rubén Francisco Pérez, coordinador de seguimiento de las
recomendaciones de la CNDH. Y es que se encontró que hay omisión por
parte de las autoridades federales y estatales para el cumplimiento de
las leyes y normas que proporcionan un ambiente sano.
En entrevista con Contralínea,
el doctor Pérez asegura que la recomendación tenía dos grandes tipos de
acciones para las autoridades: primero, las autoridades debían llevar a
cabo obras de saneamiento del río para proporcionarle un ambiente sano a
los habitantes; y, segundo, debían firmar un convenio de colaboración
tanto federal, como estatal y municipal. “Este convenio de colaboración
es un instrumento importante para el cumplimiento de la recomendación,
porque va a darle orden a las acciones que hagan las autoridades”.
Sin embargo, a 2 años de emitida la
recomendación, eso no ha ocurrido. El doctor Rubén Pérez asegura que
esta situación de retraso se debe a la “movilidad política de la zona”.
Resalta el fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Martha Érika
Alonso, los cambios en las autoridades, federales y estatales, en las
presidencias municipales e incluso el incendio en las instalaciones de
Conagua en la Ciudad de México.
“Todos estos movimientos administrativos
y políticos han retrasado la firma del convenio que es una acción
central dentro de la recomendación”, afirma el coordinador de
seguimiento de las recomendaciones de la CNDH.
Aun así, el funcionario asegura que sí
se han llevado a cabo acciones para mejorar la situación del río:
seguimiento a las concesiones y permisos de las industrias, plantas para
potabilizar el agua y campañas de información.
El subdirector de la Dirección de Agua
de la Conagua, Agustín Félix asegura que a raíz de dicha recomendación
la autoridad realizó procesos de fiscalización: “Visitamos cerca de 80
empresas a las cuales se les impuso las sanciones respectivas”. No
obstante, en la zona operan más de 20 mil.
Más aún, el doctor Félix afirma que el
nivel de contaminación del río se debe a las grandes descargas
municipales y no a las industrias. En contravía, investigaciones
académicas y la propia recomendación demuestran que la contaminación se
incrementa en las zonas de las descargas de las industrias, los
llamados corredores industriales.
“Nosotros sabemos que la contaminación
es causada por las fábricas y estas deberían estar obligadas a tratar
sus aguas”, expresa Rebeca Juárez, habitante del municipio de San Rafael
y promotora, junto con otros vecinos, de la queja ante la CNDH.
Las industrias
El corredor industrial de Quetzalcóatl
inicia en el municipio de San Baltazar Temaxcala, en Puebla, y termina
en Tlaxcala. Ahí existe un monitor de contaminación de Conagua que
utiliza un recolector de muestras poco eficiente para regular la
contaminación: al ser poco tecnológico y antihigiénico ocasiona que se
registren otras sustancias lo que altera los resultados, consideran los
expertos consultados.
En el lugar donde se ubica la caseta de
la Conagua se observa, en el medio de la corriente del río, un
recipiente amarrado de manera improvisada con una cuerda que recolecta
las muestras con las cuales la institución valora que las descargas
industriales cumplen con la norma y que la contaminación es producto de
las descargas municipales, es decir de los habitantes.
Al respecto, la senadora Verónica
Delgadillo, del partido Movimiento Ciudadano, señala que es
imprescindible reformar el artículo 10 de Ley de Responsabilidades
Ambientales para corregir este daño.
Asegura que es una total
irresponsabilidad la actuación de las diversas autoridades encargadas de
sancionar a las empresas que contaminan las fuentes de agua. “El 45 por
ciento de las cuencas hídricas del país tiene un grado bajo de
contaminación, el 24 por ciento están altamente contaminadas y sólo el
18 por ciento de las descargas industriales reciben tratamientos”.
La senadora exige “que haya sanciones
para todos: las autoridades que están siendo omisas en el seguimiento y
también para las empresas públicas o privadas, que están siendo
irresponsables en sus descargas”.
Estatus de la Recomendación 10/2017
Dictada hace 2 años, la Recomendación
10/2017 avanza a pasos de tortuga. La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos proporcionó información a Contralínea donde se evidencia el cumplimiento que ha dado cada autoridad responsable.
A Conagua, por ejemplo, se le formularon
16 recomendaciones y hasta la fecha ninguna se ha cumplido. El tema no
es menor: la Comisión está encargada de consolidar el convenio con las
demás autoridades, pero éste “aún está en proyecto el documento de
trabajo de convenio”.
La recomendación resalta los estudios
hechos por la Conagua alrededor del río, principalmente los índices de
calidad del agua que la autoridad federal hizo en los años 1999 a 2007,
en el que se hace evidente que 54 por ciento del agua no es apta para
ningún tipo de uso debido a su alto nivel de contaminación.
En total, la CNDH formuló 159 recomendaciones a las distintas autoridades, de las cuales sólo se han cumplido nueve.
Lauren Franco, enviada
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