Les llegó la hora a los autores de la “verdad histórica”

El exprocurador general Jesús Murillo Karam y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, responsables. Foto: Germán Canseco

PROCESO

Por Rafael Croda , 8 julio, 2019 Eje Sur

BOGOTÁ (apro).- La llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, según la cual los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos y este grupo criminal los asesinó y los incineró en el basurero de Cocula la madrugada del 27 de septiembre de 2014, está sepultada por un conjunto de evidencias que exhiben a los autores de esa insostenible versión.
Para la justicia mexicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y diversos organismos humanitarios alrededor del mundo, la “verdad histórica” fue una construcción de la Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto, quien hasta el final de su mandato se aferró a esa “verdad”.

El problema para Peña Nieto y para sus colaboradores que estuvieron involucrados en la investigación de la Noche de Iguala, es que muchos de ellos dejaron un rastro presuntamente delictivo frente al cual deberá actuar la nueva Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR).
La CIDH, el GIEI, Naciones Unidas y un tribunal federal con sede en Tamaulipas acreditaron que en las indagaciones de la desaparición de los 43 normalistas hubo múltiples casos de tortura.

Algunos de los torturados habían rendido testimonios, en esas circunstancias de maltrato, que se ajustaban a la “verdad” que se empeñó en construir la PGR.
En su informe de abril de 2016, el GIEI denunció que la PGR no sólo demoró indefinidamente la práctica de muchas pruebas solicitadas por ese grupo, sino que se negó a indagar líneas de investigación diferentes a la “verdad” oficial.
Las obstrucciones, dilaciones, ocultamientos y omisiones en la investigación que denunciaron diferentes instituciones mexicanas e internacionales nunca fueron tomadas en serio por el gobierno de Peña Nieto porque, según conoció el GIEI, la mayoría de esas irregularidades habrían sido alentadas por funcionarios de alto nivel.

“Es claro que hubo un rechazo latente a versiones distintas a la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario”, indicó el GIEI en su informe de hace tres años.

Y en una sentencia demoledora para la PGR de Peña Nieto, un tribunal federal con base en Reynosa, Tamaulipas, determinó en junio de 2018 que la investigación del caso Ayotzinapa fue parcial y “estuvo dirigida a practicar y poner solo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos”, la llamada “verdad histórica” que lanzó en enero de 2015 el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
De acuerdo con la sentencia del tribunal colegiado, “se dejaron de explorar otras líneas de investigación”, por lo cual los magistrados ordenaron una nueva investigación que debía estar a cargo de una comisión independiente.
Es decir, las fallas y manipulaciones en la investigación están suficientemente sustentadas. Lo que hace falta es actuar frente a ellas.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador instaló en enero pasado una Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, y hace unos días la FGR anunció la creación de una Unidad Especial para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Estará a cargo del abogado de derechos humanos Omar Gómez Trejo, quien fue secretario técnico del GIEI y tiene la confianza de los padres de los 43 estudiantes y de organismos internacionales.
La exintegrante del GIEI Ángela María Buitrago considera que una de las prioridades de la nueva Unidad debe ser investigar a los autores de la “verdad histórica”.
Entre ellos, la exfiscal colombiana menciona al exprocurador Murillo Karam; al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, y a los directores y fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que llevaron el caso.
El GIEI pidió desde 2015 crear una unidad independiente para investigar la desaparición de los normalistas, pero el gobierno de Peña Nieto nunca estuvo interesado en soltar el control del expediente.
Los integrantes del GIEI, quienes enfrentaron una feroz campaña en México cuando comenzaron a cuestionar la investigación de la PGR y la negativa del Ejército a informar sobre lo que había ocurrido en Iguala las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014, se enteraron de que la SEIDO nunca soltó el caso, a pesar de que formalmente se lo entregó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Gómez Trejo, el titular de la Unidad Especial del caso Ayotzinapa, conoce muy bien el expediente, así como las obstrucciones, omisiones y manipulaciones que tuvo la investigación.
Sabe quiénes fueron algunos de los responsables de esas irregularidades y está familiarizado con las denuncias que han hecho instituciones mexicanas y organismos internacionales sobre las declaraciones bajo tortura que condujeron a la “verdad histórica”.
Es evidente que existe voluntad política para desarrollar una investigación imparcial e independiente sobre un caso que indigna a México y que marcó el inicio de la debacle del gobierno de Peña Nieto.
Pero la voluntad política es insuficiente para una investigación de esta complejidad que, además, ha sido manipulada y que es sobre un hecho criminal ocurrido hace cerca de cinco años.
Un policía mexicano de la vieja guardia solía decir a los reporteros de la fuente judicial: “El tiempo que pasa, es la verdad que se aleja”.
Frente al reto, Gómez Trejo necesitará un equipo de peritos competente e investigadores con un historial sin tacha, imparciales y honestos, algo difícil de encontrar en las instituciones policiacas y de procuración de justicia en México.
Ángela María Buitrago cree que en la actual Fiscalía General y antigua PGR hay gente “buena, honesta, que cree en la justicia y que está dispuesta a contar la verdad sobre quiénes obstruyeron la investigación”. Sólo hay que darles garantías de seguridad para que puedan hablar, señala.
Buitrago fue invitada por el gobierno mexicano, junto con otros exintegrantes del GIEI, para coadyuvar a la investigación del caso Ayotzinapa en su nueva etapa. Ella está más que dispuesta a desempeñar ese papel. Sólo está afinando los detalles de su participación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la institución convocante del grupo de expertos.
La académica de la Universidad Externado y doctora en derecho sabe que la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa y todos los involucrados en la nueva investigación estarán sometidos a presiones de diferentes grupos de interés.
A Buitrago le parece “increíble” que aún haya en México defensores de la “verdad histórica” que siguen atacando al GIEI.

“Son personas –dice— que no conocen el expediente, que sin ninguna duda están defendiendo a alguien o que asumieron desde hace años una posición que saben que es insostenible, pero de la que no se quieren retractar para no perder credibilidad. No saben que, al defender lo que defienden, ya perdieron la credibilidad”.

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