Covid-19 expone desmantelamiento del sector salud por gobiernos del PRI y PAN
La
crisis derivada del crecimiento exponencial de pacientes infectados por
el virus SARS-CoV-2 en México desnudó quizás el más letal de los
efectos del neoliberalismo: el desmantelamiento de un sector del que
dependen la salud y la vida de millones de mexicanos.
Si bien desde el arribo al poder de
Miguel de la Madrid Hurtado, en 1982, los hospitales públicos, tanto los
destinados a la atención de trabajadores amparados en la seguridad
social del apartado “A” como del “B”, y los de la Secretaría Salud,
enfocados a atender a la población en general, comenzaron un gradual
declive tanto en su infraestructura, equipamiento y personal
especializado, fue en los gobiernos panistas donde se les dio la
puntilla con la subrogación de diversos servicios como el de las
guarderías que derivó en tragedias como la de la Guardería ABC de
Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 niños y 106 resultaron
con secuelas de por vida.
El déficit no solo de camas sino de
medicamentos, médicos y enfermeras tornó la atención médica en México en
una quimera constitucional de morales consecuencias. Desde el arribo al
poder de Vicente Fox en el 2000, los panistas encontraron en la
subrogación de servicios un negocio rentable a costillas de la salud de
los mexicanos.
Con el narcogobierno de Felipe
Calderón las cosas llegaron a extremos de cinismo homicida, cuando se
permitió que bodegas inseguras fueran habilitadas como guarderías para
que familiares de la entonces primera dama Margarita Zavala, y hasta
gobernadores, obtuvieran millonarios ingresos con contratos firmados con
el Seguro Social. Tales fueron los casos de Marcia Matilde Altagracia
Gómez del Campo y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.
A la fecha basta con acudir a cualquier
sala de urgencias del ISSSTE, IMSS o de los hospitales del sector salud,
o a las clínicas de atención familiar, para constatar el estado de
quiebra absoluta que priva en la atención a la salud de millones de
personas.
Razón más que suficiente para que la
aparición del coronavirus en México pusiera en evidencia al endeble
sistema de salud oficial y, de cara a la terrible realidad, el abandono
en que se tuvo por décadas a un sector que en cualquier país del primer
mundo es de primer orden. La tecnocracia neoliberal terminó de ver a la
atención médica, parte fundamental de la seguridad social y de los
derechos humanos, como una apetecible mina de oro.
El sistema de salud en ruinas que
atestigua todo el país, es producto del brutal desmantelamiento del
sector que por seis sexenios careció de la atención y los recursos
públicos necesarios para su fortalecimiento y crecimiento. Si bien es
cierto que año con año los gobiernos neoliberales se jactaron de elevar
los presupuestos en la materia, también lo es que buena parte de esos
recursos fueron devorados por la corrupción y las subrogaciones de las
que ya hablamos.
No puede concebirse que en el pasado
sexenio se hayan quedado a medio construir decenas de hospitales por
todo el territorio nacional y que muchos de los que fueron inaugurados
resultaran nosocomios utilizados como tinglados para el lucimiento
personal de diversos políticos que tuvieron la osadía de cortar listos
en unidades médicas que carecían de los equipos más esenciales, pero
sobre todo de médicos y enfermeras.
El criterio empleado por los
neoliberales para justificar la entrega de diversos servicios a empresas
privadas fue que se ahorraban cuantiosos recursos al erario, lo cual ha
resultado una falacia porque con los multimillonarios despilfarros bien
se hubieran podido comprar el equipo y costear al personal para atender
a los pacientes que requieren tratamientos de hemodiálisis, por citar
uno de tantos casos.
A la fecha hay una brutal desproporción
entre el número de camas destinadas a la hospitalización, urgencias y
terapia intensiva en instituciones como el IMSS y el ISSSTE y el número
de sus derechohabientes.
Dejemos que las cifras hablen: para
atender a unos 88 millones de derechohabientes en todo el país, el
Seguro Social y el ISSSTE cuentan apenas con unas 12 mil camas; 3 mil
800 de este total se destinan al área de urgencia, razón por la que se
explican las tétricas escenas difundidas desde hace largo tiempo en las
redes sociales, de pacientes tirados en el suelo en espera de ser
atendidos. Desde ya varios años, la demanda supera con creces a la
oferta hospitalaria. Y ni qué decir de la capacidad para atender a sus
salas de terapia intensiva, donde ambas instituciones apenas y
contabilizan mil 553 camas.
En lo que respecta a la Secretaría de
Salud, entidad encargada de brindar atención médica a por lo menos unos
40 millones de mexicanos que subsisten en la informalidad y no tienen
acceso al IMSS o al ISSSTE, y forman parte de la población más
vulnerable, el número de camas para atención hospitalaria es de 39 mil
400 camas; otras 5 mil son para urgencias y mil 553 para terapia
intensiva.
Se entiende así por qué el temor de que
un crecimiento exponencial de casos de Covid-19 en México pueda rebasar
la capacidad de hospitales públicos. Además, a tal déficit de camas hay
que sumarle la carencia de suficientes equipos para atender a los
pacientes que requieran de una atención especializada para salvar sus
vidas. En todo el sector salud hay apenas 5 mil 523 de estos aparatos;
el IMSS cuenta con 2 mil 896; ISSSTE 330, y la Secretaría de Salud 2 mil
53.
De ahí la urgencia de comprarlos a China
u otro país que pueda surtirlos con la premura que amerita la actual
emergencia sanitaria, como otros tantos insumos de los que carece el
personal de los nosocomios gubernamentales, que están expuestos a ser
contagiados por la ausencia de caretas y cubrebocas.
Pero no solo es en materia de camas y
equipos donde hay graves carencias, las cifras revelan que en nuestro
país las instituciones públicas del sector salud carecen de personal
suficiente para atender a millones de habitantes. De acuerdo con cifras
oficiales, se requieren de unos 200 mil médicos más y 250 mil enfermeras
para brindar una mejor atención a la población en su conjunto, sea o no
asegurada.
Preocupa el saber que para atender la
actual contingencia solo existan en los hospitales públicos mil
especialistas en terapia intensiva. El renglón de la salud deberá tener
apoyos prioritarios y suficientes, porque sin duda que miles de
mexicanos perderán sus empleos por la crisis económica que vendrá como
consecuencia en la paralización de la economía. Unos 350 mil ya quedaron
en la cesantía y la cifra podría dispararse hasta un millón de nuevos
desempleados.
Será la Secretaría de Salud la entidad
que deberá absorber para su atención médica a los mexicanos que dejarán
de cotizar al IMSS o al ISSSTE. De ahí la urgente necesidad de
fortalecer en su conjunto al sector salud del país.
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