Inoportuno, replantear pacto fiscal: expertos

Si un estado quiere salirse del acuerdo dejaría de recibir aportaciones de los ramos 28 y 33, lo que pondría en riesgo a la población en materia de seguridad, salud, educación y otros servicios.

Elizabeth Albarrán 15 de abril de 2020, 01:44

Replantear en estos momentos un nuevo pacto fiscal, como sugieren algunos gobernadores, sería desastroso para el país, especialmente para los estados del sur, donde los niveles de pobreza y de informalidad laboral son mayores, coincidieron especialistas en finanzas subnacionales.
“Es un mal momento, porque estamos en medio de una emergencia sanitaria que nos debería concentrar más en cómo solucionar el problema sin dañar tanto las finanzas locales”, expuso Ricardo Gallegos Miranda, director de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings.
Lo anterior lo mencionó en referencia a lo que están demandando algunos gobernadores de estados como Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Jalisco, que consideran que se debe replantear el pacto fiscal, bajo el argumento de que los recursos que les entrega la Federación no son suficientes y no corresponden con los ingresos que aportan.
Detalló que hay dos aspectos fundamentales por los que no se debería replantear en estos momentos el federalismo: la recesión económica mundial y otros efectos que genere la pandemia del coronavirus.
“El problema es que, ante un menor crecimiento de la economía, menores son los ingresos que se generarán en el país, y, por tanto, a los estados les queda poco margen de maniobra en sus finanzas. Estamos en un contexto de emergencia sanitaria y lo que menos debe preocupar es el replanteamiento del pacto fiscal”.
Pedro López Elías, presidente y socio fundador de López Elías Finanzas Públicas, coincidió en que este no es el mejor momento para cambiar la Ley de Coordinación Fiscal, pues lo que se debe atender de manera prioritaria es la emergencia sanitaria y no ver cuánto aporta cada estado para recibir más de la federación.
“No es tan sencillo realizar un nuevo federalismo fiscal, y menos si un estado se quiere salir de él. Ello implicaría dejar de recibir aportaciones de los ramos 28 y 33, lo que pondría en riesgo a sus habitantes en materia de seguridad, salud, educación y otros servicios básicos”.
A su parecer, la naturaleza del federalismo fiscal es que los estados aporten para el crecimiento y desarrollo de cada uno. No obstante, hasta el momento ello no ha funcionado del todo bien. Hay estados que por el nivel de industrias que tienen generan mayor riqueza, pero otros, ante la falta de infraestructura de telecomunicaciones o redes industriales, generan menores recursos.
“En Chiapas, la tasa de informalidad laboral al cuarto trimestre del 2019 fue de 71.8%, es decir, son personas que no contribuyen al erario, mientras que en Nuevo León la tasa de informalidad laboral es de 36.8 por ciento. Ahí vemos los contrastes que hay entre cada estado, pero no por ello debemos dejar de cumplir con el federalismo”.
Refirió datos del Coneval en los que se registra que, en Chiapas, el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 1.8 millones en el 2008 a 1.6 millones de personas, mientras que en Nuevo León se redujo de 118,700 a 25,200 personas. “Es evidente que las condiciones son distintas en cada entidad”.

¿Qué pueden hacer los estados para enfrentar el Covid-19?

Los especialistas comentaron que, para enfrentar la crisis del Covid-19 sin afectar las finanzas de los estados y municipios, sería conveniente otorgar ciertos estímulos fiscales a las industrias para evitar el desempleo masivo y reducción en la recaudación de ingresos.
Flavia Rodríguez, directora general de la consultoría Aregional, explicó que gran parte de los ingresos que obtienen los estados es por el Impuesto sobre Nómina, con lo que, si existe una ola de desempleos, las finanzas locales se verán afectadas.
“Si no quieres dañar tus finanzas, lo que debes hacer es crear estímulos fiscales a las empresas para que puedan seguir manteniendo los empleos y a su vez paguen sus impuestos de manera diferida”, expuso.
Abimael Zavala Martínez, socio director del despacho Zavala Abogados, agregó que lo que debe existir primero es un pacto social entre empresas, gobiernos y trabajadores para que resulten lo menos afectados posible.
Por un lado, explicó que los trabajadores al estar en casa quizá reduzcan sus gastos en transporte o comidas afuera, con lo que se les puede pagar 80% de su salario y ello le puede generar espacio a la empresa para enfrentar la situación y no despedir gente.
Después, la empresa puede llegar a un acuerdo con el gobierno para que no le cobre por el momento 100% de los impuestos, quizá sólo 80% y que el otro 20% se lo pague en un plazo diferido.
“De lo que se trata, ante esta situación de emergencia sanitaria, es de que salga lo mejor de cada uno de nosotros, que exista solidaridad de las tres partes, porque, si no, no vamos a llegar a nada, sólo a una crisis más profunda”, destacó el abogado.
Rodríguez expresó que sería desastroso cambiar en estos momentos el pacto fiscal, pues todos los mexicanos perderían.
“Sería un problema que cada estado cobrara sus propios impuestos, pues no todos los estados tienen las mismas condiciones para generar empleos y productividad. El pacto fiscal se hizo para que la Federación cobrara el ISR e IVA y después distribuyera esos recursos a través de normas”, dijo Rodríguez.
Los estados reciben dos grandes apoyos de la Federación. El primero son las participaciones federales (Ramo 28), que buscan generar incentivos para el crecimiento económico. El segundo son las aportaciones federales (Ramo 33), que asignan recursos a los estados en proporción directa a los rezagos y necesidades que tienen en materia de salud, educación, infraestructura y desarrollo social.
elizabeth.albarram@eleconomista.mx

Fuente