A 14 años, persiste impunidad en el caso Atenco
El
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y
el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil) recordaron que
los pasados 3 y 4 de mayo se cumplieron 14 años de la represión social,
detenciones arbitrarias y uso sistemático de la tortura –incluida la
sexual– por policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador
Atenco, Estado de México.
Añadieron que la impunidad persiste, a
pesar de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) para resolver el caso y la no repetición.
Actualmente existe una nueva
investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y
aún sigue abierta la investigación en la fiscalía local del Estado de
México, cuyas deficiencias fueron expuestas en la sentencia emitida por
la Corte IDH [en diciembre de 2018], por ser incompatibles con los
estándares internacionales en materia de investigación de casos de
tortura.
La Corte IDH ordenó al Estado mexicano
–en un plazo de 2 años– fortalecer el mecanismo interinstitucional
contra la tortura sexual a mujeres, coordinado por la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y crear un
observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la
rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del
Estado de México.
El mecanismo interinstitucional fue
suspendido de facto desde octubre de 2019, a causa de una supuesta
revisión institucional. Hasta la fecha las autoridades no han reactivado
este proceso. Respecto a la creación del Observatorio independiente del
uso de la fuerza, el Estado no ha realizado acción alguna encaminada a
su cumplimiento.
Los defensores de derechos humanos
mencionaron en un comunicado que, el Estado mexicano ha tenido la
oportunidad de avanzar en las dos órdenes y no lo ha hecho, sus demoras
prolongadas amenazan con imposibilitar la orden de la Corte IDH.
Por lo anterior, las mujeres
sobrevivientes del caso Atenco con la campaña nacional Rompiendo el
Silencio, el Centro Prodh y Cejil llamaron al Estado para cumplir estas
medidas fundamentales dentro del plazo otorgado por la Corte IDH.
El caso Atenco demuestra la latente
necesidad de transformar con medidas estructurales al país, ya que si
México pretende consolidarse como un Estado democrático tendrá que
romper con las prácticas generalizadas de tortura sexual a mujeres;
encarcelamiento de personas inocentes y falta de investigación de graves
violaciones a derechos humanos, indicaron.
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