Más dientes para las autoridades y regulación del outsourcing, los próximos desafíos
EL ECONOMISTA
La llegada a México de la pandemia del Covid-19 frenó los nuevos ajustes en materia laboral que analizaban las comisiones de Trabajo al interior del Congreso de la Unión.
A un año de la entrada en vigor de la reforma laboral, el Poder Legislativo no logró un acuerdo en materia de tercerización. También le faltó ponerle dientes a la ley para evitar abusos de líderes sindicales. Y el terreno que no avanzó ahora está invadido por una pandemia llamada Covid-19.
No todos los congresos locales están pudiendo sesionar para modificar sus legislaciones y empatarlas con la Ley Federal del Trabajo. No lo hicieron antes, y ahora esta crisis por el coronavirus les impide crear las leyes orgánicas para los nuevos centros de conciliación, dice la senadora Patricia Mercado (MC), secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.
Manuel Baldenebro (PES), presidente de
la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, opina que para
muchos empleados, “que han batallado contra las viejas prácticas del
sindicalismo en nuestro país, nada ha venido a cambiar la reforma laboral”.
En mayo del 2019 entraron en vigor las leyes secundarias que asentaron las modificaciones constitucionales del 2017. Una nueva forma de justicia laboral, libertad sindical y centros para privilegiar la conciliación antes que la judicialización eran la promesa.
Pero quedó un pendiente: una nueva regulación al outsourcing. En ambas cámaras surgían iniciativas casi cada semana. Sólo la comisión de Trabajo en el Senado logró un dictamen que fue frenado antes de pasar al pleno.
“Nos metimos a la discusión con muchas diferencias”, reconoce Patricia Mercado. En febrero pasado se llevó a cabo un segundo Parlamento Abierto en material laboral en ambas cámara del Congreso, esta vez específicamente sobre la tercerización.
Si bien de ahí salió un consenso sobre la creación de un registro de empresas que provean ese tipo de servicios, tampoco se ha podido avanzar porque, en lo general, en la coalición mayoritaria, encabezada por Morena “sigue faltando un acuerdo sobre la reforma”.
Eso, al mismo tiempo, impidió que la comisión de Trabajo en el Senado sesionara e invitara a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, para “darle un seguimiento” a la implementación de la reforma, indicó la senadora. Y luego… luego llegó la epidemia.
Sin embargo, afirma, “existe un acuerdo para terminar con el outsourcing abusivo y para reconocer los derechos de trabajadores”. Una vez que se levanten las medidas de sana distancia, confía en que lo puedan lograr.
En tanto, la nueva justicia laboral no entre en vigor, hasta que las juntas de Conciliación y Arbitraje sigan “haciendo acuerdos debajo del agua”, la reforma no tendrá mayor peso para los trabajadores, indica. “Mientras no estén en funciones los juzgados laborales, todo sigue igual”.
Pero, además, hace falta algo más que no se estableció en las modificaciones del 2019: sanciones. “Sí, el voto personal, libre y directo, la equidad de género en los comités directivos. Todo eso queda invalidado si se le sigue permitiendo a los líderes continuar con sus corruptelas. Nos faltó ponerle dientes a esta reforma”.
Es decir, si quienes están al frente de los sindicatos hacen trampa para ser reelegidos o para imponer a otros líderes, y quizás un juez del nuevo modelo de justicia laboral falla en favor de los trabajadores, sólo le ordenará reponer el proceso. “Pero al líder no lo multan, no le hacen nada”.
El diputado presentará una iniciativa, adelanta, que prevea sanciones al menos para los abusos que se den en los sindicatos del apartado B del Artículo 123 de la Constitución, es decir, los de empleados del sector público.
Si comete algún tipo de fraude, podría ser inhabilitado en su ejercicio de servidor público, “dejaría de percibir ese salario”. Dependiendo de la gravedad de la falta, “podría no volver a participar en la organización gremial”.
Sin embargo, el problema seguiría con los sindicatos que no pertenecen a ese apartado y representan a trabajadores de empresas. O con los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), agrega, porque a ellos no se les podría ni inhabilitar. “Habría que buscar una sanción administrativa”.
Para el diputado es urgente que se establezcan candados, “porque va más allá de un fraude. Algunos líderes se atreven a amenazar, a golpear. Es necesario frenarlos y quitarles lo valientes”.
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La llegada a México de la pandemia del Covid-19 frenó los nuevos ajustes en materia laboral que analizaban las comisiones de Trabajo al interior del Congreso de la Unión.
Escrito por:
Blanca Juárez
A un año de la entrada en vigor de la reforma laboral, el Poder Legislativo no logró un acuerdo en materia de tercerización. También le faltó ponerle dientes a la ley para evitar abusos de líderes sindicales. Y el terreno que no avanzó ahora está invadido por una pandemia llamada Covid-19. No todos los congresos locales están pudiendo sesionar para modificar sus legislaciones y empatarlas con la Ley Federal del Trabajo. No lo hicieron antes, y ahora esta crisis por el coronavirus les impide crear las leyes orgánicas para los nuevos centros de conciliación, dice la senadora Patricia Mercado (MC), secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.
En mayo del 2019 entraron en vigor las leyes secundarias que asentaron las modificaciones constitucionales del 2017. Una nueva forma de justicia laboral, libertad sindical y centros para privilegiar la conciliación antes que la judicialización eran la promesa.
Pero quedó un pendiente: una nueva regulación al outsourcing. En ambas cámaras surgían iniciativas casi cada semana. Sólo la comisión de Trabajo en el Senado logró un dictamen que fue frenado antes de pasar al pleno.
“Nos metimos a la discusión con muchas diferencias”, reconoce Patricia Mercado. En febrero pasado se llevó a cabo un segundo Parlamento Abierto en material laboral en ambas cámara del Congreso, esta vez específicamente sobre la tercerización.
Si bien de ahí salió un consenso sobre la creación de un registro de empresas que provean ese tipo de servicios, tampoco se ha podido avanzar porque, en lo general, en la coalición mayoritaria, encabezada por Morena “sigue faltando un acuerdo sobre la reforma”.
Eso, al mismo tiempo, impidió que la comisión de Trabajo en el Senado sesionara e invitara a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, para “darle un seguimiento” a la implementación de la reforma, indicó la senadora. Y luego… luego llegó la epidemia.
Sin embargo, afirma, “existe un acuerdo para terminar con el outsourcing abusivo y para reconocer los derechos de trabajadores”. Una vez que se levanten las medidas de sana distancia, confía en que lo puedan lograr.
La reforma sin dientes
El balance del diputado Manuel Baldenebro sobre la reforma laboral es que para la gran mayoría de los trabajadores sindicalizados nada ha cambiado. Quienes dirigen las organizaciones gremiales “siguen aferrados a las viejas prácticas de corrupción”.En tanto, la nueva justicia laboral no entre en vigor, hasta que las juntas de Conciliación y Arbitraje sigan “haciendo acuerdos debajo del agua”, la reforma no tendrá mayor peso para los trabajadores, indica. “Mientras no estén en funciones los juzgados laborales, todo sigue igual”.
Pero, además, hace falta algo más que no se estableció en las modificaciones del 2019: sanciones. “Sí, el voto personal, libre y directo, la equidad de género en los comités directivos. Todo eso queda invalidado si se le sigue permitiendo a los líderes continuar con sus corruptelas. Nos faltó ponerle dientes a esta reforma”.
Es decir, si quienes están al frente de los sindicatos hacen trampa para ser reelegidos o para imponer a otros líderes, y quizás un juez del nuevo modelo de justicia laboral falla en favor de los trabajadores, sólo le ordenará reponer el proceso. “Pero al líder no lo multan, no le hacen nada”.
El diputado presentará una iniciativa, adelanta, que prevea sanciones al menos para los abusos que se den en los sindicatos del apartado B del Artículo 123 de la Constitución, es decir, los de empleados del sector público.
Si comete algún tipo de fraude, podría ser inhabilitado en su ejercicio de servidor público, “dejaría de percibir ese salario”. Dependiendo de la gravedad de la falta, “podría no volver a participar en la organización gremial”.
Sin embargo, el problema seguiría con los sindicatos que no pertenecen a ese apartado y representan a trabajadores de empresas. O con los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), agrega, porque a ellos no se les podría ni inhabilitar. “Habría que buscar una sanción administrativa”.
Para el diputado es urgente que se establezcan candados, “porque va más allá de un fraude. Algunos líderes se atreven a amenazar, a golpear. Es necesario frenarlos y quitarles lo valientes”.
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