Reforma laboral cumple su primer año con ambiciosos pendientes en puerta
Los cambios a la Ley Federal del Trabajo en
vigor desde mayo del 2019 plantean un nuevo sindicalismo y la
posibilidad de una fuerza laboral más activa en la defensa de sus
derechos.
La reforma laboral en materia de justicia laboral y democracia sindical cumplió un año de haberse promulgado.
Su primer aniversario llega a unos meses de que entre en vigor el nuevo
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), negociación que
terminó de sentar las bases de las nuevas reglas para los sindicatos y
la resolución de conflictos obrero-patronales en el país.
“La reforma laboral viene de una demanda histórica y de muchas luchas de mujeres y hombres que durante mucho tiempo lucharon por la democratización en el mundo del trabajo en nuestro país”, expresó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La reforma constitucional del 2017 y la negociación del T-MEC fueron la antesala de la reforma laboral del 2019.
“Hay que recordar de dónde venimos, un sistema muy controlado, y esto lo podemos demostrar por muchísimas circunstancias. De entrada, antes era un viacrucis conseguir un registro sindical (…) Por el otro lado, las elecciones democráticas eran muy poco vistas, sólo algunos sindicatos tenían en de sus estatutos el voto secreto”, expuso Alcalde Luján.
La reforma laboral establece la obligación de los sindicatos de adoptar en sus estatutos el voto personal, libre, secreto y directo para elegir a sus directivas, realizar elecciones transparentes y demostrar que cuentan con el respaldo de la mayoría de los trabajadores para firmar un contrato colectivo de trabajo, entre otras nuevas reglas.
Por otra parte, el segundo eje de la reforma es un nuevo modelo de justicia laboral que pretende garantizar una resolución rápida y expedita de los conflictos del mundo del trabajo, con menos judicialización y dando más peso a la conciliación.
Para ello, surgirán nuevas autoridades laborales, como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tribunales laborales federales —dependientes del Poder Judicial— y centros de conciliación y tribunales locales; además desaparecerán las actuales juntas de Conciliación y Arbitraje.
Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, consideró que ya es imposible dar revés a la democracia sindical que plantea la reforma laboral del 2019. A pesar de que hay “dirigentes corporativos” que piensan que el escenario seguirá igual, las nuevas reglas de representación gremial se verán reflejadas cuando los trabajadores se organicen y cuestionen a las actuales direcciones.
“México ganó la auténtica relación laboral, la auténtica representación de trabajadores en sus organizaciones y, con ello, la posibilidad de que en el futuro tengamos un incremento de la economía basada en la bilateralidad”, expuso Bouzas.
De acuerdo con la STPS, la modificación de los estatutos para garantizar la democracia plena en los sindicatos tiene buen avance; 85% de las agrupaciones con registro federal ya cumplió con esta obligación.
Sin embargo, la legitimación de contratos colectivos —otra obligación de la reforma— avanza a paso lento. Sólo se han validado 162 de los 500,000 existentes, aunque para cumplir con este requisito los sindicatos aún cuentan con tres años. La Secretaría del Trabajo estima que alrededor de 85% de los contratos colectivos se firma a espaldas de los trabajadores y desaparecerá con este trámite.
La presidenta de la Conasetra opinó que en la medida en la que entren en funciones las nuevas autoridades laborales se verá un mayor activismo de los trabajadores en exigir el respeto de sus derechos. La cultura de la demanda es baja por el desprestigio que llegaron a tener las juntas de conciliación, expresa.
“Con la campaña que se está haciendo en los estados y a nivel federal de la importancia del trabajo digno, de crear una cultura del cumplimiento de derechos, en la que el trabajador se asuma como sujeto de esos derechos, yo sí creo que va a haber más demandas”, afirmó.
En ese sentido, la también encargada de la política laboral de la Ciudad de México destacó que el papel clave lo jugarán los nuevos centros de conciliación.
Para Alfonso Bouzas, los pasos que se han dado para transitar al nuevo modelo de justicia laboral han sido sólidos y la decisión de aplazar los términos para que los sindicatos cumplan con requisitos como la modificación de sus estatutos o procesos de consulta por el Covid-19 han sido acertadas.
A pesar de ello, consideró que el coronavirus y la ola de demandas que podrían caer en las juntas por los despidos injustificados generarán un retraso en la implementación del nuevo modelo.
Fuente
Escrito por:
Gerardo Hernández
La reforma laboral en materia de justicia laboral y democracia sindical cumplió un año de haberse promulgado.
Su primer aniversario llega a unos meses de que entre en vigor el nuevo
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), negociación que
terminó de sentar las bases de las nuevas reglas para los sindicatos y
la resolución de conflictos obrero-patronales en el país. “La reforma laboral viene de una demanda histórica y de muchas luchas de mujeres y hombres que durante mucho tiempo lucharon por la democratización en el mundo del trabajo en nuestro país”, expresó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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“Hay que recordar de dónde venimos, un sistema muy controlado, y esto lo podemos demostrar por muchísimas circunstancias. De entrada, antes era un viacrucis conseguir un registro sindical (…) Por el otro lado, las elecciones democráticas eran muy poco vistas, sólo algunos sindicatos tenían en de sus estatutos el voto secreto”, expuso Alcalde Luján.
La reforma laboral establece la obligación de los sindicatos de adoptar en sus estatutos el voto personal, libre, secreto y directo para elegir a sus directivas, realizar elecciones transparentes y demostrar que cuentan con el respaldo de la mayoría de los trabajadores para firmar un contrato colectivo de trabajo, entre otras nuevas reglas.
Por otra parte, el segundo eje de la reforma es un nuevo modelo de justicia laboral que pretende garantizar una resolución rápida y expedita de los conflictos del mundo del trabajo, con menos judicialización y dando más peso a la conciliación.
Para ello, surgirán nuevas autoridades laborales, como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tribunales laborales federales —dependientes del Poder Judicial— y centros de conciliación y tribunales locales; además desaparecerán las actuales juntas de Conciliación y Arbitraje.
¿Nuevo sindicalismo?
“Es un tema histórico que teníamos que romper. Para todos los estados y todos los secretarios que formamos parte de la Conasetra es nuestra prioridad. Ningún gobierno, ningún secretario de Trabajo quiere que en sus entidades haya corrupción y haya sindicatos que están extorsionando. Sabemos que con esta reforma laboral eso se va a terminar. Entonces, todos estamos encaminados hacia allá”, comentó en entrevista Soledad Aragón, presidenta de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra).Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, consideró que ya es imposible dar revés a la democracia sindical que plantea la reforma laboral del 2019. A pesar de que hay “dirigentes corporativos” que piensan que el escenario seguirá igual, las nuevas reglas de representación gremial se verán reflejadas cuando los trabajadores se organicen y cuestionen a las actuales direcciones.
“México ganó la auténtica relación laboral, la auténtica representación de trabajadores en sus organizaciones y, con ello, la posibilidad de que en el futuro tengamos un incremento de la economía basada en la bilateralidad”, expuso Bouzas.
De acuerdo con la STPS, la modificación de los estatutos para garantizar la democracia plena en los sindicatos tiene buen avance; 85% de las agrupaciones con registro federal ya cumplió con esta obligación.
Sin embargo, la legitimación de contratos colectivos —otra obligación de la reforma— avanza a paso lento. Sólo se han validado 162 de los 500,000 existentes, aunque para cumplir con este requisito los sindicatos aún cuentan con tres años. La Secretaría del Trabajo estima que alrededor de 85% de los contratos colectivos se firma a espaldas de los trabajadores y desaparecerá con este trámite.
Nueva justicia laboral
Uno de los grandes retos para la implementación de la reforma era el presupuesto para poner en marcha las nuevas autoridades de justicia y capacitar a los próximos conciliadores. Ese desafío ya fue superado con la bolsa de 1,400 millones de pesos autorizada por el Congreso, dijo Soledad Aragón.La presidenta de la Conasetra opinó que en la medida en la que entren en funciones las nuevas autoridades laborales se verá un mayor activismo de los trabajadores en exigir el respeto de sus derechos. La cultura de la demanda es baja por el desprestigio que llegaron a tener las juntas de conciliación, expresa.
“Con la campaña que se está haciendo en los estados y a nivel federal de la importancia del trabajo digno, de crear una cultura del cumplimiento de derechos, en la que el trabajador se asuma como sujeto de esos derechos, yo sí creo que va a haber más demandas”, afirmó.
En ese sentido, la también encargada de la política laboral de la Ciudad de México destacó que el papel clave lo jugarán los nuevos centros de conciliación.
Para Alfonso Bouzas, los pasos que se han dado para transitar al nuevo modelo de justicia laboral han sido sólidos y la decisión de aplazar los términos para que los sindicatos cumplan con requisitos como la modificación de sus estatutos o procesos de consulta por el Covid-19 han sido acertadas.
A pesar de ello, consideró que el coronavirus y la ola de demandas que podrían caer en las juntas por los despidos injustificados generarán un retraso en la implementación del nuevo modelo.
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