¡RESISTIR O MORIR!
Una decisión inquebrantable a 11 años del decreto de extinción.
DESPLEGADO EN LA REVISTA PROCESO.
A sus 105 años de vida, el Sindicato Mexicano de
Electricistas acaba de celebrar su primera Asamblea General en forma
semi virtual en un hecho sin precedente en la historia del movimiento
obrero mexicano. Enjundioso como pocos, el SME vive una nueva etapa de
resurgimiento después de que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa
intentó por todos los medios exterminarlo en forma definitiva. Javier
Lozano Alarcón, secretario del trabajo durante el sexenio de Calderón,
llegó a decir que sólo le faltaba el acta de defunción para enterrar la
historia de uno de los sindicatos más longevos de México, cuya tradición
democrática se renueva, esta vez, con el uso de tecnología de punta
para celebrar en medio de la pandemia una Asamblea General sin violentar
las disposiciones sanitarias del gobierno federal. Aquí una breve
reseña de su tragedia y resurgimiento.
Corría el mes de octubre del 2009 cuando Felipe
Calderón Hinojosa se decidió a decretar la extinción del organismo
público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC) respaldado por la
toma policiaca y militar de alrededor de 400 centros de trabajo en un
impresionante despliegue de fuerzas comandadas por el exsecretario de
Seguridad Pública Nacional, ahora preso en los Estados Unidos, Genaro
García Luna.
P. ¿Cómo vivimos los meses y días previos al golpe del 11 de octubre?
MEF. El gobierno de Calderón montó una estrategia
para dividir y dejar en la indefensión jurídica a nuestra organización.
Como lo narra en su libro “Decisiones Difíciles” le tomó meses armarla.
En lo que respecta al SME, en 2009, Calderón se propuso desestabilizar
su vida interna. Para ello, intervino en el proceso electoral para la
renovación de la Secretaria General respaldando a la planilla de
oposición “Transparencia Sindical” que a la larga se convertiría en el
instrumento que, mediante una demanda de nulidad del proceso electoral,
crearía las condiciones políticas propicias para asestarle el golpe
mortal a Luz y Fuerza del Centro. La Dirección del Registro de
Asociaciones a cargo de la Secretaria del Trabajo nos negó la denominada
toma de nota al Comité Central democráticamente electo a través del
voto personal, directo, libre y secreto para el periodo 2009-2011 y con
esa negativa la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)
resolvió, mediante un laudo, la nulidad del proceso electoral
condenándonos a su reposición.
P. Durante los primeros meses del conflicto
sostuvimos la ilegalidad del decreto de extinción. ¿Teníamos otras
opciones para resolver los problemas de LyFC?
MEF. Para nosotros no hay duda de que Calderón
actuó por encima del estado de derecho. En su momento, lo sostuvimos en
los medios de comunicación y procedimos jurídicamente cuestionando la
constitucionalidad y legalidad del decreto de extinción. Incorporamos al
cuerpo jurídico del SME a abogados de renombre, entre otros, a Raúl
Carrancá y Rivas y Néstor de Buen que promovieron sendos juicios de
amparo en contra del decreto de extinción que al final llegaron a
resolverse en la Suprema Corte de la Nación (SCJN) a favor del
usurpador. Hoy hay testimonios de exministros que han denunciado las
presiones del Ejecutivo Federal para someter a la Corte a sus designios.
No olvidamos que los abogados Néstor y Carlos de Buen en septiembre de
2012 vencieron en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia
Laboral a Felipe Calderón, logrando la sustitución patronal de los
electricistas en resistencia en la Comisión Federal de Electricidad
(CFE). Sentencia que fue revocada arbitrariamente por la SCJN el 30 de
enero de 2013. Nos quedó claro que fue una decisión de Estado.
Cuestionamos las facultades del expresidente para
extinguir por decreto un organismo público descentralizado que fue
creado por el poder legislativo, demostramos que el decreto era ineficaz
en tanto que no había cumplido con los procedimientos rectores de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para su promulgación,
denunciamos que la toma policiaca y militar de LyFC no tenía motivación
jurídica y que los derechos humanos y laborales de los 44 mil
trabajadores del organismo habían sido vulnerados con el despido
injustificado que en 2013 la SCJN se encargó de justificar con el
argumento balín de que el despido obedeció a un “caso fortuito y causa
de fuerza mayor” para negarnos el derecho a la sustitución patronal en
CFE.
La sucesión de actos violatorios al estado de
derecho es interminable. De raíz, existían mecanismos jurídicos para
resolver los problemas de LYFC sin recurrir a la extinción del
organismo, el gobierno de Calderón los obvio con la intención de avanzar
en la privatización de la industria eléctrica. En la JFCA se pudo
ventilar, entre la parte sindical y de la administración de LyFC, el
conflicto económico para darle viabilidad a la empresa o bien plantear
la fusión de LyFC y CFE en el sentido de unificar a las dos empresas
públicas prestadoras del servicio. En cualquiera de estos casos se
preservaría el Contrato Colectivo de Trabajo del sindicato y eso era
precisamente lo que el gobierno no quería dejar vigente.
P. ¿La extinción fue un “complot”? Sí, sí lo fue…
LyFC ciertamente estaba castigada financieramente
al estar vetada para generar su propia electricidad. Estaba forzada a
comprar energía en bloque a CFE y luego distribuirla por debajo de su
valor mediante una política de subsidios que quebrantaba la situación
financiera de la empresa. Antes de la extinción estábamos librando una
batalla para darle viabilidad. El sindicato era el más interesado en la
modernización de la atención al usuario y el abatimiento de las pérdidas
de electricidad. Es totalmente falso que el Sindicato no haya cumplido
con las metas del Convenio de Productividad de 2008 que suscribimos
entre las partes con vigencia al 16 de marzo de 2012. En las carpetas de
la Junta de Gobierno de este organismo hay constancia de que estábamos
en el camino de modernizar a LyFC. Incluso Georgina Kessel, Secretaria
de Energía y el director de LyFC Jorge Gutiérrez Vera inauguraron el
nuevo sistema comercial en las oficinas de Juárez 90. Adicionalmente
propusimos la utilización de la fibra óptica de LyFC para dar servicio
de voz, datos e imagen a bajo costo a las escuelas públicas y
hospitales.
Previo al decreto, el gobierno le mintió a la
opinión pública para hacer ver a la empresa como un lastre y al
sindicato como una élite privilegiada por la contratación colectiva, en
realidad, desde la usurpación del poder, los neoliberales estaban
imponiendo las condiciones para privatizar al sector energético del país
e instaurar la flexibilización del trabajo con la reforma regresiva a
la Ley Federal del Trabajo de 2012 que legalizó el outsourcing, mismo
que con el paso del tiempo redundo en la profunda precarización del
trabajo en nuestro país.
Lo hicieron al estilo neoliberal.
P. ¿Por qué decimos que hubo una campaña de medios y de miedos?
La criminalización, persecución y discriminación
de la que fuimos objeto durante todo ese sexenio no tuvo límite. El
aparato del Estado y los medios de comunicación lanzaron una cruzada de
exterminio en contra del SME. No hubo una sola autoridad que se apegara
al estado de derecho: En 2010, la JFCA, en forma arbitraria, dio por
terminadas la relaciones individuales y colectivas de trabajo y canceló
la vigencia del Contrato Colectivo mientras los tribunales nos negaron
la suspensión definitiva del decreto y al final la SCJN, en julio de
2010, convalidó el decreto de extinción declarándolo constitucional. Los
medios de comunicación, con sus excepciones, nos declararon socialmente
non gratos. El gobierno invirtió más de 300 millones de pesos en
propaganda negra para justificar el golpe y deslegitimar nuestra lucha
de resistencia. Ahora se saben muchas de estas maniobras.
La clase política en su mayoría estuvo de acuerdo
con el decreto. Calderón menciona en su libro como obtuvo el
consentimiento de los gobiernos estatales y jefes de los partidos
políticos para golpear al sindicato. No era la economía, ni el interés
público lo que motivó la promulgación del decreto, era el deseo
enfermizo de Calderón de acabar con un sindicato democrático y su
Contratación Colectiva y el objetivo político de aplastar la lucha de
resistencia popular a la privatización de la industria eléctrica. Los
neoliberales no querían postergarla y usaron al Estado para imponerla.
Necesitaban destruirnos.
Lo intentaron ocupando policiaca y militarmente
nuestras instalaciones, la promulgación del decreto y la campaña
mediática de linchamiento. Al mismo tiempo, se hicieron acompañar del
chantaje y el soborno del gobierno a través de la Secretaría del Trabajo
de Javier Lozano. A fin de disolver la lucha de resistencia
electricista al decreto, Lozano ofreció un bono extra en la liquidación y
prometió que los primeros 10 mil electricistas que abandonaran la lucha
serían recontratados en la CFE. 28 mil trabajadores incumplieron el
acuerdo de la Asamblea General, se fueron a liquidar renunciando a la
protección del sindicato. Sobra decir que Lozano nunca cumplió con sus
promesas. Solo 16,599 trabajadoras y trabajadores afiliados al SME se
quedaron a resistir, sin ellas y ellos en este momento no existiría el
SME.
P. ¿Y qué nos dejó tantos años de lucha?
La lucha se prolongó durante años, acudimos a
instancias internacionales, nos movilizamos permanentemente y recibimos
múltiples muestras de solidaridad a nivel nacional e internacional.
Superamos el sexenio de Calderón manteniendo en alto nuestras
reivindicaciones. No nos rendimos, ni siquiera después de que la SCJN
nos negó la sustitución patronal en CFE que ya habíamos ganado. La tenaz
lucha de nuestro movimiento creó las condiciones para encontrar una
salida política al conflicto. El gobierno de Peña Nieto entendió que
nosotros nunca nos íbamos a liquidar ni a renunciar a la movilización.
La fuerza del movimiento abrió entonces un espacio para la negociación
que fue tomando rumbo hasta el acuerdo de julio de 2015.
El contexto del sector había cambiado radicalmente
después de la imposición de la reforma energética de EPN en diciembre
de 2013. Los cambios a los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución
comenzaron a operar inmediatamente después de aprobada la reforma. El
Estado mexicano, en manos de los neoliberales, cedió el control de la
industria al mercado con la intención de hacer prevalecer los intereses
de los privados en el segmento más lucrativo del sector eléctrico como
es la generación de electricidad. La transmisión y distribución de la
energía eléctrica quedó en manos de la CFE que, en este contexto, es
quién asume el mayor costo de la transportación de la energía hacia el
usuario final. Precisamente ahora el gobierno de AMLO esta haciendo
esfuerzos por recuperar el control estatal del sector eléctrico.
En síntesis, bajo este nuevo escenario, el
Sindicato recuperó parcialmente una parte de lo que fue despojado por el
gobierno de Felipe Calderón. Mediante la movilización y la negociación
recuperamos para su uso y explotación las plantas hidroeléctricas de
LyFC, un conjunto de bienes inmuebles no afectos a la prestación del
servicio público de electricidad, con los que constituimos, por un lado,
una empresa de generación eléctrica en sociedad con Mota-Engil y por el
otro, una cooperativa de bienes y servicios para el sector eléctrico,
LF del Centro. En dos años, con la obtención de los dividendos de la
generación constituimos un Fondo de Prevención Social (FIDETRAB) para
las y los compañeros de la resistencia que tiende a reemplazar las
prestaciones contractuales en materia de seguridad social, salud,
educación, cesantía y apoyo solidario por defunción para quienes
resintieron durante todos estos años de lucha. En la negociación
conseguimos la condonación de adeudos de los compañeros con LyFC
incluyendo los del Programa Habitacional. Más de cuatro mil compañeros
de la resistencia recibieron las escrituras en propiedad de sus casas
habitación. El gobierno de Peña Nieto no cumplió con la totalidad de los
acuerdos, dejó pendientes, uno de ellos muy importante: la afiliación
al seguro social de los compañeros que resistieron y el pago del 50% de
la compensación por antigüedad a los 996 compañeros que se beneficiaron
de la obtención de una renta vitalicia que, para ellos, logró el
movimiento de resistencia.
El SME existe, conserva su registro nacional de
sindicato de industria gracias a la firma de varios contratos colectivos
que hemos suscrito con distintas empresas, los miembros de su
dirección, electos por voto personal, libre directo y secreto, tienen su
respectiva toma de nota; El SME de acuerdo a la nueva Ley Federal del
Trabajo promulgada el Primero de Mayo de 2019 llevó a delante los
procedimientos de legitimación democrática de sus contratos colectivos y
celebró en diciembre del año pasado la reforma de sus estatutos como lo
acordó la actual Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Somos un
sindicato existente, legal y legítimamente constituido.
P. ¿Cuál es nuestra opinión de la política energética del actual gobierno?
Nosotros estamos de acuerdo con la política
energética de AMLO que busca recuperar el control de la industria para
los mexicanos. Creemos que, por un lado, es necesario revertir la
reforma energética en forma constitucional y por el otro, que es
necesario instrumentar una política de transición energética hacia las
energías limpias desde el sector público y social con la participación
de las comunidades y pueblos que conservan la potestad de sus recursos
naturales respetando sus derechos, usos y costumbres.
Fraternalmente.
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
C. Martín Esparza Flores.
Secretario General.
Responsable de la Publicación:
C. José Humberto Montes de Oca Luna. Secretario del Exterior.
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