Astillero

Julio Hernández López

Calderón ya no tiene la fuerza política suficiente para sostener una guerra” contra el narcotráfico que ha fracasado, y ahora pretende reacomodar sus tesis bélicas originales mediante diálogos selectivos. Con la idea de distribuir responsabilidades “democráticamente” entre una sociedad a la que no tomó en cuenta para declarar hostilidades irreflexivas y faltas de estrategia, ni ha escuchado a lo largo de casi cuatro años de horror, el comandante en jefe del combate sesgado al mercadeo de drogas se transforma en escucha y polemista, en anfitrión de ideas ajenas y ejecutor de decisiones muy suyas, en cuidadoso analista de las causas de la desgracia nacional que no atina a adjudicarse a sí mismo sino que ahora pretende repartir mediante “aperturas” al debate que transcurren modosas mientras la violencia y el descontrol siguen extendiéndose por todo el país.

Lo peor para ese proyecto felipista de relanzamiento táctico después de las elecciones estatales que finalmente perdió en su gran mayoría, es que los propios invitados a las sesiones oficiales han criticado a fondo diversos aspectos del plan calderonista e incluso han puesto sobre la mesa de discusiones la posibilidad de la legalización del consumo de drogas en México, tesis contrastante con los esfuerzos de confrontación armada desarrollados por Los Pinos, pero que finalmente ha aceptado en grado de hipótesis a analizar. Luego de 28 mil muertes que el gobierno federal adjudica a ojo de buen cubero a asuntos de narcotráfico, sin realizar averiguaciones previas verdaderas ni someterse al sendero procesal obligado que sólo a su final puede permitir que una autoridad sostenga lo que entonces ya sería una verdad jurídica, el felipismo cree oportuno reconsiderar, tomar en cuenta opiniones ajenas, ver desde ángulos diversos el mismo problema e incluso considerar, ¡faltaba más!, la posibilidad de legalizar la materia de lo que hasta ahora ha sido el eje del mal aprovechado por el sexenalismo fallido para desatar un belicismo de ocurrencia.

También muestra fisuras el binomio Gobernación-Secretaría del Trabajo, justo cuando Bucareli pretende desarrollar el papel de bueno de la película. Mientras Francisco bla, bla, Blake tiende redes de seducción a la dirigencia del SME, y traza largos caminos de discusión, análisis y propuestas (que pocas esperanzas fundadas generan), en el flanco del melómano encargado de los asuntos laborales se producen continuos incidentes que enturbian aquel proceso y crean condiciones de retraso y ruptura. Javier Lozano habla del tema del sindicato electricista de tal manera que enardece y provoca, que cierra puertas y genera enconos. Controlador sexenal explícito de los órganos federales de atención de los conflictos del trabajo, Lozano adelanta resoluciones y advierte derrotas a quienes sostienen posiciones distintas a las suyas.

De esa manera, pareciera que así como Calderón jugó con César Nava y Fernando Gómez Mont a la ignorancia convenenciera de los pactos firmados con Enrique Peña Nieto, ahora se usa el clásico esquema del policía bueno y el policía malo para dar largas, debilitar y entrampar a quienes han resistido las órdenes felipistas de liquidación de todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Ayer, en ese contexto, el policía malo habría sufrido, en el vehículo oficial que le transportaba, un ataque con objetos contundentes de parte de personas que rápidamente fueron determinadas por los informantes oficiales como miembros del SME. Debe esclarecerse ese episodio que, de entrada, ofrece dos posibilidades: una provocación montada justamente para enrarecer el ambiente de las “negociaciones” con Bucareli y desatar, como ya sucedió desde ayer en algunos medios electrónicos, una nueva campaña de satanización contra los electricistas despedidos que serían un peligro para Lozano; o un hartazgo de esos trabajadores que estaría rebasando los límites de la tolerancia y que hubiera buscado ayer rutas de desahogo equivocadas en cuanto finalmente estarían ayudando al fortalecimiento del ala de los halcones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El conflicto crece también en Mexicana de Aviación, donde las tretas empresariales de fobaproísmo recurrente pretenden trasladar a los trabajadores el saldo negativo acumulado a lo largo de un historial en que los empresarios se han hartado de ensanchar sus cuentas personales, mientras técnicamente mantienen en crisis y a punto de quiebra los números de ese negocio de aviación, que ha sido una de las muestras contundentes del uso del dinero público para salvar fracasos privados de papel, tras los cuales se han manipulado los haberes para trasladarlos “limpiamente” a las sostenidas y nunca quebradas fortunas de los ejecutivos bien tratados por los gobiernos del PRI y del PAN.

Las vívidas imágenes del día evidencian la falta de una. El cuerpo de Ignacio Coronel fue llevado, para sepultarlo, a la capital del estado que da nombre al más fuerte cártel mexicano. Los restos mortales fueron protegidos por suficiente personal militar como para inhibir intentos de ataque provenientes de organizaciones delincuenciales opositoras a los Coronel, pero también para mantener a resguardo gráfico y periodístico esos cadáveres cuya autentificación corrió a cargo de una particular, una hermana de Nacho, que con su presencia y palabra ha otorgado una especie de aval familiar a los dictámenes forenses correspondientes a lo sucedido días atrás en una colonia adinerada de Jalisco. Esa nube de rígida vigilancia colocada en un sepelio agregará motivos de suspicacia a quienes no se sienten plenamente convencidos de las historias oficiales relatadas hasta ahora.

Y, mientras en la Corte hacen mayoría los criterios liberales frente a los conservadores, y se confirma la constitucionalidad de las reformas legales capitalinas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¡hasta mañana, con la Función Pública haciendo ajustes poselectorales con el gordillismo mediante expedientes del Fovissste!

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