México: Intransigencia presidencial

Eduardo Ibarra Aguirre


Ya es ordinario que cada ocasión que el titular del Ejecutivo federal visita su estado natal Michoacán, entidad que pretendió gobernar y cosechó el fracaso en las urnas, provoque confrontaciones políticas crecientes con los que debiera establecer una interlocución no sólo respetuosa en base a la naturaleza federativa de la república, la autonomía municipal y la separación de los tres poderes, sino también productiva.

Conforme la cuenta regresiva para la elección de gobernador se acorta, la intransigencia del hermano de Luisa María Calderón Hinojosa se acentúa más y, como el pasado viernes 22, adquiere expresiones de conductas facciosas de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús para mostrarse decidido a imponer su voluntad al descalificar el trabajo judicial, criminalizar a los 34 liberados de los 35 funcionarios municipales y estatales –12 por desvanecimiento de pruebas, ocho por revocación del auto de formal prisión y nueve por sentencias absolutorias-- y agraviarlos discursivamente en el acto por el 196 aniversario de la Constitución de Apatzingán.


El célebre michoacanazo de la víspera de las elecciones federales intermedias de 2009, exhibió la pronunciada dependencia del Ministerio Público federal, encabezado por el gris abogado Arturo Chávez, con respecto de los planes políticos del jefe del grupo gobernante; el sistema de impartición justicia que promueve febrilmente para apuntalar la insostenible guerra contra el crimen organizado que, con desesperación, aspira a convertir en transexenal bajo el alegato de hacerla política de estado, cuando durante tres años ignoró en esa materia a todas las fuerzas políticas.


Se puede comprender que la mecha corta que sus amigos dicen conocerle a Calderón Hinojosa, se puso en acción cuando el diputado Raúl Morón le reprochó “la politización de la justicia”, sus evidentes contradicciones al “exigir la estricta aplicación de la ley para algunos y otorgar para otros el privilegio de la impunidad”. Por ejemplo, ¿recuerda usted, amable lector de Utopía, al joven Juan Camilo Mouriño Terrazo?


El alcalde de Apatzingán, preso hasta hace unos días como presunto delincuente, escuchaba con atención al legislador michoacano más cercano al movimiento que dirige Andrés Manuel López Obrador, tabasqueño de Macupana que es odiado por el inquilino principal de Los Pinos hasta el punto de que pareciera requerir de diván y especialista idóneos.


Citas de José María Teclo Morelos Pérez y Pavón --“Nunca pactó con los enemigos de la nación. Hoy los enemigos de la nación son otros, pero nuestro deber es hacer respetar las leyes”--, Martín Luther King, T.S. Eliot y Pedro Infante, nutrieron el discurso presidencial sobre “los malos” y “los buenos” en la guerra contra el narco. Justamente para “hacer respetar la ley”, la Policía Federal hizo detenciones --incluidas 60 personas en un hotel del municipio de Aguililla--, desalojos, cateos, daños y robos para proteger al ilustre visitante.


Mas la irritación de Calderón se convirtió en alegría familiar y optimismo gubernamental, sobre todo tras lo que cuenta hoy Roberto Rodríguez Baños en la columna Molinos de Viento: “El sábado, en una fiestecita de interés social con apenas unos tres mil asistentes, todos de gorrita, al celebrarse en la hacienda de Tzintzimeo el cumpleaños de Luisa María Calderón Hinojosa, un par de empleados del hermano de la festejada, Juan Manuel Oliva Ramírez y Marco Antonio Adame Castillo, la proclamaron candidata panista al gobierno michoacano. Así que ya sabe usted a qué atribuir el michoacanazo. No habrá fuero que salve a Julio César Godoy, ¿verdad Chuchín pirrín?”


Tanto desfiguro y atropello por una gubernatura para el clan familiar.

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