Con la declaración de guerra del calderonismo se dispararon las quejas contra militares

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 13 de mayo de 2011, p. 4

A partir de que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y al crimen organizado, en diciembre de 2006, las quejas contra militares por violación de derechos humanos se incrementó en más de 300 por ciento, al grado de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se convirtió en 2010 en la dependencia que ha recibido más quejas ciudadanas –mil 415– y más recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –22.

Antes de la firma del convenio general de colaboración entre la Sedena y la CNDH, celebrado ayer, la relación entre ambas instituciones vivió momentos difíciles debido a las críticas de la comisión por la violación de garantías individuales por militares durante su desempeño en labores de seguridad pública.

En 2007, la CNDH sostuvo que "el combate al crimen organizado no le corresponde al Ejército".

En 2009, el número de recomendaciones enviadas por la CNDH a la Sedena llegó a 29, precedidas de 19 en 2008.

La mayoría de las quejas fueron por privación ilegal de la libertad, tortura, desaparición forzada de personas, violación sexual, ejecución extrajudicial, robos, cateos ilegales y detenciones arbitrarias.

Entre las recomendaciones emitidas por la CNDH a la Sedena destaca el caso de la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, y las lesiones causadas a otras cinco personas, el 3 de abril de 2010, en Ciudad Mier, Tamaulipas, que "fueron resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército Mexicano y no de un tiroteo cruzado con miembros de la delincuencia organizada", como sostuvieron la Secretaría de Gobernación y la Sedena.

Otro caso fue el de las muertes de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ocurrido en marzo de 2010.

Además, resaltan las recomendaciones emitidas por la CNDH por la muerte de hombres, mujeres y niños en retenes militares o en acciones de "fuego cruzado" entre soldados e integrantes de la delincuencia organizada.


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