La Cumbre del Carbón: otra farsa
Arturo Rodríguez García
MÉXICO, DF, 9 de mayo (apro).- Integrantes del gabinete federal involucrados con el ramo minero carbonífero, así como autoridades estatales, se reunieron hoy en Sabinas, Coahuila, para analizar la problemática del sector y desplegar una serie de acciones en materia de seguridad.
Los acuerdos consisten en instalar unidades especiales de inspección que, no obstante ser responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se pagarán por el gobierno de Coahuila.
La STPS integrará un fondo de 50 millones de pesos para tecnificar pocitos carboneros y una serie de medidas para negar la compra de carbón en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) si éste no proviene de minas inseguras.
De la información carbonera se desprende que los alcances de esos acuerdos son cortos, dejan en evidencia la simulación de las autoridades y más bien atienden a un interés inmediatista que no resuelve la problemática de los trabajadores del sector.
Luego del percance en el que murieron 14 trabajadores y un menor resultó mutilado, el 3 de mayo pasado, cuando explotó un pozo carbonero propiedad de la empresa Beneficiarios Internacionales del Norte SA de CV (Binsa), esta tarde se llevó a cabo una reunión en la que, entre otras cosas, se acordó entregar una indemnización a las viudas de las 14 víctimas.
En la reunión participó el secretario del Trabajo, Javier Lozano; de Energía, José Antonio Meade; el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam; el coordinador de asesores de la Presidencia, Alexis Milo, así como el gobernador Jorge Torres López.
Como lo ha hecho desde el 3 de mayo, cuando arribó a Sabinas para ponerse al frente de las acciones de recuperación de los cuerpos, fue a través de su cuenta de Twitter donde Lozano Alarcón informó del encuentro con los deudos de los trabajadores muertos, al que calificó de “emotivo”.
Entre los acuerdos alcanzados por los funcionarios, destaca la puesta en marcha de unidades de verificación que inspeccionarán los pozos carboneros que utilizan a la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), como intermediaria para vender carbón a la CFE.
Esas unidades autorizarán a las empresas que cumplan con las medidas de seguridad para vender su carbón a la CFE.
También se anunció que se desplegará un operativo de inspección en todos los pocitos y se suspenderá a aquellos que incurran en irregularidades hasta que éstas se subsanen; de lo contrario, serán clausurados de manera definitiva.
El gobernador Jorge Torres López advirtió que el propósito no es cancelar fuentes de empleo, sino garantizar la seguridad de los trabajadores, de manera que quienes no estén dispuestos a cumplir con las medidas, empiecen a pensar en dedicarse a otros negocios.
Lozano Alarcón también informó vía Twitter que las viudas serían indemnizadas.
Muertos mineros, a tapar los pozos
Desde la fundación de los pueblos y ciudades de la región, las muertes de mineros han sido frecuentes. Tanto, que en sólo cinco años la inseguridad en las minas de carbón de Coahuila –el único estado del país que produce el mineral-- han muerto 125 trabajadores.
A partir del siniestro en la mina Pasta de Conchos, ocurrido el 19 de febrero de 2006, cuando murieron 65 trabajadores y 13 más resultaron lesionados, la exigencia de medidas de seguridad, mejora de condiciones laborales y revisión de irregularidades contractuales, así como las denuncias por trabajo infantil y operaciones al margen de la ley, son la constante.
Sin embargo, fue hasta ahora, con la muerte de los 14 trabajadores, que la STPS tomó cartas en el asunto, tras cuatro años de haber desestimado recomendaciones y ordenamientos internacionales que denunciaban también la ausencia de cumplimiento en indemnizaciones y pensiones por parte del IMSS.
Asimismo, cabe destacar la falta de mención y atención, en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, a los casos de unos 60 mineros fallecidos en pozos, tajos y minas de arrastre.
En esos casos, algunos documentados en la edición 1801 de la revista Proceso, actualmente en circulación, destaca la falta de cumplimiento de pago a las viudas, de indemnizaciones a heridos, inclusive a aquellos que eran menores de edad y quedaron incapacitados para realizar cualquier trabajo de por vida, como es el caso de Francisco Castillo, accidentado en el pozo Vertical 4, en mayo de 2010.
Además, de acuerdo con cifras oficiales de la Dirección General de Minas, en la región carbonífera de Coahuila, compuesta por unos cinco municipios, operan cerca de 600 minas de carbón, entre pozos (las más rudimentarias), tajos a cielo abierto (extracciones a ras de suelo) y minas de arrastre (presuntamente más tecnificadas).
De ese total, unos 150 son pozos.
Sin embargo, el programa anunciado hoy sólo considera a los pozos. No obstante que en las minas de arrastre, como Pasta de Conchos, se registran muertes frecuentes, como ocurrió el pasado 26 de marzo, en una mina de Minerales Monclova, subsidiaria de Altos Hornos de México.
Por si fuera poco, la presión sobre los dueños de pozos carboneros se finca en que la Prodemi dejará de comprarles para venderle a CFE.
Sin embargo, sólo unos 30 pozos le venden a CFE a través de Prodemi, por lo que unas 120 minas rudimentarias no estarían sujetas a esta restricción.
Sobre las indemnizaciones, las viudas de Pasta de Conchos obtuvieron una pensión irregular, al tasarse por la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) un salario de 2 mil pesos por cada trabajador fallecido, cuando la mayoría ganaba hasta dos o tres veces más.
Lo mismo ocurrió con Oralia Martínez Hipólito, viuda de Juan Ramón Flores, quien falleció en el pocito Ferber, el 11 de septiembre de 2009. Ni siquiera le pagaron los gastos funerarios que prometió el patrón Fernando Barrera, pues al indemnizarla le dijo que ya iba incluido ese apoyo.
Por cierto, el pozo Ferber estaba clausurado desde agosto de 2009, es decir, un mes antes del siniestro que cobró la vida de Juan Ramón. Sus propietarios no han sido sometidos a juicio como se hizo ahora con premura, en plena atención mediática, al siniestro del pozo de Binsa.
Ineficacia de STPS
Con los anuncios de hoy, quedaron atrás las expresiones de Lozano Alarcón, en el sentido de cerrar la totalidad de los pozos, como se lo han pedido activistas y senadores desde hace más de un año.
El 19 de febrero anterior, al cumplirse cinco años del siniestro en Pasta de Conchos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) presentó el quinto informe sobre minería del carbón, denominado “Dime desde allá abajo”, en el que expuso que, además de escasas e insuficientes, las inspecciones de la STPS están plagadas de deficiencias.
Por ejemplo, de las actas de inspección realizadas entre 2008 y 2010, de 32 minas inspeccionadas, en 17 la dependencia federal ordenó restringir el acceso de los trabajadores para extraer carbón, debido a las condiciones inseguras en que operaban.
Las 17 continúan operando y en tres de éstas han muerto tres mineros.
Otro indicador denunciado por el Cereal es el de 14 empresas a las que los inspectores solicitan exámenes médicos de inicio y de seguimiento a la salud de los mineros, pero 13 no los tienen.
De 25 empresas a las que se solicitó exhibieran los contratos: una tiene contrato colectivo de trabajo; nueve, contratos individuales por tiempo indefinido, temporal o por obra y 15 pactaron convenios verbales.
De esas 32 empresas, los trabajadores están sindicalizados sólo en una.
Y de 19 empresas a las que se les solicitó la información sobre el reparto de utilidades, 13 no lo entregan y ocho de ella no rinden declaraciones anuales.
Además, de 14 empresas a las que les solicitan la información sobre pago de aguinaldos, vacaciones y primas vacacionales, ocho carecen de ella.
Asimismo, formalmente ninguna de las 32 empresas despidió en todo este año a algún trabajador, al igual que en 2009; es decir, todos renuncian “voluntariamente”; seis empresas no pueden comprobar que pagan los finiquitos y nueve pagan a destajo.
Y de las 21 empresas a las que les solicitan mostrar sus medidores manuales de gas metano, 19 carecen de esos instrumentos.
Incluso, de 14 empresas a las que se les pide que muestren el análisis de incombustibilidad (prueba que debe hacerse mensualmente para determinar que la cantidad de polvo inerte para evitar explosiones de polvo de carbón es suficiente), 12 no los tienen.
Aparte, de 21 empresas a las que se les pide que muestren su análisis de riesgo para determinar áreas propensas a desprendimientos de carbón y de gas, 18 no lo tienen.
Por último, de 18 empresas en las que se investiga si entregan auto-rescatadores a los mineros, 16 no lo hacen; las dos restantes les entregan a los mineros auto-rescatadores que son insuficientes.
Finalmente, de 16 empresas, sólo una cuenta con baños, regaderas, comedores o áreas para que los trabajadores puedan tomar sus alimentos de forma higiénica.
Además de empleo en la minería de menores de edad, destaca el incumplimiento de obligaciones en material de seguridad social:
En Coahuila, el carbón mineral tiene 277 concesionarios, y hasta el tercer trimestre de 2010 sólo 24 estaban registrados en el IMSS; es decir, menos de 8.66% están explotando alguno o todos sus yacimientos.
El resto, más de 91% de los concesionarios, en muy pocos casos cuentan con una empresa registrada en el IMSS que no es la concesionaria, con la que extraen carbón de sus yacimientos y operan como contratistas de otras firmas.
Sin embargo, la gran mayoría renta los filones o éstos ya han sido explotados y entonces se sobreexplotan por medio de pocitos.
Esas irregularidades tampoco estarán sujetas a revisión e el marco del programa anunciado hoy por Javier Lozano y los funcionarios en la Cumbre del Carbón.
Fuente
MÉXICO, DF, 9 de mayo (apro).- Integrantes del gabinete federal involucrados con el ramo minero carbonífero, así como autoridades estatales, se reunieron hoy en Sabinas, Coahuila, para analizar la problemática del sector y desplegar una serie de acciones en materia de seguridad.
Los acuerdos consisten en instalar unidades especiales de inspección que, no obstante ser responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se pagarán por el gobierno de Coahuila.
La STPS integrará un fondo de 50 millones de pesos para tecnificar pocitos carboneros y una serie de medidas para negar la compra de carbón en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) si éste no proviene de minas inseguras.
De la información carbonera se desprende que los alcances de esos acuerdos son cortos, dejan en evidencia la simulación de las autoridades y más bien atienden a un interés inmediatista que no resuelve la problemática de los trabajadores del sector.
Luego del percance en el que murieron 14 trabajadores y un menor resultó mutilado, el 3 de mayo pasado, cuando explotó un pozo carbonero propiedad de la empresa Beneficiarios Internacionales del Norte SA de CV (Binsa), esta tarde se llevó a cabo una reunión en la que, entre otras cosas, se acordó entregar una indemnización a las viudas de las 14 víctimas.
En la reunión participó el secretario del Trabajo, Javier Lozano; de Energía, José Antonio Meade; el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam; el coordinador de asesores de la Presidencia, Alexis Milo, así como el gobernador Jorge Torres López.
Como lo ha hecho desde el 3 de mayo, cuando arribó a Sabinas para ponerse al frente de las acciones de recuperación de los cuerpos, fue a través de su cuenta de Twitter donde Lozano Alarcón informó del encuentro con los deudos de los trabajadores muertos, al que calificó de “emotivo”.
Entre los acuerdos alcanzados por los funcionarios, destaca la puesta en marcha de unidades de verificación que inspeccionarán los pozos carboneros que utilizan a la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), como intermediaria para vender carbón a la CFE.
Esas unidades autorizarán a las empresas que cumplan con las medidas de seguridad para vender su carbón a la CFE.
También se anunció que se desplegará un operativo de inspección en todos los pocitos y se suspenderá a aquellos que incurran en irregularidades hasta que éstas se subsanen; de lo contrario, serán clausurados de manera definitiva.
El gobernador Jorge Torres López advirtió que el propósito no es cancelar fuentes de empleo, sino garantizar la seguridad de los trabajadores, de manera que quienes no estén dispuestos a cumplir con las medidas, empiecen a pensar en dedicarse a otros negocios.
Lozano Alarcón también informó vía Twitter que las viudas serían indemnizadas.
Muertos mineros, a tapar los pozos
Desde la fundación de los pueblos y ciudades de la región, las muertes de mineros han sido frecuentes. Tanto, que en sólo cinco años la inseguridad en las minas de carbón de Coahuila –el único estado del país que produce el mineral-- han muerto 125 trabajadores.
A partir del siniestro en la mina Pasta de Conchos, ocurrido el 19 de febrero de 2006, cuando murieron 65 trabajadores y 13 más resultaron lesionados, la exigencia de medidas de seguridad, mejora de condiciones laborales y revisión de irregularidades contractuales, así como las denuncias por trabajo infantil y operaciones al margen de la ley, son la constante.
Sin embargo, fue hasta ahora, con la muerte de los 14 trabajadores, que la STPS tomó cartas en el asunto, tras cuatro años de haber desestimado recomendaciones y ordenamientos internacionales que denunciaban también la ausencia de cumplimiento en indemnizaciones y pensiones por parte del IMSS.
Asimismo, cabe destacar la falta de mención y atención, en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, a los casos de unos 60 mineros fallecidos en pozos, tajos y minas de arrastre.
En esos casos, algunos documentados en la edición 1801 de la revista Proceso, actualmente en circulación, destaca la falta de cumplimiento de pago a las viudas, de indemnizaciones a heridos, inclusive a aquellos que eran menores de edad y quedaron incapacitados para realizar cualquier trabajo de por vida, como es el caso de Francisco Castillo, accidentado en el pozo Vertical 4, en mayo de 2010.
Además, de acuerdo con cifras oficiales de la Dirección General de Minas, en la región carbonífera de Coahuila, compuesta por unos cinco municipios, operan cerca de 600 minas de carbón, entre pozos (las más rudimentarias), tajos a cielo abierto (extracciones a ras de suelo) y minas de arrastre (presuntamente más tecnificadas).
De ese total, unos 150 son pozos.
Sin embargo, el programa anunciado hoy sólo considera a los pozos. No obstante que en las minas de arrastre, como Pasta de Conchos, se registran muertes frecuentes, como ocurrió el pasado 26 de marzo, en una mina de Minerales Monclova, subsidiaria de Altos Hornos de México.
Por si fuera poco, la presión sobre los dueños de pozos carboneros se finca en que la Prodemi dejará de comprarles para venderle a CFE.
Sin embargo, sólo unos 30 pozos le venden a CFE a través de Prodemi, por lo que unas 120 minas rudimentarias no estarían sujetas a esta restricción.
Sobre las indemnizaciones, las viudas de Pasta de Conchos obtuvieron una pensión irregular, al tasarse por la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) un salario de 2 mil pesos por cada trabajador fallecido, cuando la mayoría ganaba hasta dos o tres veces más.
Lo mismo ocurrió con Oralia Martínez Hipólito, viuda de Juan Ramón Flores, quien falleció en el pocito Ferber, el 11 de septiembre de 2009. Ni siquiera le pagaron los gastos funerarios que prometió el patrón Fernando Barrera, pues al indemnizarla le dijo que ya iba incluido ese apoyo.
Por cierto, el pozo Ferber estaba clausurado desde agosto de 2009, es decir, un mes antes del siniestro que cobró la vida de Juan Ramón. Sus propietarios no han sido sometidos a juicio como se hizo ahora con premura, en plena atención mediática, al siniestro del pozo de Binsa.
Ineficacia de STPS
Con los anuncios de hoy, quedaron atrás las expresiones de Lozano Alarcón, en el sentido de cerrar la totalidad de los pozos, como se lo han pedido activistas y senadores desde hace más de un año.
El 19 de febrero anterior, al cumplirse cinco años del siniestro en Pasta de Conchos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) presentó el quinto informe sobre minería del carbón, denominado “Dime desde allá abajo”, en el que expuso que, además de escasas e insuficientes, las inspecciones de la STPS están plagadas de deficiencias.
Por ejemplo, de las actas de inspección realizadas entre 2008 y 2010, de 32 minas inspeccionadas, en 17 la dependencia federal ordenó restringir el acceso de los trabajadores para extraer carbón, debido a las condiciones inseguras en que operaban.
Las 17 continúan operando y en tres de éstas han muerto tres mineros.
Otro indicador denunciado por el Cereal es el de 14 empresas a las que los inspectores solicitan exámenes médicos de inicio y de seguimiento a la salud de los mineros, pero 13 no los tienen.
De 25 empresas a las que se solicitó exhibieran los contratos: una tiene contrato colectivo de trabajo; nueve, contratos individuales por tiempo indefinido, temporal o por obra y 15 pactaron convenios verbales.
De esas 32 empresas, los trabajadores están sindicalizados sólo en una.
Y de 19 empresas a las que se les solicitó la información sobre el reparto de utilidades, 13 no lo entregan y ocho de ella no rinden declaraciones anuales.
Además, de 14 empresas a las que les solicitan la información sobre pago de aguinaldos, vacaciones y primas vacacionales, ocho carecen de ella.
Asimismo, formalmente ninguna de las 32 empresas despidió en todo este año a algún trabajador, al igual que en 2009; es decir, todos renuncian “voluntariamente”; seis empresas no pueden comprobar que pagan los finiquitos y nueve pagan a destajo.
Y de las 21 empresas a las que les solicitan mostrar sus medidores manuales de gas metano, 19 carecen de esos instrumentos.
Incluso, de 14 empresas a las que se les pide que muestren el análisis de incombustibilidad (prueba que debe hacerse mensualmente para determinar que la cantidad de polvo inerte para evitar explosiones de polvo de carbón es suficiente), 12 no los tienen.
Aparte, de 21 empresas a las que se les pide que muestren su análisis de riesgo para determinar áreas propensas a desprendimientos de carbón y de gas, 18 no lo tienen.
Por último, de 18 empresas en las que se investiga si entregan auto-rescatadores a los mineros, 16 no lo hacen; las dos restantes les entregan a los mineros auto-rescatadores que son insuficientes.
Finalmente, de 16 empresas, sólo una cuenta con baños, regaderas, comedores o áreas para que los trabajadores puedan tomar sus alimentos de forma higiénica.
Además de empleo en la minería de menores de edad, destaca el incumplimiento de obligaciones en material de seguridad social:
En Coahuila, el carbón mineral tiene 277 concesionarios, y hasta el tercer trimestre de 2010 sólo 24 estaban registrados en el IMSS; es decir, menos de 8.66% están explotando alguno o todos sus yacimientos.
El resto, más de 91% de los concesionarios, en muy pocos casos cuentan con una empresa registrada en el IMSS que no es la concesionaria, con la que extraen carbón de sus yacimientos y operan como contratistas de otras firmas.
Sin embargo, la gran mayoría renta los filones o éstos ya han sido explotados y entonces se sobreexplotan por medio de pocitos.
Esas irregularidades tampoco estarán sujetas a revisión e el marco del programa anunciado hoy por Javier Lozano y los funcionarios en la Cumbre del Carbón.
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