Modelo económico, acuerdo social y conflictividad
unes 9 de mayo de 2011
Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)
Mucho se discute en estos días sobre el “modelo económico”, y convengamos que no hay acuerdo. Existe también una intencionalidad de lograr un acuerdo, un pacto, entre gobierno, empresarios y sindicalistas, precisamente, para sostener el “modelo”.
Desde el oficialismo se insiste en una caracterización que apunta a destacar el crecimiento de la producción local y el proceso de inclusión social, medida tanto en puestos de trabajo, en subsidios de la política social, como en el impacto en la capacidad de consumo de los sectores de menores ingresos.
Esos elementos distintivos, modelo productivo y distribución económica son discutidos.
Un tema para la discusión es el destino de esa producción, ya que el mercado mundial se constituye en destino importante y definitorio de algunas ramas principales, tales como el agro, la agroindustria, la minería, y por cierto, la industria automotriz, que explica buena parte del crecimiento industrial de estos últimos años. El mercado interno crece con dominación de las grandes marcas, los grupos económicos, las empresas transnacionales y los mayores centros comerciales que reaniman un ciclo de producción, circulación y consumo para la concentración y centralización del capital.
Otro tema para el debate remite al estancamiento en la expansión del empleo industrial, más allá de la calidad de esos empleos y el volumen de los ingresos de los trabajadores, especialmente aquellos en situación irregular, precarizados, sin seguridad social. Por eso se discute también el consumo, especialmente afectado por la evolución de los precios minoristas, la inflación. La inflación fue un tema de contrapunto en esta semana en el dialogo por el “acuerdo social”, ya que al término de la entrevista con la Presidenta, el sindicalista Hugo Yasky identificó a la inflación como uno de los “problemas económicos” considerados en la conversación, y que como se sabe, afecta especialmente a sectores de ingresos fijos y escasos. La información fue inmediatamente desmentida por funcionarios del gobierno nacional presentes en el cónclave de conciliación entre el sindicalismo afín al gobierno y las organizaciones patronales, especialmente las industriales.
La intencionalidad, más allá de si se habló de inflación o no, de las aclaraciones y desmentidas, el problema de los precios y su medición existe, a tal punto que se analizan las propuestas de la Universidad o del FMI para instalar en mediano plazo nuevos indicadores de la variación de precios al consumidor, la inflación minorista. La preocupación oficial trasmitida a los sindicalistas afines, sean de la CGT o de la CTA es que las demandas de incrementos salariales no se disparen más allá de cierta racionalidad, asunto compartido por las centrales patronales, especialmente la UIA, el interlocutor preferido del gobierno.
Todo parece sugerir un diagnóstico que responsabiliza a la demanda por ajuste de los salarios en la escalada de precios, aunque en diversas situaciones se denunció a los empresarios con capacidad de establecer precios en el mercado. El tema es importante puesto que el encarecimiento de precios conspira contra las medidas de inclusión, sean por empleo o por subsidios, cuyos valores no se actualizan al ritmo de los precios de venta de la canasta potencial que satisface las necesidades sociales.
No es la primera vez que se intenta un acuerdo o pacto social. La intencionalidad apunta a frenar la conflictividad social. El objetivo es la armonización mediada por el gobierno, de la relación entre los trabajadores y los capitalistas. Es una tarea encarada en estos días y supone el consenso de los actores convocados al diálogo con la política económica en curso, lo que define el llamado modelo, sustentado en crecimiento económico, cierto nivel de satisfacción de necesidades sociales y consenso político, por ello las convocatorias a la razonabilidad en las demandas de partes.
Lo cierto es que todos esos supuestos son discutibles. ¿Qué tipo de crecimiento es el que se produce en la Argentina? ¿Qué efectos sociales y ambientales genera hacer crecer la frontera agrícola y la producción agraria con transgénicos? ¿Cuáles son los impactos de la expansión del parque automotor en el país? ¿Es lo que se hace lo único que puede hacerse? ¿Qué otras alternativas para el desarrollo de la producción? ¿Qué hacer con la agricultura familiar y la diversidad productiva que históricamente generó el campo argentino? En definitiva… ¿qué producir y para satisfacer qué necesidad social? ¿Alcanza con una distribución funcional por mitades entre trabajadores y patrones para definir el funcionamiento equitativo cuando la brecha es gigantesca entre el 10% más rico y el 10% más pobre, con un 28,7% del ingreso total apropiado por los primeros y solo un 1,8% de los segundos?
Son temas que definen el conflicto social, sea por los ingresos o por las condiciones de vida, que son las razones para discutir un modelo de desarrollo. Es lógico que cualquier gobierno pretenda organizar el consenso político articulando un bloque social de sustento, que en su momento era explícito con Techint y la CGT, y que ahora busca ser renovado con otros interlocutores. El mantenimiento de insatisfacciones económicas, sociales y políticas convoca a nuevas conflictividades y a otros acuerdos sobre modelo económico, productivo y de desarrollo, por lo menos en dos direcciones diferentes a la propuesta por el gobierno. Por un lado puede identificarse al bloque de poder que busca restaurar sin concesiones la situación previa al estallido del 2001, y por otro, a quienes cuestionan la inserción local en la división internacional del trabajo en un marco de crisis capitalista.
El debate del modelo reconoce, más allá de su visibilidad, tres orientaciones, que son las que explican la conflictividad económica, social y política en el presente y futuro cercano. Las elecciones son parte de procesamiento de este debate para definir el tipo de desarrollo en la Argentina, su inserción local y mundial.
Julio C. Gambina es Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Presidente de FISYP. Miembro del Comité Directivo de CLACSO.
Fuente
Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)
Mucho se discute en estos días sobre el “modelo económico”, y convengamos que no hay acuerdo. Existe también una intencionalidad de lograr un acuerdo, un pacto, entre gobierno, empresarios y sindicalistas, precisamente, para sostener el “modelo”.
Desde el oficialismo se insiste en una caracterización que apunta a destacar el crecimiento de la producción local y el proceso de inclusión social, medida tanto en puestos de trabajo, en subsidios de la política social, como en el impacto en la capacidad de consumo de los sectores de menores ingresos.
Esos elementos distintivos, modelo productivo y distribución económica son discutidos.
Un tema para la discusión es el destino de esa producción, ya que el mercado mundial se constituye en destino importante y definitorio de algunas ramas principales, tales como el agro, la agroindustria, la minería, y por cierto, la industria automotriz, que explica buena parte del crecimiento industrial de estos últimos años. El mercado interno crece con dominación de las grandes marcas, los grupos económicos, las empresas transnacionales y los mayores centros comerciales que reaniman un ciclo de producción, circulación y consumo para la concentración y centralización del capital.
Otro tema para el debate remite al estancamiento en la expansión del empleo industrial, más allá de la calidad de esos empleos y el volumen de los ingresos de los trabajadores, especialmente aquellos en situación irregular, precarizados, sin seguridad social. Por eso se discute también el consumo, especialmente afectado por la evolución de los precios minoristas, la inflación. La inflación fue un tema de contrapunto en esta semana en el dialogo por el “acuerdo social”, ya que al término de la entrevista con la Presidenta, el sindicalista Hugo Yasky identificó a la inflación como uno de los “problemas económicos” considerados en la conversación, y que como se sabe, afecta especialmente a sectores de ingresos fijos y escasos. La información fue inmediatamente desmentida por funcionarios del gobierno nacional presentes en el cónclave de conciliación entre el sindicalismo afín al gobierno y las organizaciones patronales, especialmente las industriales.
La intencionalidad, más allá de si se habló de inflación o no, de las aclaraciones y desmentidas, el problema de los precios y su medición existe, a tal punto que se analizan las propuestas de la Universidad o del FMI para instalar en mediano plazo nuevos indicadores de la variación de precios al consumidor, la inflación minorista. La preocupación oficial trasmitida a los sindicalistas afines, sean de la CGT o de la CTA es que las demandas de incrementos salariales no se disparen más allá de cierta racionalidad, asunto compartido por las centrales patronales, especialmente la UIA, el interlocutor preferido del gobierno.
Todo parece sugerir un diagnóstico que responsabiliza a la demanda por ajuste de los salarios en la escalada de precios, aunque en diversas situaciones se denunció a los empresarios con capacidad de establecer precios en el mercado. El tema es importante puesto que el encarecimiento de precios conspira contra las medidas de inclusión, sean por empleo o por subsidios, cuyos valores no se actualizan al ritmo de los precios de venta de la canasta potencial que satisface las necesidades sociales.
No es la primera vez que se intenta un acuerdo o pacto social. La intencionalidad apunta a frenar la conflictividad social. El objetivo es la armonización mediada por el gobierno, de la relación entre los trabajadores y los capitalistas. Es una tarea encarada en estos días y supone el consenso de los actores convocados al diálogo con la política económica en curso, lo que define el llamado modelo, sustentado en crecimiento económico, cierto nivel de satisfacción de necesidades sociales y consenso político, por ello las convocatorias a la razonabilidad en las demandas de partes.
Lo cierto es que todos esos supuestos son discutibles. ¿Qué tipo de crecimiento es el que se produce en la Argentina? ¿Qué efectos sociales y ambientales genera hacer crecer la frontera agrícola y la producción agraria con transgénicos? ¿Cuáles son los impactos de la expansión del parque automotor en el país? ¿Es lo que se hace lo único que puede hacerse? ¿Qué otras alternativas para el desarrollo de la producción? ¿Qué hacer con la agricultura familiar y la diversidad productiva que históricamente generó el campo argentino? En definitiva… ¿qué producir y para satisfacer qué necesidad social? ¿Alcanza con una distribución funcional por mitades entre trabajadores y patrones para definir el funcionamiento equitativo cuando la brecha es gigantesca entre el 10% más rico y el 10% más pobre, con un 28,7% del ingreso total apropiado por los primeros y solo un 1,8% de los segundos?
Son temas que definen el conflicto social, sea por los ingresos o por las condiciones de vida, que son las razones para discutir un modelo de desarrollo. Es lógico que cualquier gobierno pretenda organizar el consenso político articulando un bloque social de sustento, que en su momento era explícito con Techint y la CGT, y que ahora busca ser renovado con otros interlocutores. El mantenimiento de insatisfacciones económicas, sociales y políticas convoca a nuevas conflictividades y a otros acuerdos sobre modelo económico, productivo y de desarrollo, por lo menos en dos direcciones diferentes a la propuesta por el gobierno. Por un lado puede identificarse al bloque de poder que busca restaurar sin concesiones la situación previa al estallido del 2001, y por otro, a quienes cuestionan la inserción local en la división internacional del trabajo en un marco de crisis capitalista.
El debate del modelo reconoce, más allá de su visibilidad, tres orientaciones, que son las que explican la conflictividad económica, social y política en el presente y futuro cercano. Las elecciones son parte de procesamiento de este debate para definir el tipo de desarrollo en la Argentina, su inserción local y mundial.
Julio C. Gambina es Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Presidente de FISYP. Miembro del Comité Directivo de CLACSO.
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