Calderón va contra quienes calumnian su plan antinarco
De la Redacción
Periódico La Jornada
Lunes 28 de noviembre de 2011, p. 3
La Presidencia de la República rechazó "categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas" que algunas personas han realizado ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la opinión pública relacionadas con su estrategia de combate al crimen organizado y advirtió que analiza todas las posibilidades "para proceder legalmente en contra de quienes las realicen en distintos foros e instancias internacionales o nacionales", pues las imputaciones al gobierno de México "son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia".
Subrayó que las acciones se realizan en el contexto de sus obligaciones legales, pero en los casos en que "desafortunadamente" las fuerzas federales han incurrido en violación a derechos humanos, se ha procedido a sancionarlas. Por ello Presidencia descalificó todas las imputaciones en contra: "Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales con delitos de lesa humanidad que son cometidos por estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas".
En un segunda respuesta del gobierno federal a la promoción de un recurso ante la CPI en dos días –el viernes la Secretaría de Gobernación hizo lo propio–, dijo que estas imputaciones no son admisibles en el caso mexicano, que tiene "una democracia vibrante", con poderes públicos independientes, con instituciones de derechos humanos autónomas, y un sistema de garantías individuales consolidadas, destacó el comunicado.
Al explicar su postura, Presidencia sostuvo que el país enfrenta una escalada de agresión "inédita" perpetrada por delincuentes del orden común y del crimen organizado, que afecta sensiblemente a la sociedad. Agregó que la respuesta gubernamental ante el "clamor" de las familias por enfrentar la inseguridad ha sido el despliegue de fuerzas federales, acción que también responde a la petición de gobiernos estatales de que se les apoye a enfrentar esta problemática.
Las fuerzas federales cumplen sus labores legales y constitucionales, pero "en los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes".
A consideración del gobierno federal, y tomando en cuenta la problemática que ha generado la acción del crimen organizado, "estos casos han sido verdaderamente excepcionales", pues la regla –según aseguró Presidencia– ha sido poner a disposición de las autoridades competentes a los detenidos.
"Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el gobierno federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber."
Finalmente, destacó que en esta administración se promovió una reforma profunda en materia de derechos humanos a escala constitucional, así como en el ámbito penal y el amparo, lo que "constituye la mayor ampliación de libertades y garantías de derechos humanos que se haya realizado en México durante décadas".
Paralelamente se han promovido reformas legales e institucionales para mejorar las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia. A la vez se ha promovido una política social que se ha orientado en mejorar la infraestructura de salud y educativa.
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Periódico La Jornada
Lunes 28 de noviembre de 2011, p. 3
La Presidencia de la República rechazó "categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas" que algunas personas han realizado ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la opinión pública relacionadas con su estrategia de combate al crimen organizado y advirtió que analiza todas las posibilidades "para proceder legalmente en contra de quienes las realicen en distintos foros e instancias internacionales o nacionales", pues las imputaciones al gobierno de México "son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia".
Subrayó que las acciones se realizan en el contexto de sus obligaciones legales, pero en los casos en que "desafortunadamente" las fuerzas federales han incurrido en violación a derechos humanos, se ha procedido a sancionarlas. Por ello Presidencia descalificó todas las imputaciones en contra: "Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales con delitos de lesa humanidad que son cometidos por estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas".
En un segunda respuesta del gobierno federal a la promoción de un recurso ante la CPI en dos días –el viernes la Secretaría de Gobernación hizo lo propio–, dijo que estas imputaciones no son admisibles en el caso mexicano, que tiene "una democracia vibrante", con poderes públicos independientes, con instituciones de derechos humanos autónomas, y un sistema de garantías individuales consolidadas, destacó el comunicado.
Al explicar su postura, Presidencia sostuvo que el país enfrenta una escalada de agresión "inédita" perpetrada por delincuentes del orden común y del crimen organizado, que afecta sensiblemente a la sociedad. Agregó que la respuesta gubernamental ante el "clamor" de las familias por enfrentar la inseguridad ha sido el despliegue de fuerzas federales, acción que también responde a la petición de gobiernos estatales de que se les apoye a enfrentar esta problemática.
Las fuerzas federales cumplen sus labores legales y constitucionales, pero "en los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes".
A consideración del gobierno federal, y tomando en cuenta la problemática que ha generado la acción del crimen organizado, "estos casos han sido verdaderamente excepcionales", pues la regla –según aseguró Presidencia– ha sido poner a disposición de las autoridades competentes a los detenidos.
"Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el gobierno federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber."
Finalmente, destacó que en esta administración se promovió una reforma profunda en materia de derechos humanos a escala constitucional, así como en el ámbito penal y el amparo, lo que "constituye la mayor ampliación de libertades y garantías de derechos humanos que se haya realizado en México durante décadas".
Paralelamente se han promovido reformas legales e institucionales para mejorar las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia. A la vez se ha promovido una política social que se ha orientado en mejorar la infraestructura de salud y educativa.
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