Bolivia y su ejemplo de nacionalismo

Garantizar manejo de recursos energéticos
 Martín Esparza Flores

Al igual que en Argentina, el presidente de Bolivia, Evo Morales, decidió dar un paso más en su política nacionalista de compromiso social a favor de su pueblo, al anunciar el pasado primero de mayo la expropiación de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial del consorcio ibérico Red Eléctrica Española (REE), firma que se había negado a invertir en proyectos de crecimiento que beneficiaran la economía de la nación sudamericana. De cada dólar de ganancia sólo dejaba diez centavos en suelo boliviano. Auténticas migajas.

Tanto la española Repsol en Argentina como REE en Bolivia demostraron un total desinterés por apuntalar, con el manejo de recursos estratégicos como el petróleo y la electricidad, las economías de ambos países. Una de las razones que orillaron a Cristina Fernández a expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF (Yacimiento Petrolíferos Federados) a Repsol fue la irresponsabilidad de la empresa en la producción del crudo y de gas que necesitaban los argentinos al grado de haber dejado caer la producción de ambos energéticos en casi un 35 por ciento en los últimos años, situación que obligó al gobierno de aquel país a duplicar sus importaciones y desembolsar, el pasado año, recursos por 9 mil 300 millones de dólares.

En Bolivia REE apenas y sacaba de sus jugosas ganancias cinco millones de dólares anuales para hacer crecer y mejorar la infraestructura eléctrica que tanto necesita la población. Como era de esperarse, la medida fue criticada por el bravucón inquilino de la Moncloa, a quien por cierto su obstinación por mantener el modelo neoliberal en España está llevando a su país a niveles de insospechado descontento social. Mariano Rajoy, que ha optado por subir impuestos y el costo de servicios básicos como el gas y la electricidad a millones de españoles, debería leer con atención las palabras expresadas por Evo Morales, tras la histórica determinación de su gobierno: “Tenemos que garantizar los servicios básicos al pueblo, y los servicios básicos son un derecho humano”.

La anterior es una muestra de nacionalismo y coherencia social que también debería invitar a la reflexión al gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, pues mientras en Bolivia las fuerzas armadas acudieron al llamado de su presidente a resguardar las instalaciones eléctricas, propiedad del pueblo boliviano, en México y de manera vergonzosa, se envío a militares disfrazados de policías a sacar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro a los electricistas del SME, el 11 de octubre del 2009, para desmantelar la infraestructura eléctrica nacional en favor de las empresas extranjeras que ya generan la mitad de la energía eléctrica en nuestro país.

Más cuestionable aún que mientras en el Cono Sur, gobiernos como el de Bolivia y Argentina buscan garantizar, mediante las expropiaciones, el manejo de sus recursos energéticos como puntales de sus economías, en nuestro país se sigan registrado situaciones que rayan en el absurdo, como fue el contrato que en septiembre del 2007 autorizara el entonces director de la CFE, Alfredo Elías Ayub y funcionarios de diversas dependencias como la Comisión Reguladora de Energía y Pemex, entre otras, precisamente a la polémica firma española Repsol, que sin muchos trámites y complicaciones obtuvo mediante una no muy transparente licitación el contrato 9100005181 que le garantizó vender gas peruano a la paraestatal por un monto de $ 169 mil 51 millones 215 mil 337 pesos, en los próximos quince años. Casi 15 mil millones de dólares.

Cuestionable que un país petrolero como el nuestro tenga que importar gas, pero sobre todo que consienta comprarlo muy por encima de su valor real que en el mercado no supera los 6 mil millones de dólares. Pero sin recato alguno, nuestro gobierno, sus funcionarios y nuestra clase política siguen pregonando una mayor apertura de nuestro sector energético, no importando que con ello se produzcan sangrías a las finanzas públicas con las que Repsol se embolsará casi 10 mil millones de dólares.

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