Inversión privada y soberanía a de la Dignidad”
martes, 8 de mayo de 2012
El
Comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel De Gucht, se permitió
en las últimas horas reiterar las amenazas colonialistas a Argentina y a
los gobiernos autónomos de la región, porque acusan “una tendencia
creciente al proteccionismo”. Esa falta de respeto, estimula a
incursionar en algunas precisiones en honor a la decencia humana.
El Estado, en
un primer acto de plena soberanía, debería informarse de la naturaleza,
trayectoria, capacidad financiera y planes de cada inversionista, y ahí
se podrá verificar fácilmente que las transnacionales como Río Tinto,
las del agronegocio y de los minerales que están en el país, carecen de
honorabilidad en sus cartas de presentación.
Fuente
José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)
Desde
que nació el capitalismo, el proteccionismo ha sido una de las armas
empleadas por la minoría de naciones fuertes, para someter a la inmensa
mayoría de naciones, a las cuales, la doctrina liberal, fundamento
ideológico del sistema, otorgó el privilegio de ser simples exportadoras
de materias primas para garantizar el desarrollo industrial de las
potencias, Inglaterra, Holanda, España, Portugal, Estados Unidos, etc.
El
proteccionismo ha sido durante los dos últimos siglos, el gran
obstáculo para el ingreso a los mercados del norte de la producción de
los países del subcontinente americano, y de Africa y de Asia, desde
donde sólo les ha interesado explotar al máximo los esclavos, los
recursos naturales, sumando la succión sistemática de un gran número de
brillantes profesionales, el robo de infinidad de obras de arte y la
alienación cultural.
La
acción colonialista, una de las expresiones del capitalismo, como lo
son el nazismo y el fascismo, a diferencia de los intelectuales
alquilados que pretenden presentarlos como disociados, es una de las más
grandes abyecciones en la historia de la sociedad humana.
Su
enemigo por siempre odiado es la rebelión popular, el pueblo
desangrándose en reclamo de sus derechos al bienestar, a la justicia e
igualdad de oportunidades, y esa es la razón por la cual las potencias,
que han crecido en buena parte usurpando esos derechos y nuestras
riquezas del subsuelo y de tierras, agua y bosques, reaccionan con
virulencia cada vez que aparece un gobierno sensible ante los intereses
del pueblo.
El gran
temor de los Estados decadentes europeos, que han convertido cada país
en un nuevo tipo de colonia en beneficio del imperio estadounidense,
cuyas recetas políticas y económicas aplican a raja tabla, es que los
gobiernos democráticos y progresistas que se abren paso en
Latinoamérica, representen la puerta de entrada de procesos más hondos,
camino hacia la transformación de las viejas estructuras
socio-económicas.
El
sonado caso de la recuperación de 51 por ciento de las acciones de la
petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) por el Gobierno de
Argentina, ha generado una furiosa campaña de la cofradía cavernaria
transnacional, encabezada por partidos de la derecha y el apoyo de los
medios comerciales de prensa, profiriendo toda clase de amenazas y
advertencias de que los capitales extranjeros van a huir de la región.
Varios
abordajes temáticos aporta el asunto. Entre los primeros, la necesidad
de aclarar que tanto en Argentina como en Bolivia, donde el gobierno
despojó de la explotación de la electricidad que también estaba en manos
de una transnacional de origen español, en ninguno de los dos casos se
trata de expropiación ni de nacionalización, sino que simplemente son
decisiones soberanas para recuperar recursos naturales entregados en
sucios negociados de gobiernos sucios, enemigos del patrimonio nacional.
Pero
quizás lo más importante de esta polémica abierta entre gobernantes que
siempre nos han ninguneado y dirigentes y pueblos con sentido
patriótico, es que ha llegado de nuevo otra oportunidad histórica para
que la ciudadanía presione a los tres poderes del Estado para que
establezcan las reglas del juego que debe respetar la inversión privada.
Es
cuestión elemental de soberanía nacional. El capital privado en la
concentración de tierra aumenta en forma alarmante en Latinoamérica y el
Caribe, con “efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el
empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar”, dice un
reciente informa de la FAO.
¿Qué
hacen los gobiernos, incluso algunos con tinte progresista como el
uruguayo?. Autorizar las ventas, como en un local de remate, en
beneficio de inversionistas que están copando la región, desde Europa,
Nueva Zelandia, Estados Unidos, Corea del Sur, que ya tiene 2.3 millones
de hectáreas compradas en dos o tres países, China con 2.1 y Arabia
Saudita 1.6 millones.
Uruguay,
país vulnerable, se ha ido salvando en parte porque el Estado detenta
el 51 por ciento de las acciones de varias empresas públicas, dando
oportunidad de operar y beneficiarse al capital privado, pero no para
apoderarse del país y hacer lo que se le antoje, como hacen las
transnacionales, de las que un ejemplo es REPSOL, al extremo que estaba
negociando la venta a China, pasando por encima del Estado Argentino.
Hace
unos pocos años la Secta Moon compró cientos de miles de hectáreas en
el Chaco y la operación se hizo entre capitalistas en Buenos Aires, sin
que Asunción se enterara, en uno de los tantos casos de pérdida de
soberanía, como está ocurriendo en este tiempo en Paraguay con el oro,
el titanio, el uranio, la electricidad u otros recursos de inmenso
valor, que se los están llevando sin intervención del Estado.
La
prospección, extracción, explotación, gestión y administración de los
recursos naturales requiere control público, que se debe ejercer a
través de las autoridades electas por la ciudadanía, las cuales tienen
la obligación de velar porque lo que el país produce redunde en su
desarrollo, gravando a quienes más tienen y, en particular, a la
producción exportada que, por ahora, sigue engordando los paraísos
fiscales.
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