Calderón plantea agilizar la privatización de ejidos

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

 

Periódico La Jornada
Jueves 29 de noviembre de 2012, p. 12 

Dos días antes de dejar el gobierno, el presidente Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa de reforma para agilizar la privatización de la propiedad ejidal.

Plantea modificar la Ley Agraria con el fin de transitar de manera expedita hacia la titulación del derecho de propiedad sobre las parcelas, eliminando tanto el derecho transitorio de usufructo como el trámite de la asamblea para adoptar colectivamente el régimen de propiedad privada o dominio pleno.
Hacerlo es necesario porque al día de hoy tenemos un mercado incipiente de tierras debido a la falta de titulación de derechos de propiedad entre ejidatarios.
Sostiene que la legislación vigente desde 1992 –cuando Carlos Salinas inició la privatización ejidal– prevé limitaciones para la aceptación del usufructo de las tierras ejidales como garantía, lo que ha dado como resultado un estancamiento, la baja en el crédito rural y, en consecuencia, la falta de capitalización de ejidos y comunidades.
Calderón afirma en su proyecto que es momento de concretar los objetivos establecidos en la reforma constitucional de 1992, para lo cual se debe impulsar el desarrollo del agro mexicano por medio del otorgamiento del dominio pleno y absoluto de las tierras a sus legítimos poseedores.

Estas reformas, asegura, permitirán también mayor certidumbre jurídica respecto de quienes pretenden asociarse o están asociados con ejidatarios, propiciando mayor inversión, ya que al no existir certeza respecto de la recuperación de la inversión y la obtención de dividendos, muy pocos inversionistas se encuentran dispuestos a arriesgar su capital conforme a las condiciones establecidas por la ley vigente.
La iniciativa plantea modificar 24 artículos de la Ley Agraria y derogar cinco, y señala entre sus objetivos transitar con celeridad a la titulación en favor del ejidatario sobre su parcela.
Subraya el Ejecutivo en la iniciativa que la regularización de la tenencia de la tierra en el sector rural es primordial para salvaguardar los principios de seguridad y certeza jurídica, acorde con la vocación que tengan los predios, y se genere con ello fomento, desarrollo, crecimiento y productividad.

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