Estado de excepción

Los políticos hidalguenses a cargo de la SG y la PGR están obligados a trabajar eficientemente para encabezar los esfuerzos a fin de atender la petición del Comité contra la Tortura

Revista EMET

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, será el procurador general de la República al arrancar el gobierno de Enrique Peña Nieto. El hidalguense solicitará licencia a su encargo a partir del martes 4 de diciembre, una vez que haya presidido, el día 1 de diciembre, la sesión solemne de toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. Su trabajo, coordinado con el de Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, será delicado y sumamente complejo por las condiciones de inseguridad que imperan en todo el país y las  violaciones a los derechos humanos que deja la gestión calderonista, en la que prevalecieron y se incrementaron los casos de tortura, cateos ilegales, personas desaparecidas, detenciones arbitrarias, una grave crisis penitenciaria y fugas de reos, entre otros, que metieron a México en un régimen de “estado de excepción” de facto, aunque no se hayan cumplido los requisitos legales para tal efecto.

Como consecuencia de la ilegal utilización de las fuerzas armadas contra los cárteles de las drogas, durante el agónico sexenio calderonista hubo un grave retroceso en este rubro porque el área de seguridad pública no dio el resultado al verse relacionada a casos de violaciones en la materia. Ante este escenario, Felipe Calderón deja un enorme reto al grado que tanto al interior del país como desde el exterior urgen atender, comenzando por mejorar la impartición y procuración de justicia, porque han imperado la corrupción, el influyentismo, la complicidad y la impunidad.

Se ha demostrado fehacientemente que a lo largo del régimen calderonista hubo un incremento exponencial de casos de tortura, cateos ilegales, personas desaparecidas, detenciones arbitrarias, entre otras, no obstante el gasto exagerado para seguridad pública. En entidades de la República que ya enfrentaban condiciones inusitadas, con regiones en donde la gente vivía con gran tranquilidad, ahora sobreviven en condiciones de inseguridad que no tenían. Para el Ombudsman nacional Raúl Plascencia “la incidencia delictiva se fue a las nubes,  la violencia por parte de los delincuentes se vio cada vez más acentuada, las violaciones a los derechos humanos se incrementaron”.  Añadió que “no hubo el éxito esperado, no hubo resultados y lo que si hubo fue un gasto exorbitante destinado a la seguridad pública y resultados verdaderamente contrarios a lo que la sociedad esperaba”.

Un buen inicio para la administración de Peña Nieto sería atender cabalmente la petición del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU de abolir la figura del arraigo e impulsar la aprobación de una Ley general sobre desapariciones forzadas. Hay que recordar que la administración calderonista impulsó en 2008 elevar a rango constitucional la figura del arraigo, la cual también fue avalada en varias entidades de la República. Este hecho tuvo un efecto contraproducente al que dicen se buscaba, es decir que propició un aumento progresivo de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades  públicas o grupos criminales o particulares que actuaron con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en amplias regiones del país, entre las que destacan los estados de Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Se abandonó así la investigación de casos de desapariciones forzadas, las cuales únicamente fueron archivadas y congeladas. Los responsables de dichas desapariciones fueron cubiertos por la negligencia de las autoridades (in) competentes y eludieron fácilmente cualquier tipo de sanción. La indolencia exhibida por los tres niveles de gobierno permitió un alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detenciones arbitrarias por efectivos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado en el marco de la guerra contra los cárteles de la droga. Se hizo una costumbre que durante el periodo anterior a la entrega al Ministerio Público  se infligiese tortura y malos tratos a los detenidos con el propósito de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias que posteriormente fueron utilizadas para encubrir múltiples irregularidades cometidas durante la detención.

Ante estas prácticas, el CAT de la ONU urgió al Estado mexicano a modificar su Código de Justicia Militar de conformidad con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de excluir la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre casos de violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles en los que haya militares involucrados. Pidió a las autoridades mexicanas permitir la realización de exámenes médicos independientes cuando así lo solicite el sospechoso ante el tribunal. En el ámbito legal, demandó modificar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura a fin de que la definición de tortura abarque todos los elementos que figuran en el Artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Pidió que las entidades federativas tipifiquen los actos de tortura; que garanticen que el delito de tortura no prescriba  y que se conforme un registro centralizado de denuncias de tortura y malos tratos.

La lista de recomendaciones del CAT es amplia: cumplir con el Protocolo de Estambul; aprobar una Ley de Justicia para Adolescentes; mejorar las condiciones de cárceles, centros psiquiátricos y centros para migrantes; redoblar esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos y desapariciones por motivos de género y llamó a cumplir con las sentencias  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese ámbito; instó a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de defensores de derechos humanos y periodistas; pidió acelerar el mecanismo de protección previsto en la ley en la materia.

Los políticos hidalguenses a cargo de la SG y la PGR están obligados a trabajar eficientemente para encabezar los esfuerzos a fin de atender la petición del Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de abolir la figura del arraigo e impulsar una ley general sobre desapariciones forzadas. El cambio de fisonomía del área de seguridad pública al mando de la Secretaría de Gobernación, que quedará a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y la Procuraduría General de la República, con Jesús Murillo Karam al frente, tienen que dar mejores resultados. Sin embargo, hay riesgos que deben tomarse en cuenta, como el que se refiere a la incorporación de la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación que puede llevarla a convertirse en una “Policía política”, tal y como lo han denunciado dirigentes de oposición.

DEROGAR ARRAIGO: MC

En la Cámara de Diputados ya se presentó una iniciativa para que la figura de arraigo sea derogada por considerarse que constituye una forma de detención arbitraria que viola los derechos de libertad personal, legalidad y presunción de inocencia, así como las garantías de debido proceso y el derecho a un recurso efectivo. El vicecoordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ricardo Mejía Berdeja, presentó dicha iniciativa con el fundamento de que durante el arraigo, los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos, sus familias, abogados y servicios médicos independientes que agravan su aislamiento y acrecienta la dificultad para presentar denuncias por tortura o tratos que no son ajustados a derecho.

Mejía sustentó que en el gobierno de Calderón el número de órdenes de arraigo concedidas por el Ministerio Público federal aumentó de 542 en el 2006 a casi dos mil en el 2010.  Además, dijo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de mil denuncias relacionadas con órdenes de arraigo ejecutas por la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2009 y 2011. El legislador coahuilense reprobó que la figura del arraigo implica que “primero te detengo y luego te investigo”, con lo que la persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, “ya que no es indiciada ni inculpada; lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de la liberad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora”.

Lilia Arellano - Opinión EMET

 

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