El asesinato de José Luis Tehuatlie, una pesadilla que no acaba
21 de julio de 2014
Destacado
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Ciudadanos y familiares velaron frente a la alcaldía de Chalchihuapan el cuerpo del menor José Luis Alberto Tehuatlie. Foto: Víctor Hugo Rosas. |
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde el 9 de julio, cuando el menor
José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años, cayó herido por un impacto en la
cabeza, durante un desalojo violento en la autopista Puebla-Atlixco, el
drama ha acompañado a la familia.
Tras 11 días de agonía, al menor se le diagnosticó muerte cerebral el viernes 18, y un día después, el sábado 20, falleció a consecuencia de un paro cardio-respiratorio y luego de un peregrinar entre el hospital y el Servicio Médico Forense (Semefo) el cuerpo del pequeño llegó finalmente a su poblado, San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, donde fue velado este lunes en la Plaza Principal.
Ahí se dispusieron un centenar de sillas y el quiosco fue acondicionado para repartir pan y café a los asistentes. Sobre el ataúd blanco se dispuso una foto de José Luis, del día de su confirmación.
En el balcón de la planta alta de la presidencia auxiliar se colocó una manta con la imagen del menor ensangrentado, difundida en las redes sociales, y acompañada con la leyenda: “Moreno Valle; No a la Ley Bala, Un Niño la Víctima”.
Varias coronas de Tlamapa, de la familia Xelhua Crispín de Nueva York, del senador Manuel Bartlett, entre otras autoridades, flanquearon el ataúd. El entierro fue programado para las 10:00 horas del martes 22.
La pesadilla que vivió la familia de José Luis inició el pasado 9 de julio. Ese día, Elia Tamayo, madre del menor y perteneciente a una familia de jornaleros, cruzaba la carretera Puebla-Atlixco acompañada de su hijo a la altura del kilómetro 16, donde habitantes de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, realizaban un bloqueo para exigir al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, restituir las oficinas del Registro Civil a las Juntas Auxiliares.
Desde donde estaban Elia y su hijo, escuchaban detonaciones y de repente José Luis cayó. Algo había impactado en su cabeza.
De inmediato el menor fue subido en una camioneta y trasladado en busca de ayuda. Sobre la carretera Puebla-Atlixco encontraron una ambulancia que accedió a trasladarlo.
Elia y su hijo hicieron una primera parada en el Hospital General de Cholula pero según familiares del menor, no quisieron recibirlo. Kilómetros más adelante, fue ingresado al Hospital General del Sur, donde continuó la pesadilla.
Apenas llegaron al hospital personal del Ministerio Público llevó a Elia a rendir una primera declaración a pesar de que el médico había recomendado que permaneciera al lado de su hijo.
Al rendir declaración, según relató la propia Elia, un funcionario de apellido Cornejo -–Luis Arturo Cornejo Alatorre, subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno— le pidió que dijera que la herida de José Luis había sido provocada por un cohetón.
Sin embargo, más tarde la mujer se entrevistó con visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y reveló que el objeto que impactó a su hijo provino de las fuerzas de seguridad.
“Los granaderos eran de montón y estaban aventando cosas que explotaban. Y cuando oí eso mi hijo se cayó. Estaban aventando y agrediendo a las personas”, sostuvo la madre, quien también denunció presiones del gobierno para retirar esa afirmación.
Durante 10 días José Luis permaneció hospitalizado en estado grave hasta que el pasado sábado 19 el director del Hospital General del Sur, José Antonio Martínez García, informó que a las 18:30 horas, se le declaró muerte cerebral y que sólo respiraba porque estaba conectado a aparatos. Sin embargo, el menor falleció horas después a consecuencia de un paro cardio-respiratorio.
De ello Elia Tamayo se enteró horas después y a través de los medios de comunicación, que reprodujeron un boletín emitido por el gobierno estatal. El gobierno ni el hospital tuvieron la atención de informarle sobre el deceso de su hijo.
Al mediodía del domingo 20, Elia se trasladó al Hospital General del Sur, donde se encontraba José Luis para confirmar la noticia pero le dijeron que el cadáver de su hijo ya se encontraba en las instalaciones del Semefo, en Agua Santa. De nueva cuenta Elia fue ignorada por las autoridades al no notificarle del traslado de su hijo.
El personal del Semefo practicó primero el examen del cuerpo y fue hasta las 19:30 horas del domingo cuando le permitieron a Elia Tamayo hacer el reconocimiento.
Transcurrieron casi 26 horas para que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal entregara a Elia el cuerpo de su hijo y todavía la dependencia intentó hacer que firmara un documento en el que constara que le habían entregado el cadáver a una hora más temprana.
Y más: En medio de su dolor, la representación social le pidió ratificar su declaración sobre los hechos del 9 de julio.
La noche del domingo, familiares del menor indicaron que en el dictamen de la necropsia sólo se indica que José Luis falleció por un paro cardiorespiratorio, registrado un día después de que se le declaró muerte encefálica.
El reporte señala que el menor sufrió una herida en la cabeza el 9 de julio, pero no menciona qué la causó y los forenses no hallaron rastros de pólvora en el cráneo del niño, lo que echaría abajo la versión del gobierno de que la herida fue provocada por un cohetón.
La diputada Roxana Luna publicó en las redes sociales, el viernes 11, un video y fotografías que demuestran que José Luis Tlautle Tamayo fue herido por balas de goma que accionó la Policía Estatal Metropolitana durante el operativo del 9 de julio.
En el vídeo que mostró la diputada en su cuenta Facebook y que también se encuentra en Youtube (www.youtube.com/watch?v=UWRx5itF_w8), se puede observar cómo uno de los pobladores sostiene al niño herido y le grita a los policías para reclamar lo que hicieron.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso e inició una investigación. Visitadores acudieron a la presidencia municipal de Chalchihuapan para escuchar las denuncias de los lugareños, quienes mostraron costales con restos de balas de goma y artefactos de gas lacrimógeno, objetos que –afirman— recolectaron en la zona y prueban que la policía les disparó para dispersarlos.
Luis Felipe Loria Rosado un neurólogo enviado por el Senado de la República para revisar a José Luis, afirmó que la herida que tenía el niño en la cabeza no fue hecha por un cohetón, como sostiene hasta hoy el gobierno de Puebla.
La herida que presentaba José Luis en la cabeza, dijo, fue hecha por un objeto contundente de aproximadamente tres centímetros de diámetro. “Un cohetón no, no tiene huellas de quemada en el rededor de la cicatriz”, dijo al descartar que la herida fuera provocada por un cohete.
José Luis Tehuatlie Tamayo es considerado la primera víctima mortal de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, aprobada por el Congreso en mayo pasado y rebautizada por los poblanos como Ley Bala.
El 9 de julio junto con su madre, Elia Tamayo, y vecinos de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, participó en un bloqueo en la carretera Puebla-Atlixco, para exigir al gobernador Rafael Moreno Valle restituir las oficinas del Registro Civil a las Juntas Auxiliares.
Durante tres horas pobladores de distintas juntas auxiliares bloquearon la carretera Puebla Atlixco, a la altura del kilómetro 16.
Al lugar del bloqueo llegaron decenas de policías que, sin atender a las etapas previas de disuasión y negociación, les lanzaron gases lacrimógenos para replegarlos pero éstos respondieron con piedras y palos, lo que desató una batalla campal que dejó cuatro policías y decenas de manifestantes heridos.
En un boletín la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, el mismo día de los hechos, acusó:
“Durante la intervención de la autoridad, los pobladores agredieron lanzando diversos proyectiles como piedras, palos, cohetones, bombas molotov y petardos en contra de los uniformados y de pobladores que caminaban por la zona”.
La versión que sostiene hasta hoy Moreno Valle es que fueron los pobladores quienes iniciaron la agresión, incluso difundió dos videos que, ha dicho, demuestra que así sucedió y culpó a los inconformes del resultado de las acciones, incluido el caso de José Luis.
“La ley que se aprobó en Puebla se aplica, y se aplica con protocolos, y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra”.
Lo lamentable “es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”, acusó el gobernador un día después de la refriega, cuando se supo que entre los heridos, estaba el muchacho de 13 años.
Campaña progobierno en redes
Desde el día del desalojo violento, en redes sociales empezaron a surgir videos en YouTube, páginas sugeridas en Facebook y fanpages en las que se difunde la versión oficial del desalojo violento del 9 de julio.
Uno de los más recientes, es un video titulado “Chalchihuapan la otra cara del 9 de julio”, publicado el sábado pasado en el canal de YouTube “Chalchihuapan Nuestra Historia, creado minutos antes de que el gobierno estatal liberara un comunicado para confirmar la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
El video fue promovido mediante inserciones sugeridas en Facebook.
El video de dos minutos, ofrece el testimonio del policía Mario González Ricaño, quien fue retenido por los pobladores y, postrado en una cama de hospital, afirma que los policías únicamente portaban cascos, escudos y equipos de gas lacrimógeno en el momento del operativo.
Además, afirma que personas con el rostro cubierto portaban bombas molotov e incitaban a los pobladores para quemar a los uniformados.
Usuarios reportaron que el sábado por la mañana fue lanzado otro video en el espacio de publicidad insertada en YouTube, titulado “Las autoridades criminales de San Bernardino Chalchihuapan” en el que se hacía referencia a que tres familiares del edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, tienen antecedentes penales por delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas.
Tras la alerta de los usuarios, el video desapareció la mañana del domingo pasado.
Además, en Facebook y Twitter surgieron cuentas con nombres como “Chalchihuapan nueva historia”, “enchilada poblana”, “Chalchihuapan vive”, entre otras, en las que sólo se difunde información en contra de la diputada Roxana Luna, y el presidente auxiliar y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
En contraparte, el sábado pasado, tras la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, los detractores de Moreno Valle convirtieron en Trending Topic el hashtag “#MorenoValleAsesino”.
Y a través de la plataforma change.org se promueve una solicitud para llevar a juicio político al gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, por “brutalidad policiaca” y por la utilización de balas de goma durante el desalojo del pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, en Chalchihuapan. En cinco días, la petición acumula más de cuatro mil 500 firmas.
En el documento, dirigido a los coordinadores parlamentarios en el Congreso federal y estatal, se afirma que el saldo del desalojo violento del pasado 9 de julio fue de “70 pobladores heridos, entre ellos un menor que perdió la mano izquierda; el caso de Filemón Precio Grande, herido con proyectiles de gas en el abdomen; Martín Xelhua quien fue impactado al lado izquierdo del rostro a la altura de su quijada y Hugo Jiménez quien perdió un ojo tras haber sido golpeado por uno de los artefactos con punta de goma”.
Fuente
Tras 11 días de agonía, al menor se le diagnosticó muerte cerebral el viernes 18, y un día después, el sábado 20, falleció a consecuencia de un paro cardio-respiratorio y luego de un peregrinar entre el hospital y el Servicio Médico Forense (Semefo) el cuerpo del pequeño llegó finalmente a su poblado, San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, donde fue velado este lunes en la Plaza Principal.
Ahí se dispusieron un centenar de sillas y el quiosco fue acondicionado para repartir pan y café a los asistentes. Sobre el ataúd blanco se dispuso una foto de José Luis, del día de su confirmación.
En el balcón de la planta alta de la presidencia auxiliar se colocó una manta con la imagen del menor ensangrentado, difundida en las redes sociales, y acompañada con la leyenda: “Moreno Valle; No a la Ley Bala, Un Niño la Víctima”.
Varias coronas de Tlamapa, de la familia Xelhua Crispín de Nueva York, del senador Manuel Bartlett, entre otras autoridades, flanquearon el ataúd. El entierro fue programado para las 10:00 horas del martes 22.
La pesadilla que vivió la familia de José Luis inició el pasado 9 de julio. Ese día, Elia Tamayo, madre del menor y perteneciente a una familia de jornaleros, cruzaba la carretera Puebla-Atlixco acompañada de su hijo a la altura del kilómetro 16, donde habitantes de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, realizaban un bloqueo para exigir al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, restituir las oficinas del Registro Civil a las Juntas Auxiliares.
Desde donde estaban Elia y su hijo, escuchaban detonaciones y de repente José Luis cayó. Algo había impactado en su cabeza.
De inmediato el menor fue subido en una camioneta y trasladado en busca de ayuda. Sobre la carretera Puebla-Atlixco encontraron una ambulancia que accedió a trasladarlo.
Elia y su hijo hicieron una primera parada en el Hospital General de Cholula pero según familiares del menor, no quisieron recibirlo. Kilómetros más adelante, fue ingresado al Hospital General del Sur, donde continuó la pesadilla.
Apenas llegaron al hospital personal del Ministerio Público llevó a Elia a rendir una primera declaración a pesar de que el médico había recomendado que permaneciera al lado de su hijo.
Al rendir declaración, según relató la propia Elia, un funcionario de apellido Cornejo -–Luis Arturo Cornejo Alatorre, subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno— le pidió que dijera que la herida de José Luis había sido provocada por un cohetón.
Sin embargo, más tarde la mujer se entrevistó con visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y reveló que el objeto que impactó a su hijo provino de las fuerzas de seguridad.
“Los granaderos eran de montón y estaban aventando cosas que explotaban. Y cuando oí eso mi hijo se cayó. Estaban aventando y agrediendo a las personas”, sostuvo la madre, quien también denunció presiones del gobierno para retirar esa afirmación.
Durante 10 días José Luis permaneció hospitalizado en estado grave hasta que el pasado sábado 19 el director del Hospital General del Sur, José Antonio Martínez García, informó que a las 18:30 horas, se le declaró muerte cerebral y que sólo respiraba porque estaba conectado a aparatos. Sin embargo, el menor falleció horas después a consecuencia de un paro cardio-respiratorio.
De ello Elia Tamayo se enteró horas después y a través de los medios de comunicación, que reprodujeron un boletín emitido por el gobierno estatal. El gobierno ni el hospital tuvieron la atención de informarle sobre el deceso de su hijo.
Al mediodía del domingo 20, Elia se trasladó al Hospital General del Sur, donde se encontraba José Luis para confirmar la noticia pero le dijeron que el cadáver de su hijo ya se encontraba en las instalaciones del Semefo, en Agua Santa. De nueva cuenta Elia fue ignorada por las autoridades al no notificarle del traslado de su hijo.
El personal del Semefo practicó primero el examen del cuerpo y fue hasta las 19:30 horas del domingo cuando le permitieron a Elia Tamayo hacer el reconocimiento.
Transcurrieron casi 26 horas para que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal entregara a Elia el cuerpo de su hijo y todavía la dependencia intentó hacer que firmara un documento en el que constara que le habían entregado el cadáver a una hora más temprana.
Y más: En medio de su dolor, la representación social le pidió ratificar su declaración sobre los hechos del 9 de julio.
La noche del domingo, familiares del menor indicaron que en el dictamen de la necropsia sólo se indica que José Luis falleció por un paro cardiorespiratorio, registrado un día después de que se le declaró muerte encefálica.
El reporte señala que el menor sufrió una herida en la cabeza el 9 de julio, pero no menciona qué la causó y los forenses no hallaron rastros de pólvora en el cráneo del niño, lo que echaría abajo la versión del gobierno de que la herida fue provocada por un cohetón.
La diputada Roxana Luna publicó en las redes sociales, el viernes 11, un video y fotografías que demuestran que José Luis Tlautle Tamayo fue herido por balas de goma que accionó la Policía Estatal Metropolitana durante el operativo del 9 de julio.
En el vídeo que mostró la diputada en su cuenta Facebook y que también se encuentra en Youtube (www.youtube.com/watch?v=UWRx5itF_w8), se puede observar cómo uno de los pobladores sostiene al niño herido y le grita a los policías para reclamar lo que hicieron.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso e inició una investigación. Visitadores acudieron a la presidencia municipal de Chalchihuapan para escuchar las denuncias de los lugareños, quienes mostraron costales con restos de balas de goma y artefactos de gas lacrimógeno, objetos que –afirman— recolectaron en la zona y prueban que la policía les disparó para dispersarlos.
Luis Felipe Loria Rosado un neurólogo enviado por el Senado de la República para revisar a José Luis, afirmó que la herida que tenía el niño en la cabeza no fue hecha por un cohetón, como sostiene hasta hoy el gobierno de Puebla.
La herida que presentaba José Luis en la cabeza, dijo, fue hecha por un objeto contundente de aproximadamente tres centímetros de diámetro. “Un cohetón no, no tiene huellas de quemada en el rededor de la cicatriz”, dijo al descartar que la herida fuera provocada por un cohete.
José Luis Tehuatlie Tamayo es considerado la primera víctima mortal de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, aprobada por el Congreso en mayo pasado y rebautizada por los poblanos como Ley Bala.
El 9 de julio junto con su madre, Elia Tamayo, y vecinos de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, participó en un bloqueo en la carretera Puebla-Atlixco, para exigir al gobernador Rafael Moreno Valle restituir las oficinas del Registro Civil a las Juntas Auxiliares.
Durante tres horas pobladores de distintas juntas auxiliares bloquearon la carretera Puebla Atlixco, a la altura del kilómetro 16.
Al lugar del bloqueo llegaron decenas de policías que, sin atender a las etapas previas de disuasión y negociación, les lanzaron gases lacrimógenos para replegarlos pero éstos respondieron con piedras y palos, lo que desató una batalla campal que dejó cuatro policías y decenas de manifestantes heridos.
En un boletín la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, el mismo día de los hechos, acusó:
“Durante la intervención de la autoridad, los pobladores agredieron lanzando diversos proyectiles como piedras, palos, cohetones, bombas molotov y petardos en contra de los uniformados y de pobladores que caminaban por la zona”.
La versión que sostiene hasta hoy Moreno Valle es que fueron los pobladores quienes iniciaron la agresión, incluso difundió dos videos que, ha dicho, demuestra que así sucedió y culpó a los inconformes del resultado de las acciones, incluido el caso de José Luis.
“La ley que se aprobó en Puebla se aplica, y se aplica con protocolos, y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra”.
Lo lamentable “es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”, acusó el gobernador un día después de la refriega, cuando se supo que entre los heridos, estaba el muchacho de 13 años.
Campaña progobierno en redes
Desde el día del desalojo violento, en redes sociales empezaron a surgir videos en YouTube, páginas sugeridas en Facebook y fanpages en las que se difunde la versión oficial del desalojo violento del 9 de julio.
Uno de los más recientes, es un video titulado “Chalchihuapan la otra cara del 9 de julio”, publicado el sábado pasado en el canal de YouTube “Chalchihuapan Nuestra Historia, creado minutos antes de que el gobierno estatal liberara un comunicado para confirmar la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
El video fue promovido mediante inserciones sugeridas en Facebook.
El video de dos minutos, ofrece el testimonio del policía Mario González Ricaño, quien fue retenido por los pobladores y, postrado en una cama de hospital, afirma que los policías únicamente portaban cascos, escudos y equipos de gas lacrimógeno en el momento del operativo.
Además, afirma que personas con el rostro cubierto portaban bombas molotov e incitaban a los pobladores para quemar a los uniformados.
Usuarios reportaron que el sábado por la mañana fue lanzado otro video en el espacio de publicidad insertada en YouTube, titulado “Las autoridades criminales de San Bernardino Chalchihuapan” en el que se hacía referencia a que tres familiares del edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, tienen antecedentes penales por delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas.
Tras la alerta de los usuarios, el video desapareció la mañana del domingo pasado.
Además, en Facebook y Twitter surgieron cuentas con nombres como “Chalchihuapan nueva historia”, “enchilada poblana”, “Chalchihuapan vive”, entre otras, en las que sólo se difunde información en contra de la diputada Roxana Luna, y el presidente auxiliar y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
En contraparte, el sábado pasado, tras la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, los detractores de Moreno Valle convirtieron en Trending Topic el hashtag “#MorenoValleAsesino”.
Y a través de la plataforma change.org se promueve una solicitud para llevar a juicio político al gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, por “brutalidad policiaca” y por la utilización de balas de goma durante el desalojo del pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, en Chalchihuapan. En cinco días, la petición acumula más de cuatro mil 500 firmas.
En el documento, dirigido a los coordinadores parlamentarios en el Congreso federal y estatal, se afirma que el saldo del desalojo violento del pasado 9 de julio fue de “70 pobladores heridos, entre ellos un menor que perdió la mano izquierda; el caso de Filemón Precio Grande, herido con proyectiles de gas en el abdomen; Martín Xelhua quien fue impactado al lado izquierdo del rostro a la altura de su quijada y Hugo Jiménez quien perdió un ojo tras haber sido golpeado por uno de los artefactos con punta de goma”.
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