Leyes secundarias, “ancladas” en la corrupción calderonista
El renglón de la transparencia es abordado de manera extensa como una de las premisas en el funcionamiento que habrán de tener las nuevas empresas productivas del Estado, de acuerdo con la argumentación de las leyes secundarias en materia energética. Sin embargo, llama poderosamente la atención que en ninguna línea de los extensos borradores se mencione la obligación de pedir la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos de organismos públicos descentralizados que, como en el caso de Luz y Fuerza del Centro –luego del ilegítimo Decreto de Extinción de octubre de 2009–, transfirieron sus bienes al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), para que éste, a su vez, los entregara en comodato a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cuyos informes, a 5 años de distancia, aún permanecen en el limbo.
Así, mientras el gobierno federal se
niega a aceptar el programa de “borrón y cuenta nueva” para los millones
de usuarios que han sido víctimas de altos cobros de electricidad por
los llamados recibos locos de la CFE, busca aplicarlo de manera discrecional a las entidades públicas en vías de extinción, para enterrar
los multimillonarios quebrantos cometidos en perjuicio del patrimonio
de todos los mexicanos, por la corrupción de personajes ampliamente
conocidos como el exdirector del Sae Luis Miguel Álvarez Alonso
–inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública–, y el exdirector
operativo de la “empresa de clase mundial”, CFE, Néstor Moreno Díaz.
Se pretende así que los cimientos de la reforma energética se fundamenten en las corruptas, torcidas,
e ilegales acciones cometidas por el entonces gobierno de Felipe
Calderón Hinojosa, quien dejó tras de sí toda una estela de
irregularidades y conflictos sin resolver, como el litigio que aún
subsiste con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en los
tribunales del país.
En un breve inventario de las cuestiones a
subsanar, vale citar parte del contenido del autoritario Decreto de
Extinción de Luz y Fuerza del Centro, que en su artículo 2 estableció
que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes sería el
responsable de la liquidación del organismo Luz y Fuerza del Centro.
En el párrafo tercero del mismo artículo
se le otorgaron facultades al Sae para tomar de inmediato las medidas
necesarias, a fin de que los bienes del organismo “que se extingue, que
estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica
en el área geográfica en la que hasta antes de su expedición, venía
prestándolo Luz y Fuerza del Centro”; así como los demás que sean
necesarios para dicho servicio “sean utilizados para tal fin conforme a
lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica” (sic).
Como se recordará, a las 00:25 horas del
11 de octubre, el Sae firmó ante notario público un convenio de entrega
de todos los bienes de Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de
Electricidad. Dicho convenio fue ratificado el 11 de agosto de 2010
entre ambas entidades y se le denominó: Convenio en Comodato,
estableciendo en su Cláusula 9 la terminación de dicho Convenio,
mientras que en la Cláusula 10 hablaba de la vigencia del mismo
señalando que será de 3 años a partir del 11 de octubre de 2009, y la
misma quedará prorrogada, automáticamente, por un periodo de 3 años más.
En el actual marco de transformación,
cabe recordar lo establecido en su Cláusula 11, referente a la
devolución de los bienes, así como a la terminación del periodo de
vigencia del Convenio; o a partir de que la CFE conceda el uso parcial o
total de los bienes a un tercero, o los destine para un fin distinto al
previsto.
Indudable que es el momento preciso de
plantear una serie de sustanciales cuestionamientos a los legisladores
para saber con certeza cuál será el destino del Convenio de Comodato
firmado entre el Sae y la CFE, implicando de manera natural un informe
pormenorizado del manejo y rendición de cuentas de los bienes y recursos
de Luz y Fuerza del Centro.
Una de las interrogantes será que los
miembros del Congreso de la Unión le digan al país si la CFE tiene las
facultades de entregar estos activos a un tercero; y a la distancia, a
cuánto asciende el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro en comparación
con octubre de 2009. Que nos aclaren también quién o quiénes operan los 1
mil 100 kilómetros de fibra óptica de la exparaestatal, pues como lo
constató hace un par de años la Auditoria Superior de la Federación
(ASF), aún en el sexenio calderonista, se dieron concesiones en la
materia, como la polémica Licitación 21 de fibra óptica, la cual
benefició de manera preferencial al monopolio de Televisa al ser
otorgada de manera poco transparente, resultando a la vista de la ASF un
verdadero fraude al interés público al representar para la CFE pérdidas
por 2 mil 450 millones de pesos.
Como se recordará, el Sindicato Mexicano
de Electricistas alertó con mucha anticipación sobre las maquinaciones
que ya se tejían para entregar la estructura de la fibra óptica, tanto
de la CFE como de Luz y Fuerza del Centro a particulares, algunos de
ellos, exsecretarios de Energía en el sexenio de Fox, como Fernando
Canales Clariond y Ernesto Martens, en detrimento de las finanzas
públicas y de la población de escasos recursos que quedaba así marginada
de servicios como el internet a precios accesibles.
La misma ASF estableció con puntualidad en su Informe de la Cuenta Pública 2009,
entregado a la Cámara de Diputados, que las causas de “inviabilidad
financiera” sostenida por la administración pasada para solventar su
decreto fascista nunca existieron, pues el quebranto en las finanzas de
Luz y Fuerza del Centro tuvieron como origen la obligada compra de
energía cara a CFE, ordenada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para revenderla a un costo menor a los consumidores, con la
consecuente acumulación de pérdidas. El extenso análisis de la Auditoría
Superior de la Federación también echó abajo la inexistente salud
financiera de la Comisión Federal de Electricidad, empresa que lejos de
haber representado ahorros al país tras el despido de 44 mil
trabajadores del SME, terminó generando más gastos al erario.
Felipe Calderón, en su informe de cierre
de sexenio (2006-2012), no pudo ocultar los montos extras que produjo su
“operación de mantenimiento” en la zona Centro del país, antes atendida
por el SME y Luz y Fuerza del Centro, muestra del colosal error
político del exfuncionario; de forma tal que, mientras en 2009 su gasto
autorizado fue de 199 mil 40 millones de pesos, se elevó a 241 mil 481
millones 161 mil pesos, es decir, tuvo un incremento de 42 mil 441
millones 161 mil pesos; en 2010, de 210 mil 459 millones 375 mil pesos,
su ejercicio de disparó a 267 mil 175 millones 664 mil pesos, es decir,
56 mil 716 millones 269 mil pesos más de lo programado; y en 2011, de un
presupuesto de 238 mil 543 millones 300 mil pesos, lo gastado se
incrementó a 285 mil 753 millones 227 mil pesos; un sobreejercicio de 47
mil 209 millones 927 mil pesos. Si sumamos los excedentes, éstos
rebasan los 140 mil millones de pesos.
Pero hay más asuntos que dilucidar por
parte de los legisladores, como saber cuál es la situación sobre el
subsidio a los usuarios. ¿No señaló Calderón que con el cierre de Luz y
Fuerza y el despido de los trabajadores del SME bajarían las tarifas
eléctricas? ¿Dónde está el mejoramiento al servicio y los miles de
empleos que se crearían con la aplicación del ruinoso Decreto?
¿Ya concluyó acaso el litigio con los
trabajadores del SME? Porque invocando este asunto sin resolver y el
irresuelto comodato entre el Sae y la CFE, no podemos dejar de mencionar
lo establecido por la propia ley en el sentido de que ante un conflicto
laboral, los bienes de una empresa, cualquiera que sea el ramo, serán
para cubrir las obligaciones con los trabajadores, por lo que ante la
inminente desincorporación de CFE, y su mutación a empresa productiva
del Estado, este Convenio de Comodato se deberá cancelar y regresar los
bienes al Sae, para que sean considerados para resarcir el daño
patrimonial causado a los trabajadores del SME por las innumerables
violaciones legales y constitucionales a sus derechos.
Y así como se pregona en las leyes
secundarias el tema de la transparencia, los legisladores deben decir al
pueblo de México en qué líneas, con exactitud, se establece el
compromiso a bajar las tarifas eléctricas, porque al leer con
detenimiento los borradores que están en análisis en el Congreso, tal
tema, así como el de la rendición de cuentas del pasado, sencillamente
no aparecen. Y reforma energética que nace torcida…
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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