Indígenas de Tehuantepec, sin voz durante la transición a energías eólicas
Ante
la transición del paradigma de producción y distribución de energías
fósiles a “energías limpias”, el Estado y las empresas han obviado abrir
espacios informativos para que las comunidades indígenas del Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca, conozcan la implicación de una transición
energética donde esté presente el concepto ambiental, puedan expresar
sus opiniones y sean tomados en cuenta como sujetos de derechos en la
toma de decisiones, aseveró Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC (Prodesc).
En el webinar internacional
“Impactos de la transición energética: Una mirada desde la defensa
integral” –organizado por Prodesc–, Guadalupe Ramírez, mujer indígena
zapoteca integrante de la comunidad Unión Hidalgo, mencionó que en 2006
llegó la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) a rentar
sus tierras, y en 2009 firmaron un contrato por 30 años; sin embargo,
cuando recurrieron al apoyo legal, visualizaron que todas las cláusulas
del contrato beneficiaban a la empresa y se firmaron bajo el régimen de
propiedad privada cuando son tierras de régimen comunal –violando la Ley
Agraria–; además, no se realizó ninguna consulta.
Asimismo, la defensora de la tierra y
del territorio de la comunidad Unión Hidalgo aseveró que los firmantes
inconformes solicitaron el apoyo de la autoridad de Oaxaca y no
recibieron respuesta, por lo que el parque fue inaugurado en octubre de
2011 por el presidente Felipe Calderón. También indicó que el mismo año
–con la asesoría de Prodesc– recuperaron su vida comunal, y en 2013
demandaron la nulidad de los contratos ante el Tribunal Unitario Agrario
con sede en Tehuantepec, pero hasta ahora no hay resolución.
En 2017, la comunidad tuvo conocimiento
de un segundo parque eólico impulsado por la empresa Electricidad de
Francia (EDF), quien antes de realizar una consulta ya había obtenido un
permiso por parte de la Secretaría de Energía (Sener) en 2012. En el
mismo año se pretendió hacer una consulta y, en abril de 2018, ésta fue
demandada por haber sido realizada en condiciones inadecuadas. En
octubre se suspendió la consulta y la construcción del segundo parque
eólico. Con ello, se ordenó a la Sener la planeación de una consulta
previa, libre e informada, y en noviembre de 2018 se retomó la consulta
con las mismas irregularidades, explicó Guadalupe Ramírez.
En este sentido, la activista concluyó
su participación diciendo que su comunidad no está “en contra de un
proyecto eólico: estamos en contra de las formas en las que se llevan a
cabo estas consultas. Nuestra comunidad no está informada, no saben lo
que es una consulta, no saben lo que es un protocolo. Entonces no
podemos dar un consentimiento y esa es la inconformidad de los
defensores y defensoras de la tierra y del territorio de nuestra
comunidad”.
Al respecto, la directora ejecutiva de
Prodesc mencionó que “las comunidades que están siendo afectadas lo que
más están pidiendo es información adecuada y una participación en donde
sea garantizada en igualdad de otros actores con mucho poder, como son
las empresas y el propio Estado. […] Las comunidades no están en contra
de las energías renovables, están en contra de corrupción y engaño en la
que todas las industrias han basado su modelo de producción y de
desarrollo”.
Adicionalmente, mencionó que con la
falta de consultas previas e informadas a las comunidades indígenas se
les considera como objetos, no como sujetos de derechos.
En cuanto a la violencia, Irene González
de la Alianza contra la Pobreza Energética y Enginyeria Sense
Fronteres, afirmó desde su conocimiento en el caso español que “el
extractivismo –independientemente si es energía limpia o si es energía
fósil– acaba generando un fuerte impacto en el territorio […]. Ese
impacto tiene un fuerte componente de género [donde] sacan a la mujer de
la esfera de la toma de decisiones y generan una división sexual de
roles muy fuerte en las comunidades”.
Por lo anterior, Alejandra Ancheita
consideró que “es necesario no sólo una transición energética, sino
repensar un modelo económico en donde los derechos de las minorías sean
derechos que se respeten y se aseguren en su progresividad”. Asimismo,
mencionó que la ley debe de ser una herramienta para abrir espacios para
las comunidades afectadas por la industria.
En el foro, la periodista Diana Manzo
señaló que “el Istmo de Tehuantepec es una zona privilegiada para las
energías alternativas”; pues, hasta ahora, hay 28 parques eólicos con
alrededor 1 mil 500 turbinas. Asimismo particularizó el caso de la
comunidad Unión Hidalgo, Oaxaca, donde apenas hay un parque eólico y un
segundo parque se encuentra paralizado por la detención de la consulta a
los pueblos indígenas.
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