México, cementerio de plantas de tratamiento de aguas: 819, inservibles
En México, 819 plantas de tratamiento de aguas residuales se encuentran fuera de operación, revela la Conagua a Contralínea. Tres de ellas se ubican en el Estado de México y afectan a más de 11 mil habitantes, que consumen el recurso contaminado del río Amecameca. Con aguas sucias, ejidatarios afectados riegan sus cultivos; los productos acaban en los mercados de la Ciudad de México
San Mateo Huitzilzingo, Estado de
México. De las 3 mil 359 plantas de tratamiento de aguas residuales que
hay en el país, 819 –el 24.3 por ciento– se encuentran fuera de
operación, revela a Contralínea la Comisión Nacional de Agua (Conagua).
Tres de esas instalaciones inoperantes
son las que supuestamente sanearían el río Amecameca, en el Estado de
México. Se trata de la de San Mateo Huitzilzingo, la de San Pablo
Atlazalpan y la de Temamatla. Tan sólo en este último caso se calcula
que son 11 mil personas impactadas por el abandono en el que se
encuentra la infraestructura.
De acuerdo con habitantes de la zona, la
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) les prometió que con las
plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) se sanearía ese río, lo
que conllevaría un doble beneficio, pues las comunidades que ahí habitan
se dedican esencialmente a la agricultura y ello beneficiaría al riego
de sus cultivos.
Carlos
Tecla López, presidente del Comisariado Ejidal de Temamatla. “Da mucha
tristeza que el gobierno no pueda hacer algo para solucionar esto, para
ayudarnos. Hay pura corrupción en nuestro país”.
Durante un recorrido hecho por Contralínea
en las tres comunidades*, ejidatarios aseguran que las autoridades
locales, estatales y federales están dañando su vida y sus campos,
transformando el río Amecameca en canal de aguas negras e incentivando el crecimiento de la mancha urbana. Además, acusan que las tres PTAR son inservibles.
Consultado por este semanario el pasado
19 de febrero en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel
López Obrador reconoció: “Es un problema grave la contaminación de los
ríos, el Lerma, el Atoyac, la mayoría, desgraciadamente, de los ríos. Y
se producen enfermedades graves por esta contaminación”.
El primer mandatario aseguró que la
Secretaría de Medio Ambiente va a “presentar un diagnóstico y un plan
para limpiar los ríos y que funcionen [las] plantas de tratamiento que
se han comprado y quedaron ahí arrumbadas. Y también poner orden, desde
el punto de vista legal, que se castigue a quienes tiren desechos, aguas
negras, incluso metales contaminantes a los ríos”.
Benjamín López Ortiz, presidente del
Consejo Ejidal de San Mateo Huitzilzingo, expone: “A nosotros nos ha
venido a afectar la CAEM, en primer lugar con la no resolución de la
alta contaminación del río Amecameca, ya que esta Comisión es la
encargada de él; y en segundo lugar, con la planta de tratamiento de la
región que beneficia solamente como a unas cinco o seis personas y deja
sin el preciado líquido a 220 familias”.
Agrega que a los ejidatarios se les
impide entrar a la planta “porque el ingeniero de ahí, que se apellida
Caballero, se dio cuenta que estábamos investigando muy de cerca la
situación, cuando fue él quien se comprometió a darnos agua a nuestro
ejido. Recuerdo que hace más de 1 año que platicamos con él nos comentó
que tenían un presupuesto de 90 millones de pesos y le hacían falta 18
millones más para terminar de construir la planta y así poder darnos
finalmente el agua; sin embargo, cuando ya obtuvo la suma total de 108
millones, no cumplió lo que nos dijo y realmente no lo va a hacer”.
Sabino
Ortiz Jiménez, tesorero del Comisariado Ejidal de Temamatla. “Que no
haya una planta de tratamiento sí nos ha perjudicado: hemos tenido
graves pérdidas en los cultivos; y luego que no llovió, hemos sufrido
sequía y si hubiera estado esta planta en función hubiéramos podido
salvar algo”.
López Ortiz explica que los ejidatarios
presentaron un reporte a la presidencia municipal en el cual exponen la
situación. La autoridad local los canalizó con el Organismo
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, “pero
tampoco tomaron cartas en el asunto. Entonces les da lo mismo: a ellos
no les importa si funciona o no la planta porque no tienen la necesidad
del agua como nosotros la tenemos”.
El abandono de la infraestructura se da a
pesar de que en el gobierno de Felipe Calderón, la Conagua presentó el
Programa Integral de Saneamiento del Río Amecameca, al cual se le
destinaron 876 millones de pesos en dos etapas, con el objetivo de
tratar las descargas de aguas negras generadas en la cuenca del río (comunicado de prensa 257, del 16 de agosto de 2011).
Dicho programa debía concluir en 2015, e
incluía la instalación de sistemas de recolección y plantas de
tratamiento en los municipios de Amecameca, Atzingo, Ayapango,
Ayotzingo, Cuijingo, Chalco, Juchitepec, Nexapa, Temamatla y Tenango del
Aire en la parte alta de la cuenca.
Ante la indolencia gubernamental, el 12
de noviembre de 2019, 11 ejidatarios presentaron una denuncia ciudadana
ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP), para que se investiguen las irregularidades que
han documentado en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de la comunidad. Para este proceso tuvieron el acompañamiento
de las organizaciones Controla Tu Gobierno, Fundar y la Comisión de la
Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía.
Al respecto, Francisco Núñez Escudero, encargado de la Vocalía Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México, dice a Contralínea que
a pesar de que se busca contribuir al saneamiento del río Amecameca con
las PTAR, las que ellos construyen son para residuos orgánicos, y
aclara: “si hay residuos de carácter industrial eso no lo atienden las
plantas, eso más bien está faltando a la normatividad de descarga que se
establece y eso le corresponde a otras entidades distintas de la CAEM,
nosotros buscamos apoyar en ese tema, pero cada quien debe hacer la
parte que le corresponde”.
Javier
Vallejo Pérez, ejidatario de Temamatla. “Nosotros sólo queremos que
terminen de construir la planta para no gastar el agua potable para
regar, porque de por sí sufrimos de [escasez de] agua; entonces es
injusto que el gobierno haya derrochado tanto dinero, que lo haya tirado
a la basura”.
A su vez, señala que “toda instalación
hidráulica tiene seguridad y para ingresar a ella se debe pedir un
permiso […] yo puedo afirmar que cada persona que ha solicitado un
permiso para entrar [a las PTAR] se la ha concedido”.
El funcionario explica que el aumento
del presupuesto en la construcción de la planta de Huitzilzingo fue
derivado del sismo de 2017: “los tanques sufrieron fracturas y
prácticamente la obra civil se tuvo que rehacer y eso no sólo impidió
que entrara en operación con anterioridad sino que aumentó mucho el
costo por los daños”.
Por su parte, el secretario del
Comisariado Ejidal de San Mateo Huitzilzingo, Carlos Medina López,
asegura que el municipio prometió apoyo económico para el ejido de la
comunidad, sin embargo, este jamás llegó. “A nosotros los ejidatarios no
nos llega nada. Quisiéramos que ellos mismos vinieran y nos dijeran:
‘aquí está el dinero y úsenlo para su campo’, pero no, y ahora nuestras
tierras están secas. Antes sacábamos tres cosechas completas de maíz al
año, pero ahora si acaso sacamos 10 cargas de maíz con ayuda de unas
bombas que nosotros mismos mantenemos, pagamos gasolina y reparaciones
de éstas para regar los cultivos”.
El campesino agrega que en esta zona del
río Amecameca había muchos árboles, pero la propia Comisión del Agua
del Estado de México tiró varios. Y señala que funcionarios de esa
dependencia aseguraron que tenían “la orden de tumbar todo y es mentira
porque eso está penado, se los dijimos, pero nos ignoraron”.
No obstante, el encargado de la Vocalía
Ejecutiva de la CAEM, Núñez Escudero, asegura en entrevista que son los
mismos ejidatarios los que prefieren el uso del agua no tratada, por lo
que en su mayoría están en contra de la construcción de las Plantas de
Tratamiento de Agua Residual.
Agrega que es el gobierno, a través de
la Comisión del Agua, el que ha promovido que utilicen el recurso
tratado en las plantas. “Y realmente es un fenómeno generalizado en todo
el país, no sólo en el Estado de México: muchas veces los agricultores
prefieren utilizar aguas no tratadas a utilizar aguas tratadas”.
Carlos
Medina López, secretario del Comisariado Ejidal de San Mateo
Huitzilzingo. “Nunca hemos tenido ni un peso de apoyo del gobierno
actual ni de los gobiernos anteriores. Siempre nos prometen y nunca
cumplen”.
-¿Ustedes cómo tienen este dato de que estas personas prefieren usar el agua no tratada?
-Porque se han manifestado al respecto
en todo el país. Usted puede revisar que, por ejemplo, la principal
objeción para la construcción de la planta de El Salto, que depende de
la Conagua, es que los agricultores no quieren que se les intercambie el
agua sin tratar por agua tratada, básicamente porque en el tratamiento
se disminuye el número de nitratos dentro del agua y éste es un abono
para los cultivos.
-Los ejidatarios [que dependen del río
Amecameca] dicen que ellos sí quieren que se les trate el agua, pero
como estas plantas no están funcionando utilizan el agua sucia.
-Bueno, la planta de Huitzilzingo y
Atlazalpan sí están funcionando y sin embargo el agua termina otra vez
en el río Amecameca. Nosotros desafortunadamente no hemos encontrado una
fuerte disposición por utilizar el agua tratada. Quizs alguno por
excepción prefiere el agua tratada, pero en los hechos, en todo el país,
la gran mayoría de los agricultores prefiere el agua no tratada.
Pueblos, obligados a consumir agua sucia
Aproximadamente 11 mil habitantes de
Temamatla, San Mateo Huitzilzingo son obligados a consumir el vital
recurso contaminado, pero la afectación es mucho más extensa.
Alberto Yescas, ejidatario de San Mateo
Huitzilzingo, explica que “el agua sucia del río Amecameca es la que se
está utilizando para regar los cultivos: la verdura que se logra sembrar
ingresa a la Ciudad de México y se lleva a los mercados, entonces
hablamos de verdura contaminada. La responsabilidad es del gobierno,
pero no hay interés. Hasta el momento nadie ha venido a analizar el agua
del río y queremos que lo hagan porque inclusive el agua potable que
consumimos ya se está contaminando nuestro pozo: está encharcado y
rodeado por esta agua sucia. Ya es necesario que hagan algo al
respecto”.
La situación se replica en otras
comunidades. Sabino Ortiz Jiménez, tesorero del Comisariado Ejidal de
Santiago Zula, explica: “todas las hectáreas que tenemos aquí,
aproximadamente unas 200, se perdieron y nuestras ventas económicas
cayeron al cien por ciento, estamos en ceros; además de que algunos de
los ejidatarios riegan sus cultivos con aguas negras. Está mal, lo
sabemos, está muy mal porque es agua contaminada. Nosotros sólo pedimos
que nos ayuden, que nos terminen de construir la planta y traten el agua
para poder usarla, yo me pregunto ¿por qué cancelaron el proyecto si
todavía no lo terminaron?, ¿en dónde se quedaron todos esos recursos?
Porque esta obra que podemos ver aquí no vale esos casi 48 millones que
dicen que invirtieron”.
Benjamín
López Ortiz, presidente del Consejo Ejidal de San Mateo Huitzilzingo.
“Yo no entiendo por qué nos perjudican si somos campesinos. Nosotros
sólo queremos conservar nuestro ejido y que no empiece a crecer la
mancha urbana”.
En el caso de San Pablo Atlazalpan, uno
de los trece pueblos originarios que conforman el municipio de Chalco,
Floriberto Martínez Flores, integrante del Consejo Comunitario y miembro
del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, detalla que en 2015
comenzó el proyecto de la PTAR en las tierras de la comunidad y fue en
2018 cuando terminó la construcción. Sin embargo, jamás fue entregada a
los ejidatarios como se les había prometido.
“Nosotros tenemos unos videos donde se
puede ver que la CAEM nos aseguró que, concluida la obra, nos la
entregarían a los ejidatarios para hacernos responsables de la
administración y mantenimiento, pero no fue así y actualmente se
encuentra sin operar.”
Agrega que antes de ello, los
ejidatarios “teníamos nuestros pozos y lagunas, pero vinieron a
prometernos que la planta nos beneficiaría y que sería nuestra;
entonces, toda la comunidad cooperó para comprar el terreno en el que
está construida, ahora que nosotros les pedimos que nos entreguen la
planta, sólo nos dicen que nos van a avisar y así nos han traído desde
hace meses”.
Al respecto, Vicente García de Jesús,
presidente del Consejo de Vigilancia del Comité de Agua Potable del
pueblo originario, expone: “fuimos a las oficinas de la CAEM y el vocal
ejecutivo nos dijo que como campesinos no teníamos la capacidad de poder
operar ni administrar la planta, y que se la daría a una empresa
privada”.
Alberto
Yescas, ejidatario de San Mateo Huitzilzingo. “Nosotros teníamos
entendido que el presupuesto del gobierno federal que tenía para estos
programas de las plantas iba a ser utilizado para sanear esta zona, para
uso de riego del ejidal y producción del campo, pero no fue así;
entonces aquí hay un grave problema de corrupción”.
No obstante, señala que la comunidad
cuenta con un comité de agua potable que es autónomo, es nombrado en
asambleas cada 3 años. Por ello, propusieron que éste junto con los
productores operen la planta. “Pero hemos obtenido negativa del gobierno
del estado diciendo que no es permitida esta administración”.
Los ejidatarios entrevistados narran que
antes cultivaban maíz, frijol, haba, apio, coliflor, betabel, avena,
cilantro, lechuga, brócoli, verdolaga, romero, alfalfa, espinaca, entre
otros, para poder surtir los mercados de la capital. También criaban
vacas, cerdos, gallinas y caballos. Sin embargo, la pérdida de sus
campos y de sus ganados ha orillado que vendan sus tierras y recorran
grandes distancias a la capital en busca de trabajo. Algunos más han
migrado a otros estados o se dedican al comercio para poder solventar
los gastos familiares.
“Estamos exigiendo que este recurso [el
agua] sea destinado para nuestra producción agrícola, como pueblo
originario tenemos ese derecho y lo vamos a ejercer. El gobierno federal
y estatal nos han negado ese derecho y por eso nos estamos organizando.
No pedimos más que el poder utilizar el agua para nuestros campos; ya
que al momento, de nuestras 500 hectáreas, ya hemos perdido un 90 por
ciento”, declara Julio García, miembro del Colectivo del Consejo
Comunitario de San Pablo Atlazalpan.
La planta de Temamatla
Los ejidatarios de Temamatla denuncian
que la planta de tratamiento de agua residual, que también depende de la
CAEM, está abandonada desde hace más de 5 años, y aún no está
terminada. En ella se invirtieron más de 47 millones de recursos
federales y locales.
Pero no son los únicos afectados. “La
planta lleva años que no le han hecho nada, ahí se puede ver yo creo
sólo un 60 por ciento del proyecto. La comunidad cedió parte de los
terrenos para que se hiciera la obra porque nos dijeron que íbamos a
obtener un beneficio para el ejido [San Juan de Dios de Santiago Zula],
pero nunca la terminaron y jamás obtuvimos ese beneficio”, manifiesta
Carlos Tecla López, presidente del Comisariado Ejidal de Santiago Zula.
Por el contrario, asegura, “hemos
perdido nuestros cultivos y hemos tenido escasez de agua”. Y agrega:
“sólo una vez a la semana tenemos agua: los sábados. Ese día durante 12
horas echan a andar el pozo. Los que tenemos cisterna se nos alcanza a
llenar, pero otros apartan agua en los botes que tengan. También tiene
mucho que ver si son familias grandes o chicas: a las familias grandes
yo creo que el agua sólo les dura 2 o 3 días y es cuando deben contratar
una pipa en 700 pesos o comprar tambos de 200 litros en 150 pesos”.
Por su parte, Javier Vallejo Pérez,
ejidatario de Temamatla, afirma que “si esta planta tratadora empezara a
funcionar, de aquí nos llevaríamos unas redes de agua al pueblo, a la
deportiva, a las escuelas que tienen jardines y hacer unos lagos para
poder regar; así no estaríamos gastando el agua potable porque aquí está
súper escasa. Con el problema de la sequía y que no hay agua para
regar, muchos han tenido que vender sus tierras. De los 108 ejidatarios
sólo 10 continúan sembrando maíz, frijol, calabaza, avena, hortaliza y
algunos regando con agua sucia”.
Vicente
García de Jesús, presidente del Consejo de Vigilancia del Comité de
Agua Potable de San Pablo Atlazalpan. “Algo que nos preocupa es que se
está perdiendo la producción agrícola y nosotros estamos buscando que
esto no suceda, pero para esto necesitamos el agua”.
Al respecto, la organización Controla tu
Gobierno indica que para la construcción de la PTAR en Temamatla, la
Comisión del Agua del Estado de México firmó cinco contratos con cinco
empresas por un total de 47 millones 797 mil 364.69 pesos.
La organización proporcionó a Contralínea una copia de los cinco contratos:
-
Contrato CAEM-DGIG-APAZU-033-14-CSS, formalizado el 18 de julio de 2014 con la empresa Grupo Arquitec RS de Morelos, SA de CV, con un presupuesto asignado de 7 millones 886 mil 871.96 pesos.
-
Contrato CAEM-DGIG-APAZU-057-15-CS, formalizado el 3 de marzo de 2015 con Promotora VIPLAN, SA de CV, por 9 millones 173 mil 203.41 pesos.
-
Contrato CAEM-DGIG-PROTAR-116-15-CP, formalizado el 29 de mayo de 2015 con VALSI Infraestructura, SA de CV, con un presupuesto asignado de 29 millones 390 mil 542.30 pesos.
-
Contrato CAEM-DGIG-PROTAR-196-15-CS ,del 17 de julio de 2015, con Grupo Enriquez Soluciones Ambientales y Desarrollo Empresarial, SA de CV, por 997 mil 555.64 pesos.
-
Contrato CAEM-DGIG-PROTAR-217-15-CS, del 20 de julio de 2015 con ESGON de México, SA de CV, por 349 mil 191.38 pesos.
Floriberto Martínez Flores, miembro del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia. “Nosotros dependemos de nuestros cultivos, pero ahora se están secando por falta de agua”.
Además, Controla tu Gobierno explica que
en la ejecución de la obra se identificaron algunas irregularidades,
entre las que sobresale: el incumplimiento de los plazos de entrega,
puesto que el último venció en septiembre de 2016 y el terreno en el que
se estaba construyendo, pues se halla entre los límites de Temamatla y
Chalco, lo cual dificulta que alguna de las dos demarcaciones asuma los
costos de operación que, según estimaciones, ascendería a 1 millón 289
mil 877.13 pesos por año, lo que implicaría un costo de 1.70 por metro
cúbico de agua tratada.
“Esta planta está en ruinas y ni
siquiera está cercada, para su construcción se utilizaron recursos
federales y estatales”, puntualiza Pamela López, investigadora de
Controla tu Gobierno; y agrega: “hasta el momento, de las 11 plantas que
hemos vigilado, solamente dos están en funcionamiento, una está en
proceso de construcción y las otras siete están igualmente abandonadas,
[…] lo cual ha afectado a ejidatarios, productores y campesinos que no
han podido utilizar el agua de estas PTAR”.
Asimismo, Elvia Arzate, coordinadora de
proyectos de la misma asociación, explica: “nosotros interpusimos una
denuncia ciudadana porque en una de las 11 PTAR, la de Huitzilzingo,
encontramos errores de planeación y construcción porque donde se
encuentra actualmente se está hundiendo. […] Estamos en espera de que la
Auditoría Superior de la Federación investigue si hubo o no
malversación, corrupción o tráfico de influencias”.
Julio García, integrante del Colectivo del Consejo Comunitario de San Pablo Atlazalpan. “No pedimos más que el poder utilizar el agua de nuestros campos, pero los gobiernos federal y estatal nos han negado ese derecho”.
Destaca que además de la de San Mateo
Huitzilzingo, hay otras plantas de tratamiento de agua residual –como
las de San Pablo Atlazalpan, Ayotzingo y Tenango del Aire– que se hallan
en situaciones parecidas en la región de Chalco: “todas las plantas de
la región están en las mismas condiciones, unas peor que otras, como
ésta [la de Temamatla] que ni siquiera tiene un proyecto para terminarla
o rehabilitarla, e incluso ya se han llevado todo el equipamiento;
entonces está abandonada y los más de 47 millones invertidos en ella se
fueron al río con toda la suciedad”.
Las integrantes de Controla tu Gobierno
señalan: “nosotros tenemos información que muestra que hay cinco
empresas involucradas y nos preguntamos por qué el gobierno [del Estado
de México] decidió contratarlas; por qué usar esta cantidad de dinero y
por qué dejarla simplemente abandonada. Los ciudadanos tenemos el
derecho de pedir explicaciones sobre cómo se están usando nuestros
recursos y las personas que viven aquí que son las perjudicadas
directamente, el gobierno no las toma en cuenta, pareciera que son
invisibles”.
Viridiana García/enviada
*El recorrido se realizó previo a la pandemia de Covid-19
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