AMLO apuesta por eliminar el outsourcing actual y crear una nueva modalidad
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves una iniciativa para regular la subcontratación, la cual cambia el enfoque que hasta ahora existía en la legislación laboral. No prohíbe esta modalidad de empleo, permite subcontratar bienes o servicios e impide que la materia de la transacción sean las personas.
“Partimos de un principio, que es que el trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía”, señaló Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La propuesta de reforma, sostuvo, beneficia no sólo a quienes laboran bajo esta modalidad, sino también a las empresas “que sí cumplen”, a los institutos de seguridad social y a la Hacienda pública.
De acuerdo con la funcionaria, hay cerca de 4 millones 600,000 de personas trabajando en esquemas de subcontratación. Se trata de una estimación, aclaró, pues “uno de los principales problemas es que no se tienen registros claros, así que consideramos que es muy probable que esa cifra sea menor a la real”.
Este mecanismo se creó “para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicios, pero se deformó y se echó a perder”, apuntó López Obrador en la conferencia de prensa matutina, donde dio a conocer la propuesta.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, en la pandemia de covid-19 este modelo de contratación facilitó “despidos masivos”, pues gran parte del personal cuenta con contratos laborales temporales.
Por ello, los principales ejes de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados son:
- Nueva figura. Se eliminan de la Ley Federal del Trabajo los artículos con los que se creó la modalidad vigente: 15-A, 15-B, 15-C y 15-D, y se reglamenta una nueva.
- Servicios sí, personal no. Prohibición de la subcontratación de personal, sólo se pueden subcontratar “servicios especializados”.
- Agencias limitadas. La operación de las agencias de colocación de trabajadores estará acotada sólo a tareas de reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal.
Las nuevas reglas
El cambio de enfoque, de subcontratar servicios y no personas, es “una pulcritud civilizatoria”, a decir de Alfonso Bouzas Ortíz, doctor en derecho y especializado en materia laboral. Este nuevo concepto que plantea el gobierno federal la coloca “en su espacio natural: la subcontratación es de bienes o servicios, no de personas”.
Al excluir a las trabajadoras y los trabajadores de este concepto, “se puede analizar, de manera sana, cuándo hay verdadera subcontratación y cuándo hay evasión” de las obligaciones.
Es claro que quienes realizan los servicios o producen los bienes es el capital humano, “pero la materia de esta modalidad no es esa”, explicó en entrevista el coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
Esta iniciativa tiene “la virtud de que es sencilla y directa”, opina. Y que toca temas de vivienda o seguridad social, pero también integra cuestiones fiscales y penalizaciones por defraudar y evadir impuestos. En ese sentido, “es una iniciativa completa”.
Quienes piensen que la subcontratación se prohíbe, “están leyendo mal”. Lo que se elimina es la que se hace de manera “fraudulenta y simulada”, subraya. De acuerdo con la iniciativa, las reglas para operar este esquema de contratación son:
- Las empresas que ofrezcan subcontratación de servicios tendrán que contar con la autorización de la STPS, ésta tendrá una vigencia de tres años
- Se creará un padrón de prestadoras servicios especializados, que coordinará la STPS
- La empresa que contrate los servicios especializados será responsable solidaria en el caso de incumplimiento de las obligaciones patronales
- Las prestadoras de servicios especializados deberán entregarle al IMSS un reporte trimestral de todos los contratos celebrados en cada periodo
- Cada cuatro meses, las empresas de subcontratación tendrán que presentar un informe al Infonavit sobre los trabajadores con los que cuenta y sus contratos de servicios
- Se prohíbe la deducción o acreditación fiscal de la subcontratación de personal
- Las empresas actuales de tercerización tendrán un plazo de seis meses una vez que entre en vigor la reforma para adecuarse a las nuevas reglas
Los dientes de la iniciativa
La falta de una regulación adecuada ha permitido que algunas empresas de subcontratación afecten a las trabajadoras y los trabajadores, señaló Luisa María Alcalde. El subregistro de los trabajadores en el Seguro Social, es uno de los daños. “Es decir, inscriben a los trabajadores por debajo de sus salarios reales”.
Esto disminuye el monto de pensión que recibirán, no permite que crezcan sus fondos de vivienda. “Y también hay afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades”.
En muchos casos no se sabe “quién es el verdadero patrón”. Afecta la estabilidad en el empleo, “porque los corren y los contratan, o los mueven de empresas a contentillo”. No les reparten utilidades y les impide la participación sindical, dijo.
Por eso, la iniciativa prevé las siguientes sanciones:
- Hasta 434,400 pesos a las empresas de subcontratación que operen sin autorización de la STPS
- Hasta 173,760 pesos para las prestadoras de servicios que no entreguen los reportes trimestrales al IMSS
- De 150,000 a 300,000 pesos por la omisión en la entrega de información sobre la deducción o acreditamiento del IVA e ISR por los servicios
“Una reforma que no intimidara a los defraudadores con consecuencias pronto los llevaría a encontrar la manera de darle la vuelta sin costos”, opinó Alfonso Bouzas. “Es el segundo paso en la reforma laboral que se inició en 2017, y a la cual le falta muchos pasos más”. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados, adelantó el presidente López Obrador.
En el 2019 el Congreso aprobó varias reformas a la Ley Federal del Trabajo con las que cambió el sistema de justicia en materia de empleo y democratización sindical. Sin embargo, al no llegar a un consenso, la regulación la subcontratación se pospuso.
En ambas Cámaras se realizaron parlamentos abiertos y en el Senado la iniciativa, del presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, logró un dictamen en sentido positivo. Pero no llegó al pleno, el sector empresarial y algunos legisladores la vieron como prohibitiva y no la apoyaron.
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