La liquidación de Luz y Fuerza del Centro, objetivo de la oligarquía
Francisco Javier Carrillo Soberón*
Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.
Lo que sorprende de la forma en que se emitió el decreto, mediante el cual se liquida al organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, no es tanto su contenido equívoco, ilegal, irresponsable y apuradamente elaborado, sino la violencia que ha acompañado este acto dictatorial de Felipe Calderón.
Ciertamente, quienes venimos luchando desde hace más de 30 años en la defensa del sector eléctrico nacionalizado observamos este asunto como la forma más agresiva, culminante, de una estrategia liquidadora de la antigua Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que arrancó desde que se dio la derrota de la Tendencia Democrática del SUTERM, que encabezaba Rafael Galván.
Una rápida visión histórica
Hay una línea de continuidad de los gobiernos priistas con los panistas, en cuanto a buscar terminar, costara lo que costara, con la existencia de un sindicalismo avanzado, democrático, autónomo y combativo al seno de una industria estratégica como es la encargada del servicio público de la electricidad en México. Desde la nacionalización de 1960, los esfuerzos de los diferentes gobiernos se centraron en evitar, como fuera, el que el SME unificara objetivos y filas con el antiguo STERM de Galván, posteriormente Tendencia Democrática del SUTERM. Vale señalar que la suma de ambos sindicatos, entonces, hacía mayoría sobre el cetemista SNESCRM que comandaba Francisco Pérez Ríos, quien habría tenido que aceptar la titularidad contractual de un sindicato democrático y nacionalista.
En aquella primera etapa el objetivo del Estado era mantener el control sumiso del movimiento obrero nacional, y evitar el surgimiento de una poderosa fuerza sindical insurgente que cuestionara las bases de un régimen de explotación capitalista tercermundista, dependiente y corrupto.
A partir de 1982, se sumó a este objetivo el desaparecer una fuerza que era crítica sin cortapisas a la ola privatizadora que inauguraron los gobiernos tecnócratas neoliberales priistas y profundizaron las camarillas corruptas blanquiazules. Este tema de la tensión por privatizar la industria encontró puntos culminantes y representativos.
La coyuntura por la sucesión presidencial en 1987, cultivó las condiciones para que el SME, en febrero 27 de aquel año, estallara un movimiento de huelga por incremento salarial de emergencia, intervenido por la fuerza pública, lo que le impidió interrumpir plenamente el servicio eléctrico, pero fue una señal inequívoca de que el SME tenía potencial para encabezar luchas trascendentes en el país. Esto motivó a Salinas a buscar un acuerdo con el SME en la campaña presidencial de 1988, para hacer contrapeso al cardenismo de la Quina en el sindicato petrolero. De este modo, el Congreso en diciembre de 1989 votó la modificación al cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ordenando al Ejecutivo a que decretara el fin del estado de liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA.
Sin embargo esta iniciativa, congruente con la consolidación del control estatal sobre una empresa pública, iba en contrapelo de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí la delegación mexicana aceptó que en el asunto de generación de electricidad para el servicio público, se promovería la participación privada, violentando el marco constitucional. Antes de la firma del TLCAN, en diciembre de 1992, Salinas propuso, a tono con su comisión negociadora, la modificación entonces del artículo tercero de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, dando entrada con ello a las anticonstitucionales figuras de generadores privados de electricidad para el servicio público.
¿Cuál fue la única fuerza sindical que se opusa a tal reforma?, la Asamblea General del SME, de diciembre de 1992, que se pronunció unánimemente en contra de la reforma privatizadora, y de la opinión del entonces secretario general esmeíta, Jorge Sánchez García, quien aceptaba tales reformas y finalmente se dio mañas para maniatar al SME en su voluntad nacionalista. Pero esta actitud le costó perder la secretaría general en julio de 1993.
O sea que, ya en el arranque de las iniciativas privatizadoras salinistas, el SME ya demostraba que las corrientes democráticas, nacionalistas y antineoliberales empezaban a ser mayoría al seno del sindicato, después de un largo período de control priista que, entre otras cosas, impidió la unidad democrática de todos los electricistas del país.
En este escenario se dio la revisión del contrato en los meses de diciembre de 1993, y un combativo mitin el 6 de enero de 1994 de los trabajadores del SME frente a las oficinas de la todavía Compañía de Luz en liquidación, mitin muy presionado por los voceros de gobernación, que intentaron disuadirnos de su realización, ya que apenas cinco días antes se había desatado la insurrección zapatista.
Posterior a este mitin el gobierno de Salinas, representado por Arsenio Farell, solicitó al SME no emplazar a huelga en el proceso de revisión del contrato colectivo, dadas las delicadas condiciones políticas nacionales. El nuevo núcleo dirigente del sindicato decidió negociar el no emplazar a huelga a cambio de que el Ejecutivo cumpliera la instrucción del Legislativo de decretar la creación de Luz y Fuerza del Centro, tal como se lo ordenaba el cuarto transitorio de la ley, y que Salinas estaba burlando cínicamente.
No fue una negociación fácil, durísimas asambleas hubo que desahogar. La última resolutoria duró 30 horas de discusión continuas, y finalmente, con una votación ampliamente mayoritaria, se aceptó la negociación del SME con el Ejecutivo. Se concluyó la revisión en los primeros días de febrero del 94 y el 8 de febrero Salinas finalmente decretó la creación de Luz y Fuerza del Centro. Esto fue todo un triunfo del SME, porque además firmó un convenio de modernización e inversión pública para eficientar la empresa, lo veíamos como un giro brusco en contra de la estrategia liquidadora de los neoliberales.
Sin embargo la vocación privatizadora y los intereses que la empujan siempre han podido más que la obligación ante el país y ante las leyes, y Zedillo en el 99 propuso la privatización total de la industria eléctrica. Esta intentona fue derrotada por una amplia gama de fuerzas nacionalistas que sin duda encabezó virilmente el SME, seguramente este es otro pecado que no se le perdona al SME. Igual suerte corrió la torpe propuesta de Fox, en 2001, de crear un mercado eléctrico mayorista, y más adelante su intentona de modificar el reglamento de la Ley del Servicio Público ampliando la presencia privada en la generación de electricidad. En todas estas batallas la fuerza social del SME es la fuerza protagónica que defendió los intereses nacionales contra el entreguismo panista y zedillista.
Qué distintas historias han corrido la desaparición de los Ferrocarriles Nacionales, la tan avanzada privatización de las actividades petroleras nacionales y la creciente presencia de privados en la generación de electricidad a lo largo y ancho del país, y quizás la diferencia sustancial está en la actitud de las dirigencias sindicales, rastreras, cómplices y abyectas para con los intereses que representan; ya que ni el sindicato ferrocarrilero, ni el petrolero ni el SUTERM han defendido el interés de sus agremiados ni de la nación, y en cambio los dirigentes se han enriquecido como socios de los nuevos intereses privados en las industrias estratégicas.
La atención al usuario y la corrupción
El SME, entretanto, no ha estado exento de problemas y errores. Particularmente se menospreció la utilidad que para nuestros enemigos ha tenido la tolerancia deliberada de las autoridades a la corrupción, tanto en la energía eléctrica como en frecuentes casos de trato con el usuario, creando un escenario favorable para la agresión al SME. El pretexto ideal llegó con un conflicto interno mal resuelto al interior del sindicato. Todo esto es sólo el pretexto para desatar la furia de los neoliberales contra el sindicato que se ha opuesto resueltamente a sus planes entreguistas.
El decretazo
Felipe Calderón ha decretado el 11 de octubre la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, violando con ello multitud de preceptos constitucionales y legales. Sólo mencionaré los que me parecen los más graves, delicados y representativos de esta violenta interrupción del Estado de derecho en la industria energética nacional y en el trato de la autoridad para con los derechos irrenunciables de los trabajadores.
Se violentó la facultad exclusiva del Congreso para legislar en materia de energía, particularmente en el caso de Luz y Fuerza, ya que no se ha modificado el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentario del 27 Constitucional, donde el Ejecutivo está obligado a respetar la existencia de la empresa, y en todo caso debió haber enviado una iniciativa modificatoria del mismo, si tal era su pretensión.
Se violentó el artículo 15 de la Ley de Entidades Paraestatales que mandata al ejecutivo a respetar el protocolo de creación de una empresa pública para el caso de su extinción, es decir mediante acto legislativo, mismo que burló.
Se violentó la transparencia y buena fe que obliga al Ejecutivo en todos sus actos de administración, lo que vicia de origen su procedimiento; la liquidación se hizo en secreto, a la medianoche e impuesto por la vía de las fuerzas armadas en los centros de trabajo.
Se violentó la legislación laboral en múltiples aspectos: desde el despido injustificado y por autoridad no apta para ejercerlo, hasta la obligación, en todo caso, de haber declarado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conflicto económico, como hoy lo alega Calderón, para presentar ante la autoridad la pretensión de terminar con una relación laboral. Pero enfrentar al Sindicato Mexicano de Electricistas, entero y con custodia de los centros de trabajo, además de la fortaleza de sus argumentos, era inaceptable para el dictadorcillo, y era evidente que se exhibiría su estrategia liquidadora, su ineptitud y dolo administrativo, y sus mezquinos intereses en la ofensiva privatizadora.
Se ignoró el proceso de negociación del convenio de productividad firmado por las partes, apenas en marzo pasado, lo que la comprometía a impulsar la modernización de la empresa con la activa participación del SME.
Se incurrió en una grave responsabilidad, por abuso de autoridad y por daños a la Nación por la cantidad de los recursos humanos técnicos, operativos y administrativos que existen el LFC, ya que de la noche a a la mañana desparecen para el país, dejan de ser productivos y se vuelven una energía intelectual y social desperdiciada.
Todo eso y muchos preceptos más, sobre todos los relacionados con los derechos humanos de los trabadores, serán motivo de una ardua y combativa lucha jurídico política del SME, para echara abajo este violento e ilegal decreto.
Pero lo que sin duda es su motivación más importante es el hecho anunciado por el propio Calderon, de que emitirá pronto una iniciativa profundizadora de la privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Lo que hace insoportable para sus intereses la presencia de un sindicato opositor a tales políticas caducas, entreguistas y antinacionales.
Espero que esta breve reseña de los últimos años de lucha del SME por la supervivencia de la empresa pública sirvan para clarificar el panorama, en nueva entrega deberemos hablar de los verdaderos números de Luz y Fuerza, y el montaje publicitario y mentiroso para justificar el linchamiento y la campaña de odio contra los trabajadores del SME que, por lo demás es un muy grave mensaje de intolerancia, racismo y pretensión liquidadora de las conquistas obreras de parte de la camarilla prianista.
* Integrante de la Coordinación Nacional del Comité Nacional de Estudios de la Energía, A C (www.cnee-sur.net).
Fuente
Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.
Lo que sorprende de la forma en que se emitió el decreto, mediante el cual se liquida al organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, no es tanto su contenido equívoco, ilegal, irresponsable y apuradamente elaborado, sino la violencia que ha acompañado este acto dictatorial de Felipe Calderón.
Ciertamente, quienes venimos luchando desde hace más de 30 años en la defensa del sector eléctrico nacionalizado observamos este asunto como la forma más agresiva, culminante, de una estrategia liquidadora de la antigua Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que arrancó desde que se dio la derrota de la Tendencia Democrática del SUTERM, que encabezaba Rafael Galván.
Una rápida visión histórica
Hay una línea de continuidad de los gobiernos priistas con los panistas, en cuanto a buscar terminar, costara lo que costara, con la existencia de un sindicalismo avanzado, democrático, autónomo y combativo al seno de una industria estratégica como es la encargada del servicio público de la electricidad en México. Desde la nacionalización de 1960, los esfuerzos de los diferentes gobiernos se centraron en evitar, como fuera, el que el SME unificara objetivos y filas con el antiguo STERM de Galván, posteriormente Tendencia Democrática del SUTERM. Vale señalar que la suma de ambos sindicatos, entonces, hacía mayoría sobre el cetemista SNESCRM que comandaba Francisco Pérez Ríos, quien habría tenido que aceptar la titularidad contractual de un sindicato democrático y nacionalista.
En aquella primera etapa el objetivo del Estado era mantener el control sumiso del movimiento obrero nacional, y evitar el surgimiento de una poderosa fuerza sindical insurgente que cuestionara las bases de un régimen de explotación capitalista tercermundista, dependiente y corrupto.
A partir de 1982, se sumó a este objetivo el desaparecer una fuerza que era crítica sin cortapisas a la ola privatizadora que inauguraron los gobiernos tecnócratas neoliberales priistas y profundizaron las camarillas corruptas blanquiazules. Este tema de la tensión por privatizar la industria encontró puntos culminantes y representativos.
La coyuntura por la sucesión presidencial en 1987, cultivó las condiciones para que el SME, en febrero 27 de aquel año, estallara un movimiento de huelga por incremento salarial de emergencia, intervenido por la fuerza pública, lo que le impidió interrumpir plenamente el servicio eléctrico, pero fue una señal inequívoca de que el SME tenía potencial para encabezar luchas trascendentes en el país. Esto motivó a Salinas a buscar un acuerdo con el SME en la campaña presidencial de 1988, para hacer contrapeso al cardenismo de la Quina en el sindicato petrolero. De este modo, el Congreso en diciembre de 1989 votó la modificación al cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ordenando al Ejecutivo a que decretara el fin del estado de liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA.
Sin embargo esta iniciativa, congruente con la consolidación del control estatal sobre una empresa pública, iba en contrapelo de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí la delegación mexicana aceptó que en el asunto de generación de electricidad para el servicio público, se promovería la participación privada, violentando el marco constitucional. Antes de la firma del TLCAN, en diciembre de 1992, Salinas propuso, a tono con su comisión negociadora, la modificación entonces del artículo tercero de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, dando entrada con ello a las anticonstitucionales figuras de generadores privados de electricidad para el servicio público.
¿Cuál fue la única fuerza sindical que se opusa a tal reforma?, la Asamblea General del SME, de diciembre de 1992, que se pronunció unánimemente en contra de la reforma privatizadora, y de la opinión del entonces secretario general esmeíta, Jorge Sánchez García, quien aceptaba tales reformas y finalmente se dio mañas para maniatar al SME en su voluntad nacionalista. Pero esta actitud le costó perder la secretaría general en julio de 1993.
O sea que, ya en el arranque de las iniciativas privatizadoras salinistas, el SME ya demostraba que las corrientes democráticas, nacionalistas y antineoliberales empezaban a ser mayoría al seno del sindicato, después de un largo período de control priista que, entre otras cosas, impidió la unidad democrática de todos los electricistas del país.
En este escenario se dio la revisión del contrato en los meses de diciembre de 1993, y un combativo mitin el 6 de enero de 1994 de los trabajadores del SME frente a las oficinas de la todavía Compañía de Luz en liquidación, mitin muy presionado por los voceros de gobernación, que intentaron disuadirnos de su realización, ya que apenas cinco días antes se había desatado la insurrección zapatista.
Posterior a este mitin el gobierno de Salinas, representado por Arsenio Farell, solicitó al SME no emplazar a huelga en el proceso de revisión del contrato colectivo, dadas las delicadas condiciones políticas nacionales. El nuevo núcleo dirigente del sindicato decidió negociar el no emplazar a huelga a cambio de que el Ejecutivo cumpliera la instrucción del Legislativo de decretar la creación de Luz y Fuerza del Centro, tal como se lo ordenaba el cuarto transitorio de la ley, y que Salinas estaba burlando cínicamente.
No fue una negociación fácil, durísimas asambleas hubo que desahogar. La última resolutoria duró 30 horas de discusión continuas, y finalmente, con una votación ampliamente mayoritaria, se aceptó la negociación del SME con el Ejecutivo. Se concluyó la revisión en los primeros días de febrero del 94 y el 8 de febrero Salinas finalmente decretó la creación de Luz y Fuerza del Centro. Esto fue todo un triunfo del SME, porque además firmó un convenio de modernización e inversión pública para eficientar la empresa, lo veíamos como un giro brusco en contra de la estrategia liquidadora de los neoliberales.
Sin embargo la vocación privatizadora y los intereses que la empujan siempre han podido más que la obligación ante el país y ante las leyes, y Zedillo en el 99 propuso la privatización total de la industria eléctrica. Esta intentona fue derrotada por una amplia gama de fuerzas nacionalistas que sin duda encabezó virilmente el SME, seguramente este es otro pecado que no se le perdona al SME. Igual suerte corrió la torpe propuesta de Fox, en 2001, de crear un mercado eléctrico mayorista, y más adelante su intentona de modificar el reglamento de la Ley del Servicio Público ampliando la presencia privada en la generación de electricidad. En todas estas batallas la fuerza social del SME es la fuerza protagónica que defendió los intereses nacionales contra el entreguismo panista y zedillista.
Qué distintas historias han corrido la desaparición de los Ferrocarriles Nacionales, la tan avanzada privatización de las actividades petroleras nacionales y la creciente presencia de privados en la generación de electricidad a lo largo y ancho del país, y quizás la diferencia sustancial está en la actitud de las dirigencias sindicales, rastreras, cómplices y abyectas para con los intereses que representan; ya que ni el sindicato ferrocarrilero, ni el petrolero ni el SUTERM han defendido el interés de sus agremiados ni de la nación, y en cambio los dirigentes se han enriquecido como socios de los nuevos intereses privados en las industrias estratégicas.
La atención al usuario y la corrupción
El SME, entretanto, no ha estado exento de problemas y errores. Particularmente se menospreció la utilidad que para nuestros enemigos ha tenido la tolerancia deliberada de las autoridades a la corrupción, tanto en la energía eléctrica como en frecuentes casos de trato con el usuario, creando un escenario favorable para la agresión al SME. El pretexto ideal llegó con un conflicto interno mal resuelto al interior del sindicato. Todo esto es sólo el pretexto para desatar la furia de los neoliberales contra el sindicato que se ha opuesto resueltamente a sus planes entreguistas.
El decretazo
Felipe Calderón ha decretado el 11 de octubre la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, violando con ello multitud de preceptos constitucionales y legales. Sólo mencionaré los que me parecen los más graves, delicados y representativos de esta violenta interrupción del Estado de derecho en la industria energética nacional y en el trato de la autoridad para con los derechos irrenunciables de los trabajadores.
Se violentó la facultad exclusiva del Congreso para legislar en materia de energía, particularmente en el caso de Luz y Fuerza, ya que no se ha modificado el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentario del 27 Constitucional, donde el Ejecutivo está obligado a respetar la existencia de la empresa, y en todo caso debió haber enviado una iniciativa modificatoria del mismo, si tal era su pretensión.
Se violentó el artículo 15 de la Ley de Entidades Paraestatales que mandata al ejecutivo a respetar el protocolo de creación de una empresa pública para el caso de su extinción, es decir mediante acto legislativo, mismo que burló.
Se violentó la transparencia y buena fe que obliga al Ejecutivo en todos sus actos de administración, lo que vicia de origen su procedimiento; la liquidación se hizo en secreto, a la medianoche e impuesto por la vía de las fuerzas armadas en los centros de trabajo.
Se violentó la legislación laboral en múltiples aspectos: desde el despido injustificado y por autoridad no apta para ejercerlo, hasta la obligación, en todo caso, de haber declarado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conflicto económico, como hoy lo alega Calderón, para presentar ante la autoridad la pretensión de terminar con una relación laboral. Pero enfrentar al Sindicato Mexicano de Electricistas, entero y con custodia de los centros de trabajo, además de la fortaleza de sus argumentos, era inaceptable para el dictadorcillo, y era evidente que se exhibiría su estrategia liquidadora, su ineptitud y dolo administrativo, y sus mezquinos intereses en la ofensiva privatizadora.
Se ignoró el proceso de negociación del convenio de productividad firmado por las partes, apenas en marzo pasado, lo que la comprometía a impulsar la modernización de la empresa con la activa participación del SME.
Se incurrió en una grave responsabilidad, por abuso de autoridad y por daños a la Nación por la cantidad de los recursos humanos técnicos, operativos y administrativos que existen el LFC, ya que de la noche a a la mañana desparecen para el país, dejan de ser productivos y se vuelven una energía intelectual y social desperdiciada.
Todo eso y muchos preceptos más, sobre todos los relacionados con los derechos humanos de los trabadores, serán motivo de una ardua y combativa lucha jurídico política del SME, para echara abajo este violento e ilegal decreto.
Pero lo que sin duda es su motivación más importante es el hecho anunciado por el propio Calderon, de que emitirá pronto una iniciativa profundizadora de la privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Lo que hace insoportable para sus intereses la presencia de un sindicato opositor a tales políticas caducas, entreguistas y antinacionales.
Espero que esta breve reseña de los últimos años de lucha del SME por la supervivencia de la empresa pública sirvan para clarificar el panorama, en nueva entrega deberemos hablar de los verdaderos números de Luz y Fuerza, y el montaje publicitario y mentiroso para justificar el linchamiento y la campaña de odio contra los trabajadores del SME que, por lo demás es un muy grave mensaje de intolerancia, racismo y pretensión liquidadora de las conquistas obreras de parte de la camarilla prianista.
* Integrante de la Coordinación Nacional del Comité Nacional de Estudios de la Energía, A C (www.cnee-sur.net).
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