2010: a recuperar la plena soberanía

21 Febrero 2010
Llegamos a 2010 después de un proceso de décadas de retroceso en las que se ha ido perdiendo soberanía de manera paulatina y ascendente. Es importante el desarrollo de la organización que lleve al rescate de nuestra soberanía y la construcción de un México que le dé bienestar, paz y seguridad a toda la población; para ello, es menester derrotar las políticas neoliberales y neocoloniales impulsadas por Washington.


Pablo Moctezuma Barragán* / Primera parte

Desde la década de 1960 comenzó gradualmente el proceso de integración y subordinación de México a Estados Unidos. El primer paso fue el endeudamiento externo prohijado por Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Durante sus sexenios, la deuda externa se disparó de 1 mil 600 millones de dólares en 1964 a 19 mil millones en 1976. Ese año, Washington exigió a México la firma de la primera carta de intención al Fondo Monetario Internacional (FMI); desde entonces, las grandes decisiones de política económica se tomaron en el extranjero. Antes y como primera condición para obtener el aval del FMI, el gobierno tuvo que devaluar la moneda, cuya paridad se había mantenido estable durante 22 años, a 12.50 pesos por dólar. En la actualidad, la paridad es de más de 13 mil pesos por dólar, tomando en cuenta que en 1993 le quitaron tres ceros a la moneda.


¿Ayudó la conducción de los organismos financieros internacionales el desarrollo de la economía mexicana? Para nada. Cabe mencionar que desde 1933 hasta 1976, el Producto Interno Bruto de la economía mexicana había crecido a un promedio anual del 6 por ciento, a pesar de que no exportábamos petróleo. En todo el mundo se hablaba del “milagro mexicano”. Es notable que, a partir de que se aplicaron las recetas de los organismos financieros internacionales, la economía mexicana se estancó por completo, creciendo de 1982 a 2009 en promedio un 2 por ciento (por debajo, incluso, del crecimiento de la población).


En una primera fase, el FMI exigió que México comenzara a exportar petróleo que hasta entonces se utilizaba íntegramente para el desarrollo de México. Entre otras políticas, se aplicó el Impuesto sobre el Valor Agregado y el congelamiento salarial. En aquella época, el salario promedio era cinco veces más alto que en la actualidad. También se continuó con la política de endeudamiento: en 1982 se llegó a los 85 mil millones de dólares. Éste fue el preámbulo a la aplicación abierta de las políticas neoliberales que abrieron todas las puertas a la inversión extranjera, prometiendo que traerían prosperidad. Pero ha ocurrido todo lo contrario. La inversión extranjera, que en 1977 era de 5 mil 643 millones de dólares, no ha dejado de crecer: ha rebasado los 260 mil millones en 2006, sin que esto repercuta positivamente en el desarrollo económico nacional; por el contrario, nuestra economía está al borde de la catástrofe.


Se dice que la inversión extranjera ayuda al país, da empleos, sube los salarios, trae tecnología, sanea las finanzas públicas, etcétera. Nunca en la historia de México ha entrado tanta inversión extranjera; lejos de fomentar el empleo y prosperidad, ocasionó desempleo, dependencia científica y tecnológica, devaluación, pobreza, migración, al grado de que más de 600 mil mexicanos salen del país cada año.


México no se “abría al mundo”: en realidad se estaba integrando a Estados Unidos; casi el 70 por ciento de la inversión extranjera provenía de ese país.


A partir de 1982, el FMI y el Banco Mundial exigieron la liberalización comercial de la economía, lo que condujo primero a la entrada al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés) y posteriormente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta política ha sido desastrosa. El déficit de la cuenta corriente de 1999 a 2001 fue de más de 150 mil millones de dólares; de 1988 a 2002, el déficit comercial fue de más de 95 mil millones de dólares. También se comenzó a atacar como nunca antes a los sindicatos y a las organizaciones campesinas, a recortar el gasto social y a “adelgazar” al Estado con el despido de miles de trabajadores y el recorte de plazas para precarizar el trabajo.


Además se impulsó el proceso de privatización de las empresas públicas que de 1 mil 155 en 1982 se redujeron a sólo 200 en el gobierno de Salinas. En 1988, el pueblo se opuso a la vía neoliberal por medio del voto masivo en contra del candidato de los organismos financieros internacionales. Sin embargo, Carlos Salinas fue impuesto a sangre y fuego, y continuó con agresividad el programa de Ajuste Estructural que receta el FMI a todos los países: se cambió la Constitución para proceder a la privatización del ejido, los teléfonos, la banca, la petroquímica; se privatizaron minas, siderurgia, ingenios, puertos y aeropuertos, líneas aéreas, televisión estatal, etcétera. Y, en contra de la Constitución, se permitieron los contratos de servicios múltiples en Petróleos Mexicanos y la generación privada de electricidad. Posteriormente, con Ernesto Zedillo se privatizaron los ferrocarriles y la banca pasó en más del 95 por ciento a manos extranjeras.


Con la firma del TLCAN –del que se excluyeron temas cruciales como migración, narcotráfico, empleo, industria maquiladora y medio ambiente– se abrió rápidamente la economía para “competir” con Estados Unidos, que tiene una economía 40 veces más grande que la de México, resultando la catástrofe para la industria, agricultura, comercio y servicios nacionales. Nuestro mercado se vio invadido y controlado por las grandes corporaciones estadunidenses. El TLCAN no ha apoyado el desarrollo de la economía mexicana. La producción nacional creció en la década de 1990 apenas un raquítico 30 por ciento, mientras que las importaciones se dispararon brutalmente un 148 por ciento.


La producción se dirige a satisfacer al extranjero y no las necesidades de los mexicanos. En 1993, el consumo interno se llevaba el 70 por ciento de la producción del país, 10 años después representó el 60 por ciento. El sector agropecuario, que siempre fue una fuente de divisas para México, ahora está importando cerca de 20 millones de toneladas de granos básicos. En general, se están consumiendo productos extranjeros en vez de generarlos en el país y dar empleo a mexicanos. El consumo interno apenas aumentó un 29 por ciento de 1993 a 2003, frente al consumo externo que aumentó 191 por ciento. El TLCAN significó la integración económica de México a los intereses de las corporaciones estadunidenses.


El siguiente paso fue el “TLC plus” o la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que firmó Vicente Fox con George Bush y Paul Martín, en Waco Texas, el 23 de marzo de 2005, y que por encima del Congreso de los tres países comprometió la integración energética y de seguridad.


En conjunto, la medidas adoptadas por la ASPAN significan la anexión de México a Estados Unidos. Las siglas ASPAN no le dicen nada a la mayoría de los mexicanos, sin embargo, es la mayor amenaza a la soberanía de México desde la invasión de 1847. El acuerdo se realiza a través de arreglos secretos, ocultos, pactos ejecutivos entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México.


Quienes toman las decisiones son los grandes monopolios estadunidenses encabezados por el Consejo Nacional Americano de Competitividad que incluyen a Chevron, Exxon, General Motors, Ford, Lockheed, General Electric, Halliburton, etcétera. Éstos toman las decisiones que luego va a desarrollar el presidente de Estados Unidos, usando al primer ministro canadiense y al presidente mexicano como operadores en sus países, de espaldas a las instituciones legalmente constituidas. Los pueblos ni se enteran porque los medios de “información” silencian y minimizan la importancia de esas reuniones y acuerdos, que aparecen como “noticias perdidas” dentro de un caudal de desinformación.


Uno de los objetivos estratégicos de la ASPAN es la integración militar de México a los planes del Pentágono. De este compromiso surgió la firma de la Iniciativa Mérida, que significa la integración militar de nuestro país y que fue acordada en Mérida, Yucatán, en marzo de 2007.


La integración militar de México bajo el control del Pentágono dio un peligroso paso con la integración de la Armada Mexicana a los ejercicios Unitas Gold 50-09, en Mayport, Florida, impulsada por Hillary Clinton durante su visita del 25 y 26 de marzo. En esa cita, Hillary y Calderón anuncian la creación del Centro Conjunto de Implementación que ¡integrará las fuerzas armadas de Estados Unidos y México en nuestro territorio! Ni tardo ni perezoso, al día siguiente, el 27 de marzo, Felipe Calderón pidió al Senado la integración de la Armada Mexicana a las maniobras en Florida.

Las maniobras navales en la Estación Naval de Maypor –un complejo militar con 400 años de historia en esta costa atlántica del noreste de Florida, Estados Unidos– comenzaron el 20 de abril con la denominación Unitas (unidad, en latín) Gold 50-09. La participación de México rompe de esta manera con la Constitución Mexicana, con la política exterior que de ella deriva y con la defensa de la soberanía nacional, dando otro paso más hacia la integración militar con Estados Unidos. Mientras, el gobierno de Calderón ocultó la información de la nueva cepa de influenza A H1N1 que comenzó semanas antes del anuncio oficial, pues no quería estropear la visita de Obama; luego atemorizó a la población con una campaña de pánico, que entre otras cosas buscaba distraer de problemas tan graves como el de la integración de México en el aparato militar estadunidense.

Otro paso que ya había dado el panismo fue mandar contingentes militares mexicanos a Estados Unidos en septiembre de 2005 para “ayudar” a las víctimas del huracán Katrina –a quienes no ayudó el gobierno de Bush–, lo que implica que en un futuro los marines estadunidenses pueden intervenir en nuestro país para “ayudarnos” y controlar nuestra nación.


Estados Unidos ha desarrollado el Comando Norte bajo las órdenes del Pentágono para que dirija los ejércitos de Estados Unidos, Canadá y México, y ha resucitado el Comando Sur (que funcionó de 1943 a 1950 en el marco de la Segunda Guerra Mundial y que George Bush reactivó en junio de 2008). Ahora, en medio de la crisis internacional sin precedentes en las últimas décadas, prepara su ofensiva mundial para defender su hegemonía amenazada. En esta cruzada de construcción imperial, necesita el control de Canadá y México y de América Latina, por eso su injerencia en Haití, el apoyo al golpe en Honduras, y las siete bases en Colombia.


Los planes de Estados Unidos, que ha desarrollado en México con la complicidad de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, enfrentan al pueblo a conmemorar este 2010 en pie de lucha por la plena soberanía nacional, que implica la soberanía económica, política, militar, cultural, científica y tecnológica. Es posible construir la independencia de México; el primer paso es ser conscientes de la ruta que a lo largo de las últimas décadas nos ha llevado al neocolonialismo.


*Politólogo, historiador y urbanista; investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco

2010: a recuperar la plena soberanía
21 Marzo 2010


México ha sido un país de profundas tradiciones patrióticas. Luego de largos periodos de resistencia, cuando aparentemente no pasa nada, el pueblo se levanta con ímpetu en pos de profundas transformaciones económicas, sociales y políticas. La resistencia indígena se sostuvo durante casi tres siglos en que hubo más de 100 levantamientos de los pueblos originarios contra el invasor español.

Pablo Moctezuma Barragán* / Segunda parte

El movimiento de Independencia que iniciaron Hidalgo y Morelos se convirtió en una profunda revolución popular e indígena sin precedentes en América Latina. Las Leyes de Reforma, para nacionalizar los bienes del clero y separar la iglesia del Estado, significaron en su tiempo un movimiento de vanguardia y un ejemplo para el mundo. La derrota del poderoso ejército francés, que invadió México, impactó y conmocionó a todo el orbe. La Revolución Mexicana y sus héroes Zapata y Villa inspiraron al mundo progresista, y en su día la Constitución de 1917 y los derechos que consagró, se convirtieron en la legislación social más avanzada a nivel internacional; posteriormente, la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas y su defensa de los países ocupados por el nazifascismo impulsaron la lucha por la democracia y la paz. Toda esta experiencia está grabada en el consciente y sobre todo en el inconsciente colectivo. La genial obra muralística de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco reflejó artísticamente estas gestas heroicas.


Los periodos de dominación de los sectores conservadores han enfrentado siempre la tenaz resistencia popular. Agustín de Iturbide, Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz siempre encontraron oposición y finalmente fueron derrocados. Los modernizadores, borbónicos, porfiristas, emprendieron proyectos audaces de dominación colonial o semicolonial, para abrir el país al capital extranjero y sus grandes empresas, expropiar la tierra a los indígenas, abatir los salarios, aumentar los impuestos, liberalizar el comercio, poner la economía al servicio del sector exportador, endeudarnos, dar grandes concesiones a los extranjeros, reprimir a los indígenas y a los mineros, etcétera. Provocaron grandes movimientos transformadores: la Independencia, la Reforma y la Revolución. Hoy se despliega la resistencia popular contra la ofensiva del mal gobierno, que busca imponerle al pueblo condiciones de vida infrahumanas y el sometimiento hacia Estados Unidos.


Hoy vivimos el tercer movimiento “modernizador”: el neoliberalismo. En el fondo, las políticas son las mismas de la modernización borbónica y la porfirista, y las consecuencias serán semejantes. Se está dando la organización y la acumulación de fuerzas de la mayoría de los mexicanos para transformar la realidad y derrotar al gobierno oligárquico pro yanqui. Paradójicamente, Estados Unidos lleva a cabo el control directo de nuestro territorio y población, ubicados en lo que consideran su “perímetro de seguridad”. El reto para Washington es enorme, porque se enfrenta a un país con profundas tradiciones nacionalistas y a un pueblo con memoria histórica que rechaza el dominio estadunidense, que nos ha invadido y robado más de la mitad del territorio.


A partir de la década de 1960 y de las presidencias de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, comenzó paso a paso, con astucia, la subordinación de nuestro México. Primero, sometiéndonos a los organismos financieros internacionales y sus políticas neoliberales, aplicadas abiertamente a partir de De la Madrid y Salinas de Gortari, imponiendo la integración económica con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta culminar con la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y de la Iniciativa Mérida. Ahora avanzan hacia la integración militar.


Pretenden obtener de México sus recursos naturales y mano de obra barata, puesto que nuestro país sigue siendo, a pesar de 500 años de saqueo, un país muy rico. La variedad de su flora, frutos y flores, y de su fauna, su petróleo, gas, electricidad, zinc, plomo, uranio, litio, potasio, oro y plata, sus bosques, litorales, playas, su biodiversidad y variedad de climas son fuentes de inmensas riquezas. Además, nuestra posición geopolítica es privilegiada, pues es una vía de tránsito de todo el mundo hacia América del Norte. Y lo principal es que contamos con una población de casi 110 millones de habitantes en México y 12 millones en Estados Unidos, que proporcionan mano de obra barata apta y productiva. Las grandes corporaciones estadunidenses necesitan trabajadores mal pagados, y, lo más grave, también sangre de nuestros jóvenes para sus guerras de ocupación por la hegemonía mundial. De cara a América Latina, nuestro territorio es un espacio estratégico para las grandes corporaciones estadunidenses y su proyecto de construcción imperial.


El imperio estadunidense, que sufre la peor crisis multilateral en décadas y enfrenta su decadencia económica y política, sigue siendo la máxima potencia mundial, pero su hegemonía está amenazada. Así que, empezando el siglo, George W Bush lanzó una escalada agresiva después del 11 de septiembre de 2001 que hoy continúa Barack Obama: la invasión de Irak y Afganistán, el bombardeo a Pakistán, las amenazas a Irán y Yemen, la reactivación (luego de la Segunda Guerra Mundial) de la IV Flota Naval para controlar América del Sur. Su reposicionamiento en bases militares de Honduras, Colombia y Haití es un paso para controlar Latinoamérica en el marco de su lucha sin cuartel por la hegemonía mundial y el mantenimiento del statu quo imperial.


En ese esquema, Washington necesita a México integrado a sus intereses, también militarmente. Después de los atentados del 11 de septiembre se conformó el Comando Norte en 2002 para controlar el perímetro de seguridad de Estados Unidos y “coordinar” los ejércitos estadunidense, canadiense y de México e incrementar el control y la injerencia en ambos países, considerados como parte de las “responsabilidades” del Comando Norte. Washington le impuso a Canadá el establecimiento del Comando de Canadá en 2006 y posteriormente Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo para usar los militares de esos dos países en cualquiera de sus territorios, en situación de “emergencia doméstica civil”. El acuerdo “Plan de Asistencia Civil” fue firmado no por las autoridades civiles del gobierno, sino por los generales del ejército del Comando Norte de Estados Unidos y el Comando de Canadá. Este acuerdo incluye las credenciales de identificación biométricas válidas para los tres países (por eso la urgencia por desarrollar la Cédula de Identificación Ciudadana). Luego se dio el anuncio en octubre de 2007 del Plan México o Iniciativa Mérida, para profundizar la integración militar a cambio de 1 mil 351 millones, de los cuales, sólo se han entregado 623 millones de dólares en equipo y capacitación que nos hace dependientes del Pentágono, bajo la retórica responsabilidad “compartida en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, dependiendo militarmente de los proveedores de Estados Unidos y su asistencia, entrenamiento y equipo.


Son los planes de Washington, pero no los de México, ni de nuestro pueblo, que quiere el desarrollo de la economía del país, empleo para sus hijos en su patria y disfrutar de las riquezas nosotros mismos. México y el resto de América Latina aspiramos a un desarrollo soberano. El descontento en contra del neocolonialismo y el neoliberalismo crece.


Estamos en vísperas de profundas transformaciones revolucionarias en nuestro país y en el mundo, pues la situación llegó a un límite. Necesitamos solucionar los problemas de hoy, a fondo, construyendo un nuevo México. La experiencia de 200 años nos enseña que sin soberanía económica, no hay soberanía política. Hemos de desarrollar nuestra economía y liberarla de las garras de los consorcios extranjeros, conquistar la soberanía energética y alimentaria y también la soberanía financiera, industrial, científica-tecnológica, para generar el desarrollo en cada rincón del país y los bienes y servicios necesarios desde el nivel local.


La “integración” promovida por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional con el pretexto de la “globalización” es anticonstitucional y viola la soberanía nacional. La integración militar que planea el mal gobierno es la puntilla. En los anteriores periodos históricos, cuando la crisis llegó a un límite, el pueblo rompió los obstáculos que impedían el desarrollo de México. Hoy nos toca a nosotros dar solución a los problemas actuales rompiendo las nuevas formas de dominación, tan nocivas como las que superamos en el pasado.


Evo Morales dijo con certeza: “Hay que pasar de la resistencia a la toma del poder”. En el pasado han sido las clases poseedoras quienes hegemonizaron el poder al triunfo de la Independencia y la Revolución. A consecuencia, en el siglo XXI habrá de ser el pueblo quien tome el poder y la clase obrera garantice que este proceso se desarrolle en beneficio de la sociedad y no de nuevas clases dominantes que quieran “adueñarse del pastel”, y luego venderlo al mejor postor. Si construimos el nuevo proyecto nacional, habrá alternativas para el pueblo en general y los trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, ancianos, personas con capacidad diferente lograrán desarrollo, bienestar y paz. Sólo unidos por objetivos y acciones comunes, avanzaremos en la lucha por un futuro mejor. El siglo XXI ha de contemplar profundas soluciones sociales, poniendo en correspondencia el carácter social de la producción, con la apropiación y distribución social de la misma, para que los frutos del trabajo lleguen a todos. Esto sólo será posible en un sistema en el que la democracia sea efectiva, así que para lograr la soberanía nacional y popular se requiere la renovación democrática.


*Politólogo e historiador, doctor en estudios urbanos


Contralínea 174 / 21 de marzo de 2010




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