México SA, SCJN: anatocismo y dolor de muelas
Lo que tendría que ser un mero trámite para ratificar su propia decisión y las sentencias de otros tribunales (y, por ende, rechazar los amparos promovidos por instituciones bancarias) se ha convertido en un agudo dolor de muelas –por decirlo de forma más cordial– para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ahora se ve en la penosa necesidad de llevarse la contraria por su cuestionada decisión tomada 12 años atrás en contra de la clientela bancaria y favorable al agio bancario.
Resulta que ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión de “diversos amparos que tienen que ver con cuentas bancarias abiertas en la década de los años 80 del siglo pasado, cuyos titulares demandan a los bancos el pago de intereses generados por ese dinero, que asciende a miles de millones de pesos. Los proyectos de resolución dan la razón al banco para evitar el pago de multimillonarias indemnizaciones a los cuentahabientes. Trascendió lo anterior en la SCJN, donde fuentes judiciales confirmaron que los ministros han recibido presiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y de los bancos involucrados para evitar que la ‘capitalización de intereses’ opere en favor de los quejosos” (La Jornada, Jesús Aranda).
Doce años atrás la SCJN “legalizó” el anatocismo (intereses sobre intereses) para favorecer a la banca en contra de sus diezmados creditohabientes, quienes tuvieron que pagar (todavía pagan en no pocos casos) miles y miles de millones de pesos adicionales a los originalmente pactados con las instituciones financieras. Ahora que son los ahorradores quienes reclaman el mismo trato (intereses sobre intereses) a la banca, es cuando la Suprema Corte decide “analizar” los casos y –todo apunta– desdecirse de lo aprobado en aquel entonces.
Sobre el particular retomo algunos elementos del México SA publicado en La Jornada el 24 de noviembre de 2007: allá por octubre de 1998 los banqueros mexicanos (todavía mayoritariamente de esa nacionalidad) se regodeaban porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a su favor al legalizar el anatocismo en el país, o lo que es lo mismo el cobro de intereses sobre intereses y su capitalización, con lo que la máxima autoridad judicial condenó a millones de mexicanos a ser deudores sempiternos. Por aquel entonces, las organizaciones cúpula del sector privado apoyaron a los banqueros en su celebración, y conminaron a los deudores a “enfrentar los pasivos y olvidarse de las protestas”, porque el citado fallo “no representa dar la razón a los banqueros, sino un avance en la consolidación del sistema financiero del país; nadie puede sostener (decían) que la SCJN actuó o esté a favor de los banqueros; lo único que busca es proteger el dinero de los ahorradores”. Después de ese fallo y las subsecuentes declaraciones, varias oportunidades se han presentado para poner a prueba lo dicho por los líderes empresariales (entre ellos el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial y actual gobernador de Sonora, Eduardo Bours), pero a la fecha nadie ha podido confirmar que la legalización del anatocismo no fue para beneficiar a los banqueros y saquear, aún más, a los deudores.
Pues bien, un caso adicional de anatocismo surge por estos días (2007), pero en sentido contrario, en una historia mezcla de reclamo legal de derechos, la participación activa de uno de los más sólidos cuan descarados grupos de tráfico de influencias en el país, el rechazo de los organismos cúpula del sector privado a la posibilidad de que los barones del dinero sean afectados por una decisión judicial y el horror de los banqueros (mayoritariamente extranjeros en la actualidad) ante la inminencia de que en esta ocasión ellos sean las víctimas de lo mismo que pocos años atrás festejaban como una victoria gremial. Resulta que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua recientemente dictó sentencia condenatoria en contra de Banamex, en una demanda presentada por un cliente común y corriente, José Luis Saldívar Cano, quien en 1987 firmó un contrato de inversión con el otrora Banco Nacional de México (hoy perteneciente al gobierno de Estados Unidos y al Citigroup), para que su capital generara intereses. Lo hizo justo en el momento en el que el país reportaba un alto y creciente índice inflacionario, así como elevadas tasas de interés bancarias.
Con tal sentencia, el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua condenó a Banamex al pago de mil 462 millones de pesos a Saldívar Cano, resultantes de la generación de intereses sobre intereses y su capitalización, a lo largo de dos décadas, de aquel contrato de inversión que ambas partes –cliente y banco– firmaron en 1987. Ahora los banqueros ya no celebran ni se regodean. Menos comparten aquello de “enfrentar pasivos y olvidarse de protestas”. Por el contrario, en voz de su presidente, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, se dicen “preocupados” por el caso y aseguran que “ya hubo un fallo constitucional en la Suprema Corte en el sentido de que eso no procede” (aunque en 1998 celebraron que sí procedía, y actuaron en consecuencia contra los deudores), mientras Banamex, que no está acostumbrado a perder ni a pagar impuestos, ha recurrido al amparo judicial y político, porque la justicia le ha otorgado su protección y el gobierno calderonista la suya, toda vez que el propio secretario de Hacienda (Carstens, en aquel momento; Cordero ahora), negocia con los abogados de Saldívar Cano (Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, entre otros capos del tráfico de influencias) para evitar el golpe a la institución financiera privada, representada por su director jurídico y ex director del Fobaproa, Javier Arrigunaga.
Tampoco la máxima autoridad judicial del país parece tener la misma claridad y certeza que en 1998, cuando por ocho votos a favor y tres en contra legalizó el anatocismo. En esta ocasión, “por su trascendencia e importancia para la vida del país”, la SCJN atrajo el caso (Saldívar Cano-Banamex). “El juicio servirá de base para aplicarse en al menos 150 procesos contra distintos bancos que el máximo tribunal ha ubicado en todo el país y en los que también están en juego sumas multimillonarias… los ministros de la primera sala consideraron necesario atraer el juicio de Banamex por las repercusiones que podría acarrear su resultado en el sector financiero (en el entendido) que la decisión que adopte podría crear un precedente de gran repercusión para las instituciones bancarias con motivo de los contratos que a futuro celebren…”.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿dos lecturas para un mismo caso? ¿Para bancos sí, para ahorradores no?
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Fuente
Resulta que ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión de “diversos amparos que tienen que ver con cuentas bancarias abiertas en la década de los años 80 del siglo pasado, cuyos titulares demandan a los bancos el pago de intereses generados por ese dinero, que asciende a miles de millones de pesos. Los proyectos de resolución dan la razón al banco para evitar el pago de multimillonarias indemnizaciones a los cuentahabientes. Trascendió lo anterior en la SCJN, donde fuentes judiciales confirmaron que los ministros han recibido presiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y de los bancos involucrados para evitar que la ‘capitalización de intereses’ opere en favor de los quejosos” (La Jornada, Jesús Aranda).
Doce años atrás la SCJN “legalizó” el anatocismo (intereses sobre intereses) para favorecer a la banca en contra de sus diezmados creditohabientes, quienes tuvieron que pagar (todavía pagan en no pocos casos) miles y miles de millones de pesos adicionales a los originalmente pactados con las instituciones financieras. Ahora que son los ahorradores quienes reclaman el mismo trato (intereses sobre intereses) a la banca, es cuando la Suprema Corte decide “analizar” los casos y –todo apunta– desdecirse de lo aprobado en aquel entonces.
Sobre el particular retomo algunos elementos del México SA publicado en La Jornada el 24 de noviembre de 2007: allá por octubre de 1998 los banqueros mexicanos (todavía mayoritariamente de esa nacionalidad) se regodeaban porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a su favor al legalizar el anatocismo en el país, o lo que es lo mismo el cobro de intereses sobre intereses y su capitalización, con lo que la máxima autoridad judicial condenó a millones de mexicanos a ser deudores sempiternos. Por aquel entonces, las organizaciones cúpula del sector privado apoyaron a los banqueros en su celebración, y conminaron a los deudores a “enfrentar los pasivos y olvidarse de las protestas”, porque el citado fallo “no representa dar la razón a los banqueros, sino un avance en la consolidación del sistema financiero del país; nadie puede sostener (decían) que la SCJN actuó o esté a favor de los banqueros; lo único que busca es proteger el dinero de los ahorradores”. Después de ese fallo y las subsecuentes declaraciones, varias oportunidades se han presentado para poner a prueba lo dicho por los líderes empresariales (entre ellos el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial y actual gobernador de Sonora, Eduardo Bours), pero a la fecha nadie ha podido confirmar que la legalización del anatocismo no fue para beneficiar a los banqueros y saquear, aún más, a los deudores.
Pues bien, un caso adicional de anatocismo surge por estos días (2007), pero en sentido contrario, en una historia mezcla de reclamo legal de derechos, la participación activa de uno de los más sólidos cuan descarados grupos de tráfico de influencias en el país, el rechazo de los organismos cúpula del sector privado a la posibilidad de que los barones del dinero sean afectados por una decisión judicial y el horror de los banqueros (mayoritariamente extranjeros en la actualidad) ante la inminencia de que en esta ocasión ellos sean las víctimas de lo mismo que pocos años atrás festejaban como una victoria gremial. Resulta que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua recientemente dictó sentencia condenatoria en contra de Banamex, en una demanda presentada por un cliente común y corriente, José Luis Saldívar Cano, quien en 1987 firmó un contrato de inversión con el otrora Banco Nacional de México (hoy perteneciente al gobierno de Estados Unidos y al Citigroup), para que su capital generara intereses. Lo hizo justo en el momento en el que el país reportaba un alto y creciente índice inflacionario, así como elevadas tasas de interés bancarias.
Con tal sentencia, el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua condenó a Banamex al pago de mil 462 millones de pesos a Saldívar Cano, resultantes de la generación de intereses sobre intereses y su capitalización, a lo largo de dos décadas, de aquel contrato de inversión que ambas partes –cliente y banco– firmaron en 1987. Ahora los banqueros ya no celebran ni se regodean. Menos comparten aquello de “enfrentar pasivos y olvidarse de protestas”. Por el contrario, en voz de su presidente, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, se dicen “preocupados” por el caso y aseguran que “ya hubo un fallo constitucional en la Suprema Corte en el sentido de que eso no procede” (aunque en 1998 celebraron que sí procedía, y actuaron en consecuencia contra los deudores), mientras Banamex, que no está acostumbrado a perder ni a pagar impuestos, ha recurrido al amparo judicial y político, porque la justicia le ha otorgado su protección y el gobierno calderonista la suya, toda vez que el propio secretario de Hacienda (Carstens, en aquel momento; Cordero ahora), negocia con los abogados de Saldívar Cano (Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, entre otros capos del tráfico de influencias) para evitar el golpe a la institución financiera privada, representada por su director jurídico y ex director del Fobaproa, Javier Arrigunaga.
Tampoco la máxima autoridad judicial del país parece tener la misma claridad y certeza que en 1998, cuando por ocho votos a favor y tres en contra legalizó el anatocismo. En esta ocasión, “por su trascendencia e importancia para la vida del país”, la SCJN atrajo el caso (Saldívar Cano-Banamex). “El juicio servirá de base para aplicarse en al menos 150 procesos contra distintos bancos que el máximo tribunal ha ubicado en todo el país y en los que también están en juego sumas multimillonarias… los ministros de la primera sala consideraron necesario atraer el juicio de Banamex por las repercusiones que podría acarrear su resultado en el sector financiero (en el entendido) que la decisión que adopte podría crear un precedente de gran repercusión para las instituciones bancarias con motivo de los contratos que a futuro celebren…”.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿dos lecturas para un mismo caso? ¿Para bancos sí, para ahorradores no?
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