Resolución del Congreso Mundial de la IV internacional sobre México
México está viviendo un nuevo proceso de militarización y represión hacia los movimientos sociales y de oposición al gobierno fraudulento e ilegítimo de Felipe Calderón. Por todo el país se extienden casos de represión persecución y encarcelamiento de aquellas voces que se alzan contra el autoritarismo del gobierno y sus políticas que atentan contra los derechos y calidad de vida del pueblo. Entre tantos abusos de poder, el Congreso Mundial del la Cuarta Internacional destaca el caso de los compañeros Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, presos desde julio de 2009 en el penal de Kobén, en Campeche.
Este caso de represión es la muestra de dos ejes fundamentales en la política de Calderón: privatización y represión. Privatización energética tanto del petróleo como en este caso de la energía eléctrica que desde hace años ha venido avanzando sigilosamente, y que está produciendo el paulatino aumento de las tarifas eléctricas, principalmente en zonas rurales y hundidas en la pobreza, y que en los últimos meses intenta dar un salto con la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la desaparición del Sindicato Mexicano de electricistas (SME).
Así como en otras zonas rurales del país como Veracruz, Tabasco, Chiapas, etc. desde hace tres años, la Comisión Federal de Electricidad ha elevado en más de un 200% las tarifas eléctricas en Candelaria, Campeche, un abuso intolerable para los limitados ingresos de los campesinos campechanos. Por lo que en respuesta a este ataque privatizador, se creó y fue consolidando en estos años el Movimiento de Resistencia Civil de no pago a las altas tarifas de luz y por una tarifa social y justa basada en el salario mínimo.
El movimiento de resistencia a lo largo de estos años ha sido una respuesta a las políticas neoliberales y este gobierno lejos de atender las demandas justas de los compañeros responde con la criminalización del movimiento
Menos de una semana después de las elecciones legislativas de julio de 2009, cinco dirigentes de la resistencia fueron encarcelados, detenidos con lujo de violencia, intimidación y amenazas contra ellos y sus familias. Acusados de “privación ilegal de la libertad”, por haber hecho presión, obligando a permanecer a los funcionarios de la CFE dentro de las instalaciones de la misma exigiendo la solución satisfactoria de sus demandas
Acusar a los dirigentes de movimientos sociales de este delito se ha vuelto práctica común por parte de los gobiernos panistas, siendo el caso de Ignacio del Valle de Atenco, condenado a más de 100 años de prisión, el más significativo.
Hasta ahora, la movilización popular y la incongruencia jurídica del gobierno, han logrado la libertad de 2 compañeros, sin embargo Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas siguen presos. Aún no reciben sentencia y estas semanas son fundamentales para definir su situación jurídica.
El Congreso Mundial de la Cuarta Internacional se suma a la exigencia por la libertad de los tres presos políticos de Candelaria, por el cese de la persecución y represión a los movimientos sociales y a los compañeros de la resistencia contra la privatización eléctrica y el incremento de las tarifas.
¡Libertad a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas!
¡No a la privatización energética!
13 de marzo de 2010
Este caso de represión es la muestra de dos ejes fundamentales en la política de Calderón: privatización y represión. Privatización energética tanto del petróleo como en este caso de la energía eléctrica que desde hace años ha venido avanzando sigilosamente, y que está produciendo el paulatino aumento de las tarifas eléctricas, principalmente en zonas rurales y hundidas en la pobreza, y que en los últimos meses intenta dar un salto con la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la desaparición del Sindicato Mexicano de electricistas (SME).
Así como en otras zonas rurales del país como Veracruz, Tabasco, Chiapas, etc. desde hace tres años, la Comisión Federal de Electricidad ha elevado en más de un 200% las tarifas eléctricas en Candelaria, Campeche, un abuso intolerable para los limitados ingresos de los campesinos campechanos. Por lo que en respuesta a este ataque privatizador, se creó y fue consolidando en estos años el Movimiento de Resistencia Civil de no pago a las altas tarifas de luz y por una tarifa social y justa basada en el salario mínimo.
El movimiento de resistencia a lo largo de estos años ha sido una respuesta a las políticas neoliberales y este gobierno lejos de atender las demandas justas de los compañeros responde con la criminalización del movimiento
Menos de una semana después de las elecciones legislativas de julio de 2009, cinco dirigentes de la resistencia fueron encarcelados, detenidos con lujo de violencia, intimidación y amenazas contra ellos y sus familias. Acusados de “privación ilegal de la libertad”, por haber hecho presión, obligando a permanecer a los funcionarios de la CFE dentro de las instalaciones de la misma exigiendo la solución satisfactoria de sus demandas
Acusar a los dirigentes de movimientos sociales de este delito se ha vuelto práctica común por parte de los gobiernos panistas, siendo el caso de Ignacio del Valle de Atenco, condenado a más de 100 años de prisión, el más significativo.
Hasta ahora, la movilización popular y la incongruencia jurídica del gobierno, han logrado la libertad de 2 compañeros, sin embargo Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas siguen presos. Aún no reciben sentencia y estas semanas son fundamentales para definir su situación jurídica.
El Congreso Mundial de la Cuarta Internacional se suma a la exigencia por la libertad de los tres presos políticos de Candelaria, por el cese de la persecución y represión a los movimientos sociales y a los compañeros de la resistencia contra la privatización eléctrica y el incremento de las tarifas.
¡Libertad a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas!
¡No a la privatización energética!
13 de marzo de 2010
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