Insisten expertos en que es necesario anular el proceso de la licitación 21

Miriam Posada García

Periódico La Jornada
Jueves 21 de octubre de 2010, p. 26
Analistas en telecomunicaciones insistieron en que aunque Nextel vaya solo por la explotación de 30 megahercios (Mhz) para servicios de telecomunicaciones móviles no resuelve los presuntos delitos cometidos durante la licitación 21, que consisten en la violación del artículo 134 de la Constitución al haber entregado un bien público a precio de ganga.

Agregaron que persisten el quebranto financiero a la nación y los presuntos delitos en los que habrían incurrido el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar; el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, y el comisionado Gonzalo Martínez Pous.

Asimismo, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) insistió en que persisten las irregularidades en el proceso de la licitación 21, por lo que es necesario rediseñar las bases con apego a la Constitución, reglas equitativas y que en verdad promuevan la competencia.

En opinión de la consultoría Mediatelecom, la suspensión definitiva otorgada por el juez segundo de distrito de Toluca para que no se se puedan explotar los títulos de concesión de la licitación 21, en específico el del bloque 29, en el que Nextel fue adjudicado junto con su ex socia Televisa, fue el punto que decidió a Emilio Azcárraga a retirar a su empresa, pero esa salida no cambia la serie de irregularidades cometidas y defendidas por la SCT y la Cofetel a lo largo de toda la licitación.

“Durante todo este proceso Nextel nunca fue cuestionada, pero siempre cargó el fardo de su alianza con Televisa. Ahora es sólo Nextel la que afronta al desafío y las consecuencias políticas, jurídicas y económicas de la licitación 21, porque su rompimiento con televisa no resuelve las controversias de fondo, que consisten en el precio de ganga de 180 millones 300 mil pesos que pagó Nextel por los 30 Mhz, el quebranto de 5 mil millones de pesos a las finanzas públicas y la resolución de los litigios pendientes”.
La consultoría puntualizó que a pesar de la salida de Televisa de la sociedad con Nextel en la empresa NII Digital, la sentencia del juzgado segundo de distrito sigue vigente, por lo que habrá que esperar a que se resuelva el fondo del amparo en torno a una licitación “cuestionada e ilegítima desde la concepción y el diseño de las bases, defectuosa por ir en contra de la competencia y por generar un quebranto a la hacienda pública”.

Con todos estos elementos, la Amedi insistió en que la entrega de los 30 Mhz a Nextel ocurrió de forma “irregular y de legalidad controvertible”, por lo que es necesario reponer todo el proceso.

“La decisión de Televisa de romper su alianza con Nextel pone en evidencia la errónea política del gobierno del presidente Felipe Calderón para favorecer a la propia Televisa. El supuesto nuevo operador que incursionaría en telefonía celular; las inversiones aparentemente comprometidas y el desarrollo que se le daría a la banda donde están los 30 Mhz asignados de manera irresponsable, han desaparecido por una decisión de negocios”; por eso es necesario volver a realizar la licitación, concluyó.

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