Manifestación minera en San José: “Piñera, ¡termina el show!”
Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
“Piñera, termina el show”
“San Esteban: no somos 33, somos 300”
“70 días sin plata y trabajo. Finiquito ya. No nos roben”.
Así rezaban algunas pancartas y carteles exhibidos el domingo por los trabajadores de la mina San José, propiedad de la empresa minera San Esteban, en una sorpresiva manifestación presenciada por casi la mitad de los 33 trabajadores que estuvieron 70 días a 625 metros bajo tierra.
La Iglesia Católica y el gobierno programaron una misa para mantener vivo el reality show del campamento “La Esperanza”, en una carpa instalada en el mismo lugar donde se realizó el rescate y moraron los familiares de los mineros atrapados. Todo esto ocurrió mientras los asesores de imagen gubernamental estudian erigir un memorial con fines de lucro turístico. Al oficio asistieron 13 de los 33 mineros rescatados y numerosos trabajadores del yacimiento que no resultaron sepultados pero se quedaron sin trabajo.
El incidente fue prácticamente ignorado por CNN-Chile y los demás medios que antes transmitieron el reality en vivo durante la cobertura de 70 días. Incluso esos canales de televisión basura hurgaron en la vida sentimental y personal de los trabajadores atrapados.
Empero, la manifestación del domingo tuvo amplia cobertura y difusión en la BBC y Televisión Española, entre otros medios extranjeros -excepto CNN-, mientras la televisión chilena cubría la visita de Piñera en Inglaterra, donde visitó a la reina y cosechó réditos publicitarios, de imagen pública y propaganda derivados del bien explotado rescate, entre ellos una invitación con gastos pagos a los mineros para presenciar un partido del Manchester Union.
Los trabajadores que estuvieron bajo tierra llevan ahora una vida muy distinta. En lo principal, ya son ex mineros. El perverso sistema mediático los convirtió de víctimas de la inseguridad laboral en héroes de una oscura chilenidad personificada por las grandes empresas mineras que arrendaron sus máquinas para el rescate, los consumidores de medios de televisión y medios de comunicación en general (que serían “el pueblo chileno”) bajo el liderazgo de personajes como el jefe del Estado, también un poderoso empresario.
Los trabajadores salieron de la minería porque la hiperrealidad de la gran prensa los introdujo en la farándula, inventó mentiras sobre algunos y sacó a la luz problemas personales muy íntimos de otros. En líneas generales, los 33 mineros tienen sus vidas futuras tan aseguradas como si hubieran ganado el premio gordo de la lotería, o algo equivalente. Han recibido regalos en efectivo, ofertas de jubilación por gracia, servicios médicos, nuevos empleos, participación en películas, escritura de libros y diferentes invitaciones al exterior. Pero la vida sigue igual para los otros 270 mineros de San José/San Esteban que no estuvieron atrapados.
La reacción tras la misa indica que el hiperrealismo de más de 70 días comenzó a abrir paso a la realidad real, sacando a la luz las carencias de los trabajadores de la minera San Esteban, que estuvieron apagadas durante más de dos meses de fanfarria minuto a minuto, durante el rescate gubernamental-empresarial, convertido en orgullo nacional “de todos los chilenos”. Los mineros desempleados que no estuvieron sepultados, hoy no tienen qué comer porque todavía no reciben el pago de su finiquito, tras el evidente cierre definitivo de la mina, ni han existido muestras de preocupación gubernamental-empresarial por satisfacer rápido sus derechos, enredados hoy en los tribunales de justicia por estrategia de la empresa.
Tal como antes lo hizo el gobierno de Piñera, el grupo de manifestantes que apareció en medio de la misa aprovechó muy bien la cobertura mediática para exigir el pago de sus finiquitos. Los manifestantes anunciaron más presión, con una posible toma de “La Esperanza”, por una rápida solución a sus demandas. “No estamos dispuestos a esperar once meses más y que nos paguen en cuotas”, dijo la esposa de uno de los mineros, Marta Durán. Otra mujer recordó que la Constitución y las leyes chilenas, desde la dictadura de Pinochet, favorecen a los empresarios y no a los trabajadores. Un minero resumió que en San José murieron antes 7 trabajadores, en accidentes completamente invisibles para la prensa chilena y el gobierno de turno.
Como es clásico en Chile, la manifestación provocó las iras de Carabineros, el cuerpo militarizado de policía uniformada que reprime a la etnia mapuche y cuanta protesta popular surja en el país. El gobierno aseguró que los policías estaban allí para “protegerlos”. Sin embargo, nada representaba algún peligro potencial para estos trabajadores, excepto la presencia policial.
13 de los trabajadores rescatados visitaron brevemente las carpas vacías en que vivieron sus familiares a la espera de su traída a la superficie, tras el derrumbe del 5 de agosto. Y una vez más relataron su experiencia e impresiones a los periodistas que antes los ignoraban, pero ahora acosan permanentemente sus vidas. Entretanto, la compañía pidió la quiebra para sacar ventajas técnicas en un proceso judicial, que debe dirimir entre arrendar sus activos a otra empresa de mayor solvencia financiera o simplemente aprobar la petición de quiebra, que trae consigo una suerte de “sálvese quien pueda” para trabajadores y acreedores. Los altos precios del cobre en el mercado mundial podrían solventar la reapertura de la mina bajo nuevas condiciones de seguridad y todavía con ganancias razonables para la explotación.
El incidente de la minera San José hizo visible en Chile la precariedad de las condiciones de trabajo, no sólo en la minería sino también en la construcción y toda clase de empresas. Piñera prometió nueva legislación y mayor control para vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. La prensa reporta todos los días nuevos accidentes mineros en todo el mundo y en Chile hubo 2 muertes durante la última semana en yacimientos de Petorca, cerca de Valparaíso, que antes hubieran sido también invisibles. Así y todo, el pago a los trabajadores desempleados tras el derrumbe no aparece como una prioridad en la agenda gubernamental-empresarial.
Fuente
“Piñera, termina el show”
“San Esteban: no somos 33, somos 300”
“70 días sin plata y trabajo. Finiquito ya. No nos roben”.
Así rezaban algunas pancartas y carteles exhibidos el domingo por los trabajadores de la mina San José, propiedad de la empresa minera San Esteban, en una sorpresiva manifestación presenciada por casi la mitad de los 33 trabajadores que estuvieron 70 días a 625 metros bajo tierra.
La Iglesia Católica y el gobierno programaron una misa para mantener vivo el reality show del campamento “La Esperanza”, en una carpa instalada en el mismo lugar donde se realizó el rescate y moraron los familiares de los mineros atrapados. Todo esto ocurrió mientras los asesores de imagen gubernamental estudian erigir un memorial con fines de lucro turístico. Al oficio asistieron 13 de los 33 mineros rescatados y numerosos trabajadores del yacimiento que no resultaron sepultados pero se quedaron sin trabajo.
El incidente fue prácticamente ignorado por CNN-Chile y los demás medios que antes transmitieron el reality en vivo durante la cobertura de 70 días. Incluso esos canales de televisión basura hurgaron en la vida sentimental y personal de los trabajadores atrapados.
Empero, la manifestación del domingo tuvo amplia cobertura y difusión en la BBC y Televisión Española, entre otros medios extranjeros -excepto CNN-, mientras la televisión chilena cubría la visita de Piñera en Inglaterra, donde visitó a la reina y cosechó réditos publicitarios, de imagen pública y propaganda derivados del bien explotado rescate, entre ellos una invitación con gastos pagos a los mineros para presenciar un partido del Manchester Union.
Los trabajadores que estuvieron bajo tierra llevan ahora una vida muy distinta. En lo principal, ya son ex mineros. El perverso sistema mediático los convirtió de víctimas de la inseguridad laboral en héroes de una oscura chilenidad personificada por las grandes empresas mineras que arrendaron sus máquinas para el rescate, los consumidores de medios de televisión y medios de comunicación en general (que serían “el pueblo chileno”) bajo el liderazgo de personajes como el jefe del Estado, también un poderoso empresario.
Los trabajadores salieron de la minería porque la hiperrealidad de la gran prensa los introdujo en la farándula, inventó mentiras sobre algunos y sacó a la luz problemas personales muy íntimos de otros. En líneas generales, los 33 mineros tienen sus vidas futuras tan aseguradas como si hubieran ganado el premio gordo de la lotería, o algo equivalente. Han recibido regalos en efectivo, ofertas de jubilación por gracia, servicios médicos, nuevos empleos, participación en películas, escritura de libros y diferentes invitaciones al exterior. Pero la vida sigue igual para los otros 270 mineros de San José/San Esteban que no estuvieron atrapados.
La reacción tras la misa indica que el hiperrealismo de más de 70 días comenzó a abrir paso a la realidad real, sacando a la luz las carencias de los trabajadores de la minera San Esteban, que estuvieron apagadas durante más de dos meses de fanfarria minuto a minuto, durante el rescate gubernamental-empresarial, convertido en orgullo nacional “de todos los chilenos”. Los mineros desempleados que no estuvieron sepultados, hoy no tienen qué comer porque todavía no reciben el pago de su finiquito, tras el evidente cierre definitivo de la mina, ni han existido muestras de preocupación gubernamental-empresarial por satisfacer rápido sus derechos, enredados hoy en los tribunales de justicia por estrategia de la empresa.
Tal como antes lo hizo el gobierno de Piñera, el grupo de manifestantes que apareció en medio de la misa aprovechó muy bien la cobertura mediática para exigir el pago de sus finiquitos. Los manifestantes anunciaron más presión, con una posible toma de “La Esperanza”, por una rápida solución a sus demandas. “No estamos dispuestos a esperar once meses más y que nos paguen en cuotas”, dijo la esposa de uno de los mineros, Marta Durán. Otra mujer recordó que la Constitución y las leyes chilenas, desde la dictadura de Pinochet, favorecen a los empresarios y no a los trabajadores. Un minero resumió que en San José murieron antes 7 trabajadores, en accidentes completamente invisibles para la prensa chilena y el gobierno de turno.
Como es clásico en Chile, la manifestación provocó las iras de Carabineros, el cuerpo militarizado de policía uniformada que reprime a la etnia mapuche y cuanta protesta popular surja en el país. El gobierno aseguró que los policías estaban allí para “protegerlos”. Sin embargo, nada representaba algún peligro potencial para estos trabajadores, excepto la presencia policial.
13 de los trabajadores rescatados visitaron brevemente las carpas vacías en que vivieron sus familiares a la espera de su traída a la superficie, tras el derrumbe del 5 de agosto. Y una vez más relataron su experiencia e impresiones a los periodistas que antes los ignoraban, pero ahora acosan permanentemente sus vidas. Entretanto, la compañía pidió la quiebra para sacar ventajas técnicas en un proceso judicial, que debe dirimir entre arrendar sus activos a otra empresa de mayor solvencia financiera o simplemente aprobar la petición de quiebra, que trae consigo una suerte de “sálvese quien pueda” para trabajadores y acreedores. Los altos precios del cobre en el mercado mundial podrían solventar la reapertura de la mina bajo nuevas condiciones de seguridad y todavía con ganancias razonables para la explotación.
El incidente de la minera San José hizo visible en Chile la precariedad de las condiciones de trabajo, no sólo en la minería sino también en la construcción y toda clase de empresas. Piñera prometió nueva legislación y mayor control para vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. La prensa reporta todos los días nuevos accidentes mineros en todo el mundo y en Chile hubo 2 muertes durante la última semana en yacimientos de Petorca, cerca de Valparaíso, que antes hubieran sido también invisibles. Así y todo, el pago a los trabajadores desempleados tras el derrumbe no aparece como una prioridad en la agenda gubernamental-empresarial.
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