El SME y otros errores de cálculo
28 Noviembre 2010
Plaza Pública /
Miguel Ángel Granados Chapa.-
El gobierno decidió el año pasado liquidar Luz y Fuerza del Centro, para remediar ciertamente las deficiencias del suministro eléctrico en el Valle de México y en entidades vecinas a la capital, pero también para privatizar el servicio
Certero, certero, lo que se dice certero, no es el gobierno federal. Su falta de puntería y de tino es parte de su carácter, de su modo de ser. De la lectura de la primera plana de Reforma de ayer brotan los yerros, que van de la gravedad a la ridiculez: el presupuesto de operación del ISSSTE se agotó en septiembre, tres meses antes de que concluya el año, “debido a un error de cálculo en el nuevo régimen de pensiones de los empleados públicos”. La construcción del Emisor oriente del sistema de drenaje de la Ciudad de México, que se previó concluir en 2012, será terminada dos años después, porque “las perforadoras toparon con una obstrucción geológica que no se había detectado”. En Guadalajara, la celebración federal del centenario de la Revolución no pudo ser compartida por los tapatíos que, frente al Teatro Degollado, esperaban ver a las marionetas gigantes: las calles “resultaron ser muy angostas” para el espectáculo pagado a la empresa francesa Royal de Luxe.
A partir de mañana se repondrá el proceso electoral en el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo exterminio fue previsto por la Secretaría del Trabajo y Previsión. Un colosal error de cálculo político (y técnico y económico) ha dejado en la calle, en el doble sentido de la expresión, a decenas de miles de miembros de esa agrupación, pero no la destruyó, lo que se manifiesta en la resistencia que cobrará nueva forma legal la próxima semana.
El gobierno decidió el año pasado liquidar el organismo público Luz y Fuerza del Centro, para remediar ciertamente las deficiencias del suministro eléctrico en el Valle de México y en entidades vecinas a la capital, pero también para privatizar el servicio y sobre todo entregar a la operación privada la red de fibra óptica tendida por esa empresa, que es un suculento insumo de las telecomunicaciones. Una porción de la red semejante en la Comisión Federal de Electricidad ha sido ya concedida para su explotación a particulares y se esperaba hacer lo mismo con la de LyFC. Pero el sindicato que ha sido durante casi un siglo la contraparte laboral de la Mexican Light and Power y las empresas sucesoras se manifestó claramente en contra de tal privatización y, al contrario, propuso que la explotación de ese recurso técnico se convirtiera en la piedra de toque del rescate de la compañía de energía eléctrica más antigua del país, afectada de esa cara negativa de la antigüedad que es la obsolescencia.
Decretar la extinción de LyFC suponía, en consecuencia, superar esa actitud del sindicato y, en el extremo, suprimirlo. Para la primera posibilidad era preciso evitar la reelección de Martín Esparza, apoyado por la corriente política mayoritaria en el gremio en el último lustro. Esparza ha denunciado que Alejandro Muñoz, tesorero del comité central y su adversario en la contienda por la secretaría general (dicho comité se renueva por mitades), fue financiado desde el gobierno federal. Lo cierto es que Muñoz era la alternativa gubernamental para contar con el SME en la ejecución de sus planes. Sin embargo, y aunque fuera por un breve número de votos (menos de 400 en un total de 55 mil emitidos en julio del año pasado), Esparza fue reelegido y con eso ratificada su actitud ante el manejo de la empresa paraestatal.
En un primer momento Muñoz mismo y sus partidarios se avinieron a la decisión de la mayoría, pero después la impugnaron. Consiguieron que el 5 de octubre la Secretaría del Trabajo negara al secretario general la toma de nota de su elección. Como bien se sabe, la toma de nota es un arbitrario, inconstitucional recurso que deja en manos de la alta burocracia el manejo de los sindicatos, sin importar cuál sea la voluntad de los trabajadores. Colocar a Esparza en la ilegalidad fue el paso previo al decreto de extinción de LyFC, que se publicó seis días después, el domingo 11 de octubre, si bien desde la tarde y noche del sábado las instalaciones de la empresa empezaron a ser tomadas por la fuerza pública.
No podía el gobierno, en un decreto que sólo tenía alcances administrativos, incluir cláusulas contrarias al sindicato, pero desbrozó el terreno en que entrara la maquinaria que destruiría al SME. Para acallar la crítica suscitada por una medida que abruptamente dejó desempleados a 44 mil trabajadores en activo y en situación precaria la jubilación de 22 mil personas, el gobierno federal prometió una liquidación suculenta a los electricistas que se avinieran al autoritario dictamen. Sin base legal, y con recursos procedentes de quién sabe dónde, ofreció una indemnización cuyo monto excedía el resultante de aplicar la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo, ese documento tan vilipendiado por quienes no lo conocen y que resulta de casi una centuria de negociaciones y logros acumulados.
Era claro el cálculo: se trataba de desfondar el sindicato sonsacando de ese modo a sus miembros, y de desmovilizarlos mediante una paga que comprara sus derechos. El resultado satisfizo la expectativa gubernamental en amplia medida, pero no en la necesaria. Veintiocho mil trabajadores aceptaron ser liquidados según la expresión en uso en ese procedimiento, que revela el fin último de la indemnización: liquidar con dinero a los trabajadores, como a balazos liquidan los delincuentes a sus víctimas. Pero 16 mil trabajadores rechazaron ser comprados y se han mantenido, durante ya casi 14 meses, en resistencia, en defensa de sus derechos, considerando que el gobierno obró ilegalmente al cerrar su fuente empleo, al dejarlos sin trabajo y lastimando el interés general por el deficiente servicio que en reemplazo a la empresa liquidada están ofreciendo la CFE y los contratistas improvisados que son la avanzada de la gestión privada del suministro eléctrico.
Desde los años noventa, en el sexenio de Carlos Salinas se diseñó el plan para, sigilosa, ilegalmente, cancelar la prestación estatal del servicio eléctrico. Mediante reformas a la ley respectiva, que son contrarias a la Constitución, desde hace cerca de 20 años se ha formado un sector privado de la electricidad. Se autorizó la generación de energía eléctrica para autoconsumo y se permitió vender el excedente, a la CFE. Entre el 30 el 40 por ciento de “la luz”, como solemos llamar a este servicio, es generada por particulares y revendida a los usuarios por la CFE, obviamente con el recargo en los precios que implica la obtención de una ganancia en el comienzo del ciclo. Un mecanismo semejante se empleó para debilitar financieramente a LyFC: la Comisión Federal de Electricidad se hacía pagar caro el fluido que la ahora extinta empresa ya no producía en la medida en que su clientela lo requería.
A casi 14 meses del decreto de liquidación las operaciones de la CFE y sus asociados son desastrosas, como lo evidencian las interrupciones del suministro en casi todo el territorio en que ahora operan, los accidentes debidos a la vejez de las instalaciones y a su deficiente manejo, y sobre todo el exceso en los cobros, que serían risibles si no afectaran tan gravemente a personas o empresas a las que se centuplica o más, sin justificación ni explicación, el monto que deben pagar.
Ante la persistencia de 16 mil personas que demandan de distintas maneras el respeto a sus derechos se ha ofrecido por fin un camino que al menos evite la supresión autoritaria de una organización sindical. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, que entendió que un funcionario debe resolver un conflicto, no generarlo ni azuzarlo -un credo contrario al practicado por su colega Javier Lozano-, ha negociado con el sindicato, una de cuyas necesidades básicas es la regularización de su vida interna. Se acordó reponer el procedimiento electoral considerado ilegal por la STPyS a fin de dotar al gremio de una representación incuestionable. Votarán, como siempre, únicamente los miembros del sindicato, es decir los 16 mil 400 que no han aceptado su liquidación, y a los cuales se ofende si se les supone marionetas manejadas por Esparza y no personas dignas dispuestas a sufrir penurias a cambio de no dejarse aplastar por el autoritarismo. También votarán los 22 mil jubilados.
Sólo se inscribió una planilla, encabezada por Esparza, con más de 6 mil firmas de apoyo, muchas más que las 500 requeridas en el estatuto, y la elección concluirá el próximo viernes.
miguelangel@granadoschapa.com
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Plaza Pública /
Miguel Ángel Granados Chapa.-
El gobierno decidió el año pasado liquidar Luz y Fuerza del Centro, para remediar ciertamente las deficiencias del suministro eléctrico en el Valle de México y en entidades vecinas a la capital, pero también para privatizar el servicio
Certero, certero, lo que se dice certero, no es el gobierno federal. Su falta de puntería y de tino es parte de su carácter, de su modo de ser. De la lectura de la primera plana de Reforma de ayer brotan los yerros, que van de la gravedad a la ridiculez: el presupuesto de operación del ISSSTE se agotó en septiembre, tres meses antes de que concluya el año, “debido a un error de cálculo en el nuevo régimen de pensiones de los empleados públicos”. La construcción del Emisor oriente del sistema de drenaje de la Ciudad de México, que se previó concluir en 2012, será terminada dos años después, porque “las perforadoras toparon con una obstrucción geológica que no se había detectado”. En Guadalajara, la celebración federal del centenario de la Revolución no pudo ser compartida por los tapatíos que, frente al Teatro Degollado, esperaban ver a las marionetas gigantes: las calles “resultaron ser muy angostas” para el espectáculo pagado a la empresa francesa Royal de Luxe.
A partir de mañana se repondrá el proceso electoral en el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo exterminio fue previsto por la Secretaría del Trabajo y Previsión. Un colosal error de cálculo político (y técnico y económico) ha dejado en la calle, en el doble sentido de la expresión, a decenas de miles de miembros de esa agrupación, pero no la destruyó, lo que se manifiesta en la resistencia que cobrará nueva forma legal la próxima semana.
El gobierno decidió el año pasado liquidar el organismo público Luz y Fuerza del Centro, para remediar ciertamente las deficiencias del suministro eléctrico en el Valle de México y en entidades vecinas a la capital, pero también para privatizar el servicio y sobre todo entregar a la operación privada la red de fibra óptica tendida por esa empresa, que es un suculento insumo de las telecomunicaciones. Una porción de la red semejante en la Comisión Federal de Electricidad ha sido ya concedida para su explotación a particulares y se esperaba hacer lo mismo con la de LyFC. Pero el sindicato que ha sido durante casi un siglo la contraparte laboral de la Mexican Light and Power y las empresas sucesoras se manifestó claramente en contra de tal privatización y, al contrario, propuso que la explotación de ese recurso técnico se convirtiera en la piedra de toque del rescate de la compañía de energía eléctrica más antigua del país, afectada de esa cara negativa de la antigüedad que es la obsolescencia.
Decretar la extinción de LyFC suponía, en consecuencia, superar esa actitud del sindicato y, en el extremo, suprimirlo. Para la primera posibilidad era preciso evitar la reelección de Martín Esparza, apoyado por la corriente política mayoritaria en el gremio en el último lustro. Esparza ha denunciado que Alejandro Muñoz, tesorero del comité central y su adversario en la contienda por la secretaría general (dicho comité se renueva por mitades), fue financiado desde el gobierno federal. Lo cierto es que Muñoz era la alternativa gubernamental para contar con el SME en la ejecución de sus planes. Sin embargo, y aunque fuera por un breve número de votos (menos de 400 en un total de 55 mil emitidos en julio del año pasado), Esparza fue reelegido y con eso ratificada su actitud ante el manejo de la empresa paraestatal.
En un primer momento Muñoz mismo y sus partidarios se avinieron a la decisión de la mayoría, pero después la impugnaron. Consiguieron que el 5 de octubre la Secretaría del Trabajo negara al secretario general la toma de nota de su elección. Como bien se sabe, la toma de nota es un arbitrario, inconstitucional recurso que deja en manos de la alta burocracia el manejo de los sindicatos, sin importar cuál sea la voluntad de los trabajadores. Colocar a Esparza en la ilegalidad fue el paso previo al decreto de extinción de LyFC, que se publicó seis días después, el domingo 11 de octubre, si bien desde la tarde y noche del sábado las instalaciones de la empresa empezaron a ser tomadas por la fuerza pública.
No podía el gobierno, en un decreto que sólo tenía alcances administrativos, incluir cláusulas contrarias al sindicato, pero desbrozó el terreno en que entrara la maquinaria que destruiría al SME. Para acallar la crítica suscitada por una medida que abruptamente dejó desempleados a 44 mil trabajadores en activo y en situación precaria la jubilación de 22 mil personas, el gobierno federal prometió una liquidación suculenta a los electricistas que se avinieran al autoritario dictamen. Sin base legal, y con recursos procedentes de quién sabe dónde, ofreció una indemnización cuyo monto excedía el resultante de aplicar la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo, ese documento tan vilipendiado por quienes no lo conocen y que resulta de casi una centuria de negociaciones y logros acumulados.
Era claro el cálculo: se trataba de desfondar el sindicato sonsacando de ese modo a sus miembros, y de desmovilizarlos mediante una paga que comprara sus derechos. El resultado satisfizo la expectativa gubernamental en amplia medida, pero no en la necesaria. Veintiocho mil trabajadores aceptaron ser liquidados según la expresión en uso en ese procedimiento, que revela el fin último de la indemnización: liquidar con dinero a los trabajadores, como a balazos liquidan los delincuentes a sus víctimas. Pero 16 mil trabajadores rechazaron ser comprados y se han mantenido, durante ya casi 14 meses, en resistencia, en defensa de sus derechos, considerando que el gobierno obró ilegalmente al cerrar su fuente empleo, al dejarlos sin trabajo y lastimando el interés general por el deficiente servicio que en reemplazo a la empresa liquidada están ofreciendo la CFE y los contratistas improvisados que son la avanzada de la gestión privada del suministro eléctrico.
Desde los años noventa, en el sexenio de Carlos Salinas se diseñó el plan para, sigilosa, ilegalmente, cancelar la prestación estatal del servicio eléctrico. Mediante reformas a la ley respectiva, que son contrarias a la Constitución, desde hace cerca de 20 años se ha formado un sector privado de la electricidad. Se autorizó la generación de energía eléctrica para autoconsumo y se permitió vender el excedente, a la CFE. Entre el 30 el 40 por ciento de “la luz”, como solemos llamar a este servicio, es generada por particulares y revendida a los usuarios por la CFE, obviamente con el recargo en los precios que implica la obtención de una ganancia en el comienzo del ciclo. Un mecanismo semejante se empleó para debilitar financieramente a LyFC: la Comisión Federal de Electricidad se hacía pagar caro el fluido que la ahora extinta empresa ya no producía en la medida en que su clientela lo requería.
A casi 14 meses del decreto de liquidación las operaciones de la CFE y sus asociados son desastrosas, como lo evidencian las interrupciones del suministro en casi todo el territorio en que ahora operan, los accidentes debidos a la vejez de las instalaciones y a su deficiente manejo, y sobre todo el exceso en los cobros, que serían risibles si no afectaran tan gravemente a personas o empresas a las que se centuplica o más, sin justificación ni explicación, el monto que deben pagar.
Ante la persistencia de 16 mil personas que demandan de distintas maneras el respeto a sus derechos se ha ofrecido por fin un camino que al menos evite la supresión autoritaria de una organización sindical. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, que entendió que un funcionario debe resolver un conflicto, no generarlo ni azuzarlo -un credo contrario al practicado por su colega Javier Lozano-, ha negociado con el sindicato, una de cuyas necesidades básicas es la regularización de su vida interna. Se acordó reponer el procedimiento electoral considerado ilegal por la STPyS a fin de dotar al gremio de una representación incuestionable. Votarán, como siempre, únicamente los miembros del sindicato, es decir los 16 mil 400 que no han aceptado su liquidación, y a los cuales se ofende si se les supone marionetas manejadas por Esparza y no personas dignas dispuestas a sufrir penurias a cambio de no dejarse aplastar por el autoritarismo. También votarán los 22 mil jubilados.
Sólo se inscribió una planilla, encabezada por Esparza, con más de 6 mil firmas de apoyo, muchas más que las 500 requeridas en el estatuto, y la elección concluirá el próximo viernes.
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