Felipe Calderón en la Presidencia: fracasos y guerra que no convence
Claudia Herrera Beltrán
Periódico La Jornada
Martes 30 de noviembre de 2010, p. 7
Con gesto de aflicción y juntando las palmas de las manos, el presidente Felipe Calderón expresó el pasado 27 de agosto, en la última sesión de los Diálogos por la seguridad, que le dolían mucho las víctimas, pero “tenemos que pagar los costos hoy en esta lucha contra la delincuencia”.
En su cuarto año de gobierno, el mandatario sigue convencido de mantener una guerra que la mayoría de los mexicanos considera un fracaso, según diversas encuestas. Más de 300 mil millones de pesos invertidos en policías, militares y equipo, nueve mesas de diálogo sobre seguridad, una docena de líderes de cárteles capturados o asesinados, una reforma judicial en marcha y la violencia no se detiene: 30 mil muertos en los dos tercios del sexenio.
Concluye así el cuarto año, en el que el staff de Los Pinos se dividió. Aquel grupo de amigos que se enorgullecía de haber derrotado en una batalla épica primero a Vicente Fox y después a Andrés Manuel López Obrador se separó por pugnas y cálculos electorales.
Una razón fue la alianza electoral con el PRD, antaño enemigo de Calderón, en una arriesgada jugada que provocó fracturas en el histórico pacto con el PRI. Beatriz Paredes calificó de “espurias” las coaliciones, y en el Congreso los priístas recordaron al mandatario que un acuerdo entre su partido y el PAN le permitió ocupar la silla presidencial en 2006.
A cambio, los triunfos en Sinaloa, Oaxaca y Puebla dieron respiro al binomio PAN-PRD rumbo a las elecciones del estado de México de 2011, batalla que, paradójicamente, ha puesto del mismo lado a Calderón y a Marcelo Ebrard en busca de descarrilar a Enrique Peña Nieto, el contrincante del PRI más visible para 2012.
Pero, ¿a qué costo?, se preguntan en el PAN, sobre todo por la ausencia del extinto Juan Camilo Mouriño, que ahora marca el hecho de que el blanquiazul no tenga un aspirante presidencial.
Treinta y tres “enérgicas condenas”
En total, el gobierno federal emitió 33 “enérgicas condenas” en 2010, el año más violento en lo que va de calderonato.
Boletines y declaraciones sobre asesinatos múltiples, como los de 72 migrantes en Tamaulipas, 17 jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, o 19 en un centro de rehabilitación para adictos en Chihuahua.
Y de los crímenes de políticos, como el del ex gobernador de Colima Silverio Cavazos; del ex candidato a gobernador Rodolfo Torre, de 11 alcaldes y de diputados y regidores.
Otros han sido alusivos al secuestro de Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial del PAN. Transcurridas 24 horas, el Presidente buscó hacer saber, por conducto de los medios de comunicación, que los hijos de su correligionario oraban por él. Después el gobierno hizo oficial su retiro de las investigaciones, porque la familia lo pidió.
Ya sea en reuniones con el Ejecutivo o en las calles, las protestas por los llamados “daños colaterales” de esta guerra, los crímenes de civiles y las violaciones a los derechos humanos durante acciones militares se incrementaron en la misma medida que los cercos de seguridad del Estado Mayor Presidencial.
Dos mujeres expresaron el agravio ciudadano por la inseguridad y la impunidad por la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC.
En febrero, Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña, dos de los 17 jóvenes acribillados en una fiesta en Ciudad Juárez, reprochó al Presidente los calificativos de que eran “pandilleros”. Calderón se disculpó y ante los reclamos por la ausencia de adolescentes propuso: “Hagamos un chat para que platiquemos”.
Patricia Duarte le echó en cara en junio pasado que Juan Molinar y Daniel Karam continuaran en sus cargos. “Voté por usted porque pensé que el peligro estaba en otro lugar, y ya ve”, expresó la mujer en la visita de Calderón a Sonora 13 meses después de la tragedia.
Para el Ejecutivo los civiles inocentes sorprendidos en situaciones de fuego cruzado eran “realmente los menos”, pero tras recibir severas críticas por ese señalamiento tuvo que corregir y aclarar que le dolían profundamente esas pérdidas.
Con la promesa de corregir fallas, Calderón organizó nueve mesas sobre seguridad, en las cuales admitió que era muy bueno oír a la sociedad, pero insistió en que los militares iban a continuar en el combate a la delincuencia hasta el último día de su gobierno.
“Problema de percepción”
Si algo ha preocupado al mandatario es convencer a la opinión pública de que la inseguridad no tiene la magnitud que se dice, que es un problema de “percepción”.
En su empeño por dejar claro que el gobierno y no los delincuentes van ganando esa guerra, no ha ocultado su molestia por notas periodísticas y las deficiencias de su política de comunicación.
Intentó subsanarlas designando a Alejandro Poiré vocero en temas de seguridad.
El discurso de Estados Unidos ha sido doble. El presidente Barack Obama equiparó al comienzo de su mandato a Calderón con Eliott Ness, y Janet Napolitano ha censurado los altos niveles de violencia. Hillary Clinton dice que la amenaza del narco se está convirtiendo en “insurgencia”.
Dicho panorama se complica si se considera que Nuevo León, símbolo de la industrialización en el país, ha sido escenario de diversos narcobloqueos.
Los asesinatos de periodistas pueden tener su ejemplo extremo en el Diario de Ciudad Juárez, el cual perdió a dos y tuvo que publicar un editorial pidiendo tregua a la delincuencia.
Otro punto que ha vulnerado la imagen del gobierno federal es el fracaso del michoacanazo, como se conoció al mayor operativo policiaco-militar emprendido por la Procuraduría General de la República, en el cual se arrestó a 35 servidores públicos de esa entidad acusados de tener nexos con el cártel de La Familia. Dieciséis meses después fueron liberados.
Atrás de esas aprehensiones y de las acusaciones contra Julio César Godoy, hermano del actual gobernador, por supuestos vínculos con el narcotráfico, los perredistas aducen que existe interés del Presidente por impulsar a su hermana Luisa María como candidata a gobernadora. La ex senadora había prometido al inicio del sexenio mantenerse alejada de la política.
“Los de casa” se van
Si algo cuidó Felipe Calderón fue la unidad y lealtad en su grupo de colaboradores, así como mantener resguardadas las diferencias en los muros de Los Pinos.
Pero en su cuarto año de gobierno las pugnas se hicieron visibles. En julio abandonaron el gabinete “los de casa”, como se hacen llamar los cercanos al Ejecutivo, entre ellos Fernando Gómez Mont, Patricia Flores y Maximiliano Cortázar.
Gómez Mont quedó en una situación incómoda cuando desaprobó las alianzas, en apego al acuerdo con Peña Nieto de que el PAN no se coligaría con el PRD. Desde entonces tuvo diferencias con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano; con Cortázar y con César Nava, actual dirigente del blanquiazul.
Otra funcionaria “de casa” que dejó Los Pinos es Patricia Flores, otrora poderosa jefa de la Oficina de la Presidencia de la República, a quien se responsabilizó de los elevados gastos en las fiestas por el bicentenario de la Independencia, que ascendieron a 3 mil millones de pesos y “no estuvieron a la altura”, según críticas de priístas y perredistas.
Acorde con su estilo, el mandatario nombró secretario de Gobernación a su amigo Francisco Blake, de escasa trayectoria en la política nacional. Mientras, Gerardo Ruiz retornó a Los Pinos y Bruno Ferrari, de perfil religioso y trayectoria vinculada con organizaciones conservadoras, llegó a la Secretaría de Economía.
El Presidente también demostró estar dispuesto a remontar la debilidad de su partido e hizo tres anuncios de tinte electoral en la semana previa a los comicios de julio. Se ganó una reprimenda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violar la ley en la materia.
No dudó en revivir los contenidos de los espots de 2006 y reiterar que Andrés Manuel López Obrador es “un peligro para México”.
Fue el año en que Felipe Calderón echó mano de la tecnología para lograr un acercamiento virtual con la ciudadanía y se hizo usuario frecuente de Twiter. Era el 18 de mayo.
Como otras figuras públicas, el Ejecutivo no ha estado exento de pifias. En septiembre anunció que iba a dar un informe “abusivo”, en vez de alusivo, sobre su cuarto Informe de gobierno. Hace unos días agradeció “ha”, en lugar de “a”, todos su atención e interés en sus mensajes.
Así, de promoverse como “el presidente del empleo”, hace cuatro años, Calderón se convirtió en el Presidente de la guerra anticrimen. Muy lejos de aquel Calderón de agosto de 2006, cuando en el clímax de la protesta encabezada por López Obrador todavía se dio tiempo para bromear frente a un grupo de reporteros: “Lo bonito es lo feo que se está poniendo”.
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Periódico La Jornada
Martes 30 de noviembre de 2010, p. 7
Con gesto de aflicción y juntando las palmas de las manos, el presidente Felipe Calderón expresó el pasado 27 de agosto, en la última sesión de los Diálogos por la seguridad, que le dolían mucho las víctimas, pero “tenemos que pagar los costos hoy en esta lucha contra la delincuencia”.
En su cuarto año de gobierno, el mandatario sigue convencido de mantener una guerra que la mayoría de los mexicanos considera un fracaso, según diversas encuestas. Más de 300 mil millones de pesos invertidos en policías, militares y equipo, nueve mesas de diálogo sobre seguridad, una docena de líderes de cárteles capturados o asesinados, una reforma judicial en marcha y la violencia no se detiene: 30 mil muertos en los dos tercios del sexenio.
Concluye así el cuarto año, en el que el staff de Los Pinos se dividió. Aquel grupo de amigos que se enorgullecía de haber derrotado en una batalla épica primero a Vicente Fox y después a Andrés Manuel López Obrador se separó por pugnas y cálculos electorales.
Una razón fue la alianza electoral con el PRD, antaño enemigo de Calderón, en una arriesgada jugada que provocó fracturas en el histórico pacto con el PRI. Beatriz Paredes calificó de “espurias” las coaliciones, y en el Congreso los priístas recordaron al mandatario que un acuerdo entre su partido y el PAN le permitió ocupar la silla presidencial en 2006.
A cambio, los triunfos en Sinaloa, Oaxaca y Puebla dieron respiro al binomio PAN-PRD rumbo a las elecciones del estado de México de 2011, batalla que, paradójicamente, ha puesto del mismo lado a Calderón y a Marcelo Ebrard en busca de descarrilar a Enrique Peña Nieto, el contrincante del PRI más visible para 2012.
Pero, ¿a qué costo?, se preguntan en el PAN, sobre todo por la ausencia del extinto Juan Camilo Mouriño, que ahora marca el hecho de que el blanquiazul no tenga un aspirante presidencial.
Treinta y tres “enérgicas condenas”
En total, el gobierno federal emitió 33 “enérgicas condenas” en 2010, el año más violento en lo que va de calderonato.
Boletines y declaraciones sobre asesinatos múltiples, como los de 72 migrantes en Tamaulipas, 17 jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, o 19 en un centro de rehabilitación para adictos en Chihuahua.
Y de los crímenes de políticos, como el del ex gobernador de Colima Silverio Cavazos; del ex candidato a gobernador Rodolfo Torre, de 11 alcaldes y de diputados y regidores.
Otros han sido alusivos al secuestro de Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial del PAN. Transcurridas 24 horas, el Presidente buscó hacer saber, por conducto de los medios de comunicación, que los hijos de su correligionario oraban por él. Después el gobierno hizo oficial su retiro de las investigaciones, porque la familia lo pidió.
Ya sea en reuniones con el Ejecutivo o en las calles, las protestas por los llamados “daños colaterales” de esta guerra, los crímenes de civiles y las violaciones a los derechos humanos durante acciones militares se incrementaron en la misma medida que los cercos de seguridad del Estado Mayor Presidencial.
Dos mujeres expresaron el agravio ciudadano por la inseguridad y la impunidad por la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC.
En febrero, Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña, dos de los 17 jóvenes acribillados en una fiesta en Ciudad Juárez, reprochó al Presidente los calificativos de que eran “pandilleros”. Calderón se disculpó y ante los reclamos por la ausencia de adolescentes propuso: “Hagamos un chat para que platiquemos”.
Patricia Duarte le echó en cara en junio pasado que Juan Molinar y Daniel Karam continuaran en sus cargos. “Voté por usted porque pensé que el peligro estaba en otro lugar, y ya ve”, expresó la mujer en la visita de Calderón a Sonora 13 meses después de la tragedia.
Para el Ejecutivo los civiles inocentes sorprendidos en situaciones de fuego cruzado eran “realmente los menos”, pero tras recibir severas críticas por ese señalamiento tuvo que corregir y aclarar que le dolían profundamente esas pérdidas.
Con la promesa de corregir fallas, Calderón organizó nueve mesas sobre seguridad, en las cuales admitió que era muy bueno oír a la sociedad, pero insistió en que los militares iban a continuar en el combate a la delincuencia hasta el último día de su gobierno.
“Problema de percepción”
Si algo ha preocupado al mandatario es convencer a la opinión pública de que la inseguridad no tiene la magnitud que se dice, que es un problema de “percepción”.
En su empeño por dejar claro que el gobierno y no los delincuentes van ganando esa guerra, no ha ocultado su molestia por notas periodísticas y las deficiencias de su política de comunicación.
Intentó subsanarlas designando a Alejandro Poiré vocero en temas de seguridad.
El discurso de Estados Unidos ha sido doble. El presidente Barack Obama equiparó al comienzo de su mandato a Calderón con Eliott Ness, y Janet Napolitano ha censurado los altos niveles de violencia. Hillary Clinton dice que la amenaza del narco se está convirtiendo en “insurgencia”.
Dicho panorama se complica si se considera que Nuevo León, símbolo de la industrialización en el país, ha sido escenario de diversos narcobloqueos.
Los asesinatos de periodistas pueden tener su ejemplo extremo en el Diario de Ciudad Juárez, el cual perdió a dos y tuvo que publicar un editorial pidiendo tregua a la delincuencia.
Otro punto que ha vulnerado la imagen del gobierno federal es el fracaso del michoacanazo, como se conoció al mayor operativo policiaco-militar emprendido por la Procuraduría General de la República, en el cual se arrestó a 35 servidores públicos de esa entidad acusados de tener nexos con el cártel de La Familia. Dieciséis meses después fueron liberados.
Atrás de esas aprehensiones y de las acusaciones contra Julio César Godoy, hermano del actual gobernador, por supuestos vínculos con el narcotráfico, los perredistas aducen que existe interés del Presidente por impulsar a su hermana Luisa María como candidata a gobernadora. La ex senadora había prometido al inicio del sexenio mantenerse alejada de la política.
“Los de casa” se van
Si algo cuidó Felipe Calderón fue la unidad y lealtad en su grupo de colaboradores, así como mantener resguardadas las diferencias en los muros de Los Pinos.
Pero en su cuarto año de gobierno las pugnas se hicieron visibles. En julio abandonaron el gabinete “los de casa”, como se hacen llamar los cercanos al Ejecutivo, entre ellos Fernando Gómez Mont, Patricia Flores y Maximiliano Cortázar.
Gómez Mont quedó en una situación incómoda cuando desaprobó las alianzas, en apego al acuerdo con Peña Nieto de que el PAN no se coligaría con el PRD. Desde entonces tuvo diferencias con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano; con Cortázar y con César Nava, actual dirigente del blanquiazul.
Otra funcionaria “de casa” que dejó Los Pinos es Patricia Flores, otrora poderosa jefa de la Oficina de la Presidencia de la República, a quien se responsabilizó de los elevados gastos en las fiestas por el bicentenario de la Independencia, que ascendieron a 3 mil millones de pesos y “no estuvieron a la altura”, según críticas de priístas y perredistas.
Acorde con su estilo, el mandatario nombró secretario de Gobernación a su amigo Francisco Blake, de escasa trayectoria en la política nacional. Mientras, Gerardo Ruiz retornó a Los Pinos y Bruno Ferrari, de perfil religioso y trayectoria vinculada con organizaciones conservadoras, llegó a la Secretaría de Economía.
El Presidente también demostró estar dispuesto a remontar la debilidad de su partido e hizo tres anuncios de tinte electoral en la semana previa a los comicios de julio. Se ganó una reprimenda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violar la ley en la materia.
No dudó en revivir los contenidos de los espots de 2006 y reiterar que Andrés Manuel López Obrador es “un peligro para México”.
Fue el año en que Felipe Calderón echó mano de la tecnología para lograr un acercamiento virtual con la ciudadanía y se hizo usuario frecuente de Twiter. Era el 18 de mayo.
Como otras figuras públicas, el Ejecutivo no ha estado exento de pifias. En septiembre anunció que iba a dar un informe “abusivo”, en vez de alusivo, sobre su cuarto Informe de gobierno. Hace unos días agradeció “ha”, en lugar de “a”, todos su atención e interés en sus mensajes.
Así, de promoverse como “el presidente del empleo”, hace cuatro años, Calderón se convirtió en el Presidente de la guerra anticrimen. Muy lejos de aquel Calderón de agosto de 2006, cuando en el clímax de la protesta encabezada por López Obrador todavía se dio tiempo para bromear frente a un grupo de reporteros: “Lo bonito es lo feo que se está poniendo”.
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