México: Responsabilidad, confianza y respeto
miércoles 7 de diciembre de 2011
Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
Las revelaciones del New York Times sobre las actividades de la DEA para lavar dinero del crimen organizado mexicano, a través de operaciones encubiertas para conocer su origen, ponen en relieve el quehacer que realizan agencias del gobierno de Estados Unidos en territorio azteca.
Gracias a los medios de comunicación estadounidense, los mexicanos estuvieron en condiciones de enterarse que aviones no tripulados vigilan el espacio aéreo nacional y espían a los mal llamados cárteles.
También que por medio de una operación (Rápido y furioso) se introdujeron miles armas de asalto a México que terminaron en manos de las bandas criminales, incluso la que asesinó en San Luis Potosí al agente de Brownsville, Texas. La indagación que realizan el senador Charles Grassley y el diputado Darrell Issa, llevó al segundo a acusar al procurador general de EU, Eric Holder, de mentir al Congreso en mayo pasado, cuando dijo que no se enteró de Rápido y furioso sino apenas unas semanas antes. Textos descubiertos por investigadores al servicio de Issa indican que se le entregaron informes en junio-julio de 2010.
Aún no concluye la investigación de los legisladores que arrojará más consecuencias negativas para Barack Obama, en tanto en México, el país de los impunes y la subordinación a la Casa Blanca, no pasará nada, pero las titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores se hacen de la vista gorda y emiten comunicados que parecen “machotes” para justificar el intervencionismo estadounidense, mismo que con Felipe Calderón alcanza niveles sin precedente, incluso superó a su antecesor, el exempleado de la trasnacional refresquera que ahora lava su rostro con anuncios en los que simula apoyo a causas pacifistas y ecológicas, mientras en Colombia persigue y asesina a sindicalistas.
Dicen los escribidores de los boletines y declaraciones de Marisela Morales que la “cooperación con Estados Unidos se basa en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país”.
Responsabilidad, confianza y respeto que brilló por su ausencia en los tres casos de intervencionismo mencionados. Cierto es que en el asunto de la operación que no resultó ni rápida ni furiosa, sino un reverendo y mortal fracaso, alegaron que el gobierno mexicano no fue informado.
Mas la PGR y Morales Ibáñez persisten en vender el discurso que no convence ni a sus colaboradores: “México trabaja de manera coordinada con Estados Unidos en el combate al lavado de dinero”, país que coopera “estrictamente dentro del marco jurídico” que rige a nuestra a nación”, incluyendo el que “regula las actividades de autoridades extranjeras en territorio nacional”. Si realmente trabajaran en la materia, aun subordinados como están, no serían simbólicos los resultados monetarios y los circuitos financieros del crimen organizado no permanecerían básicamente intocados en ambos países.
El Mecanismo de Tuxtla Gutiérrez –integrado por ocho países de América Central, más los gobiernos de Colombia y Chile, consentidos de Calderón–, exigió a EU “frenar el trasiego de armas”. Y sobre todo: “una sensible reducción de la demanda de drogas ilegales. Sin embargo, si ello no es posible, como lo demuestra la experiencia reciente, las autoridades de los países consumidores deben entonces explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales incluyendo opciones regulatorias o de mercado orientadas a ese propósito”.
Con timidez, pero el realismo se abre paso.
Fuente
Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
Las revelaciones del New York Times sobre las actividades de la DEA para lavar dinero del crimen organizado mexicano, a través de operaciones encubiertas para conocer su origen, ponen en relieve el quehacer que realizan agencias del gobierno de Estados Unidos en territorio azteca.
Gracias a los medios de comunicación estadounidense, los mexicanos estuvieron en condiciones de enterarse que aviones no tripulados vigilan el espacio aéreo nacional y espían a los mal llamados cárteles.
También que por medio de una operación (Rápido y furioso) se introdujeron miles armas de asalto a México que terminaron en manos de las bandas criminales, incluso la que asesinó en San Luis Potosí al agente de Brownsville, Texas. La indagación que realizan el senador Charles Grassley y el diputado Darrell Issa, llevó al segundo a acusar al procurador general de EU, Eric Holder, de mentir al Congreso en mayo pasado, cuando dijo que no se enteró de Rápido y furioso sino apenas unas semanas antes. Textos descubiertos por investigadores al servicio de Issa indican que se le entregaron informes en junio-julio de 2010.
Aún no concluye la investigación de los legisladores que arrojará más consecuencias negativas para Barack Obama, en tanto en México, el país de los impunes y la subordinación a la Casa Blanca, no pasará nada, pero las titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores se hacen de la vista gorda y emiten comunicados que parecen “machotes” para justificar el intervencionismo estadounidense, mismo que con Felipe Calderón alcanza niveles sin precedente, incluso superó a su antecesor, el exempleado de la trasnacional refresquera que ahora lava su rostro con anuncios en los que simula apoyo a causas pacifistas y ecológicas, mientras en Colombia persigue y asesina a sindicalistas.
Dicen los escribidores de los boletines y declaraciones de Marisela Morales que la “cooperación con Estados Unidos se basa en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país”.
Responsabilidad, confianza y respeto que brilló por su ausencia en los tres casos de intervencionismo mencionados. Cierto es que en el asunto de la operación que no resultó ni rápida ni furiosa, sino un reverendo y mortal fracaso, alegaron que el gobierno mexicano no fue informado.
Mas la PGR y Morales Ibáñez persisten en vender el discurso que no convence ni a sus colaboradores: “México trabaja de manera coordinada con Estados Unidos en el combate al lavado de dinero”, país que coopera “estrictamente dentro del marco jurídico” que rige a nuestra a nación”, incluyendo el que “regula las actividades de autoridades extranjeras en territorio nacional”. Si realmente trabajaran en la materia, aun subordinados como están, no serían simbólicos los resultados monetarios y los circuitos financieros del crimen organizado no permanecerían básicamente intocados en ambos países.
El Mecanismo de Tuxtla Gutiérrez –integrado por ocho países de América Central, más los gobiernos de Colombia y Chile, consentidos de Calderón–, exigió a EU “frenar el trasiego de armas”. Y sobre todo: “una sensible reducción de la demanda de drogas ilegales. Sin embargo, si ello no es posible, como lo demuestra la experiencia reciente, las autoridades de los países consumidores deben entonces explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales incluyendo opciones regulatorias o de mercado orientadas a ese propósito”.
Con timidez, pero el realismo se abre paso.
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