Esquilma la CFE a campesinos: dirigente
Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2012, p. 38
León, Gto., 13 de marzo. Cuatro mil 200 campesinos de Guanajuato tienen una "deuda espuma" de mil 600 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), resultado de cobros ilegales, aseguró el presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional Guanajuatense, Rubén Velázquez Martínez.
El dirigente, quien estuvo 65 días encerrado en el Centro de Readaptación Social de Celaya, acusado de privar de la libertad a empleados de la CFE, afirmó que la paraestatal no respeta la Ley de Energía para el Campo, porque no aplica una tarifa única preferencial para todo el sector agropecuario del país.
"Las tarifas de Guanajuato son diferentes a las de Aguascalientes; no están cumpliendo la ley. Son deudas espuma, incobrables y moralmente impagables. Cuesta más la deuda que el rancho donde está el pozo", reprochó.
Detalló que los artículos 4 y 5 de la Ley de Energía para el Campo dicen que debe haber una sola tarifa preferencial de estímulo, pero la CFE aplica hasta cinco tarifas distintas, aseguró.
Rubén Velázquez adelantó que a pesar de que acaba de salir de la cárcel, seguirá en lucha para mejorar las condiciones de los labriegos de Guanajuato. Adelantó que entregará a los candidatos a la gubernatura –que contenderán en los comicios del primero de julio– una iniciativa de ley para recuperar los mantos freáticos, cuyos niveles han disminuido hasta en cuatro metros.
El 4 de noviembre de 2011, Vázquez Martínez fue detenido por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando salía de un restaurante ubicado en la calle Faja de Oro de la ciudad de Salamanca, y el día 10 de ese mismo mes el juez octavo de distrito le dictó auto de formal prisión.
El Ministerio Público lo acusó de privar ilegalmente de la libertad a empleados de la CFE, porque en una manifestación realizada en 2009 evitó que cortaran la energía a un pozo agrícola del municipio de Salamanca.
El 11 de enero anterior fue liberado tras pagar 6 mil pesos de fianza, pues un magistrado de circuito reclasificó el delito a resistencia de particulares. "Estamos en proceso y vamos a luchar para limpiar esta situación. No puedo aceptar que me traten como a un delincuente; no lo soy. Ya hasta se me olvidó cuántas veces me han arrestado", dijo.
Rubén Vázquez ha enfrentado seis juicios y hasta 12 órdenes de aprehensión, acusado de privación ilegal de libertad. La PGR también abrió procesos contra los dirigentes campesinos regionales de Doctor Mora, Armando Valencia; San Luis de la Paz, Simón Cárdenas, y Dolores Hidalgo, Miguel Miranda.
El dirigente del Comité Pro Mejoramiento de Agro Nacional Guanajuatense denunció que desde hace 11 años el gobierno federal ha criminalizado el movimiento campesino por demandar mejores tarifas de electricidad y precio del diesel.
Agregó que los trabajadores de la CFE tienen instrucciones de encerrarse cuando los agricultores se manifiestan, para acusarlos de secuestro. "Nos han acusado de ataques a las vías de comunicación y de secuestro. Es muy sencillo para la autoridad procesarnos desde un escritorio sin ir al lugar de las manifestaciones", concluyó.
Fuente
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Miércoles 14 de marzo de 2012, p. 38
León, Gto., 13 de marzo. Cuatro mil 200 campesinos de Guanajuato tienen una "deuda espuma" de mil 600 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), resultado de cobros ilegales, aseguró el presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional Guanajuatense, Rubén Velázquez Martínez.
El dirigente, quien estuvo 65 días encerrado en el Centro de Readaptación Social de Celaya, acusado de privar de la libertad a empleados de la CFE, afirmó que la paraestatal no respeta la Ley de Energía para el Campo, porque no aplica una tarifa única preferencial para todo el sector agropecuario del país.
"Las tarifas de Guanajuato son diferentes a las de Aguascalientes; no están cumpliendo la ley. Son deudas espuma, incobrables y moralmente impagables. Cuesta más la deuda que el rancho donde está el pozo", reprochó.
Detalló que los artículos 4 y 5 de la Ley de Energía para el Campo dicen que debe haber una sola tarifa preferencial de estímulo, pero la CFE aplica hasta cinco tarifas distintas, aseguró.
Rubén Velázquez adelantó que a pesar de que acaba de salir de la cárcel, seguirá en lucha para mejorar las condiciones de los labriegos de Guanajuato. Adelantó que entregará a los candidatos a la gubernatura –que contenderán en los comicios del primero de julio– una iniciativa de ley para recuperar los mantos freáticos, cuyos niveles han disminuido hasta en cuatro metros.
El 4 de noviembre de 2011, Vázquez Martínez fue detenido por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando salía de un restaurante ubicado en la calle Faja de Oro de la ciudad de Salamanca, y el día 10 de ese mismo mes el juez octavo de distrito le dictó auto de formal prisión.
El Ministerio Público lo acusó de privar ilegalmente de la libertad a empleados de la CFE, porque en una manifestación realizada en 2009 evitó que cortaran la energía a un pozo agrícola del municipio de Salamanca.
El 11 de enero anterior fue liberado tras pagar 6 mil pesos de fianza, pues un magistrado de circuito reclasificó el delito a resistencia de particulares. "Estamos en proceso y vamos a luchar para limpiar esta situación. No puedo aceptar que me traten como a un delincuente; no lo soy. Ya hasta se me olvidó cuántas veces me han arrestado", dijo.
Rubén Vázquez ha enfrentado seis juicios y hasta 12 órdenes de aprehensión, acusado de privación ilegal de libertad. La PGR también abrió procesos contra los dirigentes campesinos regionales de Doctor Mora, Armando Valencia; San Luis de la Paz, Simón Cárdenas, y Dolores Hidalgo, Miguel Miranda.
El dirigente del Comité Pro Mejoramiento de Agro Nacional Guanajuatense denunció que desde hace 11 años el gobierno federal ha criminalizado el movimiento campesino por demandar mejores tarifas de electricidad y precio del diesel.
Agregó que los trabajadores de la CFE tienen instrucciones de encerrarse cuando los agricultores se manifiestan, para acusarlos de secuestro. "Nos han acusado de ataques a las vías de comunicación y de secuestro. Es muy sencillo para la autoridad procesarnos desde un escritorio sin ir al lugar de las manifestaciones", concluyó.
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