Calderón dejó una política exterior sometida a Estados Unidos
CONTRALINEA
Parte II: Gobierno de Calderón, reprobado en migración
Parte III: México: un fracaso en comercio internacional
La política exterior durante el sexenio pasado se redujo a fomentar la “cooperación” con Estados Unidos. Además, se acotó al tema de la seguridad. La agenda fue impuesta siempre por el gobierno estadunidense. Los escándalos internacionales marcaron negativamente el papel de México en el escenario internacional
“México ha incrementado con Estados
Unidos el intercambio de información sobre las organizaciones
trasnacionales del narcotráfico, mediante la Iniciativa Mérida”, señala
la Declaración Conjunta del Grupo de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida
para la Cooperación Bilateral contra el Crimen Organizado Transnacional,
de la Cuarta Reunión del Grupo de Alto Nivel del 18 de septiembre
pasado en Washington, DC, Estados Unidos. Entonces, con Patricia
Espinosa al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y
Hillary Clinton como secretaria de Estado del vecino país.
En efecto, el país apostó por la
seguridad de Estados Unidos y no por la propia. Según la Declaración, el
gobierno estadunidense ha entregado 1 mil 900 millones de dólares en
“apoyo a los esfuerzos de México para combatir al narcotráfico”. Además,
se dieron más de 97 millones de dólares para equipo fijo y móvil de
inspección no intrusiva y aparatos pequeños de detección para mejorar la
seguridad en la frontera común.
La estrecha cooperación se tradujo en
el entrenamiento, desarrollo de capacidades y equipo a más de 5 mil
oficiales y administradores del sistema penitenciario mexicano, para
ampliar la capacidad de las prisiones federales y elevar el número de
reos: pasar de 6 mil 400 a 20 mil. También se han capacitado a 7 mil 500
funcionarios del sistema judicial federal y a 19 mil de los estatales
en diferentes aspectos del nuevo sistema acusatorio mexicano.
Para ampliar su seguridad, el gobierno
de Estados Unidos ha transferido 21 aeronaves a México y ha
“fortalecido la investigación de los flujos financieros
transfronterizos, el lavado de dinero y los crímenes financieros,
al proveer equipo de punta y entrenamiento y establecer un grupo de
trabajo bilateral sobre financiamiento ilícito”. El supuesto objetivo:
mermar la capacidad operativa de los cárteles de la droga.
Humberto Hernández Haddad, experto en
política exterior, explica que uno de los objetivos de ésta es servir al
bienestar y la seguridad de la nación; no obstante, en el sexenio de
Felipe Calderón Hinojosa aumentaron el número de pobres y la inseguridad
a un nivel alarmante.
“En materia de seguridad, el país vive
una tragedia que no había vivido a lo largo de su historia. En la
política exterior tiene un instrumento indispensable para recuperar la
capacidad de gestión de la gobernabilidad y la paz interna, mediante
insumos de inteligencia diplomática que, lamentablemente, no se tuvieron
en los últimos 6 años.”
Y es que desde que Calderón asumió la
Presidencia de la República, la “guerra” contra el narcotráfico consumió
los esfuerzos internos y externos. Un ejemplo de ello es el crecimiento
del número de extraditados. Desde enero de 2007 hasta junio de 2012,
552 personas se entregaron a otros países, cuya justicia los reclamaba.
La mayoría son mexicanos y fue extraditada a prisiones de Estados
Unidos, bajo acusaciones de delitos contra la salud y homicidio.
A los mexicanos les siguen los
estadunidenses, por delitos similares. En 2007 se extraditaron a 86
personas; en 2008, a 99; en 2009, a 115; en 2010, a 100; en 2011, a 95; y
entre enero y junio de 2012, a 57.
En ese contexto, a México le fueron
entregadas, mediante un proceso de extradición, 115 personas de
diciembre de 2006 a junio de 2012. A este país fueron trasladados 13
presuntos delincuentes en 2007; al año siguiente, 33; en 2009, 22; en
2010, 21; en 2011, 15; y en la primera mitad de 2012, 11.
Los datos de la Procuraduría General de la República (PGR), publicados en su Sexto informe de labores, no precisan el número de mexicanos extraditados ni los países donde se encuentran recluidos.
Lo que sí informa la PGR son las
extradiciones que considera relevantes, como la de Jesús Reynaldo
Zambada García, hermano de Ismael Zambada, el Mayo –considerado
el segundo al mando del cártel de Sinaloa–, acusado de asociación
delictuosa, delitos contra la salud y delincuencia organizada.
También señala la entrega de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, operador de los hermanos Beltrán Leyva, acusado de asociación delictuosa, delitos contra la salud y lavado de dinero. Una de las mujeres que sobresale es Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico. Es acusada por delitos contra la salud y está ligada al cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
La Procuraduría General de la
República señala que con estas acciones se han obtenido resultados
institucionales en materia penal que fortalecen las relaciones con
autoridades extranjeras, en especial con las que se ha establecido
intercambio de información y cooperación internacional. Es decir, con
Estados Unidos, el país al que extraditó a la mayoría de mexicanos.
Los escándalos
En la relación México-Estados Unidos
no todo ha sido terso. El 15 de febrero de 2011 fue asesinado el
estadunidense Jaime Zapata, agente de la Oficina de Inmigración y
Aduanas, por un grupo armado vinculado a Los Zetas. Hasta entonces, no
se había tenido una situación similar en 26 años: el último caso era el
de Enrique Camarena, el Kiki, agente ejecutado por el
entonces cártel de Guadalajara que comandaban Rafael Caro Quintero y
Ernesto Fonseca Carrillo. Por el asesinato de Zapata, al menos dos
presuntos delincuentes han sido extraditados a Estados Unidos.
Otro de los escándalos que marcaron la
agenda internacional fue el operativo Rápido y Furioso, diseñado por la
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadunidense.
Consistió en la entrega de armas a cárteles mexicanos para supuestamente
rastrear su ubicación. El resultado: se “perdieron” al menos 1 mil 765
armas, con las cuales se pudo haber matado a cientos de personas en
México.
Felipe Calderón calificó el operativo
como un “error garrafal”. El martes 27 de noviembre –3 días antes de que
finalizara su sexenio– el Congreso estadunidense se reunió para
discutir una demanda que obligara al fiscal general de aquel país, Eric
Holder, a entregar a los legisladores los documentos que se relacionen
con el operativo. En ese sentido, el congresista republicano Darrell
Issa abrió una investigación.
“Esas operaciones clandestinas
necesariamente fueron del conocimiento de las agencias federales
estadunidenses, de la PGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
los nombres de los funcionarios involucrados tienen que ser
identificados si se pretende recuperar la seguridad interna de México”,
señala Hernández Haddad, excónsul de México en San Antonio, Texas,
Estados Unidos, en el gobierno de Carlos Salinas.
Agrega: “es un error inaceptable haber
permitido que desde Estados Unidos se hayan entregado lotes de armas de
alto poder a grupos delictivos que en México se están enfrentando a las
fuerzas federales, estatales y municipales, y causando víctimas en
ambos países”.
Otro escándalo fue el ataque
perpetrado por agentes de la Policía Federal, vestidos de civil, a bordo
de vehículos particulares, contra un marino mexicano y dos funcionarios
de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense, que viajaban en
una camioneta con placas de la SRE, el 23 de agosto de 2012, cerca del
poblado de Tres Marías, en los límites de Morelos y el Distrito Federal.
El vehículo diplomático recibió 152
impactos de bala. Los dos agentes estadunidenses resultaron heridos. Los
policías argumentaron que iban tras el automóvil porque lo relacionaron
con un reporte previo de secuestro registrado en la zona.
Por este hecho se consignaron a 14
elementos de la corporación por tentativa de homicidio, daño en
propiedad ajena y, en algunos casos, por falsedad de declaraciones. Juan
Manuel Pacheco, jefe de los 14 elementos, fue enviado al Penal Federal
de Occidente, en Puente Grande, Jalisco, por el delito de falsedad de
declaraciones.
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