El Ejército y los abusos del poder contra el SME
10. marzo, 2013
Martin Esparza
La noche del 10 de octubre de 2009 en
que fueron tomadas por asalto las instalaciones del organismo
descentralizado Luz y Fuerza del Centro para ejecutar –aun antes de su
publicación– el decreto de su extinción, el Ejército Mexicano enlodó su casta
de institución patriótica al servicio del pueblo, cuando a soldados
disfrazados de policías federales se les utilizó como golpeadores,
incluso con la orden de tirar a matar, para desalojar, a punta de
bayoneta y con lujo de fuerza, a los trabajadores del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME).
La noche del 10 de octubre de 2009 en
que fueron tomadas por asalto las instalaciones del organismo
descentralizado Luz y Fuerza del Centro para ejecutar –aun antes de su
publicación– el decreto de su extinción, el Ejército Mexicano enlodó su casta
de institución patriótica al servicio del pueblo, cuando a soldados
disfrazados de policías federales se les utilizó como golpeadores,
incluso con la orden de tirar a matar, para desalojar, a punta de
bayoneta y con lujo de fuerza, a los trabajadores del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME).
Documentos en nuestro poder ratifican
la denuncia que en su momento hiciera pública el teniente de zapadores
Marcos Gerardo Mendoza Pérez, cuando dio a conocer a todo el país el
denigrante papel que fueron obligados a hacer cientos de militares,
quienes por órdenes superiores debieron disfrazarse de policías
federales e incluso de civiles para colaborar en el encubierto “golpe de
Estado”, fraguado desde la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.
Lamentable es que las funciones del
Ejército Mexicano, garante de la seguridad y dignidad nacionales, se
hayan trastocado para agredir a la clase trabajadora que es, sin lugar a
dudas, parte del pueblo de México. Y peor todavía, que los altos mandos
no hayan protestado por tal infamia como sucedió en 2006, cuando el
expresidente Vicente Fox pretendió utilizar a las Fuerzas Armadas para
desalojar a los integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca.
En esa ocasión, el entonces titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), Clemente Vega García, pidió que el expresidente le
diera la orden por escrito para que quedara constancia de la infamia que
se pensaba consumar. Fox rehuyó, en su calidad de comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas, a asumir el alto costo social, político e
histórico que tal acción hubiera representado, por lo que el Ejército se
salvó de tal ignominia.
Por desgracia, no sucedió lo mismo con
el extitular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, quien aceptó
prestarse al papel de comparsa de Calderón y su gabinete, y en el colmo
de las vilezas, consintió que en los protocolos de la intervención
militar se autorizara a la tropa abrir fuego contra quien intentara
recuperar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.
Por su origen popular y porque debe
ser una fuerza de paz, las tareas de represión tienen que estar fuera de
las funciones y el compromiso ético de nuestro Ejército Mexicano, sólo
así se entiende que sus cualidades patrióticas estén al servicio de las
causas sociales. Desde 1968, cuando se escribió una de las páginas más
indignantes de las Fuerzas Armadas al haber sido utilizadas para
asesinar a mansalva a cientos de estudiantes en Tlatelolco, el Ejército
no había procedido de forma tan censurable en contra del pueblo como
–ahora se sabe con certeza– actuó la noche del 10 de octubre de 2009.
En uno de los partes, fechado el 12 de octubre de ese año, se lee:
“Hago de su conocimiento que en los periódicos El Universal y Reforma
se publicó la nota periodística ‘Fuerzas federales custodian
termoeléctrica en EdoMex [Estado de México]’ y ‘Vigilan PFP [Policía
Federal Preventiva] y Ejército subestaciones’, en la cual se aprecia una
fotografía de un vehículo militar de 6.5 toneladas con las siglas
0325277, perteneciente al 25 Batallón de Infantería (Toluca, México). No
obstante haber comunicado telefónicamente y posteriormente en mensaje
FCA número 41726, del 11 de octubre de 2009, que estaban suspendidas las
supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal
uniformado que permita su identificación como militares, debiendo
realizarlas con uniforme azul o civil, y en vehículos que no tengan
características militares. Por tal motivo agradeceré realizar las
siguientes acciones:
“A. Se le ratifica la orden de imponer
correctivo disciplinario debidamente fundado y motivado al comandante
del 25 Batallón de Infantería.
“B. Realizar una investigación remitiendo el resultado para antes de las 18:00 [horas] del 15 octubre de 2009.
“C. Ratificar y supervisar que la
totalidad de organismos bajo su mando estén enterados [de] que están
suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con
personal uniformado a las instalaciones de la extinguida Compañía de Luz
y Fuerza del Centro (todo movimiento a estas instalaciones),
agradeciendo realizarlas, en caso de ser necesario, de civil o con
uniforme azul y en vehículos que no tengan características militares” (sic).
Y firmaba el documento “confidencial e
interno” de la Sedena el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor,
JM Castillo Segura.
En las órdenes giradas a los militares
que hicieron las funciones de supuestos policías federales se
establecía en uno de sus puntos:
“En caso de ser atacada la base de
operaciones, instruirá al personal que se encuentre apostado se proteja
utilizando los accidentes del terreno y parapetos, a fin de no ser
blanco redituable a los atacantes, debiendo de tener conocimiento del
sector de tiro que le corresponda”.
Hasta la fecha, los altos mandos
castrenses se han guardado bien de tocar el tema ante la opinión
pública. De hecho, el teniente Marcos Gerardo Mendoza tuvo que
enfrentarse a la justicia militar bajo la supuesta falta de “abandono de
servicio de armas”, por haberse negado a participar en la denigrante
farsa ordenada por sus superiores y por hacer del conocimiento de la
sociedad la inusual medida que representó un atropello a los derechos
civiles y constitucionales de los trabajadores de Luz y Fuerza del
Centro.
El 19 de febrero pasado, durante la
celebración del Día del Ejército, el titular de la Sedena, Salvador
Cienfuegos Zepeda, dijo que los soldados que se alejen del sendero del
cumplimiento de la ley o violen derechos humanos “habrán de asumir las
consecuencias”. Sólo le faltó decir qué castigo merecen aquellos altos
mandos militares que se han prestado, precisamente, a violar la ley y
los derechos humanos de los ciudadanos, que como en el caso de los
electricistas del SME fueron reprimidos no por fuerzas policiales sino
por elementos castrenses.
Es indudable que, por el honor del
Ejército Mexicano, los generales que participaron en la indignante
agresión del 10 de octubre de 2009 nos deben una explicación a todos los
mexicanos. Claro está, si algo de vergüenza y de honor les queda.
*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
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