Reforma energética: quebrar las bases constitucionales
CONTRALÍNEA
Dice
el cuarto párrafo del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos: “corresponde a la Nación el dominio directo de
todos los recursos naturales de la plataforma continental […] los
combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos”; el sexto párrafo señala: “[…]
tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos
o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni
contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la
nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos
que señale la ley reglamentaria. Corresponde exclusivamente a la nación
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica
que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia
no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará
los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
Es tan claro y contundente este
mandato de la Constitución, como es ilegal y francamente
anticonstitucional la anunciada reforma “estructural” energética
propuesta por el Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción
Nacional-Partido de la Revolución Democrática. Pretenden culminar la
obra privatizadora neoliberal para terminar de entregar lo que queda de
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al
capital privado. Han venido entregando los energéticos a capitales
extranjeros, primero mediante los contratos de servicios múltiples, y
luego con los contratos incentivados, y ahora con la exploración y
explotación en la Cuenca de Burgos (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila) y
las 607 mil hectáreas del yacimiento llamado Hoyo de Dona (en las aguas
del Golfo de México); lo mismo ocurre con los pozos maduros en
Chicontepec (Veracruz), entre muchos otros contratos y concesiones,
todos nulos de pleno derecho, absolutamente anticonstitucionales.
En materia de electricidad, la
privatización ha ocurrido a través de los denominados productores
independientes de energía eléctrica. El capital privado produce más del
60 por ciento de la electricidad que vende la CFE, no obstante la
prohibición expresa de la Constitución para la participación de los
particulares en esas actividades exclusivas, por ser estratégicas, de la
nación.
Existe un plan maestro que sistematiza
este saqueo: el Consenso de Washington de 1989. Éste inició con la
consigna del “adelgazamiento del Estado” en México y América Latina,
para reducirlo a su mínima expresión como administrador, con las recetas
del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para obligarlos a
privatizar todas las empresas estatales, paraestatales y de
participación estatal (mayoritaria y minoritaria). En el caso particular
de México encontramos: Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas,
Ferrocarriles Nacionales de México, los aeropuertos, los puertos, las
carreteras, la entonces Compañía Nacional de Subsistencias Populares,
los bancos, el sector de seguridad social, aduanas, las pensiones de los
trabajadores, la jubilación, las guarderías… Incluso se llegó al
extremo de permitir la “autorregulación bancaria”, con la que los dueños
de los bancos dictan sus propias normas reguladoras de la actividad de
crédito. Desde entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
abandonó la filosofía del “nacionalismo revolucionario” para abrazar la
del neoliberalismo, un cambio de paradigma radical expresado nítidamente
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los gobiernos
panistas, por su parte, continuaron el desmantelamiento de la propiedad
pública. Hoy, el PRI simplemente recupera la conducción de ese proceso
desnacionalizador, bajo la égida del “libre mercado”, es decir, de los
dueños del dinero que sabemos no tienen nacionalidad.
El Estado siempre había sido representante político de los dueños del dinero, pero ahora esos mismos mandones
se han apoderado de los aparatos de poder del Estado. Los Poderes de la
Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están copados por empresarios
y sus personeros: ocurrió entonces una simbiosis entre el interés
político y el interés económico y el Estado abdicó de sus funciones
estratégicas al asumir el papel de represor de la movilización y la
protesta social, además de que se presenta como legitimador del despojo
sistematizado del que México ha sido objeto.
En teoría, aun dentro de los estrechos
márgenes del liberalismo clásico, el elemento “poder” –o gobierno– del
Estado se encuentra acotado; es decir, el “poder” del Estado no es
absoluto: cualquier funcionario únicamente puede hacer aquello que la
ley expresamente le autoriza. En México, el límite del poder del Estado
está representado por la esfera de derechos subjetivos de los habitantes
del territorio nacional llamados ahora derechos humanos o garantías
individuales, contenidos en la parte “dogmática” de la Constitución
(Artículos del 1 al 29), que por su rango constitucional establecen la
“ley suprema de toda la Unión” (Artículo 133). Es decir que todo el
ordenamiento jurídico del país debe encontrarse subordinado a su mandato
y observancia irrestricta, sin embargo y no obstante que en un
verdadero estado de derecho ninguna norma legal que vulnere la letra o
el espíritu de una norma constitucional tiene posibilidad de existir y resulta nula de pleno derecho.
Nos encontramos frente a una política
de hechos consumados. El gobierno, en su afán de entregar la riqueza
nacional al capital privado (nacional o extranjero), no ha dudado en
quebrantar las bases constitucionales que nos dan identidad como país.
La política energética que viene impulsando el PRI corresponde a los
dictados de los organismos financieros internacionales y es notoriamente
ruinosa para la economía nacional. La entrega de la riqueza nacional a
los particulares –como lo vienen haciendo– constituye una condena a la
miseria del pueblo, pero también una traición a la patria. Que la nación
se los demande.
*Jurista integrante del Colectivo de
Abogados Zapatistas y de la Liga de Abogados 1 de Diciembre; catedrático
de historia y de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México
Comentarios