Las cifras en pobreza son escalofriantes
Revista Siempre!
Irma Ortiz
Familias de hasta 7 miembros que
sobreviven comiendo papas o tortillas duras con salsa, porque es el
único alimento que han logrado conseguir, que viven en casas de cartón,
sin servicios públicos y donde los niños no asisten a la escuela, forman
parte de las cifras que diera a conocer hace unos días el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval,
donde destacó que el 45.5 por ciento de los mexicanos es pobre y casi 35
por ciento es vulnerable y podría caer en la pobreza.
Se señala que de 2010 a 2012, el número
de pobres aumentó en medio millón de personas al pasar de 52.8 millones a
53.3 millones, es decir, casi la mitad de la población. Una realidad
que, en opinión de Daniel Zapico, representante de Amnistía
Internacional en México, puede ser más escalofriante de lo que nos
imaginamos.
Coneval da a conocer las cifras sobre la pobreza y AI asevera que la magnitud de la marginación es escalofriante.
Una de las cosas que aporta la
definición de pobreza que manejamos no es si alguien tiene tal cosa o
no; hablamos de que las personas tengan acceso desde seguridad social
hasta salud, calidad de la vivienda e ingresos. Para Amnistía
Internacional la pobreza no es sólo la falta de dinero; hablamos de
negación de los derechos humanos, negación del derecho al agua, salud,
educación, a una vivienda digna. Son estos derechos los que en mayor o
menor medida se ven vulnerados cuando las personas sufren una situación
de pobreza, por eso consideramos importante esta forma de medir, que
puede ser mejorable.
Las cifras que da el Coneval son
escalofriantes por la magnitud. Si pensamos que las personas que según
el Consejo están en la pobreza en 2012, son 53.3 millones de personas,
hablamos del 44, del 45 por ciento de la población mexicana, y eso es
mucho. Además hay que tomar en cuenta que no es que haya gente en la
pobreza, y los demás no; sino que son situaciones escalonadas.
El Coneval identifica además que hay
millones de personas en riesgo de caer en la exclusión; apenas el 20 por
ciento de la población está sin ser incluido ni en la pobreza, ni en la
vulnerabilidad; quiere decir que uno de cada 5 mexicanos está fuera de
la pobreza y vulnerabilidad, pero que 4 de cada 5 si lo están.
Es una situación escalofriante porque
estas cifras y su comprensión deberían hablarnos de un país con
problemas enormes a la hora de abordar cuál es no sólo la pobreza, sino
cómo debe entenderse y luchar para salir de ella; tal vez son reseñables
no sólo las cifras, sino que estas cifras no hayan provocado una
controversia nacional, porque no son novedosas.
En 2011 se dieron a conocer las cifras
correspondientes a 2010, que hablaban de 52.8 millones de personas
viviendo en la pobreza. Desde entonces, ha bajado ligeramente el
porcentaje de población en la pobreza, sin embargo el número total
aumentó por el incremento poblacional. Si cada año son 250 mil personas
nuevas las que están en la pobreza, es difícil pensar que las políticas
públicas que se implementan están sirviendo para reducir la pobreza
efectivamente.
Políticas con enfoque en derechos humanos
Se asegura que la políticas públicas han servido para una cierta contención de la pobreza…
La contención no es suficiente, al
final, el Estado está obligado a garantizar a todos los mexicanos los
servicios de salud, de educación, de alimentación.
Las cifras del Coneval hablan de que hay
un porcentaje significativo de la población con insuficiencias
alimentarias. Hablamos de derechos que deberían estar garantizados y no
lo están. Hay varios problemas de por qué estos derechos no se
garantizan; para empezar, creemos que es importante el hecho de que las
políticas contra la pobreza no se enfocan, hasta ahora, en políticas de
derechos humanos o con un contenido de derechos humanos.
Toda persona en México —esté donde esté—
debe tener acceso a servicios de salud adecuados y adaptados a su
realidad; no únicamente una visita de un médico ciertas veces al año,
sino tener en cuenta cuál es la realidad de la población. No significa
que hay que poner un centro de salud en cada pueblo, sino buscar
enfoques que garanticen a todas las personas el acceso a estos
servicios, sabiendo que son derechos, no dádivas del nivel de gobierno
que sea, derechos que tienen todas las personas por el hecho de vivir en
México, y que éste, como país, asume esa obligación.
Es importante que las políticas de
pobreza tengan ese enfoque, puede que en ocasiones sea necesaria una
despensa, pero ésta no va a solucionar el problema, sino que se
necesitan cambios más profundos, y ahí es importante la inclusión de una
perspectiva de derechos humanos. Las políticas públicas deben ir
destinadas posiblemente a superar algunos de los huecos dejados en las
políticas sociales, pero no de manera temporal, sino para garantizar
que, durante la implementación de esas políticas, los mexicanos tengan
acceso a esos derechos. Puede haber políticas focalizadas, sí, pero al
final todas deberían tener el componente de pensar cómo van a estar las
personas dentro de 10 años y cómo garantizar su acceso a la salud, a la
educación y a la vivienda.
Es fundamental la participación de las
personas, porque al final hay muchas políticas, muchos programas. Sí, se
gasta dinero, pero debe darse la participación de los beneficiados,
porque cuando hablamos de que México se compromete en el año 2000
—cuando firma los Objetivos de Desarrollo del Milenio— para que, en
2015, la mortalidad materna sea de 22 mujeres muertas por 100 mil
nacidos vivos. Hoy, las cifras que tenemos son de 43 muertas por cada
100 mil nacidos vivos.
¿Qué sucede en las comunidades
indígenas? Las tasas de mortandad son de 70, 80 mujeres muertas por cada
100 mil nacidos vivos. Hay un problema muy profundo relacionado con las
mujeres indígenas que sufren una doble discriminación: por ser mujeres y
ser indígenas se convierten en un grupo altamente vulnerable.
Por ello es fundamental la
participación, porque al final hay que buscar las maneras de asegurar a
las diferentes comunidades los servicios de salud, sexual y
reproductiva, del tipo que sean, adecuadas a su realidad. Si al final
pones una clínica con doctores que no hablan la lengua y no hay
traductores, gastas dinero, pero no proporcionas el servicio. Está la
rendición de cuentas, la transparencia, que muchas veces se ve como
accesorio porque lo que importa es que llegue la despensa a tal sitio, y
no si es efectiva o no, ésa es la medida.
Por qué la rendición de cuentas: se
violan derechos humanos y al igual que exigimos rendición de cuentas
cuando se viola el derecho a la integridad física de una persona cuando
se le tortura, aquí también hay responsabilidades. Hay que rendir
cuentas y decir qué se hace, cómo y para qué; cuál es su impacto, si hay
aprendizaje o no; y si lo hay, cómo modificas las políticas públicas.
Todo eso es fundamental.
Adhesión al Protocolo
Aquí hacemos una petición que a lo mejor
es muy técnica, y es que México firme un acuerdo internacional llamado
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Un pacto de los años sesenta, en los que se
reconocen como derechos humanos el derecho al agua, a la salud, a
componentes socioeconómicos que durante años se cuestionó si eran
derechos humanos o no. Hoy, ha crecido la escala de protección de los
derechos humanos, y por eso se firma en los años sesenta ese pacto.
¿Qué ocurre?, que no tiene un mecanismo
de supervisión de su cumplimiento. Hay mecanismos generales de Naciones
Unidas, pero no hay uno que permita a una persona de una comunidad
indígena de México ir ante la ONU y decir se me está violando tal
derecho.
La ONU —aunque no puede obligar al
mandatario del país a hacer algo— tiene de su lado la presión
internacional y es una coacción muy importante para lograr avances en
derechos humanos en México y en el mundo. La presión internacional no se
da de un día para otro, pero funciona.
Los mecanismos de rendición de cuentas a
nivel internacional pueden ayudar, pero no van a solucionar la pobreza
de un día a otro; es uno de los múltiples mecanismos que pueden ayudar a
que haya esta transparencia y que la presión no llegue sólo de una
marcha en las calles de tal ciudad, sino que venga incluso de los
máximos organismos internacionales.
¿Qué hay de la inclusión de políticas de generación de empleo?
Es importante que las políticas se
evalúen por una razón: se habla mucho de que el crecimiento es necesario
en la lucha contra la pobreza, y probablemente sea así, pero en
sociedades muy desiguales en crecimiento no es la solución per se a la pobreza.
Necesitas garantizar que estén las
políticas públicas, no basta con crecer. Lo hemos visto en países donde
el crecimiento ha sido una condición necesaria, pero no suficiente, para
la lucha contra la pobreza. Pensemos que al final, aunque una persona
esté desempleada, el Estado mexicano tiene que garantizarles servicios
de salud adecuados y dignos a esa persona.
No estamos en contra de las políticas de
empleo ni mucho menos, sino que el Estado no puede quitarse su
obligación sólo con decir tenemos políticas de empleo.
En México, uno de los elementos que
Coneval evalúa es el tema de seguridad social, porque hay mucha gente
empleada sin acceso al sistema de seguridad social; ¿qué implica?, que
cuando sean personas mayores no van a tener una pensión y, por tanto, o
trabajan toda su vida o, cuando no puedan hacerlo, no tendrán ningún
apoyo y caerán en la pobreza, si no lo están ya.
Las políticas de empleo posiblemente son
necesarias pero no suficientes para solventar el problema. Es
importante garantizar mecanismos que sean estables, porque al final el
empleo tiene un comportamiento cíclico con respecto a la economía.
Asumimos que, cuando la economía crece y hay más empleo, se violan menos
los derechos humanos que cuando hay una crisis y hay desempleo;
entonces, ¿se violan más sus derechos humanos? Insisto, no es por decir
que no haya políticas de empleo sino porque hay que ir más allá.
Otra sería una revisión del modelo económico…
Es importante que los derechos humanos
se garanticen en todos los países, con independencia del modelo
económico, social, político; por ejemplo, presentamos nuestro informe
anual y revisamos países tan diferentes como Cuba y Estados Unidos. Los
Estados tienen esa obligación con independencia de cuál sea su modelo
político, económico.
Al final, los derechos humanos deben de
ser garantizados a todas las personas con independencia de las opciones
políticas de cada país. Hay maneras diversas de garantizar los derechos,
por eso tampoco podemos decir: la política pública tiene que ser así,
sino la política pública tiene que tener estos requisitos para ser
eficaz, porque al final, lo que haga Rumania para garantizar los
derechos de los rumanos es diferente de lo que hace Argentina o es
distinto de lo que hace México.
El hecho de que este sexenio comenzó hablando de la pobreza y el lanzamiento de la Cruzada contra el Hambre es importante por una razón: porque en el sexenio anterior no se habló de pobreza, y en este gobierno sí.
Con los saldos que se dieron en el gobierno calderonista…
Estamos trabajando con muchos problemas
relacionados con situaciones de seguridad en el país, de tortura,
desapariciones, arraigo; no es que no nos fijemos en esos conflictos, lo
que pasa es que creemos que es importante que no sean sólo esas
situaciones. Las problemáticas en México, por desgracia, son mucho más
amplias y complejas, incluyendo la pobreza, la discriminación, los temas
de seguridad.
Hay muchos ámbitos por mejorar, no
podemos voltear hacia uno e ignorar otros, porque incluso pueden estar
interrelacionados; por ejemplo, los defensores de las comunidades
indígenas —que muchas veces están relacionados con los derechos al agua,
a la tierra— se enfrentan a la violencia proveniente del narco o de la
violencia estatal.
Hay casos de personas encarceladas con
cargos falsos y su único delito es intentar que en su comunidad haya
agua, y eso lo enfrentaba con el grupo caciquil local; los problemas se
interrelacionan. Puede haber políticas focalizadas, tiene que haber
elementos específicos en cada ámbito, pero no podemos cerrar a los ojos a
una realidad como es la pobreza.
Las autoridades no pueden cerrar los
ojos, ni tampoco la sociedad mexicana. Las cifras son terribles, pero
México no está condenado a vivir así, no hay ninguna ley de la
naturaleza que diga que México tiene que ser un país pobre; que mantenga
a la mitad de la población en la pobreza y a 4/5 partes en riesgo, eso
puede cambiar y para ello es fundamental la participación ciudadana. Hay
muchas organizaciones que participan, visibilizan los problemas, la
responsabilidad última es del Estado, pero como sociedad podemos
influir; sabemos que es difícil, pero algunos de los avances que se han
producido en materia de derechos humanos en México y el mundo han sido
gracias a la presión de la sociedad civil. La gente tiene que informarse
y movilizarse.
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