Vías económicas para amortiguar los efectos de la Covid-19
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Los
nuevos retos económicos y costos sociales que dejará a su paso la
pandemia de Covid-19 en México y en el mundo han hecho que tanto el
gobierno de la “4T” como los empresarios establezcan rutas alternativas
para evitar ante todo el desplome del empleo, pues no hacerlo implicará
aumentar de manera exponencial el número de mexicanos en situación de
pobreza.
La actual administración tomó la ruta de
atender de manera primordial a los que menos tienen, a través del
otorgamiento de créditos a la palabra a microempresas y trabajadores de
sectores informales como los taxistas que sin el auxilio oficial
estarían condenados a desaparecer de la actividad económica, pero
también haciendo extensivos estos apoyos a las pequeñas y medianas
empresas que generan más del 80 por ciento de los puestos laborales del
país.
Importante que programas como Jóvenes
Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, y otros más elevados al rango
constitucional de derecho social por el Senado, no se vean afectados e,
incluso, se hayan ampliado por la emergencia sanitaria como la doble
ayuda a los adultos mayores.
Se estima que actualmente el conjunto de
los programas sociales beneficia a más de 20 millones de mexicanos y
mantenerlos vigentes permitirá amortiguar el golpe brutal que se avizora
a la actividad económica en su conjunto y garantizará que los jóvenes
no interrumpan sus estudios y que habitantes de zonas marginadas
obtengan un ingreso, por ejemplo, con el programa de caminos rurales.
El gobierno federal no sólo busca que
las pequeñas y medianas empresas y otros sectores ayuden a contrarrestar
la caída en el empleo, de su parte ha anunciado su intención para que
proyectos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de
Santa Lucía Felipe Ángeles, y una serie de inversiones público-privadas
en entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), generen miles de empleos en todo el territorio
nacional.
El país no se puede detener y prueba de
ello es el contrato otorgado a la empresa portuguesa Mota-Engil que en
sociedad con la China Comunication Construction Company se encargarán de
las obras del primer tramo del Tren Maya, en los 226 kilómetros de
Palenque hasta Escárcega, con una inversión estimada de 15 mil millones
de pesos y la generación aproximada de 30 mil empleos que en los
actuales momentos de emergencia sanitaria darán un indudable impulso a
la economía del sureste del país.
Esta obra será uno de los ejes
primordiales para incentivar y fortalecer al turismo en estados donde
alrededor de esta actividad gravita gran parte de su actividad
económica. La interconexión facilitará el acceso a un sinfín de sitios
arqueológicos y naturales en varios estados del sureste, y garantizará
atraer a turistas no sólo nacionales sino de todo el mundo. La derrama
económica será permanente como la creación de miles de empleos bien
remunerados.
La crisis que a todos preocupa, ha
llevado al sector empresarial mexicano a buscar también otras
alternativas de financiamiento donde ha quedado exento el riesgo de que
tales acuerdos pudieran implicar en endose de deuda pública al Estado.
En este tenor, debe citarse el acuerdo
firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest y el
Consejo Mexicano de Negocios (CMN), mediante el cual se otorgarán a los
empresarios mexicanos hasta 12 mil millones de dólares (unos 290 mil
millones de pesos), para financiar a 30 mil micro, pequeñas y medianas
empresas, con el objetivo de permitirles enfrentar el tsunami económico
que se avecina tras la pandemia del Covid-19.
De acuerdo al organismo empresarial, la
distribución de los recursos se enfocará a aquellas empresas que forman
parte de las cadenas de valor de las grandes compañías. Y es aquí donde
los apoyos de la iniciativa privada y del gobierno en sus obras de
desarrollo se complementan porque gran parte de estas empresas serán las
encargadas de vender diversos implementos e insumos a las firmas que
echarán a andar proyectos como el Tren Maya. Un círculo virtuoso para la
economía nacional en su conjunto.
Según detalló el CMN: “El acuerdo está
basado en el financiamiento a través de factoraje inverso, instrumento
que permite a las mipymes [micr, pequeñas y medianas empresas] obtener
una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas muy atractivas”.
De acuerdo al plan trazado, el BID
Invest buscará la colaboración y apoyo de la banca comercial local,
inversionistas internacionales y de la banca de desarrollo, para
movilizar recursos adicionales con el objetivo de ampliar las líneas de
factoraje inverso.
“La movilización de recursos, a través
de préstamos y garantías, resulta fundamental para conseguir más
financiamiento disponible para las mipymes, generando un mayor impacto
en el desarrollo económico y social del país”, detalló el organismo
empresarial en un comunicado.
En el actual contexto todo apoyo en este
sentido es valioso pues no debe olvidarse que en nuestro país,
funcionan actualmente un promedio de 4.1 millones de mipymes que aportan
el 42 por ciento del producto interno bruto (PIB) y generan casi el 80
por ciento del empleo en el país; empero, únicamente un 23 por ciento
obtiene financiamiento de la banca comercial lo que representa una de
las principales limitantes para su expansión y supervivencia.
El escenario que amenaza a la economía
global es tan desalentador y de urgente atención que hasta el Fondo
Monetario Internacional (FMI), ha decidido otorgar a diversas naciones
créditos con tasa cero de intereses.
Y el Banco de México (Banxico), por su
parte anunció la liberación de recursos por 750 mil millones de pesos
para destinarlos al apoyo de las familias mexicanas y las micro,
pequeñas y medianas empresas, a través de instituciones de crédito, con
la supervisión del gobierno federal en la correcta aplicación de los
recursos, pero respetando su autonomía. Todos estos esquemas buscan ante
todo apoyar a las empresas para mantener los empleos.
Habrá que evaluarse tras el aprendizaje
que está dejando la actual crisis, la necesaria adecuación de las leyes
en materia laboral, para evitar los atropellos en contra de la clase
trabajadora como los que han cometido empresas de outsourcing
que bajo la excusa de la paralización de actividades por la contingencia
sanitaria, despidieron a sus empleados sin indemnización alguna,
alegando la terminación anticipada de sus contratos.
Es éste uno de los tantos ejemplos del
por qué debe eliminarse la subcontratación que ha sido y es un
vergonzoso retroceso a la estabilidad laboral y el derecho de los
trabajadores a una vida mejor. Los senadores y diputados que defendían
el outsourcing tienen elementos para normarse un nuevo juicio al respecto.
Martín Esparza Flores**Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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